La oposición en el Senado se sumó a la alusión del titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, acerca de la actuación del jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo. La priísta Claudia Anaya dijo que es muy pertinente el llamado del fiscal, ya que Nieto es muy protagónico y se le tiene que llamar a ser muy cuidadoso y prudente para no violentar el debido proceso.
Anaya subrayó: no habíamos tenido en la UIF un titular que fuera tan protagónico; los anteriores mantenían una postura más técnica, y el actual (Nieto) tiene una mística más política, eso puede empantanar o tumbar varios casos de investigación en curso. (Víctor Ballinas y Andrea Becerril, La Jornada, Política, p.3)
El liderazgo ejecutivo de la Organización de Estados Americanos (OEA) requiere de una persona que no polarice ni confronte, donde las opiniones y posturas personales pasen a tercer plano, consideró la ex canciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa, aspirante a dirigir el organismo interamericano, en una clara crítica al actual jefe del organismo, Luis Almagro.
La también ex presidenta de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se encuentra esta semana en la capital mexicana para promover su candidatura. (Ana Langner, La Jornada, Política, p.4)
El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que en 2022, con la consulta de revocación de mandato, los opositores y críticos a sus políticas van a tener la oportunidad de decidir si se mantiene o no el cargo. Cuando ya no nos quieran, nos vamos, abundó.
Sostuvo que ningún presidente puede sostenerse sin apoyo del pueblo y consideró lamentable que un gobernante con porcentajes de aceptación de entre 15 y 20 por ciento se mantenga con la policía y el Ejército en las calles, pero sin respaldo popular. “Es un gran servicio decir: ‘ahí nos vemos’. Lo otro es una enfermedad, mantenerse a costa de lo que sea, sacrificando a la gente, reprimiendo al pueblo”. (Enrique Méndez y Néstor Jiménez, La Jornada, Política, p.4)
Para la emisión de la cédula de identidad única no hay litigio ni conflicto con el Instituto Nacional Electoral (INE), porque la Ley de Población y la Constitución ordenan a la Secretaría de Gobernación (SG) dotar de identidad a todos los habitantes del país, señaló el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la SG, Alejandro Encinas.
Hay responsabilidades legales, comentó a La Jornada, en la antesala de una nueva ronda de análisis y negociación entre ambas instancias para definir el uso del principal banco de datos biométricos de México: el Registro Federal de Electores, con información personal de poco más de 91 millones de ciudadanos.
La discusión tiene origen en un artículo transitorio de la reforma a la Ley de Población de 1992, el cual indica que el instituto electoral proporcionará la información en referencia –de la base de datos e imágenes obtenidas con motivo de la expedición de la credencial para votar– con el propósito de establecer así el registro nacional de ciudadanos. (Fabiola Martínez, La Jornada, Política, p.5)
Con 338 mil 383 afiliados, Redes Sociales Progresistas (organización vinculada a la ex dirigente del sindicato magisterial Elba Esther Gordillo), encabeza la lista de las agrupaciones que buscan obtener el registro como partido político nacional.
En segundo sitio, con 330 mil 341 inscritos, está el Grupo Social Promotor de México, integrado principalmente por militantes del extinto Partido Nueva Alianza (Panal), cuyas bases son del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
Luego sigue Encuentro Solidario (de la estructura del igualmente extinto Partido Encuentro Social), con 269 mil 620 inscritos. (Fabiola Martínez, La Jornada, Política, p.5)
Entre las prioridades de Morena para el próximo periodo de sesiones por iniciar están aprobar las leyes de amnistía y reducir en 50 por ciento el financiamiento a los partidos políticos, resaltó Martí Batres, ex presidente del Senado.
Resaltó que en ambas cámaras del Congreso hay diversas iniciativas para disminuir los recursos públicos a los partidos e incluso el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió el miércoles una resolución que obliga al Senado a dictaminar una iniciativa ciudadana presentada en 2018 sobre el tema.
La iniciativa plantea la eliminación del doble financiamiento a los partidos con recursos que reciben a escala federal –que incluyen partidas para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes y específicas– y también de las instituciones estatales. (Andrea Becerril y Víctor Ballinas, La Jornada, Política, p.6)
En la temporada vacacional pasada, la Secretaría de Marina (Semar) brindó 276 acciones de apoyo a turistas nacionales y extranjeros en situaciones de emergencia.
Al emitir un balance de su Operación Salvavidas Invierno 2019, la Semar informó que ofrecieron 179 servicios médicos: 14 por ahogamiento, 10 por deshidratación, cinco por intoxicación y 150 por otros tipos de contingencia. Asimismo realizaron tres evacuaciones médicas, 58 rescates de personas en riesgo, tres acciones de apoyo a embarcaciones y la localización de 32 personas. Durante este operativo, la Semar desplegó a 4 mil 18 elementos en las 188 playas más visitadas del país. (Eduardo Murillo, La Jornada, Política, p.6)
Tras 18 jornadas de búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa realizadas en la presente administración federal, fueron localizados restos humanos que ya se analizan en la Universidad de Innsbruck, Austria, y por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
Se prevé que los resultados estén listos entre febrero y marzo, señalaron los padres de los estudiantes luego de una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador. No obstante, evitaron revelar detalles, ya que forma parte de la investigación jurídica.
Antes del encuentro, el Ejecutivo sostuvo que es decisión de todo el gobierno llegar a la verdad (sobre el paradero de los estudiantes); es una espina que tenemos clavada. (Fernando Camacho y Néstor Jiménez, La Jornada, Política, p.7)
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha abandonado la agenda de construcción de paz y justicia que prometió impulsar cuando era presidente electo, y en vez de iniciar un proceso de justicia transicional, sólo ha atendido casos individuales de violaciones de derechos humanos y administrado el dolor de miles de familias, señaló el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD).
En conferencia de prensa realizada en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, el poeta Javier Sicilia dio lectura a un mensaje en el cual reafirmó que el próximo 23 de enero el MPJD realizará una marcha de Cuernavaca a la Ciudad de México –que se sumará a otra caminata, el día 26, en la capital del país, rumbo a Palacio Nacional– para exigir al gobierno que impulse una verdadera lucha contra la violencia y la impunidad. (Fernando Camacho Servín, La Jornada, Política, p.7)
La titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, ordenó la creación de una Oficina Especial para investigar las violaciones de garantías individuales cometidas durante la llamada guerra sucia, además de abrir de oficio un expediente de queja que permita la clarificación de dicho periodo.
En un comunicado, el organismo señaló que es necesario conocer la verdad de lo ocurrido y acceder a la información completa de esos hechos, ya que la verdad en torno a las desapariciones forzadas del pasado reciente es una necesidad imperante, una obligación ética y una deuda histórica.
De acuerdo con la CNDH, la Oficina Especial investigará todos los casos de desaparición forzada ocurridos entre 1969 y 1999, en los cuales estuvieron involucradas fuerzas de seguridad del Estado. (Fernando Camacho Servín, La Jornada, Política, p.8)
El PAN en el Senado informó de un triunfo jurídico en la demanda que interpuso en contra de la elección de Rosario Piedra Ibarra como titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
El grupo parlamentario que coordina el senador Mauricio Kuri divulgó que el vigesimoprimer tribunal colegiado en materia administrativa ordenó reactivar la demanda de amparo interpuesta por los legisladores del blanquiazul, el pasado 4 de diciembre. (Andrea Becerril y Víctor Ballinas, La Jornada, Política, p.8)
El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue, designó a Luis Raúl González Pérez, ex presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, nuevo coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos (PUDH).
En el acto de designación, el rector Graue encomendó a González Pérez continuar con las evaluaciones de lo que ocurre en el país en materia de derechos humanos y defenderlos con valor.
Por su parte, el nuevo coordinador agradeció la confianza para dirigir el PUDH y afirmó que los derechos humanos son esencia de esta universidad y atraviesan los aspectos sociales, económicos y jurídicos del país. (José Antonio Román, La Jornada, Política, p.9)
El juez de control Ganther Alejandro Villar Ceballos, determinó que no hay elementos para vincular a proceso a Javier Coello Zuarth y a Luis Octavio Pérez Pozos, quienes fueron acusados por la Fiscalía General de la República de República (FGR) por su presunta participación en una red de confabulación encabezada por el empresario Juan Pablo González Cimadevilla, para perjudicar a su ex esposa Ana Patricia Moller Vuillemier.
En la misma audiencia se vinculó a proceso a Gualberto Ramírez Gutiérrez, ex titular de la Unidad Antisecuestros de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), para que sea juzgado por su probable responsabilidad en los ilícitos de simulación de pruebas y falsificación de documentos. Sin embargo, como ambos delitos son clasificados como no graves, podrá seguir su proceso en libertad. (Eduardo Murillo, La Jornada, Política, p.12)
El narcotraficante Eduardo Costilla Sánchez, alias El Coss, uno de quienes llegaron a ser de los principales operadores del cártel del Golfo, se declaró culpable de traficar más de 450 kilos de cocaína y 90 toneladas de mariguana a Estados Unidos en 2007, por lo que será sentenciado el próximo 14 de abril por el juez de distrito Fernando Rodríguez, con una pena que mínimo será de diez años de prisión y hasta cadena perpetua, de acuerdo con información de Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Costilla Sánchez, de 48 años, formó parte de los líderes del cártel del Golfo que a finales de la década de 1990 reclutaron a militares mexicanos para unirse a sus filas y que posteriormente se convirtieron en Los Zetas. (Gustavo Castillo García, La Jornada, Política, p.12)
Sigue pendiente la adquisición de medicinas de patente y de fuente única para las instituciones del sector salud. Los laboratorios farmacéuticos no han recibido ninguna información ni peticiones para que presenten sus propuestas económicas y prevén que el proceso continuará hasta que el Congreso ratifique el nombramiento de Thalía Lagunes como nueva oficial mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
La funcionaria fue propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador luego de la salida de Raquel Buenrostro, quien será la nueva titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Su nombramiento también debe ser ratificado por los legisladores. Las candidaturas de ambas funcionarias llegaron el pasado martes a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. (Ángeles Cruz Martínez, La Jornada, Política, p.13)
La Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México creará un nuevo cuerpo policiaco de investigación criminal para enfrentar el “enorme” desafío de reducir la impunidad, en una capital donde se denunciaron más de 224 mil delitos del fuero común en 2019.
De acuerdo con un informe oficial consultado por MILENIO, la institución que hoy entrará en funciones —encabezada por Ernestina Godoy por un periodo de cuatro años—, promete autonomía, así como “cero tolerancia” contra la “siembra de pruebas”, corrupción de servidores públicos y su colusión con la delincuencia.
Además, se creará la Policía Técnica y Científica, que operará con base en un Plan de Política Criminal, además de que comenzará a trabajar con carpetas de investigación electrónicas y tendrá fiscalías para el combate a la corrupción y delitos electorales. (Ignacio Alzaga, Milenio, Política, p.20)
De 2016 a la fecha en México se han cometido 280 feminicidios contra menores de 17 años, crímenes que van en aumento, al grado de que 2019 se perfiló como uno de los años más violentos para niñas y adolescentes.
Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hasta septiembre pasado sumaban 76 los asesinatos, cifra que se acerca mucho a los 86 de todo 2018 y que es mayor a los 53 y 65 registrados en 2016 y 2017, respectivamente.
La doctora Sonia Frías, catedrática del Centro de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, asegura que la cifra puede ser mayor, pues los datos de donde se obtiene la prevalencia de muerte son las estadísticas de defunción de la Secretaría de Salud, las cuales no contienen toda la información necesaria para establecer si se trata de un feminicidio. (Selene Flores, Milenio, Ciudad y Estados, p.18)