Hace un par de semanas estuve en el campamento de migrantes ubicado a las orillas del Río Bravo en Matamoros, Tamaulipas. Son cerca de mil 600 migrantes, en su mayoría familias centroamericanas que solicitaron asilo en Estados Unidos y que permanecen en esta frontera a la espera de que se resuelvan sus casos de asilo en las cortes estadunidenses.
Desde la implementación del acuerdo bilateral conocido como “Permanece en México”, cerca de 60 mil migrantes han sido forzados a regresar al lado mexicano de la frontera y permanecer ahí a la espera de sus citas de asilo. Algunos llevan más de un año esperando en este campamento de Matamoros, en el que la higiene y la sana distancia son apenas buenas intenciones. Los migrantes, adultos y niños, comparten baños portátiles mantenidos por los propios residentes. Diferentes familias viven en tiendas de campaña, en las que reparten el poco espacio disponible para dormir hombro con hombro. Recientemente se instalaron estaciones para lavarse las manos, improvisadas con tinacos y tuberías de PVC.
Las pocas organizaciones sin fines de lucro que permanecen en el campamento para brindar apoyo a los migrantes han detectado al menos cinco casos de coronavirus, pero su capacidad de diagnóstico es aun más limitada que la del gobierno mexicano. Docenas de personas permanecen aisladas del resto de la comunidad en una zona acordonada cerca del campamento principal.
Esta semana, el agua que dejó la tormenta Hanna en la región amenaza con desbordar el Río Bravo y la integridad del campamento. Human Rights First ha documentado cientos de crímenes cometidos contra los solicitantes de asilo a lo largo de la frontera y Matamoros es considerado uno de los lugares más peligrosos.
El departamento de Estado lo pone en el mismo nivel de alerta de viaje en el que tiene a países como Siria y Afganistán. Por si esto fuera poco, desde que se declaró oficialmente la pandemia en Estados
Unidos, las cortes de inmigración suspendieron las audiencias de asilo, prolongado de manera indefinida la estancia de estas familias en el campamento.
Nadie se hace responsable de estas familias. Los gobiernos de Estados Unidos y México han abandonado a miles de personas que huyen de la violencia en Centroamérica y piden nuestra protección. Es fácil perderlos de vista en medio de la emergencia global, pero si no podemos proteger a los más vulnerables, qué podemos esperar los demás. (Enrique Acevedo, Milenio Diario, Al Frente, p. 3)
A pesar de la crisis económica y los efectos perniciosos de la pandemia, Trump todavía tiene una base sólida de votantes. Sobresalen los estados de Arizona, Pennsylvania y Wisconsin, que le votaron en el 2016 y representan 41 votos electorales.
Sobre la pandemia y la recuperación de la economía, Biden ha prometido un gasto multimillonario siguiendo las pautas del más reciente paquete de apoyo definido por la Unión Europea. También ha ofrecido regresar al Acuerdo de París sobre el cambio climático. Asimismo, avanzar en la producción de energía limpia, la equidad racial, la modernización del sistema sanitario, apoyo a programas en favor de los niños y adultos mayores.
Para México la relación con Estados Unidos es vital por sus efectos en la política migratoria, las exportaciones, las importaciones, las inversiones directas y financieras, el envío de remesas de mexicanos que trabajan en Estados Unidos a sus familiares que viven en México y el turismo. La actividad económica de Estados Unidos en nuestro país representa el equivalente a 30% del PIB de México. Es una interdependencia notable. (Sergio Mata, El Economista, Finanzas, p. 17)
Era difícil pensar que Donald Trump, a partir de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, cambiaría su estrategia contra los migrantes, en la medida en que se trata del arma que moviliza a sus seguidores para ganar adeptos en su tan anhelada relección. El nuevo ataque contra los migrantes pasa ahora por la firma de un memorándum para que el censo no incorpore a más de 10 millones de migrantes indocumentados. Resulta una enorme injusticia por parte del inestable presidente de Estados Unidos intentar borrar del mapa demográfico a esos millones de personas, quienes por diversos motivos ejercieron su derecho de buscar nuevos caminos. Una vida sin duda marcada por enormes dificultades ante la imposibilidad de enfrentar el limbo jurídico en el que el gobierno estadunidense los ha mantenido por muchísimo tiempo, podemos hablar de hasta 20 o 25 años, una estrategia que ha permitido ejercer una inescrupulosa explotación por parte de muchos patrones.
Vale la pena recordar que se trata de trabajadores que pagan sus impuestos, tienen hijos nacidos en Estados Unidos y por tanto son ciudadanos estadunidenses, y otros muchos que llegaron indocumentados siendo pequeños, los famosos y muy calificados dreamers, sobre los que también penden injustas decisiones que podrían arruinarles la vida. Afortunadamente han mostrado su fuerza y entereza para enfrentar esa espada de Damocles que pende sobre sus cabezas con relativo éxito, hasta ver qué tiene Trump entre manos. Estos jóvenes que son la cara destacada de las familias que buscaron cambiar el rumbo de sus vidas y ofrecer a sus hijos la posibilidad de mejores horizontes que ellos enfrentaban al quedarse en sus países, 5 millones de los cuales son connacionales. (Ana María Aragonés, La Jornada, Opinión, p. 22)