ENTRE el pasmo y el desconcierto anda el gobierno federal ante el tema del Paro Nacional de Mujeres y la crisis por los feminicidios.
UN CLARO ejemplo de esa situación lo dio ayer la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, quien se aventó a decir que quedarse en casa sería una tentación… ¡para lavar ropa y trastes!
POR SUPUESTO las benditas redes sociales le respondieron tratando de explicarle de manera muy comedida que ese tipo de tareas no son, como ella cree, “para mujeres”.
DE HECHO, los porristas de la 4T trataron de salir al rescate diciendo que había sido un sarcasmo de la funcionaria cuyo “humorismo” no parece haber causado mucha gracia. (F. Bartolomé, Reforma, Opinión, p. 10)
La reacción típica en México ante un problema complicado y desatendido por la indiferencia gubernamental es cambiar las leyes. ¡Salen bien en la foto los diputados proponiendo subir de 60 a 65 años la prisión para quien cometa el delito de Feminicidio.
Es un gesto inútil. Los asesinos no cambian su comportamiento por 5 años más de cárcel, ni la familia de una víctima siente alivio por saber que, en el remoto caso de que el homicida sea detenido, se incrementará su sentencia.
AMLO no lo ve así: “Yo celebro que se haya aprobado esta iniciativa”. A esto se le conoce como populismo penal. Es pura propaganda. (Carlos Elizondo Mayer-Serra, Reforma, Opinión, p. 11)
La demanda del exgobernador de Coahuila contra Sergio Aguayo debe topar con la razón y el derecho. La jurisprudencia vigente se inclina en favor de la libertad de expresión ejercida por el periodista. Sin embargo, soplan vientos autoritarios que, para vergüenza de nuestra democracia, podrían llevar la sentencia al polo contrario. Ojalá no suceda. Sería lamentable.
La defensa jurídica sobre la “posición preferencial” de la libertad de expresión en sociedades democráticas está contenida en una sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia en noviembre de 2011. Su ponente fue el actual ministro presidente, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. El criterio “para juzgar la constitucionalidad de las opiniones emitidas en ejercicio de la libertad de expresión -decía el dictamen- es el de relevancia pública”, que a su vez depende “del interés general por la materia y por las personas que en ella intervienen”. (Enrique Krauze, Reforma, Opinión, p. 10)
Buena labor de la Auditoría Superior de la Federación, aunque ayuda menos hacer auditorías en “histórico” que enfocarnos al presente, y poco ganamos con que nos digan que “en el sexenio anterior” se hizo mal tal o cual cosa, sin hacerlo en tiempo real, para parar en seco cualquier posible desvío.
Mejor sería anticiparnos mediante un mecanismo “preventivo” que anticipe erogaciones mal hechas. Si la ASF no puede diseñar mecanismos así, sugiero que, mediante concurso, se escuchen propuestas ciudadanas para diseñarlas y evitemos tantos estropicios. (Juan Manuel Ochoa Torres, Reforma, Opinión, p. 10)