El Instituto Nacional de Migración (INM) rescató entre diciembre de 2018 y noviembre de 2019 a 601 migrantes víctimas de tráfico y trata en diferentes entidades del país. Los estados donde se identificó y auxilió a los migrantes, principalmente centroamericanos, fueron Chiapas, con 476 casos; Hidalgo, con 68; Coahuila, con 18; Oaxaca, con 10, y Yucatán, con seis, además de Querétaro, Quintana Roo y Tlaxcala con un caso en cada entidad. Del total de personas rescatadas por el INM, 234 eran mujeres y 367 hombres, mientras que, divididos por edad, 423 eran menores y 178 adultos.
Entre los casos relevantes, el INM realizó el retorno asistido de una mujer mayor de 80 años, con discapacidad visual y motriz, de nacionalidad guatemalteca, quien fue víctima de trata en su modalidad de mendicidad. Se retornó también a un joven peruano víctima de trata de personas en su modalidad de explotación laboral, así como a tres personas venezolanas víctimas de trata en la modalidad de explotación sexual.
El INM cuenta en sus 32 oficinas de representación en México con enlaces u oficiales (todas mujeres) especializados en la atención y auxilio de las víctimas de tráfico y trata, certificados por Naciones Unidas, con lo cual se le da seguimiento y atención a esos casos.
(Redacción, Milenio, p.17)
(Enrique Sánchez, Excélsior, p.10)
(María Cabadas, ContraRéplica, p.7)
(Aida Ramírez, Ovaciones, p.9)
(Manrique Gandaria, El Sol de México, p.9)
Entre 2018 y hasta noviembre de 2019, el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) brindó apoyo a 4 mil 855 migrantes. Los litigios de más de 2 mil de ellos evidenciaron en tribunales federales las deficiencias del sistema mexicano para proteger a los extranjeros. Datos del organismo indican que en ese periodo las orientaciones y representaciones jurídicas para personas de ese sector que buscan protección en México se aumentaron de 26 a 89, y de mil 381 a 2 mil 401, respectivamente.
Las atenciones brindadas este año ocurrieron en el marco del ingreso de diversas caravanas migrantes al país luego del anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador de que se entregarán visas de trabajo a los ciudadanos centroamericanos que busquen permanecer en territorio nacional. Las representaciones jurídicas han sido en el sentido de que los tiempos marcados en las leyes mexicanas para solicitar refugio no se adaptan a la realidad y a veces les imposibilita el acceso al trámite o a conseguir empleos, como prometió el Mandatario federal. También han solicitado amparos contra detenciones en las estaciones del Instituto Nacional de Migración (INM) y la protección de los menores que permanecen en estos lugares.
Fuentes federales informaron a EL UNIVERSAL que la dependencia tramitó ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) una queja contra el instituto de defensoría pública por la gran cantidad de recursos tramitados a favor de los extranjeros, misma que permanece en proceso. Para brindar mayor apoyo, el 13 y 14 de junio de 2019, el director general del IFDP, Netzaí Sandoval, solicitó a la titular de Estaciones Migratorias de la Dirección General de Control y Verificación en la materia el ingreso a la sede Siglo XXI, ubicada en Tapachula, Chiapas. Sin embargo, la directora respondió el 17 de junio: “Por el momento y hasta nuevo aviso no se considera viable la autorización de nuevas solicitudes”.
Esto derivó en el inicio de un litigio entre el IFDP y el INM por considerar que existió un impedimento para que el organismo cumpla con su finalidad social de proporcionar defensa pública de calidad para todas las personas. De inicio el juez Decimosegundo de Distrito en Materia Administrativa desechó la demanda del IFDP, pero el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en el rubro revocó la decisión y ordenó dar trámite a la demanda.
Sin embargo, al finalizar el asunto, el juez de Distrito sobreseyó el amparo al considerar que la negativa del Instituto Nacional de Migración no afecta los intereses o el patrimonio del IFDP. En la estación de Hermosillo, 16 extranjeros provenientes de Eritrea, país ubicado al noreste de África, permanecían detenidos.
En San Luis Potosí un migrante hondureño con VIH se encontraba de tránsito en México, pero por su situación económica y su condición no podía pagar el costo de su tratamiento. El hombre intentó afiliarse al Seguro Popular; no obstante, debido a que no tiene Clave Única de Registro de Población (CURP) le negaron el acceso, pues argumentaron que no permanece legalmente en el país.
Su salud se deterioró hasta que Roberto Gómez, asesor del IFDP, tramitó un amparo en el que alegó que los artículos de la Ley General de Salud que le fueron aplicados para negarle el acceso al servicio del Seguro Popular son violatorios de derechos humanos.
En la estación migratoria de Puebla, 44 personas, entre cubanos, guatemaltecos, hondureños, salvadoreños y venezolanos, tramitaron un amparo contra incomunicación, falta de representación consular, de asesoría legal, de tramitación para la solicitud de condición de refugiado y contra la deportación o expulsión del territorio nacional. Entre ellos había seis jóvenes y una niña. El juez informó a los consulados de cada uno y concedió la suspensión, pero Migración incumplió la orden. En la querella se indicó que los menores permanezcan con su familia, fueran trasladados a instituciones adecuadas y que estuvieran acompañados en todo el proceso administrativo por personal capacitado y especializado en derechos de la infancia.
En noviembre de este año, el Instituto Federal de Defensoría Pública fue informado de la llegada de una familia venezolana al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) para solicitar refugio. El grupo está conformado por dos hombres y una mujer embarazada. Al llegar, agentes de Migración los detuvieron y encerraron en un cuarto durante casi una semana.
Desde su llegada, Janet Calderón, asesora jurídica, tramitó un amparo en el que consiguió una suspensión de los actos de incomunicación y la inminente deportación, así como de la falta de atención médica de la mujer. El 2 de diciembre de 2019 la familia fue trasladada a la estación Las Agujas, donde a pesar de los argumentos de protección a la salud, los agentes les retuvieron los pasaportes. Los sudamericanos lograron salir días después y el IFDP trabaja para que sus trámites se trasladen a Quintana Roo, donde tienen familiares.
(Diana Lastiri, El Universal, p.A8)
Un juez federal ordenó al Instituto Nacional de Migración (INM) permitir que el personal del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) ingrese a las estaciones migratorias de todo el país para representar jurídicamente a los extranjeros detenidos en esos lugares. El pasado 2 de enero, el juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México concedió una suspensión provisional al organismo para que la dependencia permita el acceso a asesores jurídicos, defensores públicos y oficiales administrativos.
Según el IFDP, una vez que los abogados ingresen a las estaciones podrán brindar información en materia de derechos humanos de migrantes y sujetos a protección internacional, ofrecer servicios de asesoría y representación legal, así como recopilar datos sobre posibles violaciones relacionadas con los trámites, las condiciones humanitarias, sanitarias y alimenticias de los centros. (Diana Lastiri, El Universal, p.9)
Puerto Príncipe, Haití. La deportación de niños nacidos en Brasil, Chile o Venezuela desde México hacia un país que no es su origen –aunque sus padres sean haitianos– es una flagrante violación al Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, manifiesta Geralda Sainville, coordinadora del Grupo de Apoyo a Refugiados y Repatriados (GARR) de Haití. México copatrocinó este acuerdo en la cumbre mundial de las Migraciones de la ONU en Marrakesh, como primer acto de alta diplomacia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en la segunda semana de diciembre del año pasado.
Entre los grupos de haitianos deportados en forma masiva por el Instituto Nacional de Inmigración a lo largo del año –cerca de 400, hasta donde se tiene noticia– hay un número indeterminado de niñas y niños menores de seis años que no nacieron en ese país ni tiene la nacionalidad haitiana. La mayor parte son hijos de emigrantes que formaron parte de la gran oleada que llegó legalmente a Brasil entre 2011 y 2017 al abrigo de un acuerdo bilateral con el gobierno de Brasilia.
Todas las normas del derecho humanitario sobre migrantes prohíben las deportaciones masivas. Antes de tomar estas medidas debe estudiarse caso por caso, tiene que haber un diálogo previo, contacto y consenso con el país de origen; en este caso con el gobierno brasileño. Y con mucho más razón si se trata de niños, protegidos por leyes internacionales. (Blanche Petrich, La Jornada, p.5)
El 2019 que recién terminó fue un año fatídico para niñas, niños y adolescentes: lo mismo migrantes —en su mayoría centroamericanos— que mexicanos, por igual, sufrieron los estragos del endurecimiento en las políticas migratorias tanto del gobierno de Donald Trump como del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero también de la inseguridad y el crimen organizado que cobró la vida de casi dos mil infantes que cayeron asesinados, secuestrados, torturados o muchas veces violadas, en el caso de las niñas.
De hecho, México es una de las naciones más riesgosas para este sector de la población pues se compara con Irak y Honduras en términos de violencia, pues las tasas de homicidios son propias y características o proporcionales a un país en guerra: unos 20 mil niños y adolescentes han sido asesinados desde 2006 hasta el 2019, en el contexto de la guerra contra el narcotráfico y la violencia e inseguridad que se vive en varias regiones del país, asegura el director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), Juan Martín Pérez García.
(Alejandro Páez, La Crónica, ocho columnas)
El gobierno mexicano tiene el reto de cerrarle las puertas al financiamiento al terrorismo, pero el gran pendiente en la materia para el Estado es modificar el marco legal para castigar penalmente a las personas morales involucradas en dicha actividad, además de generar una adecuada comprensión del riesgo de este ilícito en autoridades, instituciones financieras y entidades que realicen alguna actividad vulnerable, especialmente las organizaciones sin fines de lucro. En la primera Evaluación Nacional de Riesgos en octubre del 2016, se señaló que el riesgo de financiamiento al terrorismo en el país proviene de dinámicas externas y su posición geográfica, la porosidad de la frontera con Estados Unidos y la corrupción; todos éstos son factores que “plantean la posibilidad de que México sea utilizado como plataforma logística, operativa y financiera para el terrorismo internacional”.
Asimismo, el GAFI señaló que, a pesar del encuadre institucional que se tiene para perseguir el financiamiento al terrorismo, las autoridades no contaban con pautas para la identificación clara y priorización de casos potenciales. Especialistas coincidieron en que si bien en México todavía no existe un antecedente oficial de un acto de financiamiento al terrorismo que pudiera apuntar hacia organizaciones como Al Qaeda o el Estado Islámico, recientemente surgieron señales para que las autoridades y sujetos obligados eleven su comprensión del riesgo de dicho ilícito. Por ello su combate a nivel mundial es una de las prioridades del GAFI.
(Fernando Gutiérrez, El Economista, p.11)
Napoleón Gómez Urrutia, quien afirmó haber renunciado a su nacionalidad canadiense para ser senador, fue visto en Vancouver presentando un pasaporte de Canadá el 2 de enero, según el sitio de noticias thebreaker.news. El líder minero y su esposa arribaron en un vuelo de primera clase de Aeroméxico a Vancouver, según una fuente citada por el sitio web.
(Staff, Reforma, Pp.)
Ante presiones de Estados Unidos, en medio de un éxodo sin precedentes de centroamericanos cruzando por México, la política migratoria del País cambia radicalmente en el primer cuatrimestre del año. Lo que inicia como una estrategia de puertas abiertas para los migrantes de Guatemala, Honduras y El Salvador, pasa a ser una política de contención que convierte a Tapachula, Chiapas, en una especie de municipio-albergue, en el que los centroamericanos y después haitianos y hasta africanos extienden campamentos afuera de la Estación Migratoria Siglo 21 y otros inmuebles oficiales.
Las caravanas de migrantes que inician a finales de 2018 continúan en los primeros meses de 2019, pero, en abril, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amaga con imponer aranceles a los productos mexicanos si no se frena su paso. Ante la presión, el Canciller Marcelo Ebrard acuerda desplegar 7 mil elementos de la Guardia Nacional en la frontera sur de México para contener a las personas que huyen de la violencia en el llamado triángulo norte de Centroamérica.
Adicionalmente, la Administración de Donald Trump obliga al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador a recibir a las personas que solicitan asilo en Estados Unidos, en un programa conocido en Estados Unidos como “Quédate en México”. Bajo este concepto, hasta el 8 de diciembre, México ha recibido en su frontera norte a 58 mil 579 extranjeros que piden asilo a Estados Unidos.
En tanto, entre enero y octubre, el Instituto Nacional de Migración (INM) detiene a 169 mil 932 extranjeros indocumentados, 50 por ciento más que en el mismo periodo de 2018. Mientras que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) recibe entre enero y noviembre de este año 66 mil 915 solicitudes de refugio, mientras que en todo 2018 son 29 mil 631 solicitudes. (César Martínez, Reforma, Suplemento Hard News)
Una parte de los migrantes que muchas veces suele ser ignorada dentro de los estudios, son aquellos que deciden abandonar su país por estudios. Este tipo de migrantes tienden a tener un buen trato y una aceptación social. Asimismo, las condiciones por las cuales migraron son distintas a la migración tradicional, ya que su decisión no se da por un diferencial salarial.
De acuerdo con el Anuario de migración y remesas México 2019, para 2016, 31 mil 298 estudiantes internacionales eran de origen mexicano, de un total de 3.4 millones. Conacyt reporta que de los casi 12 mil 900 estudiantes becados durante 2015-2018, la mayoría realizó estudios de maestría, y la principal área de conocimiento son las ciencias sociales. Lo que podría traducirse como un aumento en los niveles educativos de la población mexicana y un efecto positivo en la productividad. (David Flores, El Heraldo de México, Suplemento Piensa)
La capital del estado está en los primeros lugares en la captación de recursos económicos provenientes de los connacionales que habitan en Estados Unidos, de acuerdo con el último reporte del Consejo Nacional de Población (Conapo) y Fundación BBVA, que incluye todo 2019. Uno de los apartados del Anuario de migración y remesas México 2019 es el ingreso de dinero a México enviado por los migrantes destinado a la instalación de negocios en la capital, que asciende a 435 millones de pesos en 2019, colocando al municipio de Puebla en el segundo lugar nacional, superado sólo por Tijuana, con 449 millones de pesos.
En el rubro de remesas, Puebla capital ocupa el sexto lugar nacional, con un monto de mil 698 millones de pesos en 2019. Con corte al 2017, los principales estados de residencia de los poblanos en Estados Unidos fueron California (28.1 por ciento), Nueva York (22.3), Nueva Jersey (9.5), Illinois (6.1) y Texas (5.5), indicó el estudio. (Claudia Espinoza, El Heraldo de México, p.17)
Este año será crucial para la comunidad de mexicanos que viven en Estados Unidos. La población migrante mostrará su músculo para dejar en claro que en este 2020 no permitirá que ningún gobierno pase por encima de sus derechos. Los más de 38 millones de connacionales que viven en el país de las barras y las estrellas podrán ser contados en el censo 2020, participarán activamente en las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos y podrían definir una nueva reforma migratoria. En México, lucharán para tener una representación real y conseguir lugares en el Congreso. Es por eso que el movimiento binacional Fuerza Migrante integrado por más de 70 asociaciones, líderes de opinión, intelectuales y activistas se prepara para hacerle frente a un año que será clave. (Guadalupe Gómez, Reporte Índigo, ocho columnas)
La población de mexicanos que radica en Estados Unidos representa más del 10 por ciento de la población total del país del norte, pero su representación en el Congreso es mucho menor. De los 100 senadores, solamente la demócrata Catherine Masto es de familia mexicana, su abuelo paterno, Eduardo Cortez, es originario de Chihuahua y emigró al estado de Nevada. En la Cámara de representantes 25 de los 435 congresistas tienen familiares de origen mexicano. En México, la representación de los migrantes en el Congreso de la Unión todavía es menor pese a que esta población representa una cuarta parte de los mexicanos y la Constitución en su artículo 35 otorga el derecho de votar y ser votado. (Guadalupe Gómez, Reporte Índigo, p.14)
Playa del Carmen.- Tres hombres de origen israelí que viajaban en un taxi en Playa del Carmen, fueron detenidos en posesión de varias drogas, entre ellas cocaína rosa y pastillas de LSD en forma de corazones, del mismo color. Los extranjeros fueron puestos a disposición de las autoridades policiacas del municipio de Solidaridad, luego de que un perro entrenado olfateó los estupefacientes, cuando el vehículo con ellos a bordo era supervisado.
(Rafael Martínez, El Sol de México, p.32)
CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- Una familia estadounidense que regresaba a Estados Unidos tras visitar México en Navidad fue atacada justo al sur de Texas por hombres armados, que mataron a un adolescente e hirieron a otras tres personas. El niño de 13 años era estadounidense y sus padres tenían el permiso de residencia en ese país, indicó la Fiscalía General de Justicia del estado de Tamaulipas. No dio a conocer los nombres de las víctimas.
(Agencias, El Sol de México, Pp.)
(Perla Reséndez, El Financiero, p.20)
(Staff, Reforma, Nacional, p.3)
Tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes de EU hay propuestas para modificar la Ley de Inmigración y Nacionalidad. “Es hora de llamarlos (a los narcos) por su nombre: terroristas”, dice el congresista Anthony Brindisi La etiqueta de terrorista sigue pendiendo sobre la cabeza de los cárteles mexicanos de la droga. A pesar de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desestimó a principios de diciembre declarar a las organizaciones del narco como terroristas, la idea fue revivida por un nutrido e influyente grupo de legisladores republicanos y demócratas, que mantienen como meta sumar al crimen organizado mexicano a la lista de extremistas del Departamento de Estado.
Tegucigalpa, Honduras.- La deportación de más de 100,000 inmigrantes hondureños en 2019 desde México y EE.UU. parece no importarle a muchos de sus compatriotas, que estarían organizando una nueva caravana en busca de mejores condiciones de vida, pese a las drásticas medidas migratorias de los dos países norteamericanos. Los hondureños deportados en 2019 sumaron 108.827, en su mayoría de Estados Unidos y México, y otros procedentes de Asia, Europa, Centroamérica y América del Sur.. (EFE, Ovaciones, p.10)