El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) convertido en hospital de terapia intensiva para Covid-19 con más de 200 camas y primera línea de defensa para personas sin seguridad social, continuará así y ya empezó a concentrar la atención de los pacientes en el Valle de México. El objetivo es que institutos nacionales como el de Cardiología y el Hospital General Manuel Gea González retomen sus servicios para otros padecimientos.
El Hospital General de México que llegó a tener casi 200 personas hospitalizadas por Covid-19 –el sábado eran 83– reanuda su programa de cirugías. Los enfermos de Covid se concentrarán en el edificio de cardioneumología, afirmó Gustavo Reyes Terán, titular de la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (Ccinshae).
Quienes tienen otros males no pueden esperar más. Advirtió que mientras la tendencia del Covid-19 siga bajando aunque sea despacio, es posible reanudar otros servicios médicos con mucho cuidado, e incluso, hacer frente al peor escenario de influenza a partir de octubre próximo cuando se prevé que ambos padecimientos confluyan y aumente la demanda de atención hospitalaria. (Ángeles Cruz Martínez, La Jornada, Política, p. 3)
El grupo parlamentario de Morena en San Lázaro buscará un acuerdo con las Juntas de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados y también en la del Senado para poner a disposición de las autoridades educativas la señal del Canal del Congreso con el fin de transmitir el contenido educativo que será difundido, anunció Mario Delgado.
Queremos contribuir para que el programa sea un éxito y las niñas, niños y adolescentes reciban todos los beneficios de esta estrategia. Primero, la educación, indicó el diputado morenista, quien definió el programa Aprende en Casa II como un gran reto para nuestro país, para las autoridades educativas, para los maestros y sobre todo para los padres de familia; tenemos que estar más cerca ahora de la educación de nuestros hijos, estar al pendiente de que atiendan sus clases por la televisión y después hagan la tarea.
Por otro lado, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, dijo que el acuerdo alcanzado para que los partidos políticos y las autoridades electorales cedieran su tiempo en las señales de televisión multiprogramadas es una muestra de que cuando los actores políticos no pretenden lucrar políticamente se pueden construir consensos para apoyar las políticas públicas. (Néstor Jiménez y Alonso Urrutia, La Jornada, Política, p. 7)
Un juzgado de distrito del estado de Veracruz ordenó a la Fiscalía General (FG) de esa entidad que desarrolle un plan de investigación para buscar a Ricardo García Cruz, quien fue víctima, junto con otros ocho jóvenes, de una serie de desapariciones forzadas cometidas en diciembre de 2013, sin que las autoridades hayan cumplido con su obligación de buscarlo e informar a su familia los avances del caso.
El colectivo Idheas-Litigio Estratégico en Derechos Humanos indicó, a través de un comunicado, que en la resolución que tomó el pasado 3 de agosto, el juzgado quinto de distrito en el estado de Veracruz señaló que la fiscalía está obligada a que su plan de búsqueda esté en sintonía con el Protocolo Homologado de Investigación del Delito de Desaparición Forzada de Personas.
De igual forma, señaló que las autoridades judiciales del estado deben otorgar a la familia García Cruz una copia del expediente del caso. (Redacción, La Jornada, Política, p. 9)
En la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se han acumulado 34 acciones de inconstitucionalidad sobre temas electorales y la mayoría deberán resolverse este mes.
Los partidos que más quejas han llevado ante la Corte son Acción Nacional (PAN) y el Revolucionario Institucional (PRI), con seis acciones cada uno, mientras la entidad que más impugnaciones enfrenta es Baja California, con siete; seguido de Veracruz, con cinco.
La mayoría impugna reformas a las leyes y códigos electorales estatales de meses recientes, y sólo dos son de competencia federal.
Estas últimas se refieren al decreto publicado el 23 de abril, que redujeron los tiempos fiscales en radio y televisión, lo cual fue impugnado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el del Trabajo (PT) que consideran que eso les dejará menos espacios para su propaganda.
La acción del PT fue desechada de entrada, aunque el partido ya promovió una reclamación para que se revise esta decisión. (Redacción, La Jornada, Política, p. 11)
Santiago Mazari Hernández El Carrete fue sentenciado a 20 años de prisión por el cargo de delincuencia organizada, cometido con el propósito de distribuir cocaína.
Se trata del líder del grupo delincuencial Los Rojos, que también está siendo investigado por la presunta participación en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.
El ahora sentenciado fue detenido el primero de agosto de 2019 en un operativo conjunto de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de Marina (Semar) y de la Policía Federal (PF), en el municipio de Leonardo Bravo, Guerrero, luego de que el gobierno federal anunció que se reactivarían las acciones para esclarecer el caso de Ayotzinapa.
Esta primera sentencia contra el líder de Los Rojos le fue dictada por un juez de distrito con sede en Jalisco, quien lo declaró culpable de participar en una organización criminal dedicada a distribuir clorhidrato de cocaína, desde su base, en el estado de Morelos, al resto del territorio nacional. (Eduardo Murillo, La Jornada, Política, p. 12)
Valle De Santiago, Gto., El líder del cártel Santa Rosa de Lima, José Antonio Yépez Ortiz El Marro y cinco de sus cómplices fueron vinculados a proceso por el delito de secuestro agravado en perjuicio de una empresaria guanajuatense.
El juez de control del juzgado de oralidad penal dictó auto de vinculación a proceso por el delito de secuestro agravado, al que le corresponde una pena máxima de hasta 90 años de prisión; además, decretó prisión preventiva oficiosa para todos los imputados.
El pasado martes se inició de manera virtual y privada la audiencia de control de detención de Yépez Ortiz; el miércoles, el juez de control calificó como legal la detención de estos sujetos; sin embargo, no se les pudo vincular a proceso, pues el abogado de los seis inculpados pidió duplicidad de término legal a fin de recabar nuevos datos de prueba en favor de sus clientes. (Corresponsalía, La Jornada, Política, p. 12)