QUIENES asistieron la semana pasada a la comida de las croquetas en Palacio Nacional cuentan que hubo una escena -protagonizada por Jaime Bonilla– que dejó perplejos a unas y a otros.
RESULTA QUE para el encuentro con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el protocolo establecido para los gobernadores era “no celulares”. Es decir, todos tenían que dejar afuera sus dispositivos móviles. Pese a eso, a la hora de la comida, justo cuando el mandatario esta hablando sonó un teléfono.
Y QUE sin importarle la grosería, ni la famosa investidura presidencial, el gobernador de Baja California contestó ¡ahí mismo en la mesa!, ignorando por completo lo que decía quien lo puso en el cargo. No conforme con eso, cuando terminó de hablar AMLO, Bonilla se puso a ver un video, con el volumen en alto, como esos niños a los que para entretenerlos los dejan ver a Peppa Pig mientras comen.
EL HECHO dejó en claro que al morenista bajacaliforniano nomás no se le da eso de los buenos modales. Pero dejó una duda entre los asistentes: Bonilla se comportó como adolescente porque en Palacio Nacional le toleran todo… ¿o a poco está haciendo berrinche porque no lo van a apoyar para quedarse los cinco años que quería? (F. Bartolomé, Reforma, Opinión, p. 8)
Fuercitas. La Secretaría de Salud acordó, con la Asociación de gobernadores del PAN, instalar una mesa de trabajo de carácter técnico para resolver, por consenso, los temas de interés, con el objetivo de avanzar en el acuerdo de adhesión en el inicio de actividades del Insabi, para la prestación gratuita de servicios de salud y medicamentos. El secretario de Salud, Jorge Alcocer, recibió al gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, quien asistió en representación de la GOAN y compartió la disposición de los gobernadores del PAN de sumarse a la transformación del Sistema Nacional de Salud para garantizar la gratuidad de los servicios. Sólo le dan largas al asunto para negociar lo que más les convenga. ¿O a poco cree usted que piensan en los derechohabientes? (Excélsior, Nacional, p. 11)
Considerable avance contra crimen en Guerrero
Donde se notaron los esfuerzos por bajar los delitos el año pasado fue en Guerrero. Y es que la entidad que gobierna Héctor Astudillo trae cifras a la baja en homicidio doloso y feminicidio que resultan alentadoras. Veamos: de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el número de asesinatos con arma de fuego pasó de 2,222 a 1,583, de 2018 a 2019, mientras que en los crímenes contra mujeres hubo un considerable descenso al pasar de 33 a 16 casos, es decir, 51.5 por ciento menos. Así que el estado dejó el primer lugar nacional en índices delictivos que tenía en 2015 y ahora se ubica en el 7. Si bien hay cosas que mejorar, los cambios se notan. (La Razón, La Dos, p. 2)
Murillo, al banquillo.- Salió el nombre del exprocurador Jesús Murillo Karam entre los exfuncionarios que posiblemente sean llamados a comparecer por el caso Ayotzinapa. Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, confirmó que en aras de saber cómo se construyó la “verdad histórica”, se considera esa comparecencia, junto con otros exfuncionarios. (El Heraldo de México, La Dos, p. 2)
La Secretaría de Gobernación lanzó una nueva bomba política ayer que retumbó en parte de lo que fue el equipo más cercano del expresidente Enrique Peña Nieto. Con la afirmación que hizo Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la dependencia, de que Jesús Murillo Karam, extitular de la PGR, será citado a declarar por el caso, se abre la posibilidad de ver a otros exfuncionarios que hacían las investigaciones y que ahora pasan a ser investigados por el desaseo con que se construyó la famosa verdad histórica para cerrar el caso de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos.
El gobierno de López Obrador se comprometió a abrir una nueva investigación en torno a la tragedia de la noche del 26 de septiembre de 2014, y después de operativos en Guerrero, la participación de peritos forenses extranjeros que hicieron observaciones al gobierno de Peña, mismas que fueron pasadas por el arco del triunfo, y nuevas carpetas abiertas, se tomó la decisión de sentar en el banquillo a funcionarios que estuvieron al frente del caso. (Alejandro Sánchez, El Heraldo de México, País, p. 7)
Uno de los conflictos que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador con Estados Unidos es haber cancelado la autorización a la DEA para utilizar el aeropuerto de Toluca, sin necesidad de un permiso cada vez que lo requiriera. La DEA, a través del procurador William Barr, ha estado presionando para que se restablezcan esos privilegios que les otorgó el gobierno anterior. Algunos funcionarios mexicanos defienden la prohibición desde un punto nacionalista. Para los estadounidenses, carecer de esa autorización, limita la velocidad de sus acciones. Pero, sobre todo, incrementa las sospechas allá y acá de que el gobierno de López Obrador tiene un acuerdo no escrito con los cárteles de la droga.
El tema fue abordado durante la comparecencia matutina de López Obrador este martes, cuando Mark Stevenson, reportero de la agencia AP, le dijo que hablaba muy fuerte de los conservadores y la prensa fifí, pero nunca de los cárteles de la droga. “¿Su pelea no es con ellos?”, preguntó. “Sí, sí, sí”, respondió el Presidente. “Son organizaciones que le hacen mucho daño al país. Lo que sucede, a lo mejor por eso duda, es que le estamos dando casi el mismo peso a la delincuencia de cuello blanco que a la delincuencia organizada, porque yo sostengo desde hace mucho tiempo que el principal problema de México es la corrupción política. (Raymundo Riva Palacio, El Financiero, p. 36)
López Obrador ha logrado aglutinar a su alrededor las esperanzas de los excluidos de la nación; ha visto bien el mal que nos corroe: la incompetencia y la corrupción de la clase política, su fasto, su colusión con los empresarios más deshonestos del país, la miserabilización de las mayorías en nombre del capital.
En suma, ha logrado diagnosticar la iniquidad política. Ha hecho algo más: mostrar que el espacio democrático no está en los recintos institucionales, sino en el pueblo y en las calles. Sus movilizaciones, su obstinación en decir que en el pueblo y no en las instancias gubernamentales radica la política, han recordado a la gente lo que la democracia sin adjetivos siempre ha dicho, que ella no puede ser el nombre de un arreglo particular de instituciones políticas, que no termina en las elecciones libres, que no radica en el mercado libre, que no es un sistema, sino, como lo señala Douglas Lummis, “un proyecto histórico que la gente manifiesta luchando por él” a cada paso, en cada momento de su historia. (Salvador Camarena, El Financiero, Nacional, p. 38)
La Fiscalía General de Alejandro Gertz Manero apadrina la transformación de leyes. Entre las aberraciones del intento, por ahora frenado, regresa la posibilidad de encarcelar a periodistas acusados de dañar reputaciones. Es un retroceso al autoritarismo.
Hay leyes permitiendo litigios, armados para hostigar periodistas. En 2016 me demandó Humberto Moreira porque abollé su fama pública en un artículo. El juez capitalino Alejandro Rivera Rodríguez le aceptó a Moreira tasar su honor. Me exige 10 millones más los gastos del juicio. Ha buscado intimidarme –supongo– porque investigo la violencia criminal en Coahuila; y él se distinguió por su pasividad ante la brutalidad Zeta. No me ha frenado, pero sí me ha desgastado.
Los juicios en México son lentos y caros. En los cuatro años transcurridos, hemos presentado unos 300 escritos acompañados de documentos certificados por notarios con mirada de calculadora, con “peritajes” costosos (uno, psicológico, duró 16 horas) y con trámites interminables. Miles de horas y millones de pesos (el despacho Beristain me defiende “pro bono”, pero yo pago los gastos). (Sergio Aguayo, Reforma, Opinión, p. 9)
Otra pieza fundamental de este intento por controlar el INE es la renovación parcial del Consejo General del Instituto, prevista para el próximo mes de abril. Los cuatro nuevos consejeros que serán elegidos por la aplanadora de Morena en San Lázaro organizarán las elecciones del 2021, 2024 y 2027. Nada más. Al órgano electoral lo atacan dentro y fuera. Son dos los caballos de Troya en el Instituto. Tienen nombre y apellido. Uno es el mencionado titular del órgano de control, George Zamora. Completa la mancuerna Jesús Roberto Ruiz Saldaña, un consejero electoral que vota todo lo que favorece al gobierno de Andrés Manuel.
Va el detalle: George abrió una “investigación de oficio” en contra de los miembros de la Junta General Ejecutiva: directores e, incluso, consejeros electorales. Los investiga por haber aprobado un acuerdo que les permite ganar más que el Presidente de la República. Lo peor: amaga con proceder legalmente, llevando el caso a la Fiscalía Anticorrupción. (Francisco Garfias, Excélsior, Nacional, p. 4)
Tras consumar, con el cómplice apoyo de la fracción morena en el Senado, la ilegal “ocupación” de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), vía la imposición de la impresentable Rosario Piedra Ibarra al frente de la misma, el gobierno de la Cuarta Transformación prepara ahora el “abordaje”, literal, del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), uno más de los organismos autónomos que tanto molestan a sus dirigentes.
En las próximas semanas, efectivamente, en el marco del relevo de los comisionados Joel Salas Suárez y María Patricia Kurczyn tras cumplirse, al cierre de marzo, el periodo para el que ambos fueron electos operadores del gobierno federal, buscarán posicionar a personajes afines al lopezobradorismo con miras a concretar la “toma” del Instituto que, hoy por hoy, por mandato constitucional, garantiza el libre acceso a la información oficial de cuanto ciudadano aspire a conocer datos específicos de algo más de 800 instancias, la Presidencia de la República y su titular incluidos. (Enrique Aranda, Excélsior, Nacional, p. 14)
Un nuevo enemigo acecha a México y esperemos estar preparados. Los focos preventivos de salud en México ya se prendieron con la nueva cepa de coronavirus surgida en Wuhan, China, y que se está propagando rápidamente en el mundo.
El tema comenzó a preocupar más a las autoridades de salud luego de que ayer se reportó el primer caso en Washington, Estados Unidos. Ya muy cerca de nuestras fronteras.
La Secretaría de Salud pidió a directores de los Institutos Nacionales y Hospitales de Alta Especialidad que, a través de sus laboratorios clínicos y servicios de Infectología, tuvieran un “alto nivel de sospecha” ante posibles casos que se pudieran presentar. Ante lo que está pasando en el mundo, sin ser alarmistas, pero sí por cuestiones de prevención, autoridades del sector salud también se reunieron con los responsables del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE), así como con el área de biología molecular, para coordinar el trabajo de análisis y evaluación de muestras que lleven a confirmar un caso de este coronavirus en México. (Ruth Rodríguez, Excélsior, Nacional, p. 15)
El impuesto Robin Hood y los millonarios mexicanos // Toma préstamo Pemex para pagar deudas // Los jubilados de Telmex
El economista estadunidense James Tobin propuso en 1971 un impuesto sobre las transacciones financieras; afetaría a la gente de dinero. Desde entonces la idea ha estado presente cuando se habla de la enorme desigualdad económica entre los seres humanos. Se trata de aplicar un gravamen especial a los ricos y emplear la recaudación en beneficio de los pobres. Con el paso de los años, y con motivo de los movimientos antiglobalización, fue rebautizado como impuesto Robin Hood, en honor del mítico personaje que robaba a los ricos para darl a los pobres.
La Oxfam propone que se aplique en México. Esta organización internacional fue fundada en 1995 por un grupo de agrupaciones no gubernamentales independientes. Su objetivo es trabajar en conjunto para lograr un mayor impacto en la lucha mundial por reducir la pobreza y la injusticia; tiene un capítulo en México. Según Oxfam, seis personas concentran mayor riqueza que la mitad de la población, calculando que la mitad de la población sea de 62.5 millones de personas. El presidente Lopez Obrador ha emprendido programas para aliviar la crueldad de la pobreza. Sin embargo, no son suficientes, según Oxfam. El gobierno necesita más recursos para emprender tareas de más envergadura.
Plantea la necesidad de una reforma fiscal que podría empezar a gravar con 0.5 por ciento los bienes de uno por ciento de la población con más ingresos. Con la medida se recaudarían 92 mil millones de pesos, con lo que se duplicarían, por ejemplo, los recursos que tendrá el Insabi (el nuevo sistema popular de salud) este 2020, explicó Milena Dovalí, coordinadora de investigación de Oxfam. Es un idea plausible. Sin embargo, no se puede llevar a consulta pública porque el tema de impuestos quedó excluido de los permitidos. Si los grandes millonarios no se resignan a que haya quedado prohibida la cancelación de impuestos, y están forcejeando en los tribunales, ¿imaginan su reacción frente al impuesto Robin Hood? (Enrique Galván Ochoa, La Jornada, Política, p. 6)
Adiós a Yeidckol Polevnsky? // Morena, olla de grillos // Bertha Luján, en ascenso // Texto de escritores y académicos
Yeidckol Polevnsky Gurwitz (su nombre original es Citlali Ibáñez Camacho) ha tenido hasta ahora una especie de vida política extra, a pesar de los graves y continuos tropiezos que ha cometido como encaramada sustituta en la dirección del partido que actualmente tiene los poderes Ejecutivo y Legislativo a escala federal y en varios estados.
Sin embargo, por lo que se ve y lee, ese bono de extraña continuidad en el poder formal de Morena está por llegar a su fin. El próximo domingo podría realizarse un congreso nacional extraordinario de dicho partido, el cual ha sido convocado por Bertha Luján, presidenta del consejo nacional de Morena y opositora de Polevnsky, quien no ha aceptado la validez de la convocatoria al hipotético congreso ni sus eventuales resultados. (Julio Hernández López, La Jornada, Política, p. 8)
El lunes por la tarde, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) dio a conocer las cifras de incidencia delictiva correspondientes al mes de diciembre. Con esto, se tiene ya el total anual de víctimas de violencia letal en 2019: 35 mil 588, sumando los totales de homicidio doloso y feminicidio.
Van algunos comentarios sobre las cifras:
En el sexenio de Peña Nieto no sólo se permitió el saqueo y la corrupción desmedida en Petróleos Mexicanos con acciones y pésimas decisiones financieras y administrativas como la compra de Fertinal y de la planta de Agronitrogenados, los astilleros en Galicia y la complicidad y nulo combate al robo de combustibles, entre muchos otros. Dentro de la estrategia, operada por dos directores muy cercanos al expresidente Carlos Salinas de Gortari: Emilio Lozoya Austin y José Antonio González Anaya, también se buscaba debilitar y achicar a la empresa petrolera y su producción para abrirles la puerta y mejorarles las condiciones de competencia a las compañías petroleras nacionales y privadas que participaban en las rondas de la reforma energética.
En ese afán, el salinismo que controlaba Pemex también buscó cambiar y controlar a los mayores proovedores y contratistas de Pemex y para ello decidieron ir por las dos empresas más grandes y fuertes que acaparaban los mayores contratos y activos en la industria petrolera: Oceanografía y Oro Negro. Las dos empresas mexicanas, que se volvieron referente internacional, habían sido creadas bajo la influencia del poderoso exsecretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, que se volvió el poder real en el manejo de la petrolera nacional y las finanzas públicas durante los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón. (Salvador García Soto, El Universal, Nación, p. 11)
La investigación que concluyó la Secretaría de la Función Pública sobre denuncias de actividades irregulares en la administración del puerto de Manzanillo, Colima, efectuadas en el sexenio anterior, revela que en el manejo del puerto se estableció una red de corrupción que favorecía a empresas vinculadas con los funcionarios encargados de administrarlo. Se encontró que contratos de cesión de derechos se otorgaban sin consultarlo al Consejo de Administración. En una de estas operaciones fueron beneficiados familiares cercanos del actual gobernador de Colima, y por las que el director general de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo se separó de su cargo justo hace un año. No obstante, la SFP ha clasificado como “no grave” la actuación del extitular.
El presidente López Obrador señaló hace unos días que la corrupción en puertos se da en dos frentes: o los funcionarios están coludidos directamente en los malos manejos o toleraban, encubrían o eran negligentes para actuar cuando se les reportaban actos fraudulentos. En esa misma ocasión acusó que en dos puertos del Golfo de México (Tuxpan y Tampico) se efectuaba huachicoleo institucional o robo de contenido de embarcaciones de Pemex encargadas de transportar combustible de importación, con colusión entre personal de la paraestatal y autoridades portuarias, sobre los que actualmente hay otra investigación en curso. En tanto, en diversos puertos del Pacífico se ha detectado entrada de precursores de droga provenientes de Asia, específicamente fentanilo, con conocimiento de las autoridades a cargo. (Editorial, El Universal, Opinión, p. 12)
En octubre del año pasado, Eduardo Medina Mora presentó su renuncia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En unos cuantos días el Presidente la aceptó y la envío al Senado, quien, sin mayor discusión, la aprobó. Fin de una historia llena de recovecos, pensamos muchos. Pero la semana pasada el asunto resucitó.
Un inquieto ciudadano decidió ejercer su derecho de acceso a la información y solicitó a la Oficina de la Presidencia cualquier documento que mencionara las causas graves que, en términos del artículo 98 de la Constitución, justificaran la renuncia del ministro. La oficina en cuestión respondió que en sus archivos no localizó “evidencia documental” alguna que diera respuesta a la solicitud. (Sergio López Ayllón, Milenio Diario, Política, p. 10)
Vuelven bloqueos de Policía Federal.- El tema sigue sin resolverse. Durante cuatro horas volvieron ayer a bloquear Periférico más de un centenar de ex policías federales que siguen sin recibir el pago de sus liquidaciones. Enrique Carpizo, abogado del grupo de policías federales que rechazó su traspaso a la Guardia Nacional, afirmó que son 336, y no 106, como afirmó la SSPC, los ex agentes que esperan sus respectivas liquidaciones. (Martha Anaya, El Heraldo de México, País, p. 5)
En sólo tres ocasiones un presidente de los Estados Unidos ha sido sometido a juicio político. Donald Trump es uno de ellos, acusado de abuso de poder y de obstrucción al Congreso. Sin embargo, las posibilidades de que el mandatario llegue a ser removido del cargo son casi nulas. Aun así, tan sólo el hecho de que se le esté juzgando, es ya significativo y marcará para siempre su presidencia.
El juicio político es un proceso legal contemplado en la Constitucion de este país que permite investigar a funcionarios públicos, del presidente para abajo, si se sospecha que han abusado de su cargo, ya sea por corrupción, sobornos, o traición, entre otras posibles faltas. Cuando se decide si deben ser juzgados, políticamente, no criminalmente, su caso pasa a manos del Senado, que es justo donde el asunto Trump está desde este martes. (Concepción Badillo, La Crónica de Hoy, Mundo, p. 19)
Y tanto que no lo es. Desde las “mañaneras”, AMLO sigue fijando la agenda pública, con la que marca los asuntos que le son prioritarios, para eliminar los irresolubles. El tener a todo México embobado, con lo que se consideran ocurrencias, es parte del proceso del desmantelamiento silencioso.
La estulticia de “rifar el avión presidencial”, sacó del ojo del huracán al problema de la salud. Primordial para la sociedad, el ruido del desastre del arranque del INSABI y la desaparición del Seguro Popular, se extinguió con la estupidez de la lotería del Boeing.
Lo mismo ha hecho con asuntos determinantes, como el desastre de la economía –que se refleja en las carteras-, el fiasco del combate a la corrupción, la inseguridad que no cede y la extinción de la autonomía de organismos descentralizados, fundamentales en una democracia. (Catalina Noriega, El Sol de México, Análisis, p. 18)
La producción de Pemex va en picada. Al cierre del año pasado debería haber llegado a un nivel de producción de 1.9 millones de barriles diarios. La realidad es que, en el mejor de los casos, tendrá 1.6; de 51 bloques asignados por parte de la CNH ninguno produce, están parados por falta de inversión. La inactividad genera sanciones y la empresa productiva del Estado tendría que pagar una multa equivalente a 684 millones de pesos, según las sanciones establecidas en el artículo 85 fracción II de la Ley de hidrocarburos. ¿Se los van a cobrar?
De los 60 pozos exploratorios que tendría caminando al final del año pasado, tendrá apenas 20 o 21 y las pérdidas financieras serán de 30 mil millones de dólares. (Luis Carriles, El Sol de México, Análisis, On line)
El Fondo Monetario Internacional no está infiltrado por adversarios del gobierno de Andrés Manuel López Obrador; no está integrado por conservadores ni hay en él tecnócratas, fifis, saboteadores o enemigos. Es una entidad creada, como tantas otras, por la Organización de las Naciones Unidas cuyo objetivo fundamental es la vigilancia del circulante en el mundo. La misión del Fondo Monetario Internacional incluye un análisis permanente de las perspectivas de la economía internacional y con base en su observación permanente de la situación emite, si es necesario, recomendaciones para mantener un equilibrio internacional en las finanzas. Prácticamente ningún país puede estar al margen de sus responsabilidades. (Salvador del Río, El Sol de México, Análisis, p. 18)
Ya es oficial: el 2019 fue el año en el que más delitos se cometieron en nuestro país desde que las autoridades decidieron contabilizarlos. También, fue el año en el que más homicidios dolosos se cometieron.
En total, de acuerdo con los datos difundidos hace algunos días por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), se registraron 2’015,641 delitos, un aumento del 4.7% respecto a los 1’924,648 que se contabilizaron en el 2018 y de 31.2% en relación con los 1’536,483 que se cometieron en el 2015.
Los delitos que reporta el SESNSP van desde el robo más simple perpetrado sin violencia hasta el homicidio doloso más violento y sangriento. También, incluye sólo los delitos que fueron denunciados ante un ministerio público. (Eduardo Ruiz – Healy, El Economista, Política, p. 34)
¿El peso mexicano está fortachón? ¿El gobierno mexicano puede presumir que ha hecho algo para que la moneda mexicana haya comenzado la ruta de recuperación? La primera respuesta a bote pronto es que el peso sí se está apreciando. Y lo de fortachón, depende de qué base de comparación se tome.
La segunda respuesta es que el gobierno mexicano realmente no puede presumir la apreciación del peso como resultado directo de alguna de sus políticas públicas.
El comportamiento errático tanto a la baja como al alza mayoritariamente se explica por factores externos. (Marco A. Mares, El Economista, Empresas, p. 21)
En unos días, tal vez en las siguientes horas, sabremos qué tan grave es la nueva pandemia que parece que está infectando en una forma asombrosa alrededor del mundo. Al cierre de esta columna se reportaba por lo menos un enfermo claramente identificado en Estados Unidos. Además de China, ya se identificaron brotes en Japón, Tailandia y Corea del Sur. Aeropuertos alrededor del mundo, incluyendo aquí en México, ya están implementando protocolos para vuelos que provienen en su mayoría de China, para identificar posibles pasajeros enfermos.
Se habla de que la enfermedad tiene características muy similares que el SARS, que se originó en China en 2003 y se propagó alrededor del mundo. Y aunque la mortandad del SARS era de un 10 por ciento de los contagiados, el impacto de la pandemia fue catastrófico para las economías y el comercio mundial.
El nuevo brote se está identificando como #SARS2 en las redes sociales. Algunos expertos ya han opinado, que –aunque contagioso– este nuevo coronavirus, no necesariamente es peligroso. (Ana María Salazar, El Financiero, Opinión, p. 29)