La Secretaría de Gobernación, a través del Instituto Nacional de Migración, acordó con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) trabajar de manera conjunta con el objetivo de brindar a la población migrante en México una atención digna, oportuna y con pleno respeto a los derechos humanos. (Enrique Sánchez, Excélsior, p.14)
El diputado Porfirio Muñoz Ledo propuso proteger a los migrantes en la Constitución, con la ampliación de su artículo 11, a fin de garantizar el respeto a sus derechos humanos y procurar una estancia digna en nuestro País. La propuesta, dijo, fue motivada por la represión que han sufrido migrantes centroamericanos en México. También busca que el Estado no criminalice la migración irregular y procure las condiciones económicas y sociales para que los mexicanos permanezcan en el país. Precisó que su propuesta también plantea impulsar que los connacionales que radican en el extranjero ejerzan sus derechos bajo las normas internacionales, sin importar su estatus migratorio.(Reforma, p.14)
(Reporte Índigo, p.5)
(La Crónica, p.5)
Al anunciar que presentó una iniciativa de leu para evitar cualquier criminalización de los migrantes en México, el diputado Porfirio Muñoz Ledo dijo tener señales de que se ha iniciado un proceso de ratificación en maltrato hacia los centroamericanos que cruzan la frontera sur. Confió en que dejará de utilizarse la Guardia Nacional en los operativos del Instituto Nacional de Migración (INM), por lo que ha comenzado a reducirse, dijo, el aspecto carcelario de esa política por uno humanitario. El exembajador se describió satisfecho de que su insistente crítica hacia la política migratoria comience a ser escuchada en el INM. (Ivonne Melgar, Excélsior, p.16)
En sesión solemne, la presidenta del Senado, Mónica Fernández Balboa (Morena), ofreció al presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei Falla, trabajar para la protección de los derechos humanos de los migrantes guatemaltecos en México. Por su parte, el presidente Giammattei Falla, ante el pleno senatorial, expuso su visión de levantar un muro de prosperidad que frene la migración de su país al norte continental. Asimismo propuso la instalación de un Banco de Inversión que brinde oportunidades de desarrollo en la frontera sur. (Juan Arvizu y Alejandra Canchola, El Universal, p.4)
(Fabiola Martínez, La Jornada, p.11)
(Martha Martínez, Reforma, p.14)
(Leticia Robles de la Rosa, Excélsior, p.6)
Aunque el gobierno de México afirma que ya comenzó con la distribución de programas sociales en países del Triángulo Norte como Guatemala, el presidente de este país vecino al sur, Alejandro Giammattei Falla rechazó que su nación esté recibiendo asistencia alguna por parte del gobierno mexicano. Es de recordar que el pasado 30 de enero, el canciller mexicano Marcelo Ebrard Casaubon asistió a la reunión plenaria del grupo parlamentario de Morena, donde afirmó que el gobierno federal echó “a andar una inversión directa en programas sociales en Honduras, Guatemala y El Salvador, al ritmo que los propios gobiernos nos han señalado”, y los cuales dijo son respaldos directos a los beneficiarios y sin intermediarios.
Por su parte, adelantó que alista la ruta para atacar el problema migratorio entre Guatemala y México, misma que traza en conjunto con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (Homeland Security por su nombre en inglés). Para ello, el canciller guatemalteco, Pedro Borolo Vila sostuvo una reunión con el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a fin de considerar las opiniones y recomendaciones de México, así como para plantear una actualización en los acuerdos migratorios entre ambas naciones, pues lamentó que durante el proceso de transición encontraron un acuerdo migratorio sin validez y que quedó en simples propuestas de papel. (Gabriel Xantomila y Jacob Sánchez, El Sol de México, p.6)
En las semanas recientes, el gobierno de México ha deportado a más de 240 migrantes haitianos que se encontraban en Tapachula, lo cual es un acto ilegal e injusto porque ya habían iniciado su trámite de refugio ante las autoridades, denunció Wilner Metelus, presidente del Comité Ciudadano en Defensa de los Naturalizados y Afromexicanos. El activista señaló que al enviar a los haitianos de regreso a su país, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está faltando a su promesa de no deportarlos y otorgarles documentos para su legal estancia en México.
Es una decisión ilegal porque la mayoría sí hicieron sus solicitudes de refugio ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Tenían más o menos tres meses encarcelados en la Estación Migratoria Siglo XXI en condiciones infrahumanas y ante el miedo a ser detenidos o expulsados del país, muchos migrantes haitianos prefieren no salir a la vía pública, lo que ha empeorado aún más las condiciones precarias, sostuvo. (Fernando Camacho, reportero, y Elio Henríquez, corresponsal, La Jornada, p.12)
En el primer mes del año en curso, la afluencia de solicitantes de refugio se mantuvo prácticamente en el promedio del año pasado, aunque en el desglose por nacionalidades se registró aumento notable de cubanos que buscan en México este tipo de protección internacional. Las autoridades federales alertaron acerca del número de niñas, niños y adolescentes migrantes: una de cada cinco de las solicitudes recibidas en enero.
El director de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), Andrés Ramírez, precisó que en el primer mes de 2020 se presentó la petición de mil 225 niños, niñas y adolescentes (606 mujeres y 619 varones). Un total de 67 pequeños viajaban hacia el norte solos, sin la compañía de un familiar adulto. (Fabiola Martínez, La Jornada, p.11)
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ- CDMX), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), investiga a por lo menos ocho grupos, entre ellos de extranjeros, señalados como los organizadores principales de las marchas, protestas, desmanes y daños que se han ocasionado durante los últimos días en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Se estima que las organizaciones están compuestas hasta por mil integrantes, y algunos incluso han recibido “adiestramiento” de corte “anarquista” de universidades de Sudamérica, pues entre los líderes del movimiento se ha identificado a cuatro chilenos —dos mujeres y dos hombres— y a cuatro argentinos —también dos mujeres y dos hombres—, quienes son protegidos por los mismos estudiantes dentro de Ciudad Universitaria. Un seguimiento que han realizado las autoridades de investigación, locales y federales, permitió identificar a los líderes sudamericanos: tienen su residencia en el Auditorio Justo Sierra de la Facultad de Filosofía y Letras, espacio cultural tomado por grupos disidentes que lo nombraron Che Guevara.
Asimismo, mantienen comunicación e intercambio de apoyos con colectivos de Chile, Grecia, Francia, España, Cuba, Inglaterra, Canadá e Italia, los cuales van más allá del simple mensaje de solidaridad —publicado en sus portales—, se detalla en los informes del Gobierno capitalino. Tras los actos vandálicos cometidos en la Torre de Rectoría el martes pasado, el rector de la UNAM, Enrique Graue, acusó que existen intereses ajenos que tienen el objetivo de desestabilizar la institución. (David Fuentes, El Universal, ocho columnas)
(Gerardo Jiménez, Excélsior, Pp.)
La Fiscalía General de la República (FGR) anunció al Senado que destinará 70 por ciento de sus agentes del Ministerio Público a deshacerse del rezago acumulado estos años para enfocarse en la atención de una decena de delitos considerados más graves o de mayor complejidad. De acuerdo con el Plan de Persecución Penal (PPP), además de insistir en que se requieren más recursos económicos para echarlo a andar, la fiscalía enfocará su investigación criminal en 10 delitos de alta complejidad: corrupción, contra el patrimonio nacional, económicos y financieros, cometidos contra los derechos humanos, contra la libertad de las personas, contra el comercio, de armas de fuego, contra el sistema electoral, ambientales y narcotráfico, considerados “los grandes mercados criminales”. Desdoblar estos delitos en sus diferentes tipos, implicará perseguir 51 modalidades, entre las que se encuentran la trata de personas y los delitos contra migrantes. (Silvia Arellano y Angélica Mercado, Milenio, ocho columnas)
(Andrea Becerril y Víctor Ballinas, La Jornada, p.5)
Un venezolano, presunto integrante de un grupo delictivo que opera en varios estados del país, fue vinculado a proceso por el Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, luego de las pruebas aportadas por el Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR) en Jalisco. A Jonathan C. se le señala por su probable responsabilidad en la comisión de un delito, previsto y sancionado en la Ley de Instituciones de Crédito. De acuerdo con la carpeta de investigación, elementos de la Comisaría de Seguridad Pública de San Pedro Tlaquepaque, al realizar un recorrido de seguridad y vigilancia, recibieron un reporte ciudadano, en el que manifestaban que una persona había efectuado un robo en una institución bancaria. (Elizabeth Ibal, El Sol de México, p.33)
Washington. El hombre acusado de matar a 22 personas y herir a dos docenas más en un tiroteo que tuvo como blanco a mexicanos en El Paso, Texas, enfrentará cargos federales por delito de odio, reveló a The Associated Press una persona al tanto del asunto. Los fiscales federales anunciarán próximamente los múltiples cargos contra Patrick Crusius, de Allen, Texas.
Un manifiesto atribuido al responsable de la matanza del 3 de agosto pasado, durante un ajetreado día de compras por el regreso a clases, reveló que el ataque tenía el propósito de ahuyentar a los hispanos de Estados Unidos. (Ap, La Jornada, p.8)
(El Universal, p.14)
WASHINGTON.- Ocho migrantes centroamericanos que protestaban contra las condiciones en un centro de detención en California en 2017 fueron reprimidos con gas pimienta y golpeados por los guardias, según un video publicado por National Public Radio (NPR). Los indocumentados alegaban falta de acceso a agua limpia, el elevado monto de sus fianzas y que sólo se les daba información en inglés. Las víctimas demandaron a dos guardias por uso excesivo de la fuerza y por violar sus derechos, y a la compañía que opera el recinto por ser negligente en su entrenamiento. A fines de enero, las dos partes acordaron resolver el caso “por un monto confidencial”. (Staff, Reforma, p.17)
San José.— El flujo irregular de viajeros de Centroamérica a Estados Unidos mermó por el bloqueo policial, militar y migratorio que México estableció en junio de 2019, pero el movimiento de dinero que los guatemaltecos, salvadoreños y hondureños que viven legal e ilegalmente en suelo estadounidense enviaron en 2019 a Guatemala, El Salvador y Honduras superó las cantidades previas del siglo XXI. La mayoría de las remesas que ingresa a esas naciones que forman el Triángulo Norte de Centroamérica, y son la fuente principal de la migración irregular por México a suelo estadounidense, proviene de EU, según registros oficiales. (José Meléndez, El Universal, p.15)