Un juez federal ordenó las aprehensiones de 19 ex funcionarios de la extinta Policía Federal y de la Comisión Nacional de Seguridad, entre ellos Jesús Orta Martínez y Frida Martínez Zamora, ex secretarios generales de la PF, por el delito de delincuencia organizada, derivado de supuestos desvíos millonarios en contrataciones de 2010 a 2017.
Orta fue hasta el pasado 4 de octubre Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en el gobierno de Claudia Sheinbaum, quien el fin de semana confirmó que su renuncia era consecuencia de esta investigación que la Fiscalía General de la República seguía en su contra.
En el caso de Frida Martínez, se trata de una de las colaboradoras más cercanas del ex Secretario de Gobernación Miguel Osorio Chong y actual senador del PRI.
Desde hace un año la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por Alfonso Durazo, había solicitado a la SFP indagar y sancionar pagos millonarios en la compra y mantenimiento de aviones y helicópteros, así como pagos inflados en la compra de patrullas y en arrendamientos, a partir de hallazgos de la Auditoría Superior de la Federación. (Abel Barajas y Benito Jiménez, Reforma, P.p. Gustavo Castillo, la Jornada, P.p.)
Con las revelaciones que están surgiendo en el proceso contra el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, detenido en Estados Unidos, se puede hablar de que en su momento había un “narcoestado” en el país, con un gobierno que estaba “tomado” y al servicio de la delincuencia, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Al hablar de los casos de corrupción que se indagan relacionados con Pemex en la administración federal anterior y Odebrecht, así como el proceso contra García Luna, el mandatario detalló que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no investiga a los ex presidentes Felipe Calderón ni Enrique Peña Nieto, ya que la Fiscalía General de la República no lo ha solicitado.
Durante su conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional, el Presidente refrendó su postura de enjuiciar a los ex mandatarios sólo con el aval de la población por medio de una consulta ciudadana, posición que, recordó, ha hecho pública en distintas ocasiones. (Néstor Jiménez y Alonso Urrutia, La Jornada, P.p.)
Cuando Genaro García Luna fungió como secretario de Seguridad Pública federal, “México fue un narco-Estado”, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador; Felipe Calderón se dio por aludido y respondió: “yo no soy el Presidente que anda saludando a la mamá del Chapo”.
La gestión de García Luna —acusado en EU de colaborar con el cártel de Sinaloa— detonó un intercambio entre ambos: López Obrador calificó de “vergonzoso” el papel del ex secretario por su posible colusión con el crimen organizado. Calderón le espetó: “yo no liberé a ningún criminal”, en referencia a Ovidio Guzmán.
El intercambio de acusaciones comenzó temprano, cuando en su conferencia matutina el Presidente señaló que (García Luna) “es un asunto realmente vergonzoso que (García Luna) actuara como secretario de Seguridad Pública federal y al mismo tiempo protegiera a una de las bandas del crimen organizado, como está quedando de manifiesto.
“Imagínense en qué situación estaba el país. Llegó a hablarse de un narco-Estado y sinceramente en ese entonces pensaba que no era correcto clasificar de esa manera al Estado mexicano, pero luego, con todo esto que está saliendo a relucir, pues sí se puede hablar de un narco-Estado, porque estaba tomado el gobierno. (Pedro Domínguez, Milenio, P.p. Carina García y Pedro Villa y Caña, El Universal, P.p. S. Ramírez y J. Butrón)
Líderes sindicales y funcionarios recibieron durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto 4 millones de dólares en sobornos para asegurar un mercado de préstamos a empleados de gobierno, salud, magisterio, y garantizar el pago sin mora, exhibió la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por su sigla en inglés).
Corporación de Aceptación Mundial (WAC, por sus siglas en inglés), compañía de préstamos de Carolina del Sur, acordó pagar 21.7 millones de dólares para resarcir las violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero que realizó su subsidiaria en México de 2010 a 2017.
WAC México repartió los sobornos a funcionarios y dirigentes sindicales de distintas maneras. Con depósitos a cuentas bancarias vinculadas a ellos y vía un intermediario que distribuyó grandes bolsas de efectivo. (Dora Villanueva, La Jornada, P.p.)
El ex mandatario Felipe Calderón sostuvo que de parte del presidente Andrés Manuel López Obrador hay persecución política contra él. Es un hostigamiento político, no se han cansado de sacar calumnias todos los días, esto no es justicia ni deseos de acabar con la corrupción. Es ganas de revancha política. Dijo que no se debe esperar a una consulta pública para que sea juzgado, eso es un acto arbitrario y palabras de un déspota, se debe aplicar la ley y realizar un juicio.
Yo no saludé a la mamá de El Chapo
Consideró que lo que está en juego son las elecciones de legisladores de 2021 y rechazó que su gestión haya sido un narcoestado, lo cual es ofensivo para México, porque si hubo un presidente que enfrentó con todo al narcotráfico y al crimen organizado fue esa administración. Afirmó: “no soy el mandatario que anda saludando a la mamá de El Chapo, no liberé ningún criminal en ninguna circunstancia”.
Calderón sostuvo que el gobierno federal utiliza mentiras para una persecución política en contra de sus adversarios, y con amenazas falsas están marcando venganzas políticas. Señaló que si el Presidente no tiene pruebas, que se calle, ya que esto no se trata de un show. Es justicia, derecho constitucional. (De La Redacción, La Jornada, P.p.)
Otro caso de pago de sobornos a funcionarios mexicanos fue detectado y castigado… pero en Estados Unidos.
La Comisión de Bolsa y de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) reportó ayer que World Acceptance Corporation, una compañía de préstamos con sede en ese país, acordó pagar 21.7 millones de dólares para resolver cargos luego de que su filial en México entregara más de 4 millones de dólares en sobornos a funcionarios estatales y líderes sindicales.
WAC de México opera con los nombres comerciales de Préstamos Viva y Préstamos Avance. La empresa sobornó entre 2010 y 2017 a funcionarios estatales y líderes sindicales para firmar convenios y prestar dinero a trabajadores y garantizar su cobro vía nómina.
Gran parte de esos créditos fueron para funcionarios estatales de salud y maestros afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). (Reforma Staff, Reforma, P.p.)
En los meses de mayo y junio de este año, los servicios de salud de la petrolera gastaron 11 millones 403 mil 333.67 pesos en la compra de diversos productos de este tipo, de acuerdo con los registros de compras obtenidos por EL UNIVERSAL, aproximadamente 5.7 millones mensuales en promedio.
Los 6 mil 931 profesionales de la salud de Pemex usaron esos productos para atender a 700 mil derechohabientes, entre trabajadores, jubilados y familiares en sus dos hospitales centrales, seis regionales, 13 generales, en tres clínicas-hospitales, 11 clínicas, 24 consultorios y una unidad médica del Centro Administrativo en esos dos meses.
En mayo y junio de 2019, en situación normal, Pemex adquirió fármacos por 78 millones 118 mil 386.16 pesos, 6.8 veces más de lo que gastó en el mismo bimestre de 2020, un promedio de 39 millones al mes. (Noé Cruz Serrano, El Universal, P.p.)
En el segundo trimestre de 2020, cuando la pandemia paralizó la actividad económica global, México recibió apenas 517 millones de dólares de ingresos generados por turistas internacionales.
Ese monto fue 91.4 por ciento menor a los más de 6 mil 12 millones que ingresaron en el mismo periodo del año pasado, según estadísticas presentadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El sector turismo es una de las actividades más afectadas por la parálisis económica, tan solo en junio la llegada de pasajeros internacionales se redujo 92 por ciento respecto del mismo mes de 2019.
Un análisis de Banco Base menciona que no se espera una rápida recuperación en el número de visitantes internacionales. (Ernesto Sarabia, Reforma, P.p. Dora Villanueva, La Jornada, Contraportada)
La Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, entró en periodo de aislamiento luego que el domingo por la mañana estuvo en contacto con su Secretario de Gobierno, Alfonso Suárez del Real, quien dio positivo a Covid-19.
Sheinbaum y Suárez del Real participaron en una reunión de seguridad a puerta cerrada, en la que también estuvieron otros funcionarios que ya fueron alertados.
“Me resguardo unos días como es el protocolo que se pide a todas las personas, y la Ciudad está trabajando con todos los secretarios”, anunció ayer la Mandataria. (Selene Velasco, Reforma, P.p. Alma Paola Wong, Milenio, P.p. Alejandro Cruz, Ángeles Cruz Martínez y Agencias)
La recaudación que obtiene el gobierno a través de las operaciones de comercio exterior registró una caída histórica en el primer semestre del año, resultado de los efectos económicos que ha tenido la pandemia del Covid-19.
De acuerdo con los datos publicados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en los primeros seis meses del año se obtuvo una recaudación de 420,889 millones de pesos, 15.9% menor, en términos reales, a lo que se recaudó en el mismo periodo del año pasado.
Esta es la tercera vez que la recaudación en aduanas cae desde el 2006, desde cuando se tiene registro, y la de mayor profundidad. En el 2009, en medio de la crisis financiera mundial, los ingresos por este concepto cayeron 15.7%, mientras que en el 2013 sufrieron una contracción de 5.7 por ciento. (Belén Saldívar, El Economista, P.p.)
Morena, que preside Alfonso Ramírez Cuéllar, y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que encabeza Carlos Salazar Lomelín, impulsan un decálogo de medidas para reconstruir la confianza y fortalecer la recuperación de la economía, el empleo y el bienestar de la población, tras los efectos de la pandemia del COVID-19 en la economía de México.
Las secretarías de Hacienda y Crédito Público, que encabeza Arturo Herrera, y la de Economía, que comanda Graciela Márquez, participan en el diseño de estas 10 medidas, entre las que destacan llegar a un acuerdo para incrementar los niveles de inversión pública y privada, poniendo el acento en el desarrollo regional y los proyectos de las entidades federativas.
También, impulsar la competencia económica ante el cierre de empresas en el contexto de la pandemia del COVID-19 y la posible concentración del mercado en algunos sectores dominantes que pueden dañar al consumidor. (Eduardo Ortega y Leticia Hernández, El Financiero, P.p.)
El gobierno federal ha gastado, en promedio, 271 mil 237 pesos por cada persona hospitalizada a causa del covid-19.
Desde el inicio de la epidemia en México, el 27 de febrero pasado, el gobierno mexicano ha invertido 35 mil millones de pesos en el combate al coronavirus. En estos más de cinco meses, según las cifras oficiales, 129 mil 38 personas han sido hospitalizadas, lo que representa un gasto de 271 mil 237 pesos por paciente.
Los 35 mil millones de pesos destinados a la atención de la pandemia —que incluyen la compra de insumos, reconversión de hospitales y la contratación de al menos 50 mil profesionales de la Salud— multiplican por diez la inversión proyectada. (Andrés Becerril, Excélsior, P.p.)
Arturo Herrera, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, consideró que, en un escenario razonablemente optimista, tendremos que vivir con el Covid-19 un año más.
El responsable de las finanzas públicas confió en que será corto el plazo entre el descubrimiento de una vacuna contra esa enfermedad y el momento en que esté disponible para un porcentaje alto de la población.
Asumamos que el despliegue se puede hacer relativamente rápido y tomara algunos meses. Eso quiere decir que podríamos esperar tener una solución definitiva en la segunda mitad de 2021.
En un artículo titulado La economía en tiempos del Covid-19, publicado ayer en el diario estadunidense The Washington Post, recordó que lo actual es muy distinto del escenario inicial de unas cuantas semanas. (De La Redacción, La Jornada, Contraportada)
La pandemia de Covid-19 no frenó en julio pasado el aumento de los salarios contractuales, que ligaron 21 meses con alzas por arriba de la inflación, según cifras oficiales. Ello significa que el poder adquisitivo de los trabajadores que han participado en esas negociaciones ha mejorado, al subir por encima de los precios.
De acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en el séptimo mes del año los salarios contractuales, es decir, los que negocian los sindicatos con las empresas, tuvieron un aumento de 5.9 por ciento, que al descontar la inflación resulta en un alza real de 2.19.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en julio la inflación general fue de 3.62 por ciento anual, su mayor nivel en cinco meses. (Braulio Carbajal, La Jornada, P.p.)
El Banco del Bienestar canceló un contrato de 10 mil 800 millones de pesos con Vivcolmex para que instalara ocho mil cajeros automáticos en las nuevas sucursales bancarias porque no tenía dinero y la Secretaría del Bienestar no le transfirió fondos.
“A la fecha el Banco del Bienestar no cuenta con recursos propios para hacer frente a este contrato, ya que actualmente está enfocado en cumplir con su plan de expansión y construcción de 2 mil 704 sucursales bancarias”, dice el dictamen de Justificación de Terminación Anticipada del Contrato firmado entre la institución de la banca social y Vivcolmex, y del cual El Sol de México tiene copia.
“El servicio para el que fue contratado Vivcolmex no se prestó en virtud de que el Banco del Bienestar no formalizó ni recibió recursos por parte de la Secretaría del Bienestar”, señala el reporte firmado por Raymundo Eugenio Peralta Herrera, director general Adjunto de Tecnología y Operación de la institución financiera. (Enrique Hernández | El Sol de México, P.p.)
Beirut. Hassan Diab, primer ministro de Líbano, anunció ayer la renuncia de su gobierno, al afirmar que la gran explosión que devastó la capital y provocó la indignación pública fue resultado de una corrupción endémica, al tiempo que fuerzas de seguridad dispersaron con gas lacrimógeno a cientos de personas en el tercer día consecutivo de protestas.
El estallido de más de 2 mil toneladas de nitrato de amonio en un almacén el martes pasado acabó con la vida de 220 personas, hirió a más de 7 mil, 300 mil se quedaron sin techo y destruyó parte de la ciudad mediterránea, coronando meses de deterioro político y económico y provocando airados llamados a la dimisión de todo el gobierno.
En un discurso televisado, Diab dijo que respalda los llamados de los libaneses comunes para que los responsables de este crimen sean juzgados. La catástrofe que afectó a los libaneses ocurrió a causa de la corrupción endémica en la política, la administración y el Estado, añadió. (Reuters, Afp, Ap, Europa Press y Sputnik, La Jornada, Contraportada, Guadalupe Galván, El Universal, P.p.)