AYER no fue martes 13, pero sí fue un mal día para la República, para la democracia y para la certeza jurídica que tanto trabajo cuesta construir.
Y es que, por un lado, en la Cámara de Diputados se dio carta blanca al gobierno para ejercer el terrorismo fiscal, y por el otro, en el Senado se aprobó la revocación de mandato, que es como llaman los morenistas al juego eterno de autopromoción del Presidente.
EN San Lázaro la bancada que encabeza Mario Delgado se negó a discutir cualquiera de las 34 reservas a la reforma. Con el apoyo de PT, Movimiento Ciudadano, PES y el PVEM, echaron a andar la aplanadora… ¡y adiós, Nicanor! El resultado: se acaba la presunción de inocencia, pues empresas y contribuyentes serán considerados culpables aunque demuestren lo contrario.
AUNQUE el PAN, el PRI, el PRD, cinco morenistas y dos diputados sin partido dieron la pelea, se aprobó la reforma que mete en el costal de la delincuencia organizada a la iniciativa privada. El único priista que apoyó la medida -¡qué raro!- fue Rubén Moreira.
POR LO QUE se refiere a la revocación del mandato, si bien hubo modificaciones a la iniciativa original, la realidad es que Andrés Manuel López Obrador tiene ya el marco legal perfecto para seguir en campaña por lo que resta de su gobierno. Y dado que el pueblo sabio es el que quita y el que pone, en una de ésas a lo mejor hasta se anima a que haya reelección. (F. Bartolomé, Reforma, Opinión, p. 10)
La investigación a Medina Mora, vivita y coleando.- Si usted cree que el expediente de Eduardo Medina Mora quedó cerrado con la renuncia del ministro a su asiento en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, está completamente equivocado. Nos dicen que la Fiscalía General de la República tiene en sus investigaciones toda una red de datos con las transferencias internacionales millonarias que presuntamente hizo el también exembajador de México en Gran Bretaña y Estados Unidos en distintas monedas. Y, nos comentan, no se trata de poco más de 100 millones de pesos, como dio a conocer el periodista Salvador García Soto en las páginas de EL UNIVERSAL en junio pasado, sino de cantidades que lo van a dejar con el ojo cuadrado, en un esquema que involucra a distintas empresas y familiares del exministro. La información internacional hacia México de las transacciones bancarias ha seguido fluyendo desde las autoridades británicas y estadounidenses, y nos aseguran que se puede convertir en uno de los mayores escándalos de corrupción en nuestro país. El caso sigue abierto, vivito y coleando…
Que el presidente Andrés Manuel López Obrador confía en que hoy quedarán resueltos todos los amparos contra el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía y en una de esas mañana mismo da el banderazo de arranque de obras, aunque la pelea internacional correrá a partir del próximo domingo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la que representantes de pueblos originarios pedirán medidas cautelares. (Milenio Diario, Al Frente, p. 2)
A buen puerto. El Senado aprobó, con 98 votos a favor, 22 en contra, todos del PAN, y una abstención, la revocación de mandato en lo general, la cual establece normas para separar al Presidente o a los gobernadores de su cargo mediante la consulta popular. Casualmente, todos los partidos votaron a favor, menos el que dirige Marko Cortés. Se dice que los senadores fueron presionados por sus dirigentes para que esta ley no saliera limpia. Caprichos de líderes. Y sin brindar el menor argumento jurídico, sólo Damián Zepeda y Xóchitl Gálvez votaron a favor. Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, se lleva las palmas. Discutió el tema, concilió y no paró hasta lograr el consenso. Con los panistas, poco qué hacer. Se rigen por los intereses de su líder nacional. Ni cómo ayudarles. (Excélsior, Nacional, p. 17)
Fernández Noroña, al Ministerio Público.- Duro y con todo se fue la panista tlaxcalteca Adriana Dávila contra el diputado del PT Gerardo Fernández Noroña. Caro le resultó al petista acusar, sin pruebas, a la diputada de estar vinculada con grupos de trata en Tlaxcala. Ahora tendrá que presentarse ante el Ministerio Público de la Fiscalía General de la República, pues se le acusa de difamación, hacer acusaciones de delitos graves y tendrá que acudir a declarar, nos dicen. A ver si no hay otro show en este caso. (El Financiero, Nacional, p. 37)
Tropiezo mañanero.- Falló la comunicación presidencial en un momento importante. Justo al día siguiente de la masacre de Aguililla, Michoacán. El caos se apoderó de la conferencia mañanera y se perdió un mensaje que era esperado por todos: la reacción del presidente ante el lamentable hecho, sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros de los fallecidos.
Nadie salió al paso de la inquietud de los ciudadanos ante la creciente violencia que se hace cada vez más cruel y cínica. Se dejó pasar una oportunidad de transmitir confianza y certidumbre a la ciudadanía en un entorno de temor. Hay que ajustar tuercas. (La Crónica de Hoy, Opinión, p. 3)
Muy open mind anda en los últimos días la titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pues, además de embolsarse con una sonrisa el churrito de mota que le regalaron durante su comparecencia en la Cámara de Diputados, la ministra en retiro acudió hace unos días al Vigésimo Cuarto Congreso Mundial de la Salud Sexual, esto para reiterar su compromiso con derechos como el matrimonio igualitario y el aborto legal. Total, vivimos en los tiempos en que el gobierno rechaza cualquier ideología conservadora ¿o acaso no es así? (El Sol de México, Nacional, p. 2)
El fiscal de Veracruz, Jorge Winckler, estaba reunido en Xalapa con la familia Chedraui, conocidos empresarios mexicanos, cuando recibió la llamada de uno de sus colaboradores: Señor, lo acaban de destituir.
Era el 3 de septiembre de este año. Y lo que no sabía el fiscal General de Veracruz es que había sido relevado del cargo por votación de la Comisión Permanente del Congreso de ese estado, que nombró en su lugar a Verónica Hernández Giadans, en un proceso que fue cuestionado por la oposición a Morena. Su escolta tenía la instrucción de su nueva jefa de retirarse de la custodia de Winckler, quitarle el celular y llevarse el automóvil blindado. Así lo hicieron.
En un instante, Winckler pasó de tener todo el aparato de la Fiscalía veracruzana a estar solo, a pie y sin teléfono. Caminó hasta un Oxxo que le quedaba cerca, compró un celular y llamó a su esposa: ella le comentó que también le habían quitado la protección. Jorge Winckler le dijo que se cuidara, que no saliera, que tenía muchos enemigos a los que había metido a la cárcel, que podrían aprovechar esta vulnerabilidad para hacerles daño. (Carlos loret de Mola, El Universal, Nación, p. 2)
Hace un par de meses, Olga Sánchez Cordero se reunió en privado con el líder del sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, Carlos Romero Deschamps. El encuentro había sido solicitado por la Secretaria de Gobernación y a la cita acudió puntual el sempiterno dirigente del sindicato de Pemex. Ahí, recibió un mensaje del presidente: “que considere su renuncia anticipada a la dirigencia del sindicato para dar paso a la elección de una nueva dirigencia por voto abierto, directo y secreto de los trabajadores petroleros”.
Romero Deschamps salió de aquel encuentro con el compromiso de que prepararía las cosas para una “transición pacífica” en la dirección nacional del SNTPRM, y desde entonces se dedicó a planear el momento de su salida de la Secretaría General que finalmente se hará oficial en este miércoles, a pesar de que todavía le quedaban cinco años para concluir el periodo para el que fue reelecto el 11 de diciembre de 2017 y que terminaba hasta el 2024.
Solo el primer mensaje se lo dio Olga Sánchez Cordero y posteriormente los términos, tiempos y acuerdos para su salida los negoció con otros personajes cercanos al Palacio Nacional con los que Romero Deschamps siempre mantuvo un diálogo fluido con el que intentó evitar cualquier embate de la 4T en su contra y prefirió pactar una salida tersa y negociada, que incluye la inmediata convocatoria para una elección democrática entre las distintas secciones sindicales de Pemex para votar a un nuevo secretario general. (Salvador Garcia Soto, El Universal, Nación, p. 8)
Hoy en la mañana, si no ocurre algo demasiado extraño, Carlos Romero Deschamps presentará su renuncia al cargo de secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, después de 26 años al frente de esa poderosa organización gremial.
Romero Deschamps había logrado reelegirse en diciembre de 2017 al frente del sindicato hasta el 2024, pero la suma de escándalos personales y familiares, las denuncias de corrupción y de negocios injustificables de la cúpula del sindicato con la propia empresa hacen imposible su permanencia.
Su salida abrirá una puerta para la renovación de la dirigencia sindical, similar a la que se dio en enero de 1989 cuando cayó Joaquín Hernández Galicia, La Quina. Fue el fin, sólo momentáneo, visto lo sucedido luego, de una época de enorme corrupción del sindicato, con personajes impresentables, como quien fuera su mano derecha, principal operador y senador de la República, Salvador Barragán Camacho. (Jorge Fernández Menéndez, Excélsior, Nacional, p. 14)
Carlos Romero Deschamps es uno de los más depurados símbolos de la corrupción mexicana. No es el personaje de la tragedia nacional que más riqueza hubiera acumulado ni sus abusos son una excepción en los altos niveles de la política nacional. Pero su desfachatez y persistencia (superviviente de varios sexenios presidenciales, como muchos líderes sindicales del sistema) le han fijado en la percepción popular como una de las fichas más repudiables del tablero político tradicional.
Ahora parece haber entrado el citado dirigente sindical petrolero en el camino irreversible de la salida de escena, en una trama parecida a la que llevó a Eduardo Medina-Mora a dejar la Suprema Corte de Justicia de la Nación: expedientes judiciales relacionados con la corrupción estarían por empujarlo a la renuncia a la gerencia del gran negocio del sindicato petrolero que siempre estuvo plegado a los intereses de los poderes priístas y panistas. (Julio Hernández López, La Jornada, Política, p. 6)
Alfonso Durazo tiene mala suerte. El día mismo y a la hora misma en que estaba presentando un informe con los presuntos avances de la estrategia de seguridad del gobierno federal, la realidad le mandó un atronador desmentido: 14 policías estatales de Michoacán fueron masacrados en una emboscada, tendida presuntamente por un comando del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), en el municipio de Aguililla.
Pero aún en ausencia de ese terrible hecho, el reporte no hubiera tenido mayor impacto. Por una razón simple: no hay mucho qué presumir.
Ahora, todo lo anterior se vuelve irrelevante luego de lo sucedido en Aguililla. Allí hay un ejemplo contundente de que los grupos criminales pueden retar frontalmente al Estado con total impunidad. Lo más aterrador del incidente es la respuesta del gobierno federal. O más bien, la ausencia de respuesta. En voz de la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, esto fue apenas “una circunstancia que se da como se dan todos los eventos en el país, todos los días, a todas horas”. Es decir, algo normal, no un hecho excepcional que amerita el despliegue de recursos extraordinarios. (Alejandro Hope, El Universal, Nación, p. 9)
Andrés Manuel López Obrador es el presidente que podía, no sólo reducir dramáticamente la violencia en el país, sino además dejar las bases para que a mediano plazo no volviera la población o la economía mexicana sufrir las consecuencias de la inseguridad que producen el crimen organizado o los grupos armados.
Tiene varios factores a su favor. No solo el increíble bono democrático, sino la credibilidad que continúa teniendo respecto de que combatirá a la corrupción. También es un Presidente que se ha comprometido a que diario se informa y coordina a su Gabinete de Seguridad. Hasta la fecha ese compromiso también incluye transparentar en una forma constante los datos y temas de seguridad que tanto nos afectan y nos preocupan.
Anteriores presidentes, con la excepción de Felipe Calderón, contestaban públicamente a los medios de comunicación temas relacionados a la seguridad del país; preferían delegar esa responsabilidad a otro secretario o algún portavoz. (Ana María Salazar, El Financiero, Opinión, 33)
La masacre se hizo presente el lunes por la mañana. Trece policías asesinados, emboscados por el crimen organizado, en un poblado de Michoacán. La noticia, por más que estemos acostumbrados a ver muertos y asesinados en las noticias todos los días –recordemos que hace un par de semanas fue el fin de semana más violento desde que se contabilizan los homicidios, con más de 290–, no deja de ser escalofriante saber que las fuerzas policiacas, en este caso estatales, mueren de esa manera a manos de criminales.
Los videos, las grabaciones de los policías pidiendo auxilio gritando que se están muriendo son francamente desgarradores, las fotografías son macabras: los chalecos antibalas perforados, los policías tendidos en el suelo, cabezas sangrantes, las patrullas policiacas incendiadas. Cuarenta y dos policías realizaban sus tareas cuando fueron emboscados, además de los trece muertos la información habla de tres policías heridos.
Quizá la declaración más sorprendente de los últimos días corrió a cargo de la mal llamada secretaria de gobernación, Olga Sánchez Cordero. Cuando le preguntaron sobre lo sucedido en Michoacán dijo claramente: “Yo creo esto ya fue una circunstancia que se dio como la que se dan todos los eventos en el país, todos los días, a todas horas, en todos los lugares del país. Este es el tema”. Es una muestra grotesca de la insensibilidad de este gobierno, de su incapacidad para dimensionar una tragedia humana más allá de sus mezquinos intereses de politiquería barata. Para la señora Sánchez Cordero lo que sucedió es parte de la normalidad, de la cotidianidad que se da “todos los días, a todas horas y en todos los lugares del país”. Estamos fritos con la normalidad de este gobierno. (Juan Ignacio Zavala, El Financiero, Nacional, p. 40)
El fiscal general de Michoacán, Adrián López Solís, informó que fueron más de 30 sicarios quienes, el lunes pasado, emboscaron a 42 policías estatales que viajaban a bordo de cinco vehículos en el municipio de Aguililla.
En el lugar de los hechos se encontraron 110 casquillos de balas calibres .50, .223 y 7.62. El calibre .50 es la munición que disparan varios fusiles de alta potencia, como el estadounidense Barrett M82A3, que es parte del equipo de las fuerzas de élite de varios ejércitos del mundo, incluyendo los de México y Estados Unidos.
¿Qué armas llevaban el lunes los policías para repeler a los sicarios? ¿Tenía cada uno de ellos un fusil y una pistola Sig Sauer de fabricación suiza iguales a las que el 10 de octubre del 2017 les entregó a sus superiores el gobernador Silvano Aureoles? ¿Tenían suficientes cartuchos para repeler el ataque?
Estas preguntas exigen respuesta porque todo parece indicar que los jefes de la policía estatal michoacana mandaron a sus 42 policías a la “guerra sin fusil”, lo que significa que, por lo menos, 13 de ellos iban hacia una muerte segura. (Eduardo Ruiz – Healy, El Economista, Política, p. 42)
Suena raro que el Presidente se haya convertido en el principal promotor de la revocación de mandato. Ya es una realidad. Los ciudadanos lo pueden sacar de Palacio Nacional a finales del 2021 o en los dos primeros meses del 2022, aun cuando el mandato para el que fue elegido termina en 2024.
Más raro es que Morena y rémoras hayan votado en el Senado —junto con PRI, MC, PRD y tres panistas— esas modificaciones a la Carta Magna, que requerían mayoría calificada.
Le mueven también el tapete a los gobernadores que hayan perdido la confianza de sus electores a mitad de su mandato. México pasará a formar parte de países como Argentina, Colombia, Ecuador o Perú, que ya cuentan con ese instrumento de “democracia participativa”. (Francisco Garfias, Excélsior, Nacional, p. 4)