Zacatecas, Zac., El secretario general del Sindicato Nacional Libre de los Trabajadores del Seguro Social, Armando Rosales Torres, anunció que el próximo martes interpondrá ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia penal contra Zoé Robledo Aburto, director general del instituto, por sus presuntas omisiones en el manejo de la pandemia.
Por su conducta de omisión ante las responsabilidades institucionales que tenía que cumplir como director general, su obligación de otorgar protección y condiciones de seguridad al personal de los hospitales designados como Covid-19 dentro de nuestra institución, y el no haberles proporcionado material, equipos e insumos a los trabajadores que hasta hoy continúan llevando a cabo gastos excesivos de su salario para protegerse de esta pandemia. (Alfredo Valadez Rodríguez, La Jornada, Política, p.7)
México solicitará a Estados Unidos información del operativo Rápido y Furioso –mediante el cual introdujo armas en forma ilegal a nuestro país durante el periodo 2006-2011–, con el propósito de determinar si hubo acuerdo con el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.
El presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó al canciller Marcelo Ebrard Casaubon a enviar de inmediato una nota diplomática, y consideró que Estados Unidos está a tiempo de esclarecer si hubo cooperación y, en su caso, ofrecer disculpas. (Fabiola Martínez y Alma E. Muñoz, La Jornada, Política, p.11)
Pedro Luis Martín Bringas, uno de los accionistas de Organización Soriana, aceptó que él encabeza un frente de ciudadanos, asociaciones civiles y empresarios que buscan la dimisión del presidente Andrés Manuel López Obrador antes de que termine este año, postura de la que se deslindó oficialmente al corporativo de tiendas de autoservicio.
En un video publicado la noche del jueves, el empresario señala que aceptó ser líder del Frente Nacional Anti-AMLO. “Lo acepté después de analizar profundamente cuáles son los objetivos y las formas para lograrlo. Yo creo que este grupo, conformado por la iniciativa pública, no privada, consta de gentes de todos lo partidos, de todas la clases sociales, de todos los niveles, estudiantes, profesionistas, empresarios. (Alejandro Alegría, La Jornada, Política, p.11)
Entre 2009 y 2010, autoridades de Estados Unidos pusieron en marcha la Operación Rápido y Furioso y, de acuerdo con información revelada en el Senado de la República, esta acción fue acordada por funcionarios de la agencia de control de armas, tabaco y explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) y el entonces titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Eduardo Medina Mora, durante la presidencia de Felipe Calderón.
En una sesión celebrada en marzo de 2015 –cuando se discutía la designación de quien fuera procurador general de la República como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación–, los legisladores señalaron que el documento A Review of ATF’S Operation Fast and Furious, elaborado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, menciona el acuerdo entre Medina Mora y los representantes de la ATF. (Gustavo Castillo García, La Jornada, Política, p.11)
No estamos de acuerdo con la controversia que promovió el Instituto Nacional Electoral ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para impugnar el decreto que reduce los tiempos oficiales en radio y televisión, porque el gobierno no los necesita, y no tienen nada que ver con espacios destinados para campañas, aseguró ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Después de informar que surgió un comprador del avión presidencial, lo que no cancela la rifa del equivalente a su valor el 15 de septiembre próximo, recordó que esos lapsos para transmisión los devuelve a empresarios de radio y televisión porque están atravesando por una situación, como todos, muy difícil (Alma E. Muñoz y Fabiola Martínez, La Jornada, Política, p.13)
La suspensión temporal de la entrada en funcionamiento de nuevas centrales solares y eólicas al sistema eléctrico nacional se ordenó para garantizar el servicio público de electricidad en todos los hospitales y hogares en el país, defendió la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Dolores Padierna Luna. Por el contrario, el diputado del PRI Enrique Ochoa Reza, de la Comisión de Energía, acusó que el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) está usurpando el papel de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), porque se abre la puerta al trato discriminatorio al mercado mayorista.
La diputada Padierna descalificó los señalamientos contra el gobierno, desde haber levantado barreras a la entrada de la industria eléctrica privada, impedir la competencia, desplazar a los inversionistas, privilegiar centrales con altos costos de generación, beneficiar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y afectar a miles de consumidores en el comercio y la industria. (Roberto Garduño, La Jornada, Política, p.12)
Los partidos MC y PRD se inconformaron ante la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por el decreto presidencial que reduce los tiempos fiscales que deben ceder los concesionarios de la radio y la televisión, y preparan acciones de inconstitucionalidad para llevarlas ante la Suprema Corte de Justicia.
Por su lado, el PAN aún analiza recurrir al máximo tribunal para detener la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador. (Georgina Saldierna, La Jornada, Política, p.13)
El Instituto Nacional Electoral (INE) busca la apertura gradual de los Módulos de Atención Ciudadana a partir del primero de junio próximo, los cuales fueron cerrados el 23 de marzo debido a la contingencia sanitaria por el Covid 19.
Según el proyecto preliminar que se analiza en el órgano electoral, en una primera fase, sólo abrirán los módulos fijos. Durante los primeros 14 días de junio únicamente se entregarán credenciales para votar. El Centro de Computo y Resguardo Documental informó que están pendientes de entrega 980 mil 80 identificaciones, de las cuales ya están disponibles 773 mil 519. (Georgina Saldierna, La Jornada, Política, p.13)
Senadores de oposición confiaron en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declare inconstitucional por unanimidad la llamada ley Bonilla, que incrementa de dos a cinco años el periodo del gobernador de Baja California.
En conferencia de prensa virtual, la senadora del Partido Acción Nacional (PAN) por Baja California, Gina Cruz Blackledge, resaltó que si la SCJN no declara inconstitucional esa ley, se abriría la puerta a la relección incluso del presidente Andrés Manuel López Obrador. (Andrea Becerril, La Jornada, Política, p.14)
Con motivo de la pandemia y para coadyuvar a la recuperación económica posterior, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) sextuplicará la cantidad de recursos destinados al Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) y realizará acciones en 50 municipios más de los determinados originalmente, señaló Román Meyer Falcón, titular de la dependencia.
En entrevista con La Jornada, detalló que el presupuesto asignado por el Congreso al PMU es de 5 mil millones de pesos. (Carolina Gómez Mena, La Jornada, Política, p.14)
La Secretaría de Educación Pública (SEP) lanzó su segunda convocatoria 2020 para Prepa en Línea, por lo que las personas de cualquier edad y mexicanas o residentes en el territorio nacional que hayan concluido sus estudios de secundaria podrán registrarse entre el 4 y el 31 de mayo en el sitio www.prepaenlinea.sep.gob.mx.
Además de ser flexible, el modelo es idóneo para estos tiempos, ya que los estudiantes cursan su bachillerato desde cualquier lugar con una computadora, tableta o teléfono celular con acceso a Internet en los horarios que más les convengan. La plataforma de aprendizaje y las aulas virtuales están disponibles las 24 horas de los 365 días del año. (Redacción, La Jornada, Política, p.17)
Tijuana, BC, La mansión del ex gobernador panista Francisco Kiko Vega de Lamadrid, ubicada en Cumbres de Juárez, uno de los complejos residenciales más caros de la ciudad, fue cateada durante cinco horas por agentes de la Fiscalía General del Estado basada en una orden concedida por un juez de control del Poder Judicial de Baja California.
Sin embargo, el cateo fue resultado de una investigación patrimonial que se sigue en contra de Brenda Ruacho de Vega, espo-sa del ex mandatario, por los delitos de administración fraudulenta y los que resulten, ligados a una denuncia penal por malos manejos en la construcción de una estancia familiar denominada Villas del CRIT, donde se alojaría a los niños y familias que viajaran a Tijuana para atenderse en el CRIT. (Antonio Heras y Mireya Cuéllar, La Jornada, Estados, p.28)