El comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, dio a conocer que como parte del programa de modernización administrativa, más de 1,040 agentes migra torios han renunciado: por presuntos actos de corrupción.
Según se informó, fueron detectadas al interior del INM diferentes irregularidades en el trabajo de los funcionarios, desde extorsiones a los migrantes que ingresan a México, hasta dormir en horas de oficina.
El comisionado agregó que no todos los funcionarios fueron despedidos, ya que algunos renunciaron en cuanto supieron que sus actos de corrupción estaban registrados en video. (MaritzaPérez, El Economista, Política y Sociedad, p. 36)
Las crisis económicas y sanitarias a raíz de la pandemia del nuevo coronavirus sirvieron como catalizador para el agravamiento de la situación migratoria en América Latina.
Para el cierre de 2019, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) dio cuenta de un total de 4.5 millones de desplazados venezolanos, cifra que ha crecido en los primeros meses de este año.
Al mismo tiempo, y a pesar de las restricciones a la movilidad por el Covid-19, en México se ha observado un incremento de 33 por ciento en las solicitudes de asilo durante el primer trimestre de 2020.
De acuerdo con los recuentos del ACNUR, las personas que han pedido ser recibidas en territorio mexicano han sido, en su mayoría, originarias de Venezuela, Honduras, El Salvador, Haití y Cuba.
Hacia el pasado 5 de julio, entre México, Colombia, Perú, Chile, Argentina, Ecuador, Brasil, Panamá, Uruguay, Costa Rica, República Dominicana y Paraguay, la agencia de las Naciones Unidas registró un total de 2 millones 585 mil 173 desplazados o individuos con “situación migratoria irregular”.
En Colombia, la cifra de migrantes venezolanos ascendió de 1.3 millones a 1.7 millones del cierre de 2019 a junio de 2020. De dicho conteo, 43 por ciento de las personas fueron clasificadas como de condición migratoria no estable.
Según el ACNUR, la pandemia ha recrudecido el contexto de los migrantes debido a los cierres fronterizos, el limitado acceso a servicios de sanidad y la pérdida de empleos.
El pasado 28 de abril, 400 ciudadanos bolivianos instalaron un campamento callejero a las afueras del Consulado de su nación en la ciudad de Santiago, Chile, con la finalidad de presionar a las autoridades para que les permitieran volver a su país.
Para esta fecha, casi todos los Gobiernos de América Latina ya habían decretado estado de emergencia de cara al avance del virus.
Los desplazados bolivianos que ocuparon las afueras de su Embajada en la capital chilena, que carecían de insumos sanitarios y no tenían la posibilidad de respetar la sana distancia, argumentaron que los cierres de los pasos fronterizos les habían impedido retornar a su patria, algo que buscaban ante la situación económica.
El 22 de mayo, un grupo de 140 cubanos que estaban varados en Estados Unidos regresaron a su país mediante el primero de dos vuelos de repatriación convenidos entre Washington y La Habana.
A su regreso, un equipo de sanidad sometió a los retornados a una examinación clínica con el objetivo de descartar una posible infección.
Siete días antes, más de 17 mil migrantes venezolanos se anotaron en el Consulado de su país en Quito, Ecuador, para solicitar ser repatriados por vía aérea.
Pedro Sassone, cónsul de la República Bolivariana en la capital ecuatoriana, reconoció públicamente que el Gobierno venezolano, el cual fletó dos vuelos de repatriación dos semanas atrás como parte del plan “Vuela a la Patria”, no iba a poder atender la petición dado que la cifra de solicitantes era demasiado elevada.
En paralelo, hacia finales de mayo, las autoridades migratorias de Panamá habían notificado que más de 2 mil 500 desplazados habían quedado varados en las zonas limítrofes del país. Según los mandos panameños, casi 2 mil de estas personas fueron recluidas en albergues de la región del Darién.
Para el 14 de junio, Colombia mandó instalar un campamento transitorio en Cúcuta para atender a los migrantes venezolanos que quedaron varados.
Durante los meses de pandemia, Caracas ordenó que por los pasos fronterizos sólo entren máximo 300 personas cada lunes, miércoles y viernes.
Unos 90 mil venezolanos migrantes que radicaban en Colombia retornaron de forma voluntaria a su país debido a la crisis económica generada por la pandemia, informó la oficina de migración colombiana el 21 de junio.
En tanto, las autoridades de Costa Rica pactaron con Panamá el 26 de junio que trabajarían de manera conjunta para facilitar la movilización de diversas caravanas de desplazados que deseaban volver a Nicaragua.
En Brasil, los residentes de las favelas de ciudades como Sao Paulo también se han visto en la necesidad de dejar atrás sus hogares ante la falta de insumos económicos.
Muchos de ellos, quienes ya vivían anteriormente en condiciones de hacinamiento y pobreza, fueron despedidos de sus trabajos y no pudieron continuar con sus pagos de alquiler, los cuales ascendían a 150 dólares mensuales, aproximadamente, en gran parte de los casos.
Por su parte, el colectivo defensor de derechos humanos LabCidade estimó, al 24 de julio, que más de 2 mil familias habían perdido sus casas en el estado desde marzo y que otras mil podrían perder las suyas en las próximas semanas. (Staff, Reforma, Internacional, p. 15)
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Secretaría de Salud (Ssa) que dé certeza a la solicitud de información respecto a los nombres, historial académico y laboral, así como el lugar donde ejercieron su labor los médicos traídos de Cuba para ayudar durante la emergencia sanitaria de Covid-19, debido a que la dependencia se declaró “incompetente” y manifestó desconocer lo solicitado por el particular.
En la respuesta inicial a la solicitud de información, la Secretaría de Salud se declaró incompetente para conocer lo solicitado y determinó la inexistencia de la información y lo orientó al demandante a dirigir su requerimiento al Instituto de Salud para el Bienestar, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.
Inconforme con la respuesta, el solicitante interpuso un recurso de revisión ante el INAI, mediante el cual manifestó que el Instituto de Salud para el Bienestar es un organismo dependiente del sujeto obligado; por lo tanto, la manera de solicitar la información era a través de la Secretaría de Salud.
El INAI efectuó una búsqueda de información pública oficial, y advirtió que el 6 de abril de 2020 el titular del Poder Ejecutivo Federal señaló que existían pláticas con el gobierno de Cuba para solicitarles, de ser necesario, ayuda con especialistas y médicos de terapia intensiva.
Asimismo, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo y la secretaria de Salud de la Ciudad de México, Olivia López Arellano, manifestaron que existe un Convenio de Colaboración suscrito entre el Gobierno de la Ciudad de México y el Instituto de Salud para el Bienestar; para que 585 médicos, paramédicos e ingenieros biomédicos cubanos realizaran en México acciones de capacitación, análisis de protocolos, trabajo epidemiológico y atención directa.
La ponencia del comisionado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas, advirtió que el Gobierno Federal y la Ciudad de México concertaron las acciones de colaboración a través del Instituto de Salud para el Bienestar y la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. (Alejandro Páez, La Crónica de Hoy, Nacional, p. 5)
(Eduardo Ortega, El Financiero, Nacional, Política y Sociedad, p. 37)
El turismo de negocios repuntó durante junio con la llegada de tres mil 860 viajeros, pero esta cifra apenas representa cinco por ciento de la cifra reportada en el mismo mes de 2019. Los especialistas coinciden en que el turismo de negocios será uno de los que se active primero después de la semiparálisis de la actividad económica a causa de la pandemia, pero tardará varios meses o años en recuperar el ritmo de 2019.
De acuerdo con datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación (Segob), en junio viajaron al país más del doble de viajeros por motivos de negocios respecto a mayo.
Ese incremento refleja la reapertura de industrias como la automotriz y de la construcción que recibieron a personal de la cadena de valor como inversionistas, proveedores, compradores e, incluso, de mantenimiento, explicó losé Manuel López Campos, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur). (Juan Luis Ramos, El Sol de México, Finanzas, p. 16)
Las divisas captadas por la llegada de turistas a México en los primeros seis meses del año se vieron fuertemente afectadas por la pandemia de Covid-19, siendo el sector que más cayó con una recepción de apenas 6 mil 530 millones de dólares contra los 13 mil 057 millones de dólares recibidos en el mismo periodo del año pasado, lo que significó un desplome de 50 por ciento, según cifras del Banco de México.
Al menos en el mismo periodo de 2019, las exportaciones agropecuarias fueron las más bajas; sin embargo, en esta ocasión pese a que no registraron aumentos tan importantes, fue suficiente para dejar en la última posición a los ingresos turísticos. Las exportaciones agropecuarias pasaron de 9 mil 826 millones en el primer semestre de 2019 a 10 mil 541 millones de dólares, con un repunte de 7.2 por ciento.
En el caso de las remesas, éstas registraron un repunte de 11 por ciento al pasar de 16 mil 970 millones de dólares en el primer semestre del año pasado, a 17 mil 254 millones en 2020. (Berenice Luna, La Razón, Negocios, p. 13)
Información Migratoria Internacional
La plataforma electoral demócrata en 2020 propone “reconstruir asociaciones y alianzas” en lo internacional y renovar instituciones domésticas, incluso el sistema migratorio, castigadas durante el gobierno del presidente Donald Trump.
“No podemos simplemente aspirar a restaurar el liderazgo estadounidense. Debemos reinventarlo para una nueva era”, indicó el texto elaborado por una comisión y sujeto a la casi segura aprobación de los participantes en la Convención Nacional virtual que comienza hoy.
Los demócratas creen que cuatro años más de Trump “dañarán nuestra influencia sin remedio” y que hay cerrar el capítulo de “Estados Unidos primero” es sólo el comienzo, en un documento que, sin embargo, incluye pronunciamientos definidamente nacionalistas y hasta definiciones que podrían ser vistas como proteccionistas.
El texto proclama que “el hemisferio occidental es la base estratégica de Estados Unidos, una región unida por valores, historia y visión comunes de un futuro más próspero, democrático y seguro”, y en ese marco “reafirmarán la importancia de América del Norte para la competitividad económica global de Estados Unidos”. (José Carreño Figueras, El Heraldo de México, Orbe, p. 22)
En los archivos de la Suprema Corte están paralizadas al menos 31 extradiciones, ya sea de narcotraficantes, defraudadores o lavadores de dinero, todos ellos a la espera de una resolución de los ministros para saber si serán o no enviados a enfrentar a la justicia de otro país.
Esto sin contar las decenas de juicios de amparo que esperan ser revisados en juzgados y tribunales federales de todo México, promovidos por personas que, en los últimos años, han sido solicitadas por diversos países para ser extraditadas.
Los casos más llamativos que siguen abiertos en la Corte son el del narcotraficante y prófugo de la justicia, Rafael Caro Quintero o el promovido por el exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández. La extradición de este último fue solicitada por el gobierno de Estados Unidos desde octubre de 2017, la petición fue aceptada por nuestro país en marzo de 2018 sin embargo, a casi tres años de la petición inicial, la SCJN tendrá la última palabra, pero no antes de que acabe el año. El pasado 7 de agosto un tribunal federal envió a la Corte el amparo promovido por Hernández en contra de la orden de extradición para ser enviado a Estados Unidos y juzgado por lavado de dinero.
Para los magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo de Tamaulipas, en su demanda de amparo, Hernández Flores argumentó temas de constitucionalidad de las normas de extradición que, por su importancia, solamente le corresponde resolver a la Corte.
Si finalmente la SCJN rechaza el amparo, con base en el procedimiento de la Ley de Extradición Internacional, el exmandatario estatal podría ser enviado a Estados Unidos y procesado por los cargos de defraudación bancaria y asociación ilícita para lavar dinero.
Un caso inédito por su rapidez para concretarse fue el de Joaquín El Chapo Guzmán, a quien el 18 de enero de 2017 la Suprema Corte le rechazó atraer dos amparos contra su extradición a Estados Unidos. Esa misma tarde un tribunal federal fue notificado de la decisión y al día siguiente el líder del Cártel de Sinaloa fue extraditado a Estados Unidos donde ya fue sentenciado a cadena perpetua.
En diversas sentencias, la Suprema Corte apunta fallas en los procesos de extradición y considera necesario marcar pautas para respetarlos y aclarar que el ejercicio del derecho a la defensa de los extraditables no puede ser coartado y en todo momento debe ser respetado por la autoridad.
La ley establece que una vez que existe un juicio de amparo la Secretaría de Relaciones Exteriores no puede finalizar el proceso de extradición y notificar al Estado requirente el acuerdo que la concede, porque eso prácticamente significaría su ejecución de la extradición, lo que resultaría en la violación de diversos derechos del extraditable.
Por tanto, la Cancillería está obligada a esperar a que se resuelva el juicio para que, en caso de que se otorgue el amparo, se cumpla la sentencia a favor del extraditable. Solamente en caso de que sea rechazado, la SRE podrá notificar al país que la pidió y ordenará la entrega del acusado.
Un caso que muestra la tardanza en este tipo de procesos es el de José Antonio Torres Marrufo, El Jaguar, quien fuera el principal operador y jefe de sicarios del Chapo Guzmán en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Él logró paralizar durante siete años la orden de extradición a los Estados Unidos girada en su contra. (Juan Pablo Reyes, El Sol de México, P.p.)
(Juan Pablo Reyes, La Prensa, Nacional, p. 17)
En cumplimiento al Tratado de Extradición firmado entre México y los Estados Unidos de América (EUA), la Fiscalía General de la República (FGR), entregó en extradición al gobierno de aquel país a dos personas de nacionalidad mexicana, requeridas para ser procesadas por su probable responsabilidad en diversos delitos.
Dimas “C”, es requerido por la Corte Superior del Estado de Arizona, Condado de Maricopa, para ser procesado por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio, secuestro y allanamiento de morada. La entrega de este individuo se realizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a los agentes estadounidenses designados para su traslado final a ese país.
Dimas Coronado Chafino es acusado de haber privado de la vida, el 1º de septiembre de 2018, a dos personas que se encontraban en el interior de una casa remolque ubicada en Phoenix, Condado de Maricopa, Arizona. Una de las víctimas (una mujer embarazada al momento de los hechos) era la madre de los dos menores hijos del extraditado. Al huir del lugar de los hechos, el reclamado secuestró a los menores de edad y los trajo consigo a territorio nacional.
En el caso de Paulo “R”, lo reclama la Corte Superior del Estado de California, condado de Santa Cruz, para ser procesado por la probable comisión del delito de homicidio. Su entrega a los agentes de EUA, se llevó a cabo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Toluca, Estado de México.
Paulo Ramírez Luna es acusado de haber privado de la vida a un menor de 16 años durante una riña en la que participó como miembro de la pandilla denominada “Los sureños”, en Santa Cruz, California, en octubre de 2009. (Redacción, Ovaciones, Seguridad, p. 11)
(Manrique Gandari, La Prensa, Nacional, p. 17)
A las 19 horas, en Palacio Nacional, la Secretaría de Salud dirige el informe diario sobre COVID-19 en México.