Por el alto nivel de enfermedades crónicas, el Covid-19 nos pegó más que en otros países, aunque la pandemia no golpeó a México desde el principio y nos dio tiempo de alistar la infraestructura sanitaria para que nadie se quedara sin atención médica, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador en Salina Cruz, Oaxaca.
Nos pegó mucho esta pandemia, han perdido la vida muchos mexicanos, porque tenemos un pueblo enfermo de padecimientos crónicos, como la hipertensión, la diabetes, la obesidad, tema que tiene que ser motivo de análisis y reflexión, mencionó en la refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime.
Ayer comentó que en su visita a la Casa Blanca, hablando con el presidente (Donald) Trump, le decía que era una vergüenza que Estados Unidos ocupara el primer lugar en el mundo en obesidad, y que era una vergüenza también que México ocupara el segundo. No alcancé a decirle, por cuestiones de dignidad y de recato, que nuestro país tiene el primer sitio en obesidad infantil en el mundo.
Por eso, sostuvo el mandatario, estamos padeciendo más de esa terrible pandemia del Covid. Un porcentaje elevado de los que pierden la vida tienen al mismo tiempo esas enfermedades crónicas.
Acompañado por el gobernador Alejandro Murat, agregó que el ingreso a la nueva normalidad implica impulsar mucho la educación para la salud, una alimentación sana, no a los productos chatarra, hacer deporte, darle mucha atención a la medicina preventiva, porque es mejor prevenir que curar.
Debe ser una campaña de primer orden y habrá, agregó, una materia en los libros de todos los niveles escolares sobre salud pública, igual de importante que biología, física, historia, matemáticas, para establecer buenos hábitos de nutrición, de alimentación, del cuidado de nuestra salud. (Redacción, La Jornada, Política, p. 5)
Al menos 19 entidades superan la media nacional en el índice de positividad al Covid-19, por lo que más de 47 por ciento de quienes son estudiados como casos sospechosos de la enfermedad obtienen un resultado positivo. Oaxaca (69.3), Chiapas (68.2), Veracruz (66.6), Sonora (64.9) y Baja California (64) encabezan la lista con cerca de siete de cada 10 casos estudiados.
De acuerdo con cifras del Tablero analítico de seguimiento de casos documentados de SARS-CoV-2 en México, diseñado por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) con base en los datos públicos emitidos por la Secretaría de Salud (Ssa), siete estados concentran 66.4 por ciento de las pruebas pendientes de resultado en todo el país; es decir, de los casos sospechosos acumulados que hasta este viernes sumaban 90 mil 970.
Se trata del estado de México (19 mil 357), Ciudad de México (14 mil 662), Morelos (7 mil 353), Nuevo León (5 mil 775), San Luis Potosí (4 mil 496), Puebla (4 mil 486) y Coahuila (4 mil 350). Otras entidades con cifras elevadas de casos sospechosos son Jalisco, con 3 mil 257 pruebas pendientes de resultado; Veracruz, con 3 mil 221; Guanajuato, con 3 mil 137, y Sonora, con 3 mil 75.
Respecto a la letalidad, que a escala nacional se mantiene en 11.3 por ciento, las entidades con la tasa de letalidad más elevada son Morelos y Baja California, con 21.1 y 19.8 por ciento, respectivamente. Le sigue Chihuahua, con 17.4; Sinaloa, 16.5, y Chiapas, con 16.3 por ciento.
En cuanto a la detección de personas contagiadas, hasta la fecha se han realizado 896 mil 124 pruebas, de las cuales 378 mil 285 dieron positivo. La tasa de exámenes es de 708 por cada 100 mil habitantes, con un índice de positividad de 47 por ciento.
Sin embargo, más de la mitad de las entidades superan esta media. Además de las cinco citadas, se suman: Quintana Roo (61.4), Guerrero (61.3), Sinaloa (59.5), Hidalgo (57.4), Campeche (56.6), Tabasco (54), Nayarit (53.3), Colima (51.4), Morelos (51.1), Puebla (50.8), Querétaro (49.8), Chihuahua (49.3), estado de México (48.9) y Yucatán (48.5). (Laura Poy Solano, La Jornada, Política, p. 5)
La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta una indagatoria contra Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex, por la presunta comisión de delitos electorales relacionados con financiamiento ilícito a campañas políticas entre 2014 y 2015. Presuntamente, el ex funcionario se involucró también en la entrega de recursos por parte de la constructora brasileña Odebrecht a candidatos a legisladores federales en el país, y que constituyeron hechos distintos a los cuales ya causaron órdenes de aprehensión en su contra.
Funcionarios federales que solicitaron el anonimato mencionaron que si bien en esa indagatoria, que se integra en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), se determinó la prescripción de la responsabilidad penal de Lozoya respecto de la presunta entrega de 4 millones de dólares por Odebrecht a la campaña presidencial de 2012, sigue abierta la investigación de que la firma brasileña haya aportado dinero –con la supuesta intervención del ex director de Pemex– para apuntalar el proselitismo de candidatos a diputados federales en esos años.
Contra Lozoya –quien está hospitalizado en calidad de detenido en el sur de la Ciudad de México– hoy existen dos órdenes de aprehensión por operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho, asociación delictuosa y ejercicio indebido del servicio público, por haber recibido 10.5 millones de dólares como soborno de Odebrecht y más de 3 millones de dólares por haber impulsado la compraventa de la firma Agronitrogenados. (Gustavo Castillo García, La Jornada, Política, p. 7)
Salina Cruz, Oax., Una mujer de unos 60 años y otras personas pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador dotar de medicamentos y mejorar la atención médica en los hospitales del Istmo de Tehuantepec. El mandatario fue abordado este sábado a su salida del hotel donde pernoctó el viernes antes de su gira de ayer por el puerto de Salina Cruz.
La mujer no quiso dar su nombre pero dijo haber tenido familiares enfermos de Covid-19 y denunció el alza considerable de los medicamentos para atender esta pandemia, por lo cual exigió a las autoridades regular los precios.
Medicamentos como la aspirina que costaban entre 40 y 60 pesos, se han duplicado; otros, como antibióticos y antigripales, se han elevado mucho en el precio; pedimos al presidente Obrador que regule estos precios o que nos los dote en las unidades de salud, porque no hay, todo el gasto tenemos que hacerlo los familiares o el propio paciente.
Otra mujer mencionó que en los hospitales, especialmente el del Instituto de Salud y Bienestar, operado por el Ejército, en Juchitán, sólo reciben al paciente si lleva referencia médica, pero la mayoría de las veces no la tienen debido a que muchos van hasta que se agravan.
Ya lo estamos viendo, lo vamos a ver y a tratar; ustedes cuídense, respondió el mandatario y abordó el vehículo que lo trasladó a la refinería Antonio Dovalí Jaime. (Diana Manzo, La Jornada, Política, p. 8)
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y la bancada de Morena en el Congreso capitalino destacaron la trayectoria y honestidad de Rosa Icela Rodríguez Velázquez, quien deja la Secretaría de Gobierno (Secgob) local para incorporarse a la de Comunicaciones y Transportes federal como coordinadora general de Puertos y Marina Mercante.
Con 23 años en el servicio público local, en el que ha sido titular de tres secretarías, Rodríguez Velázquez ha enfocado su labor en el combate a la corrupción y desde hace 32 años ha sido cercana al presidente Andrés Manuel López Obrador.
Originaria de Xilitla, San Luis Potosí, fue directora de Participación Ciudadana, así como de Concertación Política y Atención Social y Ciudadana de la Secgob durante la administración de López Obrador como jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal (2000-2006).
En la gestión de Marcelo Ebrard Casaubón fue coordinadora del Gabinete de Gobierno, Seguridad y Procuración de Justicia y directora del Instituto para la Atención de los Adultos Mayores. Entre 2012 y 2018 estuvo al frente de las secretarías de Desarrollo Social, así como de la de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades.
En el gobierno de Sheinbaum Pardo fue nombrada al frente de la Secgob, cartera que hasta ayer ocupaba, y en la que se encargó de la gobernabilidad de la capital del país, la generación de políticas con enfoque de derechos humanos y la atención de la emergencia por la pandemia de Covid-19. (Alejandro Cruz y Ángel Bolaños, La Jornada, Política, p. 9)
El gobierno federal y la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (Fstse) acordaron un incremento salarial promedio de 5.3 por ciento para más de 700 mil empleados administrativos y de servicios generales y en los próximos días se dará a conocer la mejora en los ingresos de personal médico y paramédico.
El dirigente de la Fstse, Joel Ayala Almeida, valoró el esfuerzo del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, para elevar los salarios y prestaciones de los trabajadores, en esta etapa difícil, en que no necesariamente se dan las condiciones de equilibrio económico en las finanzas públicas.
Informó que desde hace varios meses lleva a cabo pláticas con personal de Hacienda y expertos, a fin de elaborar el proyecto de nuevo sistema de pensiones para los trabajadores del gobierno federal, como parte de la relación de entendimiento formal y respetuoso en el ámbito laboral. (Andrea Becerril, La Jornada, Política, p. 11)
La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Siedo) ejercitó acción penal en contra de Gildardo Palomino Nieblas, El G-3, miembro de La Línea, brazo armado del cártel de Juárez, y quien presuntamente está relacionado con el asesinato de nueve integrantes de la familia LeBarón en hechos ocurridos el 4 de noviembre de 2019 en Bavispe, Sonora.
Funcionarios federales indicaron que Gildardo Palomino Nieblas y otro miembro de La Línea fueron consignados ante un juez con sede en el estado de México, e ingresados al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, El Altiplano.
En días pasados fueron detenidos en el municipio de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, Miguel P. A. H, y El G-3, por existir una orden de aprehensión por delincuencia organizada y estar presuntamente vinculados con el asesinato de tres mujeres y seis menores de edad en el municipio de Bavispe.
La aprehensión fue realizada por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Guardia Nacional, al encontrarlos en posesión de armas de fuego y droga, pero tras su identificación se les ubicó como líderes de células de la organización delictiva La Línea.
Oficialmente la FGR no ha dado a conocer información sobre la situación jurídica que tienen tras haber sido puestos a disposición de un juez con sede en Toluca, estado de México. (Gustavo Castillo García, La Jornada, Política, p.14)