Ayer se cumplieron cuatro años de la masacre perpetrada en Asunción Nochixtlán, Oaxaca, por elementos de varias corporaciones policiacas estatales y federales –entre ellas, la extinta Policía Federal–, en la cual murieron ocho personas y más de un centenar sufrieron heridas de bala de diversa gravedad. El domingo 19 de junio de 2016, los uniformados emprendieron una brutal ofensiva contra esa población de la Mixteca oaxaqueña con la finalidad de desalojar el bloqueo carretero instalado por integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación como parte de su resistencia contra la imposición de la reforma educativa de Enrique Peña Nieto.
El operativo se caracterizó de principio a fin por el salvajismo y sadismo desplegado por los uniformados: no sólo se presentaron en la localidad en día de mercado, cuando se hallaban ahí comerciantes de los poblados aledaños sin ninguna relación con el conflicto, sino que violaron todos los protocolos de actuación policial al cargar contra los manifestantes sin advertencia previa y al disparar de manera indiscriminada sobre personas que a todas luces estaban desarmadas, entre las que había mujeres, ancianos y niños. El término sádico no es exagerado para describir la conducta de los elementos policiacos, pues no puede calificarse de otra manera el que los agentes impidiesen sistemáticamente la atención médica de los heridos tras la refriega. (La Jornada, Editorial, p.6)
No prende el movimiento de Los Sorianitos // 99% de 3,244 personas dice que no ha participado // Tienen derecho a manifestarse
Un grupo de opositores que se identifica con las siglas Frenaaa, también conocidos como Los Sorianitos, porque se tuvo conocimiento de su existencia por un video que publicó un consejero de los supermercados Soriana, ha llevado a cabo algunas manifestaciones motorizadas, cuyo fin es pedir la salida del presidente López Obrador. ¿Has participado? En nuestro sondeo de esta semana participaron 3 mil 244 personas y sólo uno por ciento contestó afirmativamente. (Enrique Galván Ochoa, La Jornada, Opinión, p.10)
Ayer se cumplieron cuatro años de los actos de represión y las violaciones graves a derechos humanos perpetradas por elementos de las policías estatal y Federal, y la entonces Gendarmería, en contra de integrantes de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), familiares y personas pertenecientes a la comunidad de Asunción Nochixtlán, Oaxaca, quienes se pronunciaban en oposición a la reforma educativa promovida en el sexenio del ex presidente Enrique Peña Nieto.
Aunque el gobierno de Oaxaca afirmó que dichos actos respondían al desalojo del bloqueo de la carretera federal en la que se encontraban los manifestantes aquella mañana del domingo 19 de junio de 2016, gracias a varias fuentes periodísticas se pudo evidenciar que el operativo respondió más bien a un mecanismo de desarticulación social empleado por el Estado. Y ello mediante el uso desproporcionado e injustificado de la fuerza, el cual incluyó la detonación de armas de uso exclusivo del Ejército en contra de quienes se manifestaban. (Miguel Concha, La Jornada, Opinión, p.19)
La reforma a la educación que está generando la pandemia no sólo vuelve visible la desigualdad y verticalidad del sistema educativo mexicano, también las agrava. Así, por ejemplo, con la decisión autoritaria y unilateral de continuar con el programa oficial de estudios mediante Internet y otros medios, sólo en el nivel básico quedaron fuera 5 millones de estudiantes. Y ahí se cuentan los de Guerrero, Oaxaca, Chiapas y de las zonas pobres de otras muchas entidades. La cifra la ofrece el mismo secretario Moctezuma cuando señalaba sin matiz y como logro: pese a la contingencia, 80 por ciento de los maestros y estudiantes de educación básica se mantienen comunicados con la estrategia Aprende en Casa (mayo 15, https://www.eluniversal.com.mx /nacion/coronavirus-pese-contingencia-80-de-maestros-y-estudiantes-se-mantienen-comunicados-sep). Si el dato es cierto (y no mayor), eso ya significa que de los 25.4 millones que cursaban educación básica, 5 millones (20 por ciento) han quedado fuera. La última vez que ocurrió algo tan grave fue hace casi 40 años, en la década de los 80, cuando la decisión gubernamental ante la crisis de la deuda arrasó con la educación mexicana y dejó sin escuela a alrededor de 2 millones de niños y niñas de primaria y secundaria (y pasaron años para que se recuperara la matrícula original). En otros niveles alguna evidencia fragmentaria sugiere una tendencia similar. Así, en la UAM, el rector Peñalosa informaba que está tomando clases de manera remota alrededor de 90 por ciento de los estudiantes de licenciatura y 70 por ciento de posgrado ( Boletín UAM 306a, 3/6/20). Si las proporciones son correctas, significa que más de 5 mil jóvenes simplemente ya no están en el horizonte de esa institución (matrícula total: 50 mil en 2018). (Hugo Aboites, La Jornada, Opinión, p.19)
Sector industrial en la lona // Números rojos por años
Para nadie es secreto que desde hace muchos años el sector industrial mexicano se mantiene entre el suelo y el subsuelo, pues acumula severos problemas estructurales y constantes caídas en su producción, lo que hace urgente la implementación de una política que permita su reactivación. Con el Covid-19 los desajustes se profundizaron y no se ve para cuándo reporte un crecimiento medianamente sostenido.
El panorama, pues, no es grato y como apunta el Centro de Investigación en Economía y Negocios del Tecnológico de Monterrey, campus estado de México –de cuyo análisis se toman los siguientes pasajes–, esa condición se tornó más grave durante los últimos meses del año pasado, a tal grado que durante el primer trimestre de 2020 se convirtió en recesión. Lejos de mejorar, el estado actual de la industria de nuestro país enfrenta una crisis sin precedentes agravada por el paro de actividades tras las medidas de contingencia para evitar la propagación del Covid-19, así como por la carencia de una estrategia sólida que dé pie a una recuperación sostenida de todo el sector. (Carlos Fernández-Vega, La Jornada, Opinión, p.22)
AHORA resulta que la polémica iniciativa del senador de Morena Ricardo Monreal de fusionar varios entes reguladores para reducir costos era la propuesta del ala moderada de la 4T.
PORQUE el propio Andrés Manuel López Obrador ya dijo que su intención es desaparecer, de plano, más de 100 organismos autónomos, comenzando por los que dependen del Ejecutivo, para luego reformar leyes e incluso la Constitución y arrasar con el resto.
NADIE DUDA de que en el sector público hay organismos tan onerosos como inútiles, pero lo que preocupa a muchos es que el Presidente meta en esa misma bolsa a instituciones como el INAI y el INE que, con todo y sus asegunes, han funcionado como contrapeso al gobierno en turno desde hace años. (Fray Bartolomé, Reforma, Opinión, p.8)
En México, la pandemia provocada por el Covid-19 ha tensado las relaciones intergubernamentales y ha vuelto a poner de manifiesto la posición marginal que es reconocida para los gobiernos municipales, no obstante su excepcional rol estratégico para la atención de éste y otros desafíos nacionales.
A partir del 2006 y especialmente desde 2012 en el país se fortaleció una inercia neocentralista del Estado, que abarcó distintas áreas públicas. Con el gobierno de López Obrador esta dinámica aceleró en lo simbólico, en la recomposición del poder político, en los poderes republicanos y en las funciones públicas. (Tonatiuh Guillén López, Reforma, Opinión, p.10)
Quedó al descubierto que éste es un gobierno que engaña. Ocho meses después del culiacanazo, el Presidente reveló que fue él quien dio la orden de dejar libre a Ovidio Guzmán. “Yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente”, dijo López Obrador en la mañanera de ayer.
Lo hizo, dijo, para no poner en riesgo a la población.
No hace falta un sesudo análisis para darnos cuenta del engaño. La versión oficial dice que fue una decisión del gabinete de seguridad que respaldó el Presidente.
Con su revelación, AMLO embarró al Ejército, el cual reservó por cinco años la información sobre el caso por motivos de “seguridad nacional”.
Desconocemos los motivos que llevaron al mandatario a hacer semejante revelación.
El culiacanazo terminó con un saldo oficial de ocho muertos, 16 heridos, y 51 reos fugados. (Francisco Garfías, Excélsior, Opinión, p.4)
Con el duelo y la incertidumbre de miles de mexicanos como telón de fondo, la desinstitucionalización y el encono toman su lugar en la escena pública.
Familiares de desaparecidos gritan al paso de la caravana del presidente López Obrador en su gira de regreso a la nueva normalidad. Reclaman respuestas.
Y afuera de Palacio Nacional, desde hace dos semanas, un plantón en contra de Mara Gómez Pérez, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), denunciaba que se han congelado los fondos de apoyo y la asistencia jurídica. (Ivonne Melgar, Excélsior, Opinión, p.10)
De confirmarse la muy probable autoría del crimen organizado, el homicidio del Juez federal Uriel Villegas Ortiz y de su esposa es una llamada de atención que da para mucho más que las muestras de simpatía y solidaridad de ciudadanos, autoridades y órganos jurisdiccionales. Los hechos constituyen la muestra ominosa de la impunidad que se va extendiendo en amplias zonas del país, fruto de la incapacidad e impotencia de las autoridades para imponer la ley frente a las bandas criminales.
El Estado mexicano está obligado a actuar de inmediato y con la mayor energía. En particular, la Fiscalía General de la República debe llevar a la justicia a los responsables materiales e intelectuales de esa acción criminal. El caso convoca a establecer un precedente institucional a manera de replicar al crimen con una acción legal ejemplar y sin concesiones, de la misma manera con la que actuaba el joven juez, seguramente ultimado por haber cumplido su responsabilidad. Insisto, las muestras de dolor y empatía no son suficientes. Debe haber justicia, y debe llegar pronta y a toda persona involucrada en el hecho. Sin duda, estamos ante un crimen de Estado. (Liébano Sáenz, Milenio, Opinión, p.2)
“AMLO no es tu jefe”, le dicen senadores a Mara
Casi era un hecho que Mara Gómez Pérez, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), presentaría el viernes su renuncia, pero al final la aguantó dada una petición que le llegó desde el Senado. Legisladores de varios partidos le pidieron no precipitarse y esperar a que en la Cámara Alta se revise su caso, ya que el Senado fue quien la nombró en diciembre por un período de 5 años y no el Presidente. Fuentes de Gobernación nos comentan que desde Palacio Nacional le hicieron llegar mensajes a Mara Gómez en el sentido de que ya no había condiciones ni económicas ni políticas para seguir en el cargo. Por eso había tomado la decisión de irse y no servir de pretexto ante víctimas que no han recibido justicia por falta de voluntad política y apoyo presupuestal. Pero ante la petición del Senado, Mara Gómez decidió tomarse unos días para revisar su futuro.
Encinas, otra vez de bombero
Una vez más, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, tendrá que salir al quite ahora para evitar la pérdida del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), o al menos eso es lo que nos cuentan algunos integrantes de la Asamblea Consultiva de la institución. El funcionario será el encargado de ir a Palacio Nacional para convencer al Presidente de que no elimine esta dependencia que ha operado por 17 años y es considerada un logro de los defensores de derechos humanos. En este punto la opinión está dividida: hay quienes confían en la habilidad política del exjefe de gobierno de la Ciudad de México, pero hay otros que de plano presienten que si el mandatario ya tomó su decisión, ni aunque Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación vaya a la residencia presidencial servirá para salvar al organismo. Así las cosas, será hasta la próxima semana que pueda haber más claridad sobre el futuro del Conapred. (El Universal, Opinión, p.2)
No sé si el Presidente lo sepa, pero el problema de discriminación y racismo es cosa muy seria en México. A él mismo lo discriminan sus malquerientes, que son legión: “López”, le llaman con desprecio. No López Obrador. “López”. Él representa, en la mente supremacista de esos blancos (o que se sienten blancos), a los “prietos”, “morenos” y “negros”, que se visten mal y que no hablan inglés; a las “mucamas”, “chachas”, “sirvientas”, a las “gatas que apestan”; a los albañiles, a los “nacos huevones”, a los “indios que huelen a madres”; a los “maricones” y a las “lesbianas”, a millones de mexicanos que cotidianamente son insultados, etiquetados y discriminados por su color de piel, por su forma de hablar, pensar, vestir, comer, amar y ser.
No sé si el Presidente lo sepa, pero cuando esos whitemexicans le dicen “Lopitoz”, como una forma de insulto racista, lo vinculan con repulsión a millones de mexicanos modestos, personas de clase baja y muy baja de las zonas urbanas y rurales, gente que siempre es discriminada y que sus verdugos quisieran desaparecer, exterminar del país… porque se avergüenzan de su existencia. (Juan Pablo Becerra Acosta, El Universal, Opinión, p.8)
La orden del presidente López Obrador a su secretario de Hacienda, Arturo Herrera, fue terminante: “Ningún aval a los gobernadores para contratar deuda o créditos. Lo quieren para las elecciones, no para el Covid, así es que si acaso hasta después de la elección (de 2021) que se les dé el aval”. La instrucción presidencial, que mete freno a los créditos solicitados por varios gobernadores de oposición que ya obtuvieron incluso autorización de su Congreso local, parte de la desconfianza y la idea de que los mandatarios estatales no sólo “no se aprietan el cinturón”, como él se los ha pedido, sino que además planean meter las manos en las votaciones del próximo año en sus estados.
El primer “frenado” en sus intenciones de contratar 4,600 millones de pesos de endeudamiento para su estado, con el argumento de la crisis del Covid, fue el panista Francisco García Cabeza de Vaca, a quien la Secretaría de Hacienda ya le negó el aval federal para que los bancos le dieran los créditos que ya tenía autorizados y que ahora no podrá contratar porque la Ley de Deuda Pública y Disciplina Fiscal le exige contar con la firma del titular de la SHyCP. Bajo la misma orden, Herrera podría frenar también la deuda solicitada por Enrique Alfaro de 6,200 millones de pesos, y los 5,350 que pretende solicitar el gobierno de Guanajuato, a cargo del panista Diego Sinhué, si les niega el aval de Hacienda. (Salvador García Soto, El Universal, Opinión, p.5)