TAL PARECE que en el caso de la “Ley Bonilla” que pretende alargar el mandato del gobernador electo de Baja California de dos a cinco años, a Olga Sánchez Cordero le atacó el “Síndrome de la Chimoltrufia”, pues como dice una cosa, dice la otra.
COMO secretaria de Gobernación se congratuló de la decisión tomada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que limita a dos años el periodo del morenista Jaime Bonilla…
…PEEERO, la también ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia expresó sus dudas sobre la actuación del Tribunal, pues considera que podría haberse extralimitado en sus funciones.
AL FINAL, la funcionaria federal dijo que se trata de un debate jurídico muy interesante. Y de verdad debe serlo, puesto que ella misma puede argumentar en favor y en contra. Hasta parece un caso ¡del Doctor Jekyll y Mister Hyde! (F. Bartolomé, Reforma, Opinión, p. 8)
Desgaste. ¿Por qué renunció Jesús Orta como secretario de Seguridad Ciudadana? ¿Acaso porque le llovieron los casos difíciles? Como cuando una mujer de 56 años murió después de que policías la sacaran de la estación Tacubaya, pues la creyeron ebria cuando en realidad sufría de una enfermedad, o la filtración que dio a conocer el secuestro de Norberto Ronquillo, caso por el que Orta tuvo que comparecer ante el Congreso local, o la joven que acusó a elementos de la policía capitalina de haberla violado en la Azcapotzalco, lo que originó que organizaciones de mujeres se manifestaran en la Procuraduría causando destrozos en las marchas. Y el pasado 26 de septiembre se vio desbordado por los actos vandálicos en memoria de los desaparecidos de Ayotzinapa. Le llovió a don Jesús Orta. Que Omar García Harfuch, su sustituto, vaya sacando el paraguas. (Excélsior, Nacional, p. 9)
Que dos veces con autoridad salieron al paso de las quejas de quienes consideraban qu eocn la salida de Eduardo Medina Mora se debilitaba un contrapeso del gobierno primero el constitucionalista Diego Valadés, quien dijo que no es ese el papel de la Suprema Corte, y sí resolver conforme a derecho, sin criterios políticos.
El presidente del máximo tribunal, Arturo Zaldívar, convalidó la opinión del ex procurador de que los contrapesos, en todo caso, deben estar en el Congreso, como en toda democracia constitucional. (Milenio Diario, Al Frente, p. 2)
En menos de un mes, el juez Samuel Ventura, de Tamaulipas, ha liberado a 29 posibles implicados en el caso Ayotzinapa. Debe ser todo un récord en el Poder Judicial. Lo informó el subsecretario Alejandro Encinas quien añadió otro dato demoledor: de los 142 detenidos, solo 64 quedan bajo proceso penal. Entre los liberados se encuentra Gildardo López, “El Gil”, presunto cabecilla de los Guerreros Unidos, el grupo criminal hegemónico en Iguala.
Encinas sostuvo que las liberaciones dejan en la indefensión a las víctimas de la desaparición forzada. Añadió que el juez alega tortura pero no identifica a los torturadores para que sean detenidos y juzgados. El tiempo pasa y la investigación en lugar de avanzar retrocede y se desploma en los tribunales. (La Crónica de Hoy, Opinión, 3)
Lo que preocupa en SLP.- El incremento de la inseguridad en San Luis Potosí empieza a preocupar al sector económico. Y es que según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en la entidad casi la mitad de los robos a negocios fueron con arma de fuego. Si de por sí ya es algo que inquieta al sector privado, ayer por ejemplo se registró un asalto a mano armada en una sucursal de la cadena Starbucks. Algunos incluso ya hablan de que una de las cinco prioridades que prometió Juan Manuel Carreras cuando estaba en campaña no se está cumpliendo: seguridad pública eficaz y confiable. Ojalá el mandatario logre parar los delitos, no vaya a convertirse en una espiral sin freno como en otras entidades. (La Razón, México p. 2)
La renuncia de Eduardo Medina Mora como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por indagatorias tanto de las autoridades hacendarias de México como por ser objeto de la fiscalización emprendida desde Estados Unidos y el Reino Unido por sus actividades financieras, se puede anotar como un nuevo hito en el combate a la corrupción de la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Durante dos décadas, el ahora exministro transitó por la cúpula del poder y estableció alianzas con los personajes clave de los sexenios anteriores. Su paso al frente del Cisen, de la Secretaría de Seguridad Pública federal y de la Procuraduría General de la República, demostraron el nivel de confianza que se le dio durante las administraciones panistas, así como su carrera diplomática al frente de dos de las más importantes embajadas mexicanas en el extranjero: la del Reino Unido y luego la de Estados Unidos, lo que hizo que al regresar el PRI al poder con Enrique Peña Nieto, éste le confiara el más alto cargo en el poder judicial mexicano.
Ahora con esta renuncia, expertos coinciden que el proceso de selección de quien estará al frente de la Suprema Corte, pondrá a prueba al Poder Judicial y preocupa la tentación para el Presidente de la República —en quien recae la responsabilidad de proponer candidatos— de tratar de colocar a un ministro a modo, por tratarse de un hecho inédito pues desde hace más de 20 años que no se daba una situación similar. (El Universal, Nación, p.12)
El cerco en torno al expresidente Enrique Peña Nieto se va estrechando. La estrategia gradual de la 4T para investigar y castigar la escandalosa corrupción del pasado sexenio ha sido cuidadosamente jurídica, pero también maquiavélicamente política.
Fueron contra uno de sus colaboradores más cercanos, el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, hoy prófugo de la justicia y con varias órdenes de aprehensión en su contra; luego contra otra de sus colaboradoras consentidas, Rosario Robles, pieza clave en el entramado del saqueo de recursos a través de universidades e instituciones públicas y los pagos a empresas fantasmas; pero hay dos detenciones que son fundamentales en la estrategia contra Peña y su grupo político: primero le detuvieron y neutralizaron a su abogado, Juan Collado, quien se encargaría de la defensa de todos, empezando por el expresidente; y ahora le inhabilitan al ministro Eduardo Medina Mora, que era el juez que los ayudaba a procesar todos sus asuntos, juicios y acusaciones en el Poder Judicial federal.
Así, lo que ha ido haciendo el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, con la Fiscalía General de la República como su brazo jurídico, y la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda como el sabueso del dinero, es desmantelar y desarticular —paso a paso y casi por manual— el blindaje jurídico, político y financiero que había construido el grupo peñista para garantizar su tranquilidad y cubrir muy bien las huellas de su cuestionada actuación y turbio manejo de los recursos públicos durante su sexenio. (Salvador García Soto, El Universal, Opinión, p. 7)
Eduardo Medina Mora estaba cansado de tanta zozobra y amenaza de juicio. Fue lo que comentó a algunos de sus colegas ministros de la Suprema Corte. Le resultaba muy incómodo permanecer en el servicio público teniendo una carpeta de investigación abierta por lavado de dinero.
La Fiscalía General de la República investiga supuestas transferencias de dinero a bancos de Estados Unidos y Gran Bretaña, que, supuestamente, no cuadran con su declaración patrimonial.
La salida del ministro, amigo del expresidente Peña, confirmó los temores de que el actual Ejecutivo federal tome control de la Corte en acciones de inconstitucionalidad que sean contrarias a la 4T. (Francisco Garfias, Excélsior, Nacional, p. 4)
Quién iba a decir que su meteórica cuan cuestionada carrera en la burocracia dorada terminaría en medio de una investigación en su contra –presuntamente por lavado de dinero y otras menudencias– que motivó su renuncia –11 años antes de lo previsto– al enorme bombón que obtuvo luego de tres sexenios al hilo: ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el fuero que ello implica. Ni sus poderosos amigos, socios y cómplices de la política y la cúpula empresarial pudieron evitarlo.
Ahora, ya en el suelo, con la renuncia presentada, aceptada por el Presidente de la República y en trámite en el Senado, Eduardo Medina Mora exige el respeto que nunca tuvo para el país ni para los mexicanos a los que supuestamente debió servir desde que brincó de un mediano puesto en el sector privado al primer plano del gobierno federal. (Carlos Fernández – Vega, La Jornada, Economía, p.18)
Han corrido, están corriendo y van a correr muchas más versiones respecto a los motivos que llevaron a Eduardo Medina Mora a renunciar al cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una de ellas se refiere a su muy precaria salud mental. Otra habla de investigaciones de índole criminal del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre los bienes del ahora ex ministro. Y una más afirma que existe una investigación judicial en México sobre la inexplicable fortuna de Medina.
Indudablemente Medina Mora era figura central de aquella minoría rapaz, denunciada por López Obrador, que sobre todo durante los últimos 30 años se enriqueció obscena y desmesuradamente al amparo del poder público y a costa de la miseria de millones de mexicanos.
De modo que estamos presenciando la caída en desgracia de un arquetipo de la corrupción pripanista que no encajaba en los parámetros éticos y legales de la Cuarta Transformación. Como los saqueadores de las arcas públicas Emilio Lozoya, Rosario Robles Berlanga, Juan Collado y el general Eduardo León Trauwitz. (Miguel Ángel Ferrer, El Sol de México, Análisis, p. 16)
Al iniciar el último trimestre del año, el gobierno de México aún está a la espera de que Estados Unidos y Canadá ratifiquen el T-MEC, que vendría a dar mayor confianza y certidumbre a los inversionistas y que, sin duda, podría apuntalar el crecimiento y el desarrollo que tanto necesita el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Los procesos parlamentarios en ambos países han avanzado con cierta lentitud, y en el caso de EU el posible juicio político al presidente Donald Trump le ha puesto otro ingrediente adicional que apunta a complicar que avance con la celeridad que desearía nuestro país, aunque del lado mexicano no ha dejado de aflorar el optimismo.
El mandatario mexicano ha expresado que espera que pronto se apruebe y le ha encomendado al canciller Marcelo Ebrard a estar atento a los avances y a mantener constante comunicación con el vicepresidenteMike Pompeo, debido a la importancia que reviste para México este acuerdo comercial. (Héctor Muñoz, El Sol de México, Análisis, p. 16)
Donald Trump ganó en 80 por ciento de los condados de Estados Unidos, donde sólo vive 45 por ciento de la población total. Hillary Clinton dominó en las ciudades de más de un millón de personas –de hecho, Trump no ganó ninguna de estas ciudades–, donde vive 56 por ciento de la población. Los condados de baja densidad poblacional son étnicamente homogéneos –más de 60 por ciento son blancos. Además, son relativamente pobres, porque todos los condados que votaron por Trump aportan sólo 36 por ciento al producto interno bruto de Estados Unidos. Los condados que votaron por Clinton aportan el 64 restante.
Esta población explica su marginación económica y social con prejuicios de carácter racista, misóginos y religiosos. Esa cultura del prejuicio fue alentada y fomentada primero por segmentos marginales del Partido Republicano, luego por un injerto ultrarreaccionario –el Tea Party– con fuerte base popular, y finalmente hizo metástasis. Hoy el Partido Republicano es un apéndice de Trump. Trump se siente envalentonado. Es un síndrome peligroso. (Gustavo Gordillo, La Jornada, Economía, p. 19)
La actuación de policías vestidos de civil durante la manifestación del pasado 2 de octubre, se caracterizó por el ataque directo a manifestantes y a defensores de derechos humanos de la Brigada Humanitaria de Paz Marabunta, un colectivo, ese sí civil, que realiza desde hace más de una década un importante trabajo de mediación con respeto a la libertad de expresión y manifestación de quienes toman las calles en las múltiples protestas.
Marabunta no discrimina ni rechaza la actuación de grupos anarquistas ni de nadie en las manifestaciones. Sus integrantes conocen de cerca la violencia institucional contra los jóvenes, pues ellos y ellas son sobrevivientes de la misma. Vestidos con camisetas y cascos rojos, se les ve resguardando las movilizaciones y, literalmente, poniendo el cuerpo entre policías y manifestantes para que no ocurra una mayor confrontación. Realizan cordones perimetrales, recorren las marchas de punta a punta, y median con la fuerza pública para que no se pasen y no se impida la movilización. (Gloria Muñoz Ramírez, La Jornada, Política, p. 12)
El primer gran enfrentamiento que tuvo la administración de Andrés Manuel, fue la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco. Una obra que ya iba avanzada, por lo que debió continuar con el proyecto, y empezar una investigación para limpiar todas las licitaciones para despejar los intereses de los hombres del poder que intervinieron en el asunto.
Para justificar la determinación de anular la terminal aérea de su antecesor, López Obrador simuló una consulta ciudadana y su resultado fue el esperado.
A ese escándalo, le siguió la desaparición de las estancias infantiles. Junto con las guarderías se acabaron otros programas cuyo manejo siempre fue poco transparente y, el próximo año, podrían incluso desaparecer las escuelas para personas con capacidades diferentes, porque en el presupuesto 2019 no se contemplan más recursos. (Manuel Mejido, El Sol de México, Opinión, p. 17)