El Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la organización no gubernamental Red Global de Acción Legal (GLAN, por sus siglas en inglés) presentaron ayer una denuncia en contra del gobierno italiano por enviar a Libia a migrantes rescatados en el Mediterráneo.
De acuerdo con la ONG, se trata de la primera denuncia en la que se aborda la práctica denominada privatised push-backs; es decir, la contratación de embarcaciones comerciales para transportar a refugiados hacia regiones donde no existen garantías de seguridad.
Esta práctica, llevada a cabo por Italia y otros países de la Unión Europea, resulta en sí misma violatoria del derecho internacional, pero cobra un cariz francamente monstruoso porque las devoluciones se dirigen hacia Libia, donde es sabido que hoy por hoy no existe un Estado capaz de responder por la suerte de los hombres, mujeres y niños arrojados a manos de los grupos criminales que controlan este territorio norafricano. Editorial, La Jornada, pág. 2