La suspensión del ingreso de defensores civiles de derechos humanos a las estaciones migratorias dispuesta por el Instituto Nacional de Migración (INM), rechazada por el Presidente y desconocida por la Secretaría de Gobernación, resultaba improcedente y grave.
Primero, porque la Ley de Migración y su Reglamento establecen que las autoridades deben permitir el acceso a estaciones migratorias o estancias provisionales a familiares y personas de confianza de las personas aseguradas, a representantes legales y consulares y a integrantes de asociaciones religiosas, de organizaciones de la sociedad civil y de organismos internacionales. (Mauricio Farah, El Heraldo de México, Opinión, p. 19)
Y ¿entonces? ¿La Guardia Nacional está actuando como un cuerpo civil o como un cuerpo militar? Porque si sólo sigue órdenes y rinde cuentas al Ejército y a sus altos mandos y si los militares han mostrado como política en este sexenio evitar confrontaciones y choques frontales con los grupos del crimen organizado, entonces ahí puede haber una razón de porqué los números de asesinatos violentos no han disminuido en 7 meses de despliegue de la Guardia por casi todo el territorio nacional. ¿No será que, después del “Culiacanazo” y del enorme desgaste que sufrieron las fuerzas armadas en esa incursión fallida y mal planeada en la que fueron sometidos, amenazados y obligados a devolver al detenido Ovidio Guzmán, los militares decidieron bajar la guardia y no ir a fondo en el combate a la inseguridad y al crimen organizado? Y cuando decimos militares, estamos diciendo también, a juzgar por cómo se conducen y a quien obedecen, a la fallida Guardia Nacional, que resultó más efectiva para detener y someter a migrantes que a delincuentes. (Salvador García Soto, El Universal, Nación, p. A11)
Se oye decir y se lee en muchas partes que el único contrapeso que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador es el presidente Donald Trump. Con lo que quiere decirse una triste y no resuelta historia: que el presidente Trump le ha impuesto a México prioridades que el gobierno de México hubiera preferido no tener. Esa historia incluye la renegociación del acuerdo de libre comercio de América del Norte, el cambio de la política migratoria mexicana de cara a Centroamérica y la exigencia, en curso, de una nueva guerra contra el narco. (Héctor Aguilar Camín, Milenio, Al Frente, p. 3)
En el marco de la estrategia para frenar el flujo ilícito de armas y la violencia y muerte que generan, que presentó en julio pasado el canciller, Marcelo Ebrard, al secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, se estableció la frontera como principal área de trabajo. A través de ella cruza 70% de las armas aseguradas a organizaciones criminales en México, que en 2019 sumaron 9 mil 279 artefactos. Esta situación nos obliga a llevar a cabo acciones coordinadas para detener su ingreso al país. ¿Cómo enfrentar este flagelo desde una posición institucional? ¿Cuáles son los orígenes y rutas de armas y municiones ilícitas que entran a México? ¿Qué tipo de estadísticas sobre homicidios y flujo de armas sostienen nuestro llamado para poner el tema en la agenda nacional e internacional? Y finalmente, ¿qué iniciativas con otros países y Estados Unidos podrían reducir este flagelo? En una reflexión en cuatro partes, intentaremos responder estas interrogantes. (Fabián Medina, Milenio, Política, p. 10)