El Poder Judicial Federal (PJF), ha gastado más de 167 millones de pesos durante el último año en medidas y cursos para proteger sus instalaciones físicas, y también a sus miembros, como son jueces, magistrados y ministros. Entre los gastos está un curso de prevención de emboscadas para los choferes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). (Eduardo Murillo, La Jornada, Política, p. 7)
En el proyecto de ley nacional de cultura y justicia cívica –que circuló el pasado martes por la noche, pero que no se presentó de manera formal en el Senado el miércoles 15 de este mes– se destaca que es necesario contar con esta normatividad para evitar “que las conductas que no se adecúen a un correcto desenvolvimiento social escalen a mayores problemas. (Víctor Ballinas, La Jornada, Política, p. 7)
La Fiscalía General de la República (FGR) debe buscar y dar a conocer el número de sentencias condenatorias y absolutorias dictadas en primera instancia por los delitos de desaparición de personas y desaparición forzada, así como la causa penal y juzgado donde fueron dictadas, de 2007 a 2012. (Redacción, La Jornada, Política, p. 8)
Ciudad Juárez, Chih., Durante 2019 fueron asesinadas en Chihuahua 276 mujeres, 10.7 por ciento de los 2 mil 578 homicidios cometidos en la entidad que gobierna el panista Javier Corral Jurado, según cifras de la Fiscalía General del Estado (FGE). En la fronteriza Ciudad Juárez se perpetró el mayor número de asesinatos presuntamente relacionados con el crimen organizado el año pasado, mil 499, en los cuales 172 de las víctimas fueron mujeres (11.47 por ciento). (Rubén Villalpando, La Jornada, Estados, p. 24)
Ocho integrantes del grupo de élite del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fueron aprehendidos ayer en el municipio de Irapuato, Guanajuato; tenían en su poder armas largas, cortas, granadas, cargadores, cartuchos, equipo táctico, vehículos y cartulinas con mensajes. La detención fue realizada por elementos de las secretarías de Marina y Defensa Nacional, así como de la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado. (Redacción, La Jornada, Estados, p. 25)