¿De veras México tiene una política exterior hacia América Latina? Es cuestionable, al menos según la imagen que ofrece su política migratoria.
Jorge Reales es un abogado de Barranquilla, Colombia, especializado en derechos humanos, que tuvo la peregrina idea de pasar sus vacaciones en México y experimentó esa política en carne propia. El 10 de febrero, a su llegada a la Ciudad de México, Reales fue sometido a lo que más y más parece el trato clásico de las autoridades migratorias mexicanas hacia los latinoamericanos en general.
Cierto, puede darse de santos que no fue tratado como migrante centroamericano, refugiado o no, y sometido a golpes, tacleadas y otras lindezas como las que acostumbra el Instituto Nacional de Migración y su terrible imitación de la Border Patrolo e ICE estadounidenses. Pero la verdad sea dicha, parece más bien un retorno a las política discrecionales del “siñor polecía”.
Reales permaneció detenido por 13 horas en las oficinas migratorias del Aeropuerto Internacional de la CDMX y según su relato, sin más argumento que el señalamiento de que “traen el narcotráfico a México”. Once horas después de su llegada a México fue deportado, sin más señalamiento que el informe de que sabría el motivo a través de su Cancillería.
Europa no puede entrar a México porque el “siñor polecía” se siente obligado por la interpretación que su jefe Francisco Garduño, un político de mano dura, hace de la política migratoria del presidente Trump, no de López Obrador. (José Carreño Figueras, El Heraldo de México, Orbe, p. 27)
POCOS lo saben, pero el sacerdote Alejandro Solalinde trató de interceder ante el altísimo de Palacio Nacional para salvar el alma -¡y la chamba!- de Roberto Valdovinos, destituido como titular del Instituto de los Mexicanos en el Exterior.
LO QUE no hizo por los migrantes gaseados por la Guardia Nacional, Solalinde lo hizo por el funcionario acusado de acoso laboral contra sus subalternas. Según dicen, Valdovinos llegó a esa posición, precisamente, recomendado por el cura, pero ni él lo pudo rescatar de la decisión unánime del Comité de Ética que decidió convertirlo en un mexicano en el exterior… pero de la Cancillería. (F. Bartolomé, Reforma, Opinión, p. 8)
Porfirio Muñoz Ledo es la voz que clama en el desierto. El veterano político mexicano es de los poquísimos miembros del partido en el gobierno que de manera pública aboga por los hondureños, guatemaltecos y salvadoreños que huyen de sus países para salvar sus vidas, en momentos en que éstos son etiquetados como criminales y tratados como monedas de cambio en pactos políticos.
El artículo 1º. de la Constitución Política de nuestro país dice: ‘En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece’.
El texto reza: todas las personas. No excluye a persona alguna por su origen nacional, religión o condición social. Por lo tanto, otorga protección a las personas independientemente de su situación migratoria o de su ciudadanía. Tengan papeles o no, sean mexicanos o no, nuestra carta magna les otorga garantías.
El diputado morenista trata de difundir la evidencia de cómo la Guardia Nacional por instrucciones superiores combate a los migrantes y solicitantes de refugio, y lo censuran en su propia casa. Ha preparado una iniciativa de reforma a la Constitución para que quede claramente establecida la migración como un derecho humano. (Carlos Heredia Zubieta, El Universal, Opinión, p. 13)
En los últimos cinco años, los países de América Latina, en su mayoría, han pasado de ser puntos de origen de migrantes que salen hacia otras partes del mundo a ser destinos de migrantes de otros países. En el caso mexicano, el gran flujo hacia Estados Unidos terminó entre 2007 y 2009, seguido por un periodo de baja emigración y mucho retorno de mexicanos viviendo en EU. Muchos de estos ciudadanos mexicanos trajeron parejas e hijos nacidos en el país vecino, al grado que ya hay más de un millón de ciudadanos estadounidenses en México, la mayoría (más no todos) familiares de mexicanos retornados.
Y desde 2014 empezaron a llegar los centroamericanos, provenientes de Guatemala, Honduras y El Salvador, con algunos más migrantes de Haití, Cuba y países africanos y asiáticos. La gran mayoría de estos no han tenido ninguna intención de quedarse en México (con excepción de algunos guatemaltecos que viven durante breves periodos en el sur de México), pero cada vez más están empezando a quedarse, frente a las dificultades de cruzar la frontera hacia los Estados Unidos. No sabemos los números de extranjeros que han echando raíces en México, pero el censo que levantará Inegi durante este año seguramente nos arrojará datos sorprendentes sobre la cantidad de migrantes que viven ahora en México.
Los países de América Latina están viviendo su momento migratorio. En una serie de artículos recién publicados por el Instituto de Políticas Migratorias (www.migrationportal.org), varios líderes gubernamentales, cívicos y académicos de América Latina comparten perspectivas de cómo mantener la apertura hacia los migrantes quienes necesitan protección, qué pasos tomar para desarrollar sistemas migratorios integrales y cómo sacar provecho del talento humano que está en movimiento en esta región, y hacemos un recuento de las políticas de acogida de migrantes en la región. (Andrew Selee, El Universal, Opinión, p. 12)
El lunes 10 de febrero, una comisión de diputados, acompañados por funcionarios de la Secretaría de Gobernación y de Relaciones Exteriores, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil viajaron a Chiapas para evaluar la situación de los migrantes en aquel estado. Visitaron albergues y se reunieron con las autoridades municipales de Tapachula y Suchiate.
La pintadita y limpiada que le dieron al albergue no ocultó los problemas estructurales que atentan contra los derechos de los migrantes. El albergue es una cárcel. Una donde, por ejemplo, hay 120 niños que viven entre adultos. Una donde no hay nada qué hacer y nadie les informa nada. Una donde la falta de recursos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) hace que se tarden hasta seis meses entre la entrega de una hoja con petición de asilo y la entrevista. (Carlos Puig, Milenio Diario, Al Frente, p. 2)
En un país que presume su poder con base en la aplicación de la ley, como Estados Unidos, el presidente Donald Trump tomó el garrote jurídico –a través de demandas– para golpear con leyes a los migrantes, principalmente mexicanos, quienes son otra vez la piñata para su reelección y no duda en usar al fiscal federal, a jueces y congresistas para esta misión.
Hábil para atizar inconformidades, en los últimos meses colocó en el debate público la discusión sobre la ayuda social que se les da a inmigrantes indocumentados, un tema que preocupa mucho al estadounidense promedio. Y salió victorioso. La Suprema Corte determinó que a partir del 24 de febrero, la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración podrá negar la residencia a inmigrantes que hayan utilizado ayudas sociales como Medicaid (para salud), cupones de alimentos y asistencia para vivienda durante tres años seguidos.
El fiscal federal William Barr anunció que demandará a los estados de California y Nueva Jersey, porque como “santuarios” no comparten información con el Servicio de Inmigración y Aduana (ICE) sobre indocumentados que salen de prisión, ni sus bases de datos de las licencias de conducir expedidas sin cuestionar el estatus migratorio. (Gardenia Mendoza, El Heraldo de México, Orbe, p. 30)
Uno de cada 10 mexicanos hoy día se encuentra en Estados Unidos. Doce millones de personas nacidas en México hoy radican al norte del río Bravo. Es decir si estos nacionales no hubieran emigrado, hoy día en lugar de ser 125 millones de residentes en México seriamos 137 millones en el país. Sumado a esto y si atendemos mediciones recientes de Parametría, 20 por ciento de los que hoy están en México quisieran migrar también al país vecino del norte. En números serían otros 25 millones de nacionales. Ello significa que en un hipotético caso de fronteras abiertas cerca uno de cada tres mexicanos estaría en Estado Unidos y el número de migrantes llegaría a alrededor de 37 millones.
Estas cifras expresan de manera clara la importancia del tema migratorio para nuestro país. A estos indicadores habría que agregar otros como los de las remesas o envíos de dinero por parte de estos migrantes —el año pasado rompieron récord por su monto— y que históricamente han representado una de las tres fuentes más importantes de divisas, junto con ingresos por turismo e hidrocarburos. O un dato igual de impresionante es el número de consulados de nuestro país en Estados Unidos (51 de un total de 69 en el mundo), el más grande que existe en esa nación y difícil de comparar con cualquier otro país.
La contraparte de nuestra emigración es la inmigración. En número apenas rebasa un millón de personas. Tres de cada cuatro inmigrantes viene de Estados Unidos y el resto de la nacionalidades representa porcentajes muy menores. Somos uno de los países del mundo con menos inmigración proporcional a su población. En términos prácticos los extranjeros viviendo en nuestro país no llegan a más uno por ciento de la población. (Francisco Abundis, Milenio Diario, Política, p. 14)
Como todo país o bloque de naciones, México tiene la obligación de aplicar de manera estricta el marco legal para que los ciudadanos extranjeros que ingresan a su territorio, lo hagan de manera ordenada y apegados a las leyes. Por muchos lustros, nuestro país ha sido laxo en materia migratoria y ha convertido la frontera sur en una de las regiones más permisivas del mundo.
A muchos ha sorprendido el nuevo enfoque que se le ha dado a este tema en los últimos meses. Se ha señalado que las medidas adoptadas para ser más estrictos en el ámbito migratorio resultan de las presiones provenientes de Washington por el incremento de los cruces ilegales desde México hacia Estados Unidos, que el año pasado alcanzaron niveles alarmantes.
Aunque resulte controvertido, la decisión del Gobierno de Donald Trump de poner un alto a esta creciente tendencia tuvo una razón de ser. De acuerdo con cifras proporcionadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores, en enero de 2019, el número de migrantes que cruzaron desde nuestro país hacia la Unión Americana se ubicaba en 58 mil 317 personas. Tan solo tres meses después, esta cifra alcanzó 144 mil 116 ilegales. (Eduardo del Río, 24 Horas, México, p. 7)
El cambio climático es el mayor reto que enfrenta la humanidad, pero no es el único. Como argumentó Yuval Noah Harari durante su exposición en el Foro Económico Mundial de Davos, también existen grandes riesgos como el estallido de una guerra nuclear o el desarrollo irresponsable de la tecnología, lo que implica enormes costos para algunos segmentos sociales.
De acuerdo con Harari, la globalización no significa abrir las fronteras de par en par a la migración, abandonar las tradiciones nacionales ni eliminar la soberanía nacional para someterse a un gobierno mundial. La globalización únicamente promueve la aceptación de algunas reglas globales, que regulan las relaciones y coordinan acciones entre países. El doctor toma como ejemplo la Copa Mundial de Futbol, celebrada cada cuatro años.
En dicho encuentro deportivo, demostramos amor por nuestro equipo nacional al tiempo en que conocemos, aceptamos y nos sometemos a las reglas del juego. Harari afirma que si te gusta el Mundial de Futbol, ya eres un globalista. Podríamos seguir reglas para autorregularnos sobre cómo prevenir el colapso ecológico, controlar tecnologías riesgosas o combatir la desigualdad. No es imposible ponernos de acuerdo. (Enrique de la Madrid, El Universal, On line)