Lo peor que sucedió ayer en Culiacán es que la noche llegó y para muchos, la certeza de despertar al día siguiente se había perdido. Desde 1975 cuando en el velorio de un hermano de Miguel Ángel Félix Gallardo, el último de los grandes barones de la droga, se desató una balacera que se extendió por la ciudad, no se había vivido lo que este jueves sufrió Culiacán. Pero mucho peor. Cuando menos hasta la hora del crepúsculo, amplias zonas de Culiacán estaban bajo el control del las milicias de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, que bloquearon cada una de las salidas de la capital de Sinaloa y el aeropuerto en manos de criminales. Los sicarios llegaron por decenas a Culiacán para defender a sus patrones y realizaron acciones quirúrgicas contra las fuerzas de seguridad, atacando las instalaciones del Ejército, la Fiscalía, la policía estatal y la policía municipal.
Testimonios de habitantes de Culiacán narran lo inenarrable. Los ejércitos del narcotráfico golpearon al Ejército y le arrebataron la capital a las autoridades. El gobierno, al menos durante la mayor parte del día, quedó en manos de los paramilitares de Guzmán, pero la confusión no permite llegar aún a ninguna conclusión. Lo único claro es que la única autoridad real en Culiacán durante las horas de luz de este jueves, eran los narcotraficantes, ante el repliegue del Ejército. Controlaban todo. En la periferia de Culiacán establecieron tres retenes en cada carretera, de acuerdo con personas que lograron escapar de la capital, para frenar algún ataque del Ejército, al que pusieron a controlar las casetas de peaje. (Raymundo Riva Palacio, El Financiero, Opinión, p.43)
Epresidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió ayer un nuevo revés en el curso de las indagatorias conducidas por el Congreso en torno a las presiones que habría ejercido sobre su par ucranio, Volodymir Zelenski, con el fin de que la fiscalía de ese país obtuviera datos incriminatorios contra Hunter Biden, hijo del ex vicepresidente y aspirante presidencial demócrata Joe Biden. De acuerdo con el embajador de Washington ante la Unión Europea, Gordon Sondland, Trump no sólo realizó dicha presión, sino que además ordenó involucrar a su abogado personal, Rudy Giuliani, ex alcalde de Nueva York, en las conversaciones del Departamento de Estado con funcionarios ucranios. (La Jornada, Editorial, p.2)
De la inflexión a la espiral // Aguililla, Tepochica, Culiacán // Cárteles: Jalisco, Sinaloa // Necesario, revisar y replantear
Apenas el lunes recién pasado, el secretario federal de Seguridad, Alfonso Durazo, hablaba de una muy leve inflexión en el plano de la criminalidad nacional. Nada para celebrar, advertía el político sonorense. Virtualmente al mismo tiempo, en Aguililla, Michoacán, catorce policías eran emboscados y ejecutados, en un episodio aún confuso propiciado por la impericia (o algo más) del desgobierno estatal que encabeza Silvano Aureoles. Ahí se inició una escalada violenta cuyo siguiente paso fue el supuesto enfrentamiento en Tepochica, municipio de Iguala, donde catorce presuntos miembros de un grupo criminal fueron muertos al toparse (según la versión oficial) con militares de entre los cuales uno de ellos logró ultimar a los catorce hombres armados antes de caer muerto él mismo.
El siguiente giro de la espiral de violencia sucedió ayer, durante horas tan impactantes como confusas, luego de la detención de uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, el jefe criminal sentenciado y encarcelado en Estados Unidos que durante décadas fue la figura más conocida del cártel de Sinaloa. Lo que se vivió en la capital de Sinaloa fue la confirmación gráfica y activa del poderío acumulado por los principales grupos delictivos del país (el de Sinaloa ha sido uno de los cárteles más poderosos, siempre atacado por los preferidos de cada sexenio anterior; durante el peñismo, el predominio sinaloense fue puesto en entredicho por el sumamente expansivo c á rtel Jalisco Nueva Generación). (Julio Hernández López, La Jornada, Opinión, p.8)
Nadie puede decir que carece de pasado. Unos se avergüenzan del propio, otros basan en él su orgullo, a otros les es indiferente, pero todos lo tenemos, al menos como ineludible hecho biológico. El presidente AMLO está fascinado por el pasado, el del país, ciertos héroes, los malos sucesos, sus actores y así se ata a sí mismo.
En ese sentido tendrá muy vivo el hecho de que está por inscribirse a sí mismo en el ayer al cumplir, dentro de menos de 40 días, su primer año de gobierno, lo cual significa un registro en los anales políticos de la nación. El Presidente se refiere frecuentemente al pasado, mas sólo a aquel que le acomoda. Del pasado próximo nunca va más allá de los neoliberales, entiéndase de Miguel de la Madrid hasta 2018.
Del pasado lejano le gusta exaltar a sus figuras básicas, pero sólo eso, no los desentraña. Él mismo es un ser críptico, inescrutable, legendario, que añora y asume viejas formas. Esencialmente es un ser extraño. Pasarán cinco años y pocos habrán descifrado el criptograma que encierra (Jorge Carrillo Olea, La Jornada, Opinión, p.24)
En días pasados solía yo comparar la presidencia de Trump con las dictaduras árabes. El estadunidense se solazaba en compañía del egipcio Sisi (60 mil presos políticos) y sus febriles diatribas tenían mucho en común con las de Muammar Kadafi, a quien no conoció, pero que también fue autor de un libro que nunca escribió (en cambio Tony Blair y Kadafi intercambiaron besos en la mejilla). Sin embargo, en la semana anterior he comenzado a darme cuenta de que el orate de la Casa Blanca tiene mucho más en común con la Roma antigua.
Mi antiguo profesor de clásicos me dijo –cuando lo llamé melodramáticamente por mi celular desde el Foro Romano, durante la ocupación estadunidense de Irak, en tiempos de George W. Bush– que los romanos eran un pueblo desenfrenado, pero no se habrían impresionado con el manejo estadunidense de la campaña en Irak. (Robert Fisk, La Jornada, Opinión, p.32)
La fracción parlamentaria de Morena en el Senado tiene listo un proyecto de iniciativa de reestructuración del Poder Judicial que propone, entre los cambios más relevantes, quitar al Presidente la facultad de proponer las ternas para ministros de la Corte y otorgarla al Consejo de la Judicatura (CJF) para la posterior aprobación de la cámara alta, y reducir de quince a seis años el periodo de duración de ese encargo. Además, concederle la facultad de presentar, a través de la Judicatura, iniciativas de Ley en relación a su Ley Orgánica y a la Ley de Amparo, quitar al presidente de la Corte la presidencia del CJF e incorporar una figura jurídica hasta ahora inexistente en nuestra legislación llamada amicus curiae o amigo del tribunal.
El proyecto de adiciones y reformas a doce artículos de la Constitución representa una cirugía mayor al Poder Judicial en relación con la más significativa realizada hace más de 24 años (el 31 de diciembre de 1994) en el gobierno de Ernesto Zedillo, cuyos cambios delinearon la estructura esencial que prevalece hasta hoy. El objetivo, de acuerdo con los considerandos de la propuesta, es fortalecer su independencia y recuperar la confianza ciudadana en las instituciones responsables de impartir justicia. (Raúl Rodríguez Cortés, El Universal, Opinión, p.2)
Primero Loret, ahora EL UNIVERSAL
A una empresa, seguramente con recursos inmensamente menores que los del Estado mexicano, y sin el acceso privilegiado a información sensible, le llevó solo 5 meses identificar, documentar y exhibir una red que obtuvo miles de millones de pesos en moches a cambio de contratos de Petróleos Mexicanos. Algunos medios como EL UNIVERSAL han tenido acceso a esa investigación realizada por la empresa Black Cube y han publicado notas, reportajes e investigaciones y ahora, la Secretaría de la Función Pública, que encabeza Irma Eréndira Sandoval, emplaza a este diario a que en siete días entregue pruebas certificadas de la información y grabaciones con las que se realizaron los reportajes. Esta misma requisición se la hizo días antes al periodista Carlos Loret de Mola. Tres puntos: Primero, a 11 meses, más del doble del tiempo que le ha tomado a Black Cube ¿el gobierno no ha podido tener pruebas suficientes de la red de corrupción y ahora necesita “ayuda” de los espías que consiguieron la información? Segundo, ¿entenderá la Función Pública que la libertad de prensa, entre otras cosas, sirve para poner luz sobre este tipo de casos de corrupción, pero a los que hay que presionar para que entreguen resultados “certificados” que puedan servir para judicializar es precisamente a las autoridades? Tercero, un tip: la información que requieren oficialmente, está ya publicada en este diario y en varios medios más, solo tienen que tomarla. Al parecer hay una disfunción pública. Primero fue la presión contra Loret y ahora contra EL UNIVERSAL.
AMLO, no hay felicidad completa
Pues no, parece que no, que la violencia no llegó a su punto de inflexión. Ayer, por tercer día en esta semana, hubo un acto de violencia con la intensidad casi de una guerra, y el día que pintaba perfecto para el presidente Andrés Manuel López Obrador, terminó por desdibujarle la sonrisa. Por la mañana, el mandatario inauguró los trabajos de uno de sus proyectos prioritarios, el Aeropuerto Internacional “General Felipe Ángeles”, en Santa Lucía. El Presidente lucía radiante, y no era para menos, pues tuvo que dar una dura batalla en tribunales contra sus adversarios políticos, para que ayer los trascabos pudieran iniciar la obra, su obra. Pero poco tiempo duró la felicidad. Hacia la tarde tuvo que mandar reunir al gabinete de seguridad para enfrentar la crisis que se vivió cuando una patrulla de militares y guardias nacionales se toparon y detuvieron en Culiacán a Ovidio Guzmán, hijo de El Chapo Guzmán, y se desató el pánico luego de que grupos paramilitares, incluso con vehículos de ataque blindados, buscaban rescatarlo. Y después vino la peor noticia: liberaron a Guzmán, pues fueron superados por los criminales. Para el final de la jornada el presidente quizá ya no tenía la sonrisa de la mañana. (El Universal, Opinión, p.2)
Con el nuevo gobierno, México empezó a asomarse a una realidad totalmente distinta de las que se reeditaron cada sexenio a lo largo de casi todo un siglo. La sociedad parece no tener percepción, explicación ni comprensión cabal de lo que está ocurriendo. Pero como embebida, mantiene la esperanza de que las promesas por las que tanto esperó y votó, se están procesando y que es cuestión de tiempo para ver y sentir el cambio.
Este, cuyas piedras angulares son el combate a la corrupción, el abatimiento de la criminalidad y el crecimiento de la economía, como es evidente y lógico, no dan resultados extraordinarios todavía. Pero como grandes obstáculos que son para mejorar, han sido visualizados y se dan pasos cada día para derribarlos y tener resultados tangibles. (Óscar Mario Beteta, El Universal, Opinión, p. 2)
Un gobierno que decide negociar la paz ante la fuerza de las armas del crimen organizado, es un gobierno que se rinde y capitula al sentirse rebasado y derrotado por la capacidad de violencia de los delincuentes. Pasamos así, con la inédita entrega de un presunto criminal que es devuelto a los grupos armados que exigieron su liberación a balazos y tomando y sitiando la capital de una entidad federativa, de un Estado que parecía fallido, a uno Estado rendido y sometido por la capacidad de fuego y desestabilización del narcotráfico.
Porque al haber entregado este jueves al hijo de Joaquín Guzmán Loera, Ovidio Guzmán, con el argumento de “garantizar la paz y la seguridad de la población”, el gobierno del presidente López Obrador y su gabinete de seguridad claudicaron a su obligación y facultad máxima y decidieron ceder el monopolio de la fuerza y la violencia, que les concede la Constitución, a los criminales que pudieron más con el poder de sus balas y su despliegue armamentístico y doblegaron a todas las fuerzas federales y estatales y a su comandante en jefe. (Salvador García Soto, El Universal, Opinión, p.8)
Es una derrota del país. Es una derrota de la administración de Andrés Manuel López Obrador. Es una derrota de la muy dudosa estrategia de pacificación que defiende en el discurso.
Más aún, la figura presidencial es sometida, por la inconsistencia de la estrategia oficial, al ridículo.
Los hechos de este jueves en Culiacán pintan un cuadro dramático del Estado mexicano doblegado ante los criminales. El gobierno de la República libera al hijo de El Chapo Guzmán “para proteger vidas” de los ciudadanos, según declaró a Reuters el secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo. (Carlos Loret de Mola, El Universal, Opinión, p.11)
QUE lo que parecía ser la primera gran estrellita de la Guardia Nacional se perfila ahora para constituir un fiasco del tamaño de la fuga de Joaquín Guzmán Loera del penal del Altiplano, sobre todo porque el silencio oficial posterior a la captura y liberación de Ovidio Guzmán López, hijo del capo preso en Estados Unidos, y la confusión generada por el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, con su videomensaje, contrastaron con el tamaño de los disturbios que provocó el cártel de Sinaloa.
La especie de la liberación debió ser confirmada por José Luis González, abogado de la familia del Chapo, en entrevista con Azucena Uresti en MILENIO Televisión.
QUE al tiempo que ocurría la balacera en Culiacán, los senadores morenistas Miguel Ángel Navarro y Julio Menchaca, presidentes de las comisiones de Salud y Justicia, metieron el acelerador para concluir el predictamen que regulará venta, posesión, siembra y comercialización de la mariguana, con lo que se pretende enfrentar parte de la violencia en México, al quitarle ese mercado al narcotráfico. (Milenio, Opinión, p.2)
La campaña presidencial de Carlos Salinas de Gortari, octubre 1987 – junio 1988, fue interrumpida por la crisis económica que le estalló al presidente Miguel de la Madrid y el conflicto con el todopoderoso Joaquín Hernández Galicia, La Quina, líder moral del Sindicato de Trabajadores de Pemex.
Esa crisis, llevó a De la Madrid a subir precios y tarifas de gasolinas, diésel, gas, luz, teléfonos y azúcar, en un 90 por ciento.
Eran los días en que la inflación y tasas de interés superaban el 150 por ciento anualizado y el peso que se devaluaba por horas, cuando ya el presidente tenía redactada la declaración de suspensión de pagos. Pero al mismo tiempo, Salinas de Gortari traía otro discurso de campaña mientras La Quina apoyaba al candidato Cuauhtémoc Cárdenas. (Joaquín López Dóriga, Milenio, Opinión, p.3)
Uno de los principales proyectos en materia de seguridad pública comenzó a tomar forma estos días con una serie de reuniones en la Secretaría de Gobernación, aunque involucra a toda instancia federal relacionada con el tema, en especial a Relaciones Exteriores: se trata de un despliegue en la frontera norte contra el tráfico de armas, con participación de cada autoridad estatal de las seis entidades regionales, que conlleva la demanda a Estados Unidos de que se convierta en un operativo espejo.
Previsto para estar listo a finales de año, este proyecto tiene detrás una serie de números que hacen indispensable y urgente su puesta en marcha: en toda la franja divisoria, con 3 mil 169 kilómetros de largo desde el Océano Pacífico al Golfo de México, hay del lado estadunidense 9 mil armerías, una sexta parte de las 56 mil en aquel país, y 22 mil instancias que otorgan licencias de armas. (Alfredo Campos Villeda, Milenio, Opinión, p.2)
HABRÁ QUE guardar un minuto de silencio por el Estado mexicano que ayer se rindió ante el poderío del narcotráfico, al dejarse amedrentar para luego liberar al hijo de “El Chapo” Guzmán.
EN MEDIO de las balaceras de ayer en Culiacán, uno de los asuntos que más incertidumbre causó fue la ausencia de las autoridades federales, estatales y municipales. Con excepción de los efectivos militares que se enfrentaron cara a cara a los narcotraficantes, ni el Presidente, ni el gobernador, ni el alcalde les dieron la cara a los culiacanenses.
PESE a que ya habían pasado varias horas de terror, Andrés Manuel López Obrador se apresuró a subirse a un avión para ir a Oaxaca y no quiso -o no supo- decir ni pío sobre la crisis. El priista Quirino Ordaz también desapareció y sólo asomó la cabeza en Twitter hacia la noche. (Fray Bartolomé, Reforma, Opinión, p.14)
El presidente Andrés Manuel López Obrador envió una señal saludable al plantear que sea el Tribunal constitucional el que resuelva la crisis legal que se gestó en Baja California, con la inconstitucional ampliación del mandato de quien fue votado únicamente para gobernar por dos años y no por cinco.
Usó la palabra “chicanada”, que suele referirse a la acción de personas para cometer fraudes a la ley o para aprovecharse de vacíos en la norma. Y justamente eso es la llamada Ley Bonilla, un fraude a la voluntad de los bajacalifornianos.
Ya en una ocasión nos referimos en este espacio a que el candidato ganador de la elección por Morena, Jaime Bonilla, se había convertido en un activo negativo para la reputación presidencial. (Jorge Camargo Zurita, Excélsior, Opinión, p.16)
En medio de la mayor crisis de derechos humanos que ha sufrido México, el 3 de octubre el Senado aprobó la convocatoria para la elección del titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para el periodo 2019-24, y cuyo nombre deberá conocerse el 31 de octubre. El presidente saliente, Luis Raúl González Pérez, señaló el tamaño del reto, las amenazas a los derechos humanos: “pobreza, desigualdad, violencia, discriminación, feminicidios, homicidios, tortura, desapariciones forzadas, agresiones contra periodistas y activistas de derechos humanos”, entre otras, y el imperativo de atender las quejas interpuestas ante la CNDH (el sector salud y el Ejército encabezan la lista), sin olvidar las tragedias (que han marcado al país), como la guardería ABC y los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, todavía impunes.
De las candidaturas para ombudsperson federal ha sorprendido gratamente la de Mauricio Clemente Buitrón Monroy, porque no es abogado (rompe el monopolio de ese gremio), es apartidista y tiene el respaldo de innumerables organizaciones de la sociedad civil, que avalan su independencia, honestidad, capacidad y compromiso con los derechos humanos. Buitrón es egresado de la carrera de ingeniero-arquitecto del IPN (1975), y desde entonces ha tenido una exitosa trayectoria profesional. En el sector público trabajó en el COM, en las secretarías de Educación, Gobernación, Seguridad Pública federal y en la del DF. En la IP laboró en el Grupo Frisa, el Grupo Sare, Banca Serfin, etcétera. Obtuvo del Colegio Nacional de Ingenieros Arquitectos su carnet de Director Responsable de Obra (DRO) y como Corresponsable en Diseño Urbano y Arquitectónico, y la licencia de perito auxiliar en la Administración de Justicia del DF, en el área de daños a edificios. En el periodo 2016-18 presidió el II Consejo General de Gobierno del Colegio Nacional de Ingenieros Arquitectos de México e ingresó a la Academia de Arquitectura y Urbanismo de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. (Enrique Villarreal Ramos, Excélsior, Opinión, p.19)