La política migratoria en nuestro país ha sido, por antonomasia, una política de negligencia y abandono. La travesía que realizan miles de migrantes por el territorio mexicano es una auténtica pesadilla. En principio, deben enfrentar las amenazas del crimen organizado que controla las rutas de tránsito y fronteras del país. No es tema menor. Basta recordar las atroces masacres de San Fernando y Cadereyta, en las que perdieron la vida más de 200 migrantes. A esto, habría que sumarle la histórica incompetencia de nuestros gobiernos reflejada en una casi nula asistencia y protección hacia los migrantes; instalaciones migratorias insalubres y sobrepobladas; y, en el peor de los absurdos, autoridades que también son una fuente de extorsión y amenaza.
La hipocresía gubernamental no es historia nueva: hemos exigido condiciones y trato digno y respeto irrestricto a los derechos humanos para los connacionales que cruzan al territorio estadounidense, pero replicamos, e incluso agravamos, las malas prácticas (de las que derivan nuestras exigencias) con los migrantes nacionales y extranjeros que transitan por nuestro país. Sin embargo, esta historia se ha agravado, por un lado, debido a la política del gobierno actual que ha endurecido, como ninguno otro, las acciones de contención y detención de migrantes y, por otro lado, debido a la pandemia que ha recrudecido los problemas de estancia en territorio nacional, en cuanto al tránsito y a los riesgos en las estaciones migratorias. (María Elena Morera, El Universal, Opinión, p.10)