El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que no está en contra de los empresarios, y les pidió que les quede claro “de una vez y para siempre”.
“Que se quiten miedos, que quede de una vez y para siempre claro que nosotros no estamos en contra de los empresarios”, sostuvo durante la conferencia matutina de este martes.
Señaló que con lo que sí está en contra, es con la riqueza malhabida y la corrupción, males que, asegura, ya está erradicando. (Antonio López Cruz, La Razón, Nacional, p.8)
La Fiscalía General de la República (FGR) busca impedir la devolución de dos departamentos de lujo a un cuñado de Karime Macías, señalado como presunto prestanombres de Javier Duarte, no obstante que fue ordenada por un tribunal federal en última instancia.
Martha Estela Ramos Castillo, fiscal de la Subprocuraduría de Delitos Federales, alegó ante un tribunal colegiado que no fue emplazada a juicio en el amparo que en primera instancia un juez federal le concedió para efectos a José Armando Rodríguez Ayache. (Abel Barajas, Reforma Nacional, p.2)
De manera directa, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) adjudicó un contrato de 664 millones de pesos, con IVA, a una empresa española que se hará cargo de la “oficina de gestión” del proyecto Tren Maya.
El contrato, equivalente a 27.6 millones de dólares, fue adjudicado el 15 de abril a Mextypsa, filial mexicana del consorcio Grupo Typsa, y estará vigente durante un año, es decir, la empresa cobrará 55 millones de pesos mensuales. (Reforma / Staff, Reforma, Nacional, p.2)
Álvaro Echeverría Zuno, de 71 años de edad, hijo del expresidente Luis Echeverría Álvarez, fue encontrado sin vida esta mañana en el área de jardín de un fraccionamiento habitacional de la colonia Lomas de Atzingo de Cuernavaca, Morelos, pero su deceso trascendió hasta la tarde.
En ese lugar se localizó el cuerpo y junto a él se aseguró un arma de fuego, tipo escuadra, con cartucho único en la recámara y con cargador vacío, así como una carta póstuma dirigida a familiares de la víctima. (Justino Miranda, El Universal, Nación, p.9)
La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), desmanteló en el municipio de Cholula, Puebla, un centro de operaciones del cártel de Santa Rosa de Lima, un grupo delictivo dedicado principalmente al robo de combustible y gas en ductos de Petróleos Mexicanos en la zona del Bajío. En este operativo las autoridades descubrieron que en una vivienda se preparaban artefactos explosivos.
Documentos examinados por La Jornada e información consultada con autoridades que forman parte del gabinete de seguridad, refieren que la indagatoria tiene diversas líneas de investigación toda vez que los datos indican que la organización que dirige José Antonio Yépez Ortiz, El Marro, ha ampliado su zona de influencia y pretendía atacar algunas instalaciones policiacas en Puebla para atemorizar a grupos rivales y también a las corporaciones locales. (Gustavo Castillo García, La Jornada, Política, p.17)
La Fiscalía General de la República (FGR) mantendrá la custodia de los 40 bienes inmuebles que forman parte de los recursos asegurados al ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, ya que también están integrados como parte de las pruebas obtenidas en indagatorias iniciadas por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita que involucran a otros ex servidores públicos de esa entidad, ex colaboradores y familiares del ex mandatario local.
Colaboradores del fiscal Alejandro Gertz Manero señalaron que la área dedicada a combatir los delitos federales continuará con la defensa del aseguramiento de bienes y recurrirá la sentencia dictada por el tercer tribunal unitario en materia penal de la Ciudad de México en lo que se refiere a la revocación del decomiso de los bienes que se encuentran relacionados con el proceso de Javier Duarte de Ochoa. (César Arellano y Gustavo Castillo, La Jornada, Política, p.17)
“Nuestro gobierno colabora con Estados Unidos para evitar que se sigan transportando drogas” hacia ese país, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que el mandatario estadunidense, Donald Trump, pidió a México “tomar el control del gran problema” de los túneles transfronterizos que los narcotraficantes usan, tras descubrirse recientemente uno de Tijuana a San Diego.
En conferencia de prensa en Palacio Nacional, ayer también señaló que toca al Poder Judicial, a través del Consejo de la Judicatura, revisar la sentencia que ratifica nueve años de prisión para Javier Duarte y revoca el decomiso de 40 inmuebles supuestamente ligados al ex mandatario de Veracruz. “No nos corresponde”, sostuvo. (Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia, La Jornada, Política, p.15)
El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, aseguró que el gobierno siempre ha sido transparente respecto al apoyo que brindan las fuerzas armadas a la Guardia Nacional.
En reunión virtual con la presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas (PAN), y con la Junta de Coordinación Política (Jucopo), que encabeza el coordinador de Morena, Mario Delgado, el funcionario dijo que el acuerdo del Ejecutivo para regular la participación del Ejército en tareas de seguridad es complementario al artículo quinto transitorio de la reforma constitucional: “El decreto no implica dar más atribuciones al Ejército en materia de seguridad, sino que limita las facultades que de manera general le otorga el quinto transitorio”. (Enrique Méndez y Roberto Garduño, La Jornada, Política, p.15)
En una carta enviada al presidente Andrés Manuel López Obrador, integrantes de la Red Feminista para la Transformación, y respaldada por 186 mujeres y 90 hombres militantes y simpatizantes de Morena, alertaron que la violencia de género que sufren mujeres y niñas en el país no tiene un trasfondo ligado a la delincuencia común ni a la descomposición social, sino que va más allá en términos culturales y de patriarcado machista y misógino.
Pidieron mostrar el “oportunismo de la derecha en estos temas”, a la vez que toman la palabra al titular del Ejecutivo respecto a que “hay que dar un paso atrás para que las personas especialistas, en este caso las feministas, dicten los cursos de acción”. (Néstor Jiménez y Fabiola Martínez, La Jornada, Política, p.14)
La crisis de derechos humanos en México se agravó con la pandemia de coronavirus: más mujeres son violentadas, se niega el derecho a la información a familiares de pacientes, no hay cauce fundado en la legalidad para proteger la salud y los protocolos son deficientes, definió la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
Luego de que el presidente de la comisión, Hugo Rafael Ruiz Lustre (Morena), informó por escrito en la reunión virtual de esa instancia sobre las deficiencias del Issste Zaragoza, donde murió su hermano, su correligionaria Graciela Zavaleta alertó que si el gobierno no garantiza resultados, más que palabras, “la situación tan grave que vive el país será peor. Este es un llamado urgente y el pueblo tarde o temprano reflejará su agradecimiento o echará mano de su descontento en las urnas”. (Roberto Garduño y Enrique Méndez, La Jornada, Política, p.14)
La emergencia sanitaria por Covid-19 trajo más desesperación y decepción as los familiares de personas desaparecidas ante la poca o nula acción oficial para esclarecer el paradero de las víctimas.
Son ellos, padres, madres, hermanos, parejas, quienes en tiempos ordinarios –y ahora con mayor razón– buscan por sus propios medios a sus seres queridos. (Fabiola Martínez, La Jornada, Política, p.16)
Con una matrícula de 514 mil estudiantes de niveles medio superior y superior, y alrededor de 120 mil trabajadores docentes, administrativos, de apoyo y de confianza, las 11 universidades públicas estatales que afrontan una crisis financiera que pone en riesgo su operación, tienen enorme presencia en la vida local y regional de sus respectivas comunidades.
Dicha influencia no sólo es en el tema educativo, por lo que significa el tamaño de su comunidad estudiantil –concentran más de un tercio de la matrícula total de instituciones públicas– y el número de empleos que generan, sino también porque algunas cuentan, por ejemplo, con clínicas y centros hospitalarios centrados en la atención de sectores populares, organizan brigadas de salud en las zonas más apartadas de sus entidades, asisten con trabajo social a comunidades indígenas y desarrollan múltiples proyectos de investigación con empresas y pequeños productores. (José Antonio Román, La Jornada, Política, p.13)
En la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se investiga el veneno de abeja como alternativa de tratamiento para combatir el Covid-19, señaló Tonatiuh Cruz Sánchez, responsable del Laboratorio del Servicio de Análisis de Propóleos.
En el contexto del Día Mundial de las Abejas, explicó que la publicación científica Toxicon informó que de 5 mil 115 apicultores en China, 723 de los cuales se ubican en Wuhan, epicentro de la pandemia, ninguno presentó síntomas de Covid-19. (De la Redacción, La Jornada, Política, p.6)