Los desatinos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) enredaron la integración del comité técnico que evaluará a los candidatos a cuatro asientos en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) y motivaron el rechazo de la oposición en la Cámara de Diputados al intento de manoseo del proceso.
El martes, la CNDH acordó designar como los dos de los siete integrantes del comité que le corresponden, al catedrático John Ackerman y a la directora general adjunta de la Unidad de Inteligencia Financiera, Carla Astrid Humphrey Jordan, quien declinó. (Enrique Méndez, La Jornada, Política, p.4)
PAN y PRD criticaron ayer la inclusión del académico John Ackerman en el Comité Técnico de Evaluación que elegirá las quintetas de aspirantes a consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).
Marko Cortés, dirigente del blanquiazul, publicó en redes sociales: “Lo advertimos, el proceso para la renovación de consejeros del INE ha comenzado mal, lo que hace Morena-CNDH es un golpe a la democracia. Proponer a un activista aliado a Morena como John Ackerman para el comité… evidencia su intención de secuestrar al INE”. (De la Redacción y A. Alegría, La Jornada, Política, p.4)
Ante las elecciones presidenciales en Estados Unidos que se celebrarán en noviembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que sería un error optar por algún partido o candidato, por el principio de no intervención y con el fin de evitar que se ofenda a los mexicanos.
En la conferencia de prensa matutina de ayer, el mandatario informó que su administración pondrá en marcha una segunda etapa de la campaña contra el consumo de drogas, ya que la primera no tuvo el efecto esperado. ¿O ustedes consideran que pegó, llegó la primera etapa a la gente? Nada, agregó. (Néstor Jiménez y Alma E. Muñoz, La Jornada, Política, p.5)
Acompañado por representantes del sector empresarial, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la puesta en marcha del Padrón Único de Confianza Ciudadana, un mecanismo que tiene como propósito acabar con la corrupción y extorsión en verificaciones administrativas.
Con este mecanismo se suspenden las inspecciones de vía pública, excepto cuando se realicen por sorteo con el fin de comprobar el cumplimiento de las obligaciones legales y regulatorias de los dueños de negocios. (Alma E. Muñoz y Néstor Jiménez, La Jornada, Política, p.5)
El primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no representó un cambio significativo para el respeto y protección de los derechos humanos. Durante 2019 las violaciones a estas garantías continuaron a niveles de sexenios anteriores.
En el capítulo sobre México del Informe Anual para las Américas 2019, Amnistía Internacional (AI) documentó que en 2019 las desapariciones forzadas, torturas y detenciones arbitrarias seguían siendo motivo de preocupación. (De la redacción, La Jornada, Política, p.6)
Chihuahua, Chih., Grabaciones de cámaras de seguridad ubican un vehículo Chevrolet Malibú gris y un Malibú blanco que fueron utilizados en el asesinato de la periodista Miroslava Breach Velducea la mañana del 23 de marzo de 2017; Juan Carlos M.O. (El Larry), presunto homicida material, está relacionado con un tercer automotor que mandó a reparar en un taller mecánico de la ciudad de Chihuahua mientras esperaba viáticos durante la semana previa a cometer el crimen.
Los dos Malibú, de color blanco y gris, recorrieron juntos 13 kilómetros desde el fraccionamiento Villas del Rey, domicilio del ahora prófugo Wilberth Jaciel V. V., señalado como coautor material, hasta la calle José María Mata, colonia Lomas Vallarta, domicilio de la víctima, según grabaciones de cámaras de seguridad tomadas entre las 6:20 y 6:35 de la mañana de ese día. (Jesús Estrada y Rubén Villalpando, La Jornada, Política, p.7)
Este miércoles, al cumplirse 65 meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, organizaciones sociales, estudiantiles y sindicales se manifestaron en Guerrero, Morelos y Chiapas para exigir la presentación con vida de los estudiantes.
En Chilpancingo, miembros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero, del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma del estado y del Colectivo Los Otros Desaparecidos de Ayotzinapa, celebraron un mitin informativo en el antimonumento erigido para los 43 alumnos desaparecidos en Iguala en septiembre de 2014. (Sergio Ocampo, Rubicela Morelos y Elio Henríquez, La Jornada, Política, p.7)
Los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace más de cinco años empiezan a perder la paciencia con la administración de Andrés Manuel López Obrador e incluso a sentir desconfianza, debido a la falta de resultados tanto en la ubicación de sus seres queridos como en las sanciones a los servidores públicos que no realizaron una indagatoria adecuada.
Empieza a haber cierta desconfianza, molestia y enojo porque se vislumbra un doble rasero en el tratamiento del caso Ayotzinapa. Por una parte, a los padres se les atiende muy bien, se abren las reuniones y hay voluntad política, pero a los estudiantes se les sigue tratando con mucha dureza, señaló el asesor jurídico de las víctimas, Vidulfo Rosales, durante la marcha realizada este miércoles para conmemorar los 65 meses de la agresión contra los normalistas. (Fernando Camacho Servín, La jornada, Política, p.7)
El colectivo #FiscalíaQueSirva exigió que, por su ilegalidad, el plan de persecución penal enviado por Alejandro Gertz Manero, no sea admitido ni debatido por la Comisión de Justicia del Senado, pues ese documento es violatorio de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR) y ha recibido fuertes cuestionamientos por la manera en que fue presentado al Congreso.
En un comunicado, la organización civil señaló que el plan de persecución penal es ilegal, pues viola tres disposiciones centrales del artículo 6 de la Ley Orgánica de la FGR, es decir, la elaboración junto con la participación de la ciudadanía y previa publicación de una metodología, y la consulta al Consejo Ciudadano de la propia fiscalía. (De la Redacción, La Jornada, Política, p.8)
La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó una reforma al Código Penal Federal para que la prescripción del delito de pederastia comience a correr cuando la víctima cumpla 30 años y que sean imprescriptibles los de pornografía infantil y turismo y abuso sexuales.
En su sesión de este miércoles, el órgano legislativo definió que la agresión sexual se comete principalmente contra menores de edad, la mayoría de los agresores son personas cercanas y es prácticamente nula la búsqueda de ayuda profesional, situaciones que agravan los abusos. (Enrique Méndez, La Jornada, Política, p.12)
El Capítulo General –órgano de gobierno– de los Legionarios de Cristo publicó los documentos Conversión y reparación, y Proteger y sanar, en los cuales otra vez pide perdón por los abusos sexuales cometidos por sus integrantes.
Asimismo, reconoce lo que califica como realidades negativas, entre ellas que seminaristas menores y novicios que fueron víctimas, muchas veces los enviaron a sus casas sin la debida atención a sus necesidades y a las de su familia. (Jessica Xantomila, La Jornada, Política, p 12)
La Cámara de Diputados y la Fiscalía General de la República (FGR) acordaron trabajar sobre una propuesta para tipificar el feminicidio, que sirva de modelo para homologar los códigos estatales. El proyecto se tendrá a más tardar el 9 de marzo, día en que se realizará la jornada UnDíaSinNosotras, en protesta por la violencia de género.
En la reunión, las diputadas y la fiscalía acordaron que se revisará el documento entregado el martes, donde se planteó a la Cámara ampliar a 13 las razones de género para tipificar el feminicidio, así como convocar a un foro en San Lázaro y una consulta con fiscales y procuradores de los estados. (Enrique Méndez, Fabiola Martínez, Jessica Xantomila y Carolina Gómez, La Jornada, Política, p.13)