En la década de 1990, el término feminicidio cobró carta de naturalidad en el vocabulario mexicano para designar el acto homicida motivado por el odio machista, a medida que se cometían asesinatos de mujeres jóvenes –niñas, varias de ellas– en Ciudad Juárez, Chihuahua. Además de la saña de los asesinos y del componente de agresión sexual que los acompañaba, estos crímenes tuvieron un doloroso rasgo en común para los familiares y otros seres queridos de las víctimas: la impunidad.
Esta combinación de violencia sexista e indolencia de las autoridades nunca fue erradicada, se potenció con la crisis de inseguridad que desató en todo el territorio nacional la guerra contra el narcotráfico del entonces presidente Felipe Calderón, y desde la llegada de Javier Corral al gobierno del estado de Chihuahua ha experimentado un recrudecimiento que alcanza ya niveles de barbarie: de 2017 a 2018 la cantidad de feminicidios en la entidad se disparó en 500 por ciento, al pasar de ocho a 48 casos en un solo año. Al considerar el conjunto de los asesinatos contra mujeres (tanto los que fueron clasificados como violencia de género como los que no) el panorama resulta incluso más alarmante: de 57 víctimas en 2016, se pasó a 96 en 2017; 105, en 2018, y 276 en 2019. Con 172 de los 276 episodios registrados el último año, Ciudad Juárez es el epicentro de la catástrofe, pues no sólo concentra 60 por ciento de los crímenes de la entidad, sino que en 2019 tuvo un incremento de la misma magnitud en el número de casos. (La Jornada, Editorial, p. 2)
Las cosas van quedando claras entre los gobiernos de México y Estados Unidos con respecto a qué está haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador y su gabinete de seguridad en materia de combate al narcotráfico y erradicación de drogas. Cada mes, desde diciembre y cuando menos hasta que inicie la primavera, el procurador estadounidense, William Barr, estará revisando si los compromisos de los mexicanos realmente se están cumpliendo. Barr estuvo el viernes pasado en la Ciudad de México y regresará en febrero. No se recuerda que haya existido antes un marcaje personal y sistemático sobre las acciones de un presidente mexicano por parte de Estados Unidos, y la amenaza de represalias si no se ajustan a los intereses de la Casa Blanca, permanecen.
Los datos sobre erradicación de drogas, en especial el fentanilo que es lo que motivó la nueva embestida del gobierno de Estados Unidos contra México, todavía no muestran cambio, pero presuntamente ya se reiniciaron las acciones para frenar el tráfico a aquella nación. Ya comenzaron a extraditar presuntos criminales buscados por la justicia estadounidense –el lunes pasado se anunció la inusual extradición de un paquete de ocho personas-, y en vísperas de la visita de Barr en diciembre pasado, el Centro Nacional de Inteligencia reactivó sus equipos de espionaje, incluidos los sistemas de la empresa “Rafael”, y el famoso “Pegaso”, del Grupo NSO, ambos israelitas. (Raymundo Riva Palacio, El Financiero, Nacional, p. 38)
¿ALGUIEN sabe cuándo regresa de sus vacaciones decembrinas la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Ojalá que sea pronto, pues resulta extraño que Rosario Piedra Ibarra no haya dicho ni pío sobre la reforma judicial con la que se pretende pasar por encima de diversas garantías fundamentales.
CON TODO y que el paquete de iniciativas se puso en pausa, sería bueno saber de qué lado está la ombudsperson: del lado de los derechos humanos o del lado del régimen que la impuso en el cargo. Con eso de que el gobierno quiere revivir la prisión preventiva injustificada, acabar con la presunción de inocencia y hasta convertir en criminales a los que crea que le difaman, sería de esperar que la CNDH lanzara la primera piedra.
A VER si en su informe de labores que presentará el miércoles ante la Comisión Permanente, Rosario Piedra se anima a entrarle a este delicado tema. (F. Bartolomé, Reforma, Opinión, p 10)
QUE en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que encabeza Rosario Piedra Ibarra, hay una invitación al senador morenista Martí Batres para sumarse al organismo, aunque por ahora el legislador ha guardado silencio; sin embargo, ayer mismo el fundador de Morena anunció que presentará una iniciativa para que en el nombramiento y reclutamiento del personal de esa institución prevalezca la experiencia por encima de los títulos académicos.
¿Será que está diciendo que no? (Milenio Diario, Al Frente, p. 2)
Reforma judicial ¿diálogo empantanado? Aunque se habla de una buena colaboración entre el Ejecutivo, la Fiscalía General de la República (FGR) y el Poder Judicial de la Federación (PJF) para presentar una propuesta de reforma judicial, parece que el diálogo no es tan bueno. Nos comentan que de manera separada el PJF planea presentar su propia propuesta en la que se espera que la presidencia del ministro Arturo Zaldívar se luzca defendiendo la autonomía de sus jueces y magistrados y, sobre todo, la naturaleza para la que fue creado el Consejo de la Judicatura Federal (CJF). Nos dicen que es evidente que la Corte no opinará sobre la propuesta que el fiscal Alejandro Gertz Manero esbozó la semana pasada ante el Senado de la República. Sin embargo, se prevé que una vez que el PJF tenga lista la suya, el propio ministro Zaldívar salga a la luz pública a explicarla y defenderla. (El Universal, Nación, p. 2)
El jueves y el viernes de la semana pasada fueron días de noticias terribles. Entre otras cosas, sucedieron los siguientes hechos:
Mientras reímos con los memes del avión presidencial, analizamos la intención de rifarlo, y debatimos si es una broma o una joya de comunicación política, está urdiéndose algo muy grave y muy serio. La Cuarta Transformación redacta leyes para convertirse en la Cuarta Inquisición. Con el borrador de 9 cambios al sistema de justicia que empezaron a circular, Alejandro Gertz y Julio Scherer Ibarra pretenden erigirse en los nuevos Torquemadas, con el poder de encarcelar arbitrariamente, espiar legalmente, torturar inconstitucionalmente y regresar al viejo sistema que existía antes de la reforma del 2008. Esa que inauguró los juicios orales y los jueces de control y la presunción de inocencia y la posibilidad de transitar a un sistema más moderno y menos autoritario, más transparente y menos discrecional. Esa que ahora el gobierno quiere quemar en la hoguera, junto con los herejes en los cuales nos convertirá. (Denise Dresser, Reforma, Opinión, p. 11)