*Defender los derechos de las personas migrantes y refugiadas en México es una tarea que en años recientes se ha enfrentado con enormes resistencias de parte de las autoridades. Tal vez se podría decir: “¿por qué hablar de migrantes?, primero que defiendan los derechos de las mexicanas y los mexicanos”*. Pero un gobierno que no respeta los derechos de las minorías más vulnerables de una sociedad termina por ser incapaz de hacer valer los derechos de todas y de todos. La indolencia y la incapacidad del Estado mexicano para defender a quien más lo necesita termina afectando tarde o temprano a toda la ciudadanía.
Como lideresas de organizaciones de la sociedad civil, estamos convencidas de que nuestro país puede y debe exigirse mucho más en la defensa de la población migrante, refugiada y solicitante de asilo. *México puede hacer las cosas mucho mejor, con los estándares que le corresponden a un país de su tamaño e importancia en el mundo*. Por eso, en abril y mayo, diversas organizaciones de la sociedad civil promovimos nueve amparos ante el Poder Judicial. *Buscamos que el gobierno federal cumpliera su obligación y brindara a la población migrante, refugiada y sujeta de protección internacional acceso a la salud, a una estancia regular y a una vivienda digna, así como que se suspendieran las detenciones y se liberaran a las personas detenidas en las estaciones migratorias*. A pesar de que el Poder Judicial emitió suspensiones a favor de las personas afectadas, las autoridades responsables no acataron las órdenes judiciales firmes. De hecho, constatamos con tristeza e indignación que las habían evadido.
La batalla jurídica continúa. *El 3 de agosto, el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa emitió una nueva resolución que ordena al comisionado del Instituto Nacional de Migración y al director general de Control y Verificación Migratoria llevar a cabo 11 importantes medidas de protección de manera efectiva, entre las que destacan poner de inmediato en libertad a las personas migrantes recluidas en las estaciones migratorias que son parte de algún grupo vulnerable; entregar un documento de residencia temporal a las personas liberadas e informar sobre el número de personas detenidas y liberadas de cada una de las estaciones migratorias en el país de forma continua*.
Además, *hay dos medidas ordenadas por los jueces que son de enorme relevancia. Una es que todas las personas en situación de migración o solicitantes de protección internacional deben tener asegurado el acceso a servicios de salud, y estar incluidas en las respuestas de prevención y mitigación de la pandemia, lo cual debe incluir pruebas y tratamientos en igualdad de condiciones con nacionales y migrantes residentes del país*. La otra gran noticia es que se ordena establecer una estrategia para que las personas migrantes y solicitantes de protección internacional accedan a programas sociales para garantizar su sustento, así como su protección y mitigación de los efectos de la pandemia. Así, se reconoce lo evidente: las personas migrantes tienen los mismos derechos que todas las mexicanas y los mexicanos.
La resolución del incidente otorga a los funcionarios 24 horas para acatar la resolución, o podrían ser denunciados ante el Ministerio Público Federal por el incumplimiento de una resolución judicial, lo que podría implicar la imposición de multas, la destitución del cargo como servidores públicos o hasta privación de la libertad, de acuerdo con la Ley de Amparo*. También ordena a la Secretaría de Gobernación informar en el mismo plazo las acciones que realiza para cumplir con la estrategia.
La experiencia de muchos años nos dice que nunca es prudente cantar victoria anticipada cuando una resolución judicial ordena a una autoridad cumplir con sus obligaciones. *Seguiremos muy atentas para verificar que este mandato se convierta en realidad, porque al defender los derechos de las personas migrantes, defendemos los derechos de todas y de todos*. Y es justo y necesario reconocer la labor fundamental del Poder Judicial en este caso, porque al cerrar las puertas a la simulación, siempre se abren espacios para la esperanza. (Ana Lorena Delgadillo, Gretchen Kuhner, Alejandra Macías y Ana Saiz, El Universal, Opinión)
La pandemia “ha llegado a los campos de refugiados hacinados e insalubres”, escribió el pasado 20 de abril Blanca Garcés Mascareñas en el diario español El País, refiriéndose a lo que está sucediendo en la frontera greco-turca.
La respuesta del gobierno griego frente a esa situación fue la de cerrar esos campos y expulsar a quienes allí vivían. Como explicó la periodista: “El miedo a la pandemia les permitió justificar lo que hasta ahora parecía injustificable. Los migrantes que de por sí vivían en condiciones terribles, ahora han visto cerrados por completo los lugares para refugiados”.
México ha hecho algo similar, aunque lo ha encubierto con un discurso diferente. Así, *mientras la secretaria de Gobernación dice que “la sociedad mexicana es solidaria con quienes huyen de su país por razones políticas* o por la violencia perpetrada por grupos criminales”, desde el pasado mes de marzo, *se comenzó a repatriar a casi cuatro mil centroamericanos de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua (el porcentaje de devolución es de cerca del 60% de los migrantes) y se cerraron los lugares en los que habitaban. Escribe Fabiola Martínez: “Las estaciones del Instituto Nacional de Migración son 65 y tienen capacidad de albergar a 8,500 personas, pero están prácticamente vacías luego de que se desalojó a los extranjeros”*.
*No hay que ser especialmente avizado para darse cuenta de que hay una brecha entre el discurso de solidaridad con los inmigrantes y la realidad de lo que se está haciendo con ellos*. Así lo manifestó Porfirio Muñoz Ledo en su Twitter: “Los migrantes son maltratados y sus derechos violentados. Es una actitud indigna de México”. Y termina acusando de hipocresía a la SEGOB.
*Y en efecto, todo indica que así es, pues tanto en el Día Mundial de los Refugiados el pasado 20 de junio, como en el evento conmemorativo por los 40 años de existencia de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, volvimos a escuchar los preciosos discursos (“La política mexicana es de recepción a los migrantes que busquen apoyo en la nación”, “Los migrantes son un elemento de suma importancia para enriquecer la cultura, hacernos crecer espiritualmente y estimular el crecimiento social y económico”)*, al mismo tiempo que el ejército está impidiendo la entrada de los migrantes en la frontera sur, se mantienen cerradas las estaciones migratorias y se hacen deportaciones.
*El Presidente ha culpado de esto al incumplimiento por parte de Estados Unidos de sus promesas de apoyar al sureste para crear empleos y frenar la migración hacia el norte. Pero no es nada más eso. Este proceder también se puede explicar por lo que quieren muchos ciudadanos mexicanos*. Véase por ejemplo lo que le respondieron a Muñoz Ledo: “Lamentamos que haya tantos inmigrantes en el país, tanto por la situación económica (Dígales que ya se pueden regresar, este país está en construcción y no es posible ayudarlos), como por la inseguridad (Échese una vuelta a poblados de Michoacán, Guerrero y Tamaulipas, a ver si se respetan los derechos humanos de los mexicanos. Somos candil de la calle.) Uno de ellos concluyó: “México no es apto para ser un país con fronteras abiertas”. (Sara Sefchovich, El Universal, Opinión, p. 10)
El 3 de agosto se cumplió un año de la masacre ocurrida en un Walmart de El Paso, Texas, donde 23 personas perdieron la vida, nueve de ellas mexicanas.
Fue uno de los ataques con armas de fuego más letales, arteros y cobardes del que se tenga memoria para nuestra comunidad.
Tras ser aprehendido, el agresor Patrick Cruisius (un joven de apenas 21 años), declaró que su objetivo era “matar mexicanos”, por lo que manejó de Dallas a San Antonio por más de 6 horas, con ese único fin: aniquilar por odio e ignorancia.
Claramente fue un acto de exterminio, un acto terrorista, alentado por la retórica anti-inmigrante con prejuicios racistas.
Tristemente, la masacre no ha sido un hecho aislado, sino una posible consecuencia del discurso de odio contra la comunidad hispana que ha sido exacerbado por los líderes de grupos supremacistas que lamentablemente ha llevado, entre otras acciones, a presionar a las autoridades para establecer políticas migratorias muy severas, donde el encarcelamiento de menores, la separación de familias, la negación de solicitantes de asilo, la detención y deportación por el aspecto físico se han vuelto un lugar común.
Se trata de un discurso con acciones, en donde los inmigrantes no documentados son vistos como un invasor que debe ser expulsado y no integrado en una sociedad que por muchos años ha sido considerada como ejemplo de tolerancia hacia la multietnicidad y el multiculturalismo. La sociedad abierta de Popper.
No sorprende entonces que en años recientes se haya registrado un aumento significativo de crímenes de odio hacia los hispanos. (Jorge Islas, El Universal, Opinión, p. 11)
Asteriscos
No carece de razón el sector empresarial, en especial el vinculado con el turismo, cuando exige al gobierno explicite las previsibles consecuencias de la decisión del amigo estadunidense, Donald Trump, de advertir a sus ciudadanos no viajar a México, pues las consecuencias serán gravísimas… Veámonos aquí mañana con otro asunto De naturaleza política. (Enrique Aranda, Excélsior, Nacional, p. 14)