Exigen verdad y justicia
Luego de cuatro meses de resguardarse en sus comunidades en el contexto de la pandemia, una comisión de padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa regresó a las calles de la Ciudad de México para seguir exigiendo toda la verdad de lo que ocurrió con sus hijos aquella noche del 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero.
Al cumplirse cinco años y 10 meses de la desaparición de sus hijos, los padres y madres se posicionaron ante el hallazgo de restos del cuerpo de Christian Alfonso Rodríguez, uno de los 43 que en ese momento tenía apenas 19 años de edad. Su declaración, sin embargo, tuvo escasa resonancia mediática en comparación con la identificación de Christian, hecho que para las autoridades derribó la verdad histórica del sexenio pasado, sin darle su lugar a la investigación del grupo internacional de expertos que ya había descalificado la versión gubernamental de que los 43 fueron incinerados en el basurero de Cocula. (Gloria Muñoz Ramírez, La Jornada, Opinión, p.12)
El mes de julio nos deja dos informes que proporcionan insumos interesantes, aunque preocupantes, para pensar la crisis económica que ya tenemos encima, y el mundo pospandemia.
Uno es de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) que titula Enfrentar los efectos cada vez mayores del Covid-19 para una reactivación con igualdad: nuevas proyecciones. El otro es de la confederación de organizaciones no gubernamentales Oxfam, fundada en Reino Unido y con oficinas centrales en Nairobi, Kenia, que tiene un título significativo: ¿Quién paga la cuenta? Gravar la riqueza para enfrentar la crisis de la Covid-19 en América Latina y el Caribe. (Katu Arkonada, La Jornada, Opinión, p.14)
Por primera vez en muchos años, me siento orgulloso de que nuestro país tenga un presidente como Andrés Manuel Lopez Obrador, hombre sencillo y culto, surgido del pueblo, patriota y ejemplo de honestidad para sus colaboradores, quien pudo acceder a la máxima investidura de la nación mediante su tesón y con la capacidad de liderazgo que hoy necesitamos. Muchos hay que piensan en él como el mejor Presidente que ha tenido nuestro país desde la revolución mexicana. Difiero de ellos, en tanto cada presidente lo es en condiciones económicas y sociales distintas, al igual que en las del contexto internacional, a veces en periodos de violencia, de recesión o de pandemias como es hoy el caso, para el cual, ciertamente podríamos pensar en la diferencia que estaríamos viviendo si en esta profunda crisis tuviésemos al frente del país a un personaje como Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón Hinojosa o Vicente Fox Quesada, por mencionar a los tres anteriores más inmediatos.
Por ello, después de haber observado el video que ha circulado en días recientes sobre el Boeing 787 utilizado por Peña Nieto para sus viajes, me sentí indignado, pues si bien sus inclinaciones absurdas por el lujo y la ostentación han sido del dominio público desde hace varios años, el pensar que se hubiesen gastado cerca de 10 mil millones de pesos para que el señor lo utilizara en unos cuantos viajes, sin pensar que esos recursos, aportados por el pueblo, podrían haber cambiado la vida de varios miles de familias mexicanas que hoy viven en la miseria, me pareció un acto irresponsable y criminal. Peña Nieto nunca debió haber llegado a la Presidencia. El lugar apropiado para él debió ser un hospital siquiátrico para débiles mentales. Bastante daño habían ya hecho él y su pandilla en el estado de México, entidad cuyo gobierno maneja la mayor cantidad de recursos públicos de toda la República, los cuales fueron utilizados por él para llegar a la Presidencia. (Enrique Calderón Alzati*, La Jornada, Opinión, p.20)
Pandemia económica // Todos los países caen
La sacudida ha sido brutal y las economías aparentemente más sólidas del planeta se han hundido en proporciones históricas: en números cerrados y con datos al segundo trimestre de 2020, la estadunidense se desplomó 33 por ciento en términos anuales; la británica, 20; la alemana, 10; la francesa, 14, y así por el estilo. La española se hundió 18.5, similar al registro de México. La única que reporta crecimiento es la china, con 3.2.
En el caso mexicano, tanto el presidente López Obrador como los analistas de distintos grupos financieros apuntan a que la caída económica ya tocó fondo y ya pasó lo peor, pero la recuperación no será fácil, dado que, como advierte el Centro de Investigación en Economía y Negocios (CIEN) del Tecnológico de Monterrey, el segundo trimestre de 2020 ha mostrado una de las caídas más profundas. (Carlos Fernández-Vega, La Jornada, Opinión, p.22)
Disipar la extendida percepción popular de que en México la cárcel es para los pobres, impone confinar en un penal a Emilio Lozoya Austin. Ninguna justificación existe para el trato tan considerado que recibe del gobierno federal.
En lo que va del lozayazo, ha sido evidente que al exdirector de Pemex le será difícil involucrar con pruebas en sus trapacerías a Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa.
En la más optimista de las hipótesis apenas logrará demostrar, con validez jurídica, la participación en sus fechorías de algunos de sus subalternos, numerosos legisladores, y, de seguro, Luis Videgaray, José Antonio Meade y Ernesto Cordero. Funcionarios estos últimos de rango equivalente al suyo, no superiores como exige la ley del soplonaje.
Algún oficio críptico o con tenues sugerencias, una audiograbación, algún video, una tarjeta rubricada, la minuta de alguna sesión de consejo de administración, cualquier cosa puede ser útil para ese efecto (Aurelio Ramos Méndez, La Crónica de Hoy, Opinión, p.1)
Gobernadores y López-Gatell, ¿qué sigue?
En “innumerables ocasiones”, como se suele remarcar en la conferencia de prensa de la noche en Palacio Nacional, se ha dicho que son autoridades sanitarias tanto el Ejecutivo federal como los gobernadores. Así que para enfrentar la crisis por el Covid-19 no hay otra alternativa que el trabajo conjunto y sincronizado. De ahí la relevancia de la ruptura que ayer quedó declarada entre nueve gobernadores y el gestor principal de la pandemia. Los primeros desacuerdos no son de ayer. Hay ya una larga acumulación de desencuentros por las cifras, por las pruebas, por los cubrebocas, por la falta de presupuestos, por el semáforo. Tanto, que más que una posibilidad de retorno al animado trabajo armónico lo que se vislumbra es el frío y obligado acuerdo institucional. Cambia de rostro la colaboración, pero no el de la pandemia, que seguirá causando estragos.
Nos comentan que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, anunció ya que en su entidad se cancelará la ceremonia tradicional de El Grito porque “no vamos a cometer un acto de irresponsabilidad”. Contrariamente a lo que ocurrirá a nivel federal en donde habrá una ceremonia con 500 asistentes a la plancha del Zócalo, algunos de los cuales portarán antorchas, en Jalisco “no va a haber nada que exponga a las personas a un mayor nivel de riesgo. Nada. Ni gritos, ni informes, ni fiestas ni nada”. El mandatario estatal aseguró que en breve hará un anuncio “de cómo vamos a procesar este tema, porque evidentemente no podemos pasar por alto la fecha, pero vamos a hacerlo sin exponer a nadie”. Habrá que ir viendo qué decisiones toman en otras entidades ante tan importante fecha. (La Razón, Opinión, p.2)
Coahuila e Hidalgo tendrán elecciones el próximo 18 de octubre de acuerdo al Instituto Nacional Electoral (INE), las cuales habían sido aplazadas por la emergencia sanitaria, pero que de acuerdo a Lorenzo Córdova “la protección del derecho a la salud no debe, no puede implicar la suspensión de los derechos políticos, ni la interrupción, la pausa de la democracia”.
Ambos estados son gobernados por el PRI, y aunque sólo estará en juego el Congreso local, integrado por 25 legisladores (16 de mayoría relativa y 9 de representación proporcional) en el caso de Coahuila, y de las 86 presidencias municipales en la entidad hidalguense, no dejan de ser relevantes para que los priistas empiecen a dar señales de supervivencia de cara al proceso electoral del 2021. (Héctor Muñoz, El Sol de México, Opinión, p.11)
¿Fue burla del uso del cubrebocas? ¿Mal chiste? ¿Desplante machista? El Presidente manda un pésimo mensaje cuando dice que no lo usará hasta que se acabe la corrupción.
López Obrador lleva 20 meses en Palacio Nacional. Un año ocho meses, contaditos. Nomás no entiende que es una cuestión de poner el ejemplo.
Si nos ponemos rigurosos, sus palabras son un reconocimiento de que no ha podido con la corrupción, a la que califica como “la peor pandemia de México”.
¿Será que no se acuerda que en noviembre pasado dijo que la corrupción ya había sido derrotada? Es pregunta, no se alboroten.
AMLO es el único mandatario en el mundo —ya ni Trump o Bolsonaro— que aparece en todos los actos públicos sin esa protección. La única imagen de él con cubrebocas la vimos en el avión que lo llevó a Estados Unidos.
No se lo quiere poner ni con los llamados de la OMS, de los exsecretarios de Salud, del Nobel Mario Molina.
No acaba de entender que es una medida para frenar la propagación del covid-19, el cual ya mató a 46 mil 688 mexicanos, y no un tema para chacotear en las mañaneras.
Sería bueno que revisara la investigación del Instituto de Economía Laboral, con sede en Bonn, Alemania. Las conclusiones dicen que el uso del cubrebocas puede reducir hasta en 40 por ciento los contagios.
El comentario del Presidente es tan desproporcionado que el diario británico The Guardian le dedicó espacio en su portal de internet. (Francisco Garfias, Excélsior, Opinión, p.4)
Viraje. Después de dar ciertos tropiezos en el inicio de la pandemia por covid-19, ahora el gobierno de Puebla no sólo está alineado con la política implementada por la Federación, sino que también ha formalizado sus propias pautas contra el virus a través de más de 20 decretos que le han permitido al estado tener rumbo y claridad en la actual contingencia. Esto gracias a las iniciativas del gobernador Miguel Barbosa, quien participó en la presentación de la Estrategia de Intervención Local de Salud Comunitaria en Puebla, presidida por funcionarios federales. Agradeció al gobierno federal el acercamiento de sus políticas a Puebla y a las demás entidades, e hizo un llamado a los distintos órdenes de gobierno y a la sociedad a trabajar de manera unida para contener la propagación del coronavirus. El gobierno de Puebla, en pie de lucha en la pandemia.
Andanada. Nueve gobernadores pretenden tirar al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, mediante una declaración conjunta de la Alianza Federalista. Demandaron su salida inmediata, pues creen que su estrategia para atender la pandemia en México ha costado la vida a miles de mexicanos. Manifestaron que la “receta” del subsecretario de Salud ha tenido terribles consecuencias, pero sigue presumiendo que los hospitales no se saturaron como en Italia o Nueva York. Indicaron que la crisis es cada vez más aguda y que, sin lugar a dudas, es responsabilidad de quien ha dirigido y optado por darle un uso político a la emergencia. Qué curioso, el funcionario ha estado informando sobre la emergencia y ¿qué han hecho los mandatarios estatales? (Excélsior, Opinión, p.9)
Que la maniobra del PT en la Cámara de Diputados para reclutar legisladores, desplazar al PRI como tercera fuerza y “agandallarse” la presidencia de la Mesa Directiva en el último año de la actual legislatura chocó contra pared y parece destinada al fracaso gracias a la soberbia del coordinador petista, Reginaldo Sandoval, y su lugarteniente Gerardo Fernández Noroña ante sus propios aliados. Y es que el líder del PES, Jorge Argüelles, se hartó de la estrategia petista de cooptar a sus diputados y denunció ofrecimientos de dinero, posiciones y candidaturas, por lo que advirtió que no cuenten más con ellos.
Que a pesar de la resistencia de Morena para aprobar el ingreso básico universal, la Junta de Coordinación Política del Senado acordó crear un grupo de trabajo para analizar los mecanismos de apoyo a las personas que han perdido su empleo o disminuido sus ingresos por la pandemia de covid-19. Los legisladores tendrán algunas semanas en busca de propuestas para armonizar las leyes que sean necesarias, por lo que en esta ocasión la presión de varios meses del bloque de contención ya dio un primer paso. (Milenio, Opinión, p.2)
LO QUE MAL comienza mal acaba y al Semáforo Covid-19 que la Secretaría de Salud estableció para transitar hacia la llamada “nueva normalidad” se le están apagando las luces.
DESDE que su creador, Hugo López-Gatell, presentó ese instrumento, varios gobiernos estatales hicieron patente su descontento con el modelo impuesto por la administración federal.
NUNCA les gustó que el control fuera centralizado en vez de estar en manos de cada administración estatal, y desde entonces han cuestionado la fórmula que se usa para ponderar los distintos indicadores de salud.
EL ASUNTO hizo crisis y ayer 9 gobernadores de oposición exigieron la salida del subsecretario, mientras que la morenista Claudia Sheinbaum desechó el regreso de la CDMX al color rojo, como lo indicaba un documento de Salud federal.
TRAS el desacato por parte de la mandataria capitalina y la rebelión de los estados agrupados en la llamada “Alianza Federalista”, se ve muy complicado que ese instrumento siga encendido y, aun si lo mantienen, va a ser difícil que alguien le haga caso. (Fray Bartolomé, Reforma, Opinión, p.8)
En los últimos meses, se han presentado tres controversias constitucionales ante la Suprema Corte con el fin de invalidar el decreto presidencial firmado el 11 de mayo que movilizó oficialmente a las Fuerzas Armadas para participar en tareas de seguridad pública hasta 2024. El decreto es, desde luego, una mera formalidad. A las fuerzas militares se les ha encargado ocuparse de cuestiones de seguridad pública desde hace 14 años, como parte de una estrategia de seguridad pública desastrosa que ha dado lugar a miles de violaciones a los derechos humanos, incluyendo desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones extrajudiciales.
Durante este periodo, los últimos dos presidentes han intentado -de manera infructuosa- presentar justificaciones legales y políticas para explicar este despliegue de fuerzas que, según lo señalan destacados juristas, es inconstitucional. El decreto firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 11 de mayo es simplemente el más reciente de estos esfuerzos. Las controversias actualmente pendientes ante la Suprema Corte no solamente son bienvenidas, también representan un paso positivo e importante para frenar los continuos intentos por justificar legalmente la militarización de la seguridad pública en México. (José Miguel Vivanco, Reforma, Opinión, p.10)
La fórmula mágica para robarse diputados del PES
Nos cuentan que la bancada del PT en la Cámara de Diputados ya encontró la llave que puede abrir la puerta para que algunos legisladores del PES se adhieran a su bancada. Nos recuerdan que en los próximos comicios hay reelección de legisladores y la única puerta que tienen los diputados de Encuentro Social para buscar otros tres años como legisladores es ser abanderados por alguno de los partidos con los que fueron aliados, es decir, Morena o el PT, esto porque el PES desapareció en el 2018. Nos cuentan que de esta manera el PT está buscando llevarse por lo menos a cuatro legisladores a su rebaño para rebasar al PRI con 47 y aspirar a presidir la Cámara de Diputados. Con esa solución sobre la mesa, ¿para qué molestarse con lanzar cañonazos de 5 millones por cabeza?
Aún buscan pelea por la compra de medicinas en el extranjero
La oposición en la Cámara Alta, nos dicen, está analizando la conveniencia de presentar una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que sea el máximo tribunal del país el que determine si es válida la reforma que fue aprobada vía fast-track en el Congreso de la Unión para que el gobierno pueda ignorar a los productores nacionales y comprar medicamentos directamente del extranjero. Nos dicen que la senadora panista Alejandra Reynoso explicó que sí tendría futuro este recurso legal pues, afirma, la autorización de adquirir equipo médico y vacunas en el exterior se contrapone con lo que dice el artículo 134 de la Carta Magna, donde se establece que las adquisiciones se harán a través de adjudicaciones o licitaciones públicas, asegurando para el Estado mexicano las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad. Veremos. (El Universal, Opinión, p.2)
Justo el día que México se convirtió en el tercer país en el mundo con más personas muertas por el Covid-19, desplazando de la ignominiosa posición al Reino Unido con 46 mil mexicanos fallecidos, 9 gobernadores del país, que representan a casi una tercera parte de la República Mexicana, se unieron para pedir la renuncia inmediata del encargado nacional de la pandemia, Hugo López-Gatell, bajo la acusación de que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud es responsable de una estrategia fallida que no sirvió para contener los contagios, aumentó el número de muertes e influyó en un derrumbe histórico de la economía nacional.
Los mandatarios estatales que en total gobiernan a 37 millones de mexicanos, el 30% de la población nacional, acusan al responsable nacional contra el coronavirus, de haber mentido y manipulado las cifras, de fallar repetidamente en sus proyecciones y de pretender delegar la responsabilidad de sus decisiones a los estados y municipios, agravando con todo eso la peor crisis sanitaria de la época contemporánea y generando las condiciones para que se convierta en una crisis humanitaria. (Salvador García Soto, El Universal, Opinión, p.7)
Cuando se creó la Guardia Nacional, hubo cuestionamientos sobre qué harían las Fuerzas Armadas (FA) y qué la Guardia Nacional (GN). Con el tiempo, esta pregunta dejó de tener sentido. En un principio se dijo que la GN, creada con una minoría de policías federales, sería civil. Luego se demostró que no lo sería tanto, y ahora quedó evidenciado que sigue siendo parte de las FA, con un agravante más: ahora son empujadas para asumir cada vez más responsabilidades.
Pase lo que pase en este país, la militarización no se detiene. Todo acontecimiento, sin importar su nivel de gravedad, cae “como anillo al dedo” al gobierno para que continúe militarizando la seguridad pública, o cualquier otra actividad que debería ser civil.
En días pasados, las FA (que agrupa a la GN y a las Secretarías de Defensa Nacional y Marina) dieron auxilio a la población que fue afectada al noreste del país por el huracán Hanna que dejó un saldo de tres personas fallecidas, cuatro más desaparecidas y cuantiosas pérdidas materiales. Las labores de auxilio por parte de las FA ante desastres naturales han sido implementadas en México desde hace varias décadas, por lo que no es de extrañar que ahora, también se incluya a la Guardia. (María Elena Morera, El Universal, Opinión, p.10)