Ciudad Juárez, Chih., Diecisiete migrantes que se encuentran en el hotel filtro Los Flamingos, habilitado para recibir a los deportados de Estados Unidos, están contagiados con Covid-19 y son asintomáticos, informó la doctora Leticia Chavarría, coordinadora del sector salud del lugar.
Detalló que los contagiados han sido separados y han evolucionado de manera positiva. Además, a dos familias se les hizo una nueva prueba dos semanas después de la primera, como establece el protocolo, y dieron positivo, por lo que serán programadas para un tercer examen.
Chavarría comentó que el albergue ha cumplido una misión importante en la ciudad, ya que a pocos días de haberse puesto en funciones se ha dado atención a los casos asintomáticos y de esa forma se ha evitado que estén dispersos en la comunidad. (Rubén Villalpando, La Jornada, Política, p. 7)
La jueza federal de una corte de Houston, Texas, Dolly Gee, ordenó al presidente Donald Trump liberar, antes del próximo día 17, a todos los niños detenidos, ya sea solos o con sus familiares, de tres centros de detención para migrantes, por el riesgo de que se contagien de coronavirus en estas instalaciones, informaron la agencia Ap, la revista Time y CNN.
La orden aplica a los menores que lleven más de 20 días recluidos en centros en Texas y Pensilvania, operados por las Agencias de Aduanas e Inmigración (ICE, por sus siglas en inglés). Muchos de ellos están ahí desde el año pasado.
La juez justificó su orden al citar brotes de Covid-19 en dos de los tres centros de detención. Los niños serán liberados junto con sus padres, o serán enviados a familias de acogida, en caso de estar solos.
Estos centros de detención están ardiendo por el virus y no es momento de tomar medidas a medias, sostuvo Gee en su orden.
En mayo pasado, el ICE afirmó que había 184 menores en tres centros de detención que están fuera de la jurisdicción de los albergues del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EU, que sólo a principios de junio tenían bajo su custodia a mil niños.
La cantidad de menores en este tipo de centros ha disminuido drásticamente desde que a principios de año Trump estableció una estricta política de deportación.
La orden de Gee se refiere específicamente a los niños, y no a sus padres o a adultos que los acompañen. El mes pasado, el ICE indicó que los niños eran libres de dejar los centros, pero en la mayoría de los casos sus padres, quienes debían permanecer detenidos, no tuvieron a quién designar como guardián legal de sus hijos o se rehusaron a hacerlo para no separarse de ellos.
Activistas interpusieron demandas para exigir que las familias migrantes fueran puestas en libertad con el argumento, presentado el pasado jueves, de que 11 menores y adultos resultaron positivos de Covid-19 en un centro en Karnes, Texas. En el condado de Dilley, dos adultos y un menor fueron aislados tras resultar infectados con el virus.
La abogada de migrantes, Amy Maldonado, declaró que los contagios indicaban claramente que el gobierno que encarcela a los migrantes no siente obligación alguna de responsabilizarse por la salud y la seguridad de los niños en centros de detención, por lo que insistió en que la única solución posible era dejar a los migrantes en libertad. (De La Redacción, La Jornada, Cp)
(AP, Reforma, Internacional, p. 13)
Immokalee, Florida.- Dentro de su hogar ordenado, un modesto departamento enclavado en un barrio de trabajadores agrícolas itinerantes, Angelina Velásquez empacaba. Una bolsa de viaje medio llena estaba en el sofá, rodeada de ropa por doblar. La cosecha anual había terminado en Immokalee, la capital del tomate de invierno de Estados Unidos, y era hora de dirigirse al norte.
Velásquez, madre soltera de 52 años con dos hijas, no quería ir. No en el largo viaje en una van atestada a Nueva Jersey. No al atiborrado alojamiento que compartiría con sus hijas, de 11 y 15 años, y otros jornaleros como ella que pasarían el verano pizcando moras azules. No en un viaje donde cada paso las pondría en riesgo de contraer el coronavirus. “Tenemos miedo”, dijo Velásquez. “Pero ¿a dónde me voy? No hay trabajo aquí”.
Velásquez y miles de trabajadores migrantes más se desplazan cada año desde el sur de Florida por la Costa Este de Estados Unidos hacia el Medio Oeste, siguiendo la maduración de las frutas y verduras. Este año, muchos llevarán el coronavirus consigo.
Las comunidades agrícolas de Florida se han convertido en cunas de infección, alimentando un nuevo y preocupante disparo en el número diario de infecciones nuevas del Estado, que ha alcanzado nuevos récords en días recientes. Las implicaciones van mucho más allá de Florida: el número de casos en lugares como Immokalee están creciendo al tiempo que los trabajadores agrícolas migran.
Las regiones agrícolas de Florida tienen un alto grado de riesgo incorporado. Los pizcadores de frutas y verduras laboran cerca unos de otros en los campos, se trasladan en autobuses hombro con hombro y duermen en departamentos o casas móviles con otros jornaleros o varias generaciones de sus familias.
El Gobernador Ron DeSantis, un republicano, ha calificado el contagio en comunidades agrícolas como “el brote número uno” de Florida.
Pasaron muchas semanas para que una respuesta coordinada de salud pública tomara forma en Immokalee, que tiene una clínica federalmente financiada, pero ningún hospital. Médicos Sin Fronteras, la organización sin fines de lucro, llegó en abril para ayudar. Su centro de pruebas ambulatorio se ha instalado dos veces en el mercado de pulga cerca de la calle principal.
“Aún estamos un poco impactados de estar aquí”, afirmó Jean Stowell, que supervisa el equipo nacional de respuesta al coronavirus de la organización. “Sabíamos que la migración era un problema en EU que expondría a las personas a la vulnerabilidad. Sabíamos que batallarían para recibir cuidados”.
Immokalee, comunidad de 25 mil habitantes en la orilla occidental de los Everglades, tiene más de mil 250 casos -más que Miami Beach, una ciudad tres veces más grande. El índice de pruebas positivas en el Condado Collier, donde se encuentra Immokalee, es del 11 por ciento, casi dos veces el nivel estatal.
Laura Safer Espinoza, directora ejecutiva del Fair Food Standards Council, organización que labora con trabajadores migrantes, dijo que los patrones agrícolas estaban, en gran parte, exentos de tener que compensar a los trabajadores enfermos que se quedan en casa, y que los trabajadores a menudo ignoran sus síntomas y se presentan a trabajar. “Hay mucho temor a perder un cheque de sueldo”, afirmó.
Aunque muchos son trabajadores invitados con visas temporales, otros son indocumentados, con poco acceso a cuidados de la salud y un temor arraigado a las autoridades.
Pese a la penuria financiera, algunos residentes de Immokalee tienen tanto miedo de infectarse lejos de sus familias que planean prescindir de la cosecha en el norte. Alejandrina Carrera, una trabajadora agrícola de 38 años, dijo que había planeado dejar a sus hijos al cuidado de su hermana. “Pero decidí que mejor no”, manifestó. “Me voy a quedar aquí”. (Patricia Mazzei, Reforma, The New York Times International Weekly, p. 3)
La violencia doméstica se ha incrementado en distintas partes del mundo en medio de la pandemia de coronavirus. La comunidad hispana en Estados Unidos no es la excepción: las autoridades han recibido decenas de reportes y, en el caso de los mexicanos, la red consular de México ha atendido ya varios casos.
“Nunca hemos cerrado, siempre hemos estado activos y especialmente en el tema de protección y seguimos trabajando; tenemos abiertas nuestras líneas telefónicas, normales y de emergencias y a través de internet”, dice a EL UNIVERSAL Jonathan Chait, Cónsul General de México en Miami. “Hemos recibido casos de violencia doméstica y lo que hacemos es conectar a las personas con las autoridades correspondientes, pero especialmente vemos que puedan ser recibidas en los refugios para que sean atendidas y protegidas en parte también con nuestra supervisión”, describe Chait. Hay casos específicos, comenta, en los que “sí contamos con partidas económicas de apoyo, adicionalmente al trámite de documentos personales —mexicanos— sin costo”, dentro de las posibilidades del consulado. (Max Aub, El Universal, Mundo, p. )
La Unión Europea (UE) negocia este viernes las condiciones para la reapertura de sus fronteras exteriores que quiere llevar a cabo a partir del 1 de julio. Según el diario El País, la lista definitiva, aunque todavía no es oficial, mantendrá las restricciones a viajeros de México y Estados Unidos. Además, también figurarán en la lista de países vetados Rusia, Brasil, Argentina, Perú, Chile, Arabia Saudí, Sudáfrica o Singapur.
De todos modos, según las disposiciones que ya han emitido países como España, este veto no afectará a los ciudadanos nacionales que residan en estos países. Es decir, que cualquier ciudadano con nacionalidad española podrá viajar por ejemplo a España desde México pese al veto. (Redacción y EFE, La Crónica de Hoy, Mundo, p. 19)
El Departamento de Estado de Estados Unidos reconoció la labor de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en el 2019 para el combate a la trata de personas. A través de un comunicado, la UIF destacó los apuntes del reporte anual en Materia de Trata de Personas difundido por el Departamento de Estado del gobierno norteamericano donde destaca que México avanzó en la identificación de la moneda electrónica bitcoins para el lavado de dinero que utilizan los tratantes.
A inicios de este año que la UIF detectó una red de trata de personas, particularmente de mujeres, que usaban las monedas virtuales para perder el rastro del dinero obtenido por la explotación sexual y que convertían en efectivo en lugares como Suiza, Holanda, el este de Europa y Estados Unidos. El reporte del gobierno estadunidense destaca entre otras acciones realizadas por la UIF el año pasado, la diseminación de 364 informes de transacciones financieras sospechosas que estaban vinculadas con este delito y que operaban desde 2003 sin ningún tipo de restricción. Así como 10 casos más vinculados con el lavado de dinero proveniente de este ilícito. (Redacción, Excélsior, Nacional, p. 12)
San Francisco., Un tribunal federal de apelaciones falló el viernes en contra del gobierno del presidente Donald Trump por la reasignación de 2 mil 500 millones de dólares de proyectos de construcción militar para erigir secciones del muro en la frontera entre Estados Unidos y México, y señaló que el gobierno eludió ilegalmente al Congreso, el cual es el que decide cómo utilizar los fondos.
El Tribunal Federal de Apelaciones del noveno circuito convino en dos fallos con una coalición de estados fronterizos y grupos ambientalistas, que alegaron que la reasignación del dinero fue ilegal y que construir el muro representaría amenazas ambientales.
Los fallos son el giro más reciente en la lucha jurídica que se ha inclinado en gran parte en favor de Trump. En julio del año pasado, la Corte Suprema permitió que se gastaran 2 mil 500 millones de dólares mientras continuaba el litigio, lo que mitiga el impacto del fallo de hoy del tribunal de apelaciones.
El gobierno ya ha distribuido gran parte del dinero, incluido un contrato de mil 300 millones de dólares en Arizona que se anunció el mes pasado. Trump visitó Yuma el martes para celebrar la construcción de 320 kilómetros (200 millas) de muro fronterizo durante su gobierno, la mayoría de eso realizado con los fondos militares reasignados que el tribunal de apelaciones del noveno circuito determinó que fue una acción ilegal.
Luego de la reasignación de 2 mil 500 millones en fondos militares, el Pentágono reasignó otros 3 mil 600 millones que un tribunal de apelaciones de Nueva Orleans falló en enero que podían gastarse.
Aun así, los críticos del muro celebraron los fallos por defender la Constitución, que le otorga al Congreso el poder sobre el erario.
Los fondos que (Trump) está despilfarrando, que fueron asignados por el Congreso, son para sustentar la seguridad y bienestar de los valientes hombres y mujeres uniformados, así como a sus familias, dijo Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes.
La votación de ambos fallos fue de dos a favor y uno en contra, en la que los jueces designados por el ex presidente Bill Clinton conformaron la mayoría y un nominado de Trump disintió.
La Casa Blanca dijo que los fallos no interferirán con su capacidad de seguir construyendo el muro y apuntó que la Corte Suprema ha anulado muchos de los dictámenes del tribunal.
El procurador general de California, Xavier Becerra, que encabezó una coalición de fiscales de 20 estados que demandaron al gobierno, celebró la decisión del tribunal.
Hoy, el tribunal le recordó al presidente, nuevamente, que nadie está por encima de la ley, dijo Becerra en un comunicado. Mientras el gobierno de Trump roba fondos públicos para construir un muro no autorizado en la frontera sur, familias a lo largo y ancho del país tienen problemas para pagar sus cuentas. Merecen saber que sus dólares ganados con tanto esfuerzo van a donde el Congreso pretendía: para beneficiarlos a ellos y a sus comunidades. (Ap, La Jornada, Política, p. 15)
(EFE, La Crónica de Hoy, Mundo, p. 20)
(Agencias, El Universal, Mundo, p. A14)
(EFE, Reforma, Internacional, p. 13)
(AP Y Reuters, Global, Excélsior, p.25)
(AFP, Reuters y EFE, El Sol de México, Mundo, p. 25)
Mientras Donald Trump sea presidente de Estados Unidos, las organizaciones de jóvenes migrantes mexicanos sin documentos en ese país no ven ninguna posibilidad de una reforma migratoria que les dé certidumbre de que no serán deportados en cualquier momento.
En una encuentro virtual organizado por la Universidad de California, la mexicana Dulce García, una de las seis soñadoras que demandaron a la Casa Blanca por poner fin a el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), y a quienes el Tribunal Supremo dio la razón al estar de acuerdo con que la forma en que el gobierno eliminó el programa es ilegal, dijo que este presidente ha causado mucho dolor a nuestra comunidad.
Expuso que con Trump se ha incrementado el pánico de los migrantes sin documentos. Es un miedo constante de ser arrestados y en los años recientes ha habido mucha ansiedad ante la posibilidad de que se termine el DACA.
Julián Escutia, director general de Protección a Mexicanos en el Exterior, señaló que más de medio millón de mexicanos son beneficiarios de DACA y que su protección es una prioridad para la Secretaría de Relaciones Exteriores. (Arturo Sánchez Jiménez, La Jornada, Política, p. 15)
(Ariadna García, El Universal, Nación, p. A5)
Cuando el Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) apareció en 2012, la madre de Leticia Herrera Méndez se apresuró a preparar los papeles para que su hija se convirtiera en beneficiaria.
Lo logró. Leticia terminó sus estudios de preparatoria, consiguió una beca para cursar la universidad y con el respaldo del DACA pudo también trabajar.
“Pero desde 2017 el presidente Trump nos puso en una situación difícil, estos tres años han sido largos, han sido de lucha, de cansancio, de momentos de llorar, nos afecta en nuestra salud mental, hemos estado como en un sube y baja de emociones”, expresó Leticia.
Esta joven se graduó en junio de 2019, es socióloga. Sus padres la llevaron a California en 2005, cuando tenía ocho años. Con el trabajo en el campo que sus padres realizan, Leticia pudo tener estudios y en 2012, con la aparición del DACA, la familia tuvo un respiro para seguir adelante.
Recién la Corte Suprema de Estados Unidos detuvo el intento del presidente Donald Trump por poner fin al DACA, un programa que fue creado en 2012 por Barack Obama.
“Cuando el DACA salió fue una esperanza. Yo iba todavía en la preparatoria, tenía 15 años, así que mi mamá fue la que organizó todos los papeles. Fue una esperanza para mí y para mi hermana mayor, que también era del DACA. Cuando me gradué de la preparatoria, pude obtener una beca que se llama Dream US, que me ayudó a pagar mis estudios universitarios”, relató Leticia.
En entrevista, la joven de 23 años recordó que desde 2017, cuando Donald Trump anunció que buscaría acabar con el programa, las cosas cambiaron.
Leticia señaló que tras el fallo de la Suprema Corte, lo primero que pensó fue lo lejos que se llegó como comunidad dreamer.
“Sí fue una sorpresa para mí. Muchos dreamers nos estábamos esperando lo peor, me tomó a mí y a mis amigas por sorpresa y fue como un alivio, más que nada, me alegró mucho más que nuevas personas puedan aplicar para el DACA y puedan tener esa tranquilidad”, relató.
Lo que sigue, consideró, es luchar para lograr una reforma migratoria y evitar las afectaciones que se han querido hacer a los migrantes en los últimos años. (Ariadna García, El Universal, Nación, p.A5)
La Fiscalía General de Justicia (FGJ) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informaron que en el ataque contra el jefe de la policía capitalina, Omar García Harfuch, participaron más de 30 personas y fue planeado desde hace más de tres semanas.
Se logró la captura de 19 personas, de las cuales 14 son procedentes de la Ciudad de México, Jalisco, Guerrero, Nayarit, Chihuahua, Michoacán y uno de nacionalidad colombiana. La FGJ dijo que desde las 4 de la mañana de ayer se inició la movilización de las personas, que posiblemente recibirían dinero a cambio del ataque, quienes se organizaron en cuatro células de siete personas para perpetrar el atentado, y quienes tenían la indicación de verificar si pasaban patrullas de la SSC. (Elba M. Bravo, Gustavo Castillo,Alma Muñoz y Ángel Bolaños, La Jornada, P.p.)
(David Fuentes, Kevin Ruíz y Eduardo Hernández, El Universal, 8 Columnas)
(Eloísa Domínguez y Mario Camarillo, La Crónica de Hoy, 8 Columnas)
(Jorge Butrón, La Razón, P.p.)
(Alberto Jiménez e Israel Zamarrón, El Sol de México, 8 Columnas)
(Almaquio García y Manuel Durán, El Heraldo de México, País, p. 4)
El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha ampliado su presencia y fortalecido su influencia con organizaciones criminales en Colombia, de acuerdo con un reciente informe de la Fundación para la Paz y la Reconciliación con sede en el país sudamericano.
Según el reporte hecho público el pasado 10 de junio en Bogotá, el CNJG tiene presencia en regiones como Antioquia y el Norte de Santander, donde ha establecido una relación comercial con grupos armados que fueron parte las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y otras agrupaciones guerrilleras.
Fuentes citadas en en el documento señalan que el cártel mexicano compra a las organizaciones colombianas cocaína y protección para controlar un determinado territorio.
Una fuente citada en el informe señala que al CJNG como a otros grupos mexicanos como el Cártel de Sinaloa les sale más barato comprar la cocaína directamente en estas regiones colombianas que en México, donde se multiplica su valor. Un kilo de coca en esa zona (Antioquia) cuesta entre 2 mil 800 y 5 mil dólares, mientras que en México valdría entre 15 y 20 mil dólares, de acuerdo con el informe de la fundación para la Paz y Reconciliación de Colombia.
Entre los 14 detenidos ayer por el atentado en contra del Secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Omar García Harfush -atribuido por él mismo al CJNG- se encuentra una persona de nacionalidad colombiana, según informes de la Fiscalía de la CDMX.
De acuerdo con el documento, desde que las insurgentes FARC dejaron las armas en 2016, los cárteles de la droga de México aumentaron su presencia en ese país, sobre todo a través de financiamiento y el contrabando de armas.
La investigación determinó que la relación de crimen organizado entre Colombia y México se ha dinamizado debido al importante flujo de capital y de armas traídas desde el país norteamericano, lo cual ha impulsado el fortalecimiento de grupos armados locales.
Entre las organizaciones colombianas beneficiadas están el Clan del Golfo, Caparrapos, Los Pachenca y Ejército Popular de Liberación-EPL o Pelusos, entre otros.
La Fundación identificó dos formas de relacionamiento entre carteles mexicanos y grupos armados colombianos tras el fin de las FARC como guerrilla: financiación y articulación. El informe destacó que en el departamento de Antioquia, por ejemplo, el CJNG financia al grupo Los Caparrapos para lograr mayores ganancias de la producción de cocaína. (Staff, Reforma, Nacional, p. 10)
El atentado de que fue víctima la mañana de ayer el jefe de la policía capitalina, Omar García Harfuch, subraya la necesidad de profundizar nuestra cooperación para vencer al crimen organizado, estableció el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau. Mediante Twitter, el diplomático envió también un abrazo de solidaridad a las familias de las personas fallecidas (dos policías y una civil) durante la refriega ocurrida en las Lomas de Chapultepec. Ánimo y una muy pronta recuperación, escribió Landau.
Tanto en participaciones en vivo como en cuentas de redes sociales, diplomáticos y agencias oficiales condenaron esos hechos, entre ellos el embajador Graeme C. Clark, de Canadá, y el nuevo representante en México de la oficina de la ONU contra las drogas y el delito, Kristian Hölger. (De la Redacción, La Jornada, Política, p. 2)
A las 19 horas, en Palacio Nacional, la Secretaría de Salud dirige el informe diario sobre COVID-19 en México.