Quienes no pertenecen a la #prensasicaria (¿a cuántos habrá matado esa mala imprenta?; ¿a la familia LeBarón, por ejemplo?) retorcerán los argumentos ad nauseam. Siempre lo hacen.
Pero los hechos son preocupantes: en menos de un mes el Presidente de Estados Unidos se comunica —después de graves hechos sangrientos ante los cuales el gobierno queda inerme—, con el presidente mexicano para apretarlo o aconsejarlo u ofrecerle su ayuda (lo mismo da); porque las cosas aquí no funcionan como quieren allá. Ni aquí.
La primera llamada (como en el teatro) fue cuando Culiacán, destripó la estrategia de actuar sin estrategia. Mientras el Señor Presidente se iba a Oaxaca, muchos miles de kilómetros al sur del lugar de los hechos, dificultosamente el señor Donald Trump logró una comunicación cuyos detalles desconocemos todos. Menos los interlocutores. (Rafael Cardona, La Crónica de Hoy, Opinión, p.3)
El atroz asesinato de mujeres y niños de la familia LeBarón debería apurar al gobierno a su revisión de lo qué no está funcionando en la estrategia contra el crimen organizado. Pero eso no puede implicar, de ninguna manera, ceder ante las pretensiones intervencionistas de Estados Unidos. Hace bien el presidente López Obrador en poner por delante la independencia y soberanía de México. (La Crónica de Hoy, Opinión, P.p.)
La pólvora en infiernillos
Aunque varios legisladores intentaron en el Congreso sacar raja política a la tragedia de la familia LeBarón lo cierto es que ninguno pudo tirar la primera piedra.
El gobierno federal es morenista, es verdad, pero el de Chihuahua está gobernado por el panista Javier Corral y el de Sonora por la priista Claudia Pavlovich.
En el municipio de Bavispe, Sonora, donde ocurrieron los hechos, hay cuatro policías. Su alcalde, Cornelio Vega, llegó por una alianza PRI, Verde y un partido local.
De modo que los jaloneos partidistas sobran. Se gasta la pólvora en infiernillos.
Estamos ante un desafío del crimen organizado en contra del Estado mexicano y no contra una formación política en lo particular.
El agredido es México. El país en su conjunto tiene que responder. (La Crónica de Hoy, Opinión, p.3)
En México tenemos una Unidad de Información, Infraestructura, Informática y Vinculación Tecnológica que depende de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. En abril pasado, el Gobierno federal emitió un boletín (337/19), asegurando que estaban colaborando entre órganos de gobierno y el sector empresarial para trabajar con colaboración tecnológica a favor de la seguridad.
Entre otros puntos de la estrategia se habló de la conexión en tiempo real de los sistemas de videovigilancia con los C4 y C5 a través de la Plataforma México, así como de identificar corredores comerciales representativos y de alta incidencia delictiva.
La idea era trabajar con tecnología e inteligencia y controlar, desde el robo a tráiler en carreteras, el robo de huachicol, narcotráfico y narcomenudeo, comicios, saber si alguien de alta peligrosidad ha entrado a territorio mexicano y poder identificar a los colombianos que están robando con violencia los hogares mexicanos, entre otros delitos. (Bibiana Belsasso, La Razón, Opinión, p.14)
Inmediatamente después de que el presidente López Obrador perdiera los estribos ante las preguntas de los reporteros que acudieron a la mañanera en la que contestaría cuestionamientos sobre el relato oficial de los hechos que derivaron en la captura y liberación de Ovidio Guzmán en Culiacán, las redes sociales estallaron con las etiquetas #PrensaProstituida, #PrensaSicaria y #PrensaCorrupta. Al mismo tiempo, los medios tradicionales dieron espacio para la crítica sobre la actitud mostrada por el presidente, quien fuera de contexto repitió una famosa frase de Gustavo Madero. Evidentemente, el presidente López Obrador no quería contestar las incómodas preguntas que le hacían sobre el vergonzoso operativo de Culiacán. Suficiente deshonra y molestia había causado ya en el Ejército al fingir ignorancia y pretender culpar a las Fuerzas Armadas de un error que con toda claridad había cometido su gobierno. Decidió así, por instinto, cambiar la conversación y dejar de hablar del culiacanazo para dar un espectáculo para el graderío. “Los medios son unos perros, y como al apóstol que los liberó me quieren morder la mano”. Ni los que lo criticamos somos perros ni él liberó a nadie. Él es presidente precisamente porque desde hace ya décadas en México se vive una plena libertad de expresión. Le guste o no. (Gerardo Soria, El Economista, Opinión, p.22)
Culiacán fue un corto circuito. Expuso una crisis del diseño legislativo de la seguridad, no necesariamente de un diseño estratégico u operativo. Se busca implantar un nuevo paradigma de seguridad, que involucra demostrar que el Estado ya no está en el centro, sino ahora lo está la seguridad del ciudadano, pero las decisiones tomadas por el Gabinete de Seguridad en los momentos más álgidos de la situación en Culiacán, y respaldadas por el presidente, no hallan proyección en la restringida visión de la Ley de Seguridad Nacional vigente.
Los derechos humanos no tienen lugar congruente en esta ley, principalmente el derecho a la vida, el más prioritario a proteger por el Estado mexicano. Por el contrario, define a la seguridad nacional como las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, una definición jurídica incompleta e incierta, sin unidad de doctrina o planeación estratégica. Ni siquiera sirvió para definir los límites entre los tres niveles de seguridad, para aclarar cuándo un problema de seguridad pública puede volverse en uno de seguridad interior, o escalar a uno de seguridad nacional, como aconteció recientemente en Culiacán. La ley de Seguridad Nacional ha caducado. (María De Haas, El Economista, Opinión, p.45)
La cobija, la soberbia y el Pinocho de Durazo
Cobijado por altos mandos militares, con una maleta llena de soberbia y su muñeco de Pinocho, Alfonso Durazo viajó este martes a su tierra para enfrentar uno de los hechos más salvajes que se recuerden en la región y en México: el asesinato a mansalva de nueve personas, entre ellos seis niños. Se fue luego de comparecer en el Senado, donde legisladores de oposición le regalaron un muñeco de Pinocho “por las mentiras” en el operativo fallido para detener al narcotraficante Ovidio Guzmán. Don Poncho se fue a su tierra hasta donde también viajaron el secretario de Marina, almirante José Rafael Ojeda, y el Jefe del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa, general Homero Mendoza Ruiz, quien fue en representación del general Luis Cresencio Sandoval, para atender el multihomicidio de integrantes de la familia LeBarón. Nos hacen ver que Durazo no ve la luz del sol en medio de tragedia tras tragedia que se ha vivido en el país durante las últimas semanas, en hechos sucesivos: Aguililla, Michoacán; Tepochica, Guerrero; Culiacán, Sinaloa, y ahora los LeBarón. ¿Ni así dejará en casa su maleta de soberbia? (El Universal, Opinión, p.2)
La mano de Trump // Ofrece ayuda guerrera // Intervenir, desestabilizar // A Hermosillo, gabinete de seguridad
En la intrincada escena mexicana apareció la mano de Donald Trump. Formalmente es una mano generosa, benevolente. Comparte preocupaciones. Ofrece ayuda. Propone emprender una guerra de las dos naciones contra los cárteles del crimen organizado. Guerra a desarrollarse en México, desde luego: contra la delincuencia de acá (también la política) que, para sus trasiegos de drogas y armas, cuenta con la innombrada complicidad de la de allá. Hágase la voluntad de una nueva guerra contra el narcotráfico en los terrenos de mi vecino.
El punto de arranque de esta nueva acometida trumpiana ha sido el bestial asesinato de miembros de la familia LeBarón. Reprobable en absoluto, pero parecido a otros crímenes bárbaros que se han cometido en nuestro atosigado país. La principal diferencia está en la nacionalidad o doble nacionalidad de los afectados en los linderos de Chihuahua y Sonora: Trump asume la defensa de sus connacionales y, desde ahí, lanza una crítica, disfrazada de sana preocupación, por lo que pasa en México. Y entrega la manzana envenenada de la cooperación de buena fe, como si el comportamiento del poder gringo ante otras naciones se rigiera por un código caritativo, desinteresado, de auxilio verdadero. Como si la historia de las relaciones entre México y Estados Unidos permitiera algo más que la muy elemental cortesía de no decir abiertamente que no. (Julio Hernández López, La Jornada, Opinión, p.8)
Lo que empezó siendo una exigencia de especialistas, periodistas críticos y opositores, se ha vuelto ya un franco clamor social, y un reclamo en privado y en público por parte del gobierno de Estados Unidos hacia la administración del presidente López Obrador: ¡¿cuál es la estrategia para acabar con la inseguridad?!
Fuentes de primer nivel con acceso a esta información me revelan que estos reclamos empezaron a procesarse por la vía diplomática desde antes del escándalo de Culiacán. Se reforzaron tras la liberación del hijo del Chapo Guzmán y escalaron aún más luego de la trágica muerte de mujeres y niños de la familia LeBarón, que tienen doble nacionalidad.
A casi un año en el gobierno, no sólo no baja la violencia sino que se sale de cauce. No son episodios aislados. Es la sistemática descomposición de los índices de inseguridad que están por llevar a este 2019 a ser el año más violento desde que se tenga registro. (Carlos Loret de Mola, El Universal, Opinión, p.2)
La realidad en materia de seguridad ha cambiado dramáticamente, para mal. Lejos de tener una estrategia con metas específicas para presentar resultados, tenemos a un secretario de Seguridad Pública que señala puntos de inflexión al mismo tiempo que queda claro que la situación ha empeorado y hay dos factores que lo demuestran contundentemente.
Lo primero es que, de tener un problema grave de inseguridad en pocas ciudades, como Ciudad Juárez; Matamoros y Reynosa, ahora la inseguridad está en prácticamente todo el país, salvo pequeñas islas de tranquilidad como Mérida. Lo segundo es que ahora los delitos no discriminan niños, mujeres ni familias. La delincuencia ya cruzó esa línea y ya no respeta. Ante la impunidad, la matanza va parejo, como quedó claro con lo ocurrido a la familia LeBarón hace dos días en Sonora, el estado que quiere gobernar Alfonso Durazo. Pero, desgraciadamente éste no es el único caso de asesinatos de familias. Las notas de matanzas son ya el pan de cada día en el noticiero que conduzco en Foro TV, A las Tres. (Ana Paula Ordorica, El Universal, Opinión, p.2)
En la entrega pasada le informaba aquí —en medio de la polémica que desató la decisión de AMLO de revelar el nombre de quien comandó el fallido operativo de Culiacán y que resultó ser el jefe del Grupo de Análisis e Información de Narcotráfico (GAIN) del Ejército— que el líder de esas fuerzas especiales reportaba directamente al general secretario de la Defensa Nacional desde que fueron creadas en 1995, pero que en el actual gobierno ya depende del subjefe de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa, cuya identidad, le comentamos aquí, mantendríamos en reserva para no poner en riesgo su integridad personal y la de su familia.
Sin embargo —siempre en medio de la disyuntiva entre transparencia y garantías para quienes se ocupan de la delicada como peligrosa misión de la seguridad nacional— el nombre que reservábamos aparece en el portal “Nómina Transparente de la Administración Pública Federal” de la Secretaría de la Función Pública (https://nominatransparente.rhnet.gob.mx/) por lo que desde ese momento es público. (Raúl Rodríguez Cortés, El Universal, Opinión, p.7)
La masacre de madres y niños LeBarón, cualquiera de las anteriores y la suma de todas las cometidas en 11 meses no mueven un ápice a la 4T de su fantasioso enfoque de la rampante criminalidad. Por enésima ocasión, el secretario jefe del gabinete de Seguridad, Alfonso Durazo, reitera la inútil estrategia de “atacar”, mediante caritativos programas sociales, “las causas” de todo tipo de delitos que empujan a miles de jóvenes a darse de alta en (o ser cooptados por) las bandas criminales.
Aunque la falta de oportunidades obliga a buscar opciones para sobrevivir, cometer crímenes está muy lejos de ser la única salida, y tan es así que la inmensa mayoría de la población se dedica a una gran variedad de actividades, formales e informales, o resuelve sus necesidades cambiando de localidad o de país. (Carlos Marín, Milenio, Opinión, p.7)
En menos de un mes, dos crisis graves en materia de inseguridad y violencia del narcotráfico en México han involucrado directamente a los Estados Unidos: primero, el operativo fallido en Culiacán el pasado 17 de octubre, en donde el gobierno mexicano no pudo retener a Ovidio Guzmán ni cumplir una petición de extradición de la justicia estadounidense, y luego, la terrible masacre de nueve ciudadanos estadounidenses, tres mujeres y seis niños, todos ellos pertenecientes a la poderosa comunidad mormona.
Con esos hechos, la situación caótica de la inseguridad en nuestro país y la estrategia fallida del presidente Andrés Manuel López Obrador para contener la violencia y controlar a los cárteles del narcotráfico, se ha puesto directamente en la mira del radar estadounidense. El impacto de la violencia en México provoca reacciones cada vez más fuertes y directas desde el vecino país, que van desde la preocupación por sus intereses y la vida de sus ciudadanos, hasta la duda y la crítica abierta a la incapacidad del gobierno mexicano para controlar los niveles de violencia.
Ayer mismo, justo cuando el presidente Donald Trump decía que “si México necesita o solicita ayuda para limpiar estos monstruos, Estados Unidos está listo, dispuesto y capaz de involucrarse y hacer el trabajo de manera rápida y efectiva”, lo que subyacía en ese ofrecimiento, que fue declinado por el presidente López Obrador argumentando la soberanía nacional, no era sólo un acto de generosidad de Trump, sino más bien una forma elegante y algo sarcástica de decir que el gobierno mexicano no puede con la crisis de inseguridad en el país y que ya no están viendo, desde la Casa Blanca, capacidad de la actual administración para enfrentar a los “monstruos” que el presidente de los Estados Unidos ve en los narcotraficantes y sus crueles sicarios. (Salvador García Soto, El Universal, Opinión, p.10)
QUE después de la llamada con Donald Trump, Andrés Manuel López Obrador ordenó al canciller Marcelo Ebrard y al secretario de Marina, Rafael Ojeda, recorrer la zona del ataque a los LeBarón, en los límites de Chihuahua y Sonora, que cobró la vida de nueve personas.
El almirante fue convocado con urgencia a Palacio Nacional y salió con el titular de la SRE para volar en un helicóptero de la Marina a Bavispe, con una prisa que no es para menos tras el mensaje del jefe de la Casa Blanca sobre entrarle ya a la guerra antinarco y las duras palabras de la clase política de Estados Unidos, como las del senador Tom Cotton, quien desechó el “cuento de hadas” de “abrazos, no balazos” y llamó a combatir las balas con más balas. (Milenio, Opinión, p.2)
Si la mejor explicación oficial sobre la matanza de la familia LeBarón es que bandas armadas de la zona, delincuentes, pues, quizá los confundieron con otro grupo criminal, estamos en graves problemas.
Y lo digo, primero, por el reconocimiento de que esa región del noroeste es territorio de los cárteles, pero antes de todo, por lo atroz de la masacre, tres mujeres y seis menores muertos y otros seis niños más, heridos, y la saña: ametrallaron las dos camionetas y con ellos dentro, las incendiaron.
Ese es el grado de violencia al que hemos llegado y, la explicación de la confusión, me traslada a la que se dio en mayo de 1993, al asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, en el aeropuerto de Guadalajara, cuando se llegó a decir que lo habían confundido con El Chapo Guzmán. (Joaquín López Dóriga, Milenio, Opinión, p.3)
NO SE ENTIENDE por qué el presidente Andrés Manuel López Obrador le envía condolencias a la familia LeBarón a través de Donald Trump, si las víctimas también eran mexicanas dado que tenían la doble nacionalidad.
SI no hubieran sido estadounidenses, el mandatario mexicano habría guardado un sepulcral silencio. Porque cuando las víctimas son nacionales, el Presidente no acostumbra a dar condolencias, ofrecer el pésame y prometer justicia como lo está haciendo ahora.
EN REALIDAD López Obrador tiene el don de que, inclusive cuando se habla de violencia, la atención tiene que centrarse en él, en lo que está haciendo, en lo que cree, en que lo critican porque “esto ya cambió”. Masacre tras masacre, nunca su discurso va en favor de las víctimas de la violencia.
DA LA IMPRESIÓN de que le importan más las injusticias del pasado (la Conquista, la Guerra de los Pasteles, la Guerra de 1847) que las del presente, esas que realmente tendría que enfrentar. (Fray Bartolomé, Reforma, Opinión, p.8)
El brutal asesinato de tres mujeres y seis menores integrantes de la comunidad LeBarón –quienes tienen doble nacionalidad: mexicana y estadunidense– en los límites de Sonora y Chihuahua fue usado como pretexto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para emitir, vía Twitter, un posicionamiento tan belicista como injerencista: llamó a México a librar una guerra contra los cárteles del narcotráfico y ofreció la ayuda de su país para borrar de la faz de la Tierra a estas organizaciones criminales, para posteriormente emitir otras declaraciones en semejante tono.
Las expresiones del magnate republicano constituyen una impertinencia, en tanto nadie le pidió ayuda policiaco-militar ni se le invitó a opinar acerca de la situación de seguridad interior de una nación distinta a la suya. Si a ello se suma el largo historial de Estados Unidos como potencia invasora e intervencionista (en el contexto internacional en general, pero también contra México en particular), no queda sino calificar sus impulsivas publicaciones como actos de un intervencionismo indeseable, repudiable y fuera de lugar. (La Jornada, Editorial, p.2)
No ceder ante la corrupción
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, reveló que se han presentado dos denuncias contra el ex líder del sindicato petrolero Carlos Romero Deschamps y que se trabaja con otros países para localizar sus cuentas en paraísos fiscales, de acuerdo con Notimex. Las denuncias son por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
También informó que la UIF ya trabaja con autoridades de otros países con el fin de dar con paraísos fiscales que pudieron ser utilizados por el ex dirigente del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. En el caso de Emilio Lozoya, hay cuatro denuncias. La Fiscalía General ha judicializado dos y nosotros estamos en el entendido de que colaboraremos con la fiscalía porque es la instrucción que tenemos del Presidente para darle información de todos los casos, concluyó. No hay que hacerles el caldo gordo a los corruptos que quisieran que los acontecimientos del día distraigan a las autoridades a cargo de perseguirlos.
Ombudsman social
Asunto: fábrica de millonarios
La historia del IMSS y sus directores es de claroscuros; desde su fundación en 1944 y su primer director, Ignacio García Téllez, han desfilado otros 21 directores, unos buenos, otros malos (Genaro Borrego) y otros peores (Emilio Gamboa Patrón). Dentro de los calificados como buenos por la opinión presidencial y algunos opinadores, considero que hay nombres que resaltan pero hay que analizar sus obras y el equipo que formaron. El fenómeno de la corrupción ha generado la crisis que ahora se vive en el sector salud: obras inconclusas, compras con sobreprecio manipuladas por un pequeño grupo y obsolescencia en el equipamiento, sumando la falta de espíritu de servicio en mucho personal que atiende a la población. (Enrique Galván Ochoa, La Jornada, Opinión, p.6)