El juicio de amparo es la máxima figura de protección a los derechos humanos en México. Lamentablemente, este instrumento no ha sido lo suficientemente útil para proteger a las poblaciones migrantes en tiempos del covid-19, debido a que el gobierno federal ha decidido ignorar los mandatos del Poder Judicial y ha encontrado en la simulación una forma de eludir sus obligaciones.
Entre abril y mayo, organizaciones de la sociedad civil de la Ciudad de México, Chiapas, Chihuahua, Tabasco, Tijuana, Veracruz y Nuevo León promovimos nueve amparos ante juzgados de distrito. Demandamos al Consejo de Salubridad General, al Instituto Nacional de Migración, a la Secretaría de Salud federal y a las estatales, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la Secretaría de Gobernación y al Ejecutivo Federal para que tomen las medidas necesarias a fin de garantizar a la población migrante, refugiada y sujeta de protección internacional el acceso a la salud, a una estancia regular y a una vivienda digna. Los recursos jurídicos también buscaban que se suspendieran las detenciones y se liberara a las personas detenidas en las estaciones migratorias.
A la fecha, seis de los nueve amparos han otorgado la suspensión a favor de las personas injustamente afectadas. Pero las autoridades no han cumplido cabalmente con las órdenes judiciales. Al contrario, las han evadido o han simulado su cumplimiento. Por ejemplo, la resolución del juez de la Ciudad de México ordena que se otorgue estancia regular a la población migrante y se les apoye a través de un programa social para que puedan sostenerse durante esta crisis sanitaria. También estableció la libertad inmediata de la población en situación de vulnerabilidad detenida en estaciones migratorias. Pero la realidad es que el Instituto Nacional de Migración realizó deportaciones masivas sin respetar el debido proceso, y sin darles a estas personas acceso al procedimiento de asilo. En un acto que refleja nula sensibilidad y criterio, el INM liberó a migrantes llevándolos del norte al sur, dejándolos a su suerte en las calles, donde han sido víctimas de delitos. No se sabe el destino de muchas de estas personas, si siguen en México y en qué condiciones, si regresaron a su país, o si han perdido la vida a manos del coronavirus o de las bandas de delincuentes que operan impunemente. (Ana Lorena Delgadillo, Gretchen Kuhner y Alejandra Macías, El Universal, Opinión, Online)
A la vez, se continúa intensificando la retórica oficial antichina, ampliando el abanico de discriminación y odio racial más allá de los latinos ahora a los asiáticos, y a la vez las medidas antimigrantes impulsadas bajo la falsa justificación de salud pública –incluyendo anular el derecho al asilo y protecciones para menores de edad– se están extendiendo, todo alentando la xenofobia que ha caracterizado este régimen. (David Brooks, La Jornada, Mundo)
Emergencia sanitaria: En México tres mujeres aspiraron a la presidencia de la República, la última de ellas Josefina Vázquez Mota (PAN) quien en 2012 triunfó en el segundo debate con su propuesta discursiva ante sus rivales Enrique Peña y Andrés Manuel López Obrador. Su identidad con los migrantes le permitió obtener la mayoría de votos de los mexicanos residentes en Texas, California e Illinois. (Federico Lamont, El Sol de México, Análisis)