Hacia el año 2005 Bolivia era una de los países más pobres de Latinoamérica, con índices de pobreza extrema muy cercanos a 40 por ciento, una concentración del ingreso en pocas manos medida por el índice Gini de 0.60 –uno de los más altos de Sudamérica–, el salario mínimo nacional boliviano era el más bajo de la región (54 dólares), una diferencia de 128 veces entre el 10 por ciento más rico versus el decil más pobre de la población y la esperanza de vida al nacer de 63.5 años era la más baja de Sudamérica, muy lejos de la inmediata anterior que era Paraguay con 71.2 años. Asimismo, desde agosto de 1985 Bolivia había adoptado el modelo neoliberal, que básicamente se resume en la aplicación del libre mercado interno y externo, liberalización del mercado de trabajo, privatización de las empresas públicas y de los recursos naturales tales como el gas y los minerales.
La tasa de crecimiento promedio del periodo neoliberal 1985-2005 era apenas de 3 por ciento y en todo ese lapso Bolivia nunca encabezó en la región este indicador y por el contrario mostró cifras inferiores al promedio de todos los países de la región. En casi 15 años de gobierno democrático en Bolivia la aplicación de un modelo económico propio deja un país totalmente cambiado. Por una parte, Bolivia pasó a liderar por seis años la tasa de crecimiento económico en Sudamérica con un promedio de 5 por ciento entre 2006 y 2018, pese al entorno internacional desfavorable, con descensos importantes del precio del petróleo, gas y los minerales, estos últimos principales productos de exportación bolivianos. (Luis Alberto Arce Catacora, La Jornada, Mundo, p.18)
Por un México sin odio
Despojarse del odio, escribe Jorge Carrillo Olea en La Jornada (27/12/19), citando a José Mujica en su visita a México. Un gran reconocimiento y gratitud por este artículo sobre el tema de las emociones y su implicación con la democracia. Es urgente trabajar desde la educación formal e informal el tema de las emociones; conocerlas, gestionarlas, aceptarlas y, sobre todo, aprender a autorregularlas para edificar gradualmente una mejor sociedad desde la comprensión y el amor y no desde la descalificación visceral.
Es deseable que esto se materialice en los ámbitos ideológicos, políticos, partidistas, culturales, educativos, sindicales, religiosos, familiares y sociales, etcétera. Es urgente aprender nuevas formas de convivencia, de diálogo incluyente; es necesario esforzarnos por contribuir a la paz y no a la guerra, al amor y no a la violencia. La relación social es nuestro talón de Aquiles, que hay que trascender entre todos, como dice el artículo citado: Para la recomposición no hay más actor en el escenario que cada uno de nosotros. (El Correo Ilustrado, La Jornada, Editorial, p. 2)
En pocos países existen fiscalías electorales. Esto se debe a que el fraude electoral está desterrado en la mayoría de los estados democráticos. En países en que está arraigada desde hace muchos años la democracia a nadie se le ocurre robarse una elección y si lo hace tiene que enfrentar no sólo a la ley, sino el repudio de la opinión pública.
En México, por razones que no son enteramente claras, la cultura del fraude electoral se ha arraigado. Aquí se cometen desde el siglo XIX. Si queremos desarraigarlo debemos entender cómo se produce. La legislación señala numerosos delitos fragmentados y desarticulados. El verdadero fraude electoral es el que orquesta el gobierno, aunque grupos de interés muy poderosos y organizaciones criminales podrían intentarlos a escala local. Los gobiernos de modo sistemático han autorizado y financiado los fraudes electorales. Como me decía Cuauhtémoc Cárdenas, el fraude se decidía en Los Pinos. El presidente tomaba en cuenta los factores políticos vigentes y si sentía que el partido oficial podía perder las elecciones le ordenaba al secretario de Gobernación o a los gobernadores en turno realizar el fraude. (José Agustín Ortiz Pinchetti, Política, La Jornada, p.9)
Cuarenta y una matanzas en EU durante 2019. ¡Y todavía nos lo venden como modelo civilizatorio! (Rayuela, La Jornada, Cp.)
Sorprende que uno de los deseos del presidente López Obrador sea el de una tregua con los conservadores. Es deseable el ánimo de concordia, pero en el nombrar está el ánimo de descalificar. Si vamos al significado del adjetivo/sustantivo liberal, el actual gobierno tiene muchos más rasgos de lo opuesto. Liberal va de la mano de la tolerancia y en el caso mexicano, de distancia clara de la política de lo religioso y del espacio de la moral. Liberal también tiene expresiones de la economía y el marcado estatismo en curso asimila al presidente al conservadurismo. De cualquier manera, es encomiable que el Presidente llame a un sentido de evitar la confrontación con sus críticos. La verdad es que así debería ser en lo sucesivo. No solo por el respeto que deben las autoridades al derecho a disentir, sino también porque es inevitable, una vez pasado el periodo de inicio, que cada vez sean más los mexicanos que no estén de acuerdo con sus gobernantes, incluso de personas que deriven de su propio proyecto político o ideológico. (Federico Berrueto, Milenio, Al Frente, p. 3)
Faltan horas para que concluya el primero de los seis años de un cambio de época por el que millones votaron en 2018. Se han hecho muchos análisis sobre lo que ha ocurrido y algunos sobre lo que nos depara un año complejo en lo interno y en lo externo como se anticipa 2020.
Somos una sociedad que espera mucho de sus gobiernos, en particular la solución de problemas en los que no necesariamente deben o deberían intervenir; ello nos da cierta tranquilidad al transferir parte de la responsabilidad a autoridades que de antemano sabemos que tienen poco margen de maniobra para cumplir lo que prometen. (Luis Wertman Zaslav, Excélsior, Editorial, p. 6)
Muchas acusaciones y rumores han salido a la luz desde que Estados Unidos detuvo en Texas a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, acusado de vínculos con el crimen organizado. Sin embargo, bajo la premisa de la secrecía de la investigación que realiza, la Unidad de Inteligencia Financiera no ha precisado a qué funcionarios se indaga en relación a los supuestos recursos que salieron de la Secretaría de Gobernación durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Por lo pronto, nos dicen que el hoy senador Miguel Osorio Chong, extitular de la Segob, no considera que se le pueda vincular con García Luna e incluso se ha dicho dispuesto a colaborar con el caso si fuera requerido para aclarar al respecto. (Bajo Reserva, El Universal, p. 2)
Una de las más importantes aportaciones que ofreció la antigua Roma a la civilidad y al desarrollo del ser humano, fue la creación del derecho codificado, como un medio pacífico y ordenado, para resolver las diferencias entre las personas, sea por tratarse de asuntos privados o públicos. Fue la manera racional y no pasional, que encontraron para superar la antigua formula del ojo por ojo, diente por diente, y obviamente, una espléndida forma de evitar discusiones estériles, que no solucionan nada.
Lex semper dabit remedium (el derecho siempre dará una solución), pacta sunt servanda (lo acordado se cumple), son algunos de los pilares que han transitado hasta nuestros días, con plena vigencia para dirimir controversias por medio de la ley y la justicia. Principios que aplican por igual al derecho internacional, que regula las relaciones diplomáticas entre las naciones que se han obligado en observar los tratados de los que forman parte, a fin de evitar conflictos y desencuentros con otros estados miembros. (Jorge Islas, El Universal, Opinión, p. A12)
La reserva de cinco años que ha hecho la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sobre la bitácora de vuelo que se siguió para traer asilado a México al expresidente boliviano Evo Morales el 11 de noviembre pasado contradice la política de apertura y transparencia pronunciada repetidamente por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
La Sedena explica que su razón obedece a que se trata de información sensible cuya difusión revelaría metodologías y protocolos de actuación a seguir ante situaciones como ésta del exmandatario sudamericano, además de que podría poner en riesgo la integridad física del personal militar que participó en el operativo de traslado. (Editorial, El Universal, Opinión, p. A12)
Un amargo y aleccionador diciembre, nos dicen, están compartiendo exfiscales chiapanecos, tras verse envueltos en diversas polémicas durante este mes, que terminaron por dejarlos sin trabajo. Para empezar, nos cuentan, el exfiscal de Distrito Fronterizo Sierra, Fraysede Ruiz Mendoza, quien fue separado de su cargo después de que su hijo compartiera en redes sociales un video con una amenazante pistola de grueso calibre. A la lista, nos indican, se suman el exfiscal regional en Los Altos de Chiapas, Gustavo Coutiño Flores, quien renunció luego de ser exhibido en un video celebrando una fiesta navideña en su despacho, con todo y mariachis. Pero aún hay más, nos comparten, se trata del fiscal regional de Distrito Frailesca, Octavio Rigoberto Macías Flores, investigado por amenazas y portación de armas de uso restringido, en agravio de un ciudadano de la región, a quien amenazó con pistola en mano. Así pasa la justicia Navidad y Año Nuevo en Chiapas. (Kiosko, El Universal, Estados, p. A23)
AMLO no quiere salir de México. Ni en sus vacaciones. Es una pena. Los viajes ilustran. Muestran otras realidades. No todos los países del tamaño y la riqueza de México tienen una capital con un aeropuerto colapsado, vendedores ambulantes y limosneros por todos lados, gigantescos baches en las calles e inseguros sistemas de transporte público.
No hay maldiciones históricas. Los problemas actuales no se resuelven buscando una disculpa de quien conquistó hace cinco siglos. Depende de cada país, y en particular de su gobierno, transformarse para bien. La Ciudad de México nunca tendrá un buen aeropuerto si se construye algo como Santa Lucía. (Carlos Elizondo Mayer-Serra, Reforma, Opinión, p. 8)
Es común, además de necesario, hacia el fin de año, realizar balances y apuntar perspectivas respecto de la agenda nacional y sus principales problemas. Tanto la situación de la economía, con crecimiento anualizado de 0.0% y el ambiente de violencia e inseguridad que se vive en varias partes del país, sin duda son la prioridad del gobierno federal, a la vez, que la sociedad en general.
Por lo que hace a la Seguridad Pública así como el deterioro de la paz pública, resulta indispensable plantearnos, qué debe corregirse, qué debe hacerse y sobre todo, especificar las metas de lo que se quiere obtener. En esa medida, la articulación de los esfuerzos interinstitucionales y de gobiernos locales –es decir municipales y estatales, deberá sumarse lo que la sociedad organizada y en lo individual aporta. Hasta el momento la carga sustancial en la recuperación de la Seguridad Pública, recae en la Guardia Nacional, por lo tanto en el gobierno federal. No obstante la histórica centralización de la administración en México, las dimensiones de los riesgos que implica persistir por esa ruta, además de peligrosa es inviable en cuanto a los recursos materiales y humanos, disponibles para tal atender la problemática que representan la criminalidad organizada y común. (Javier Oliva Posada, El Sol de México, Análisis, p. 14)