SEGURAMENTE en la Secretaría de la Función Pública no desayunan hot cakes, porque sólo tienen mala leche. La sanción contra la revista Nexos es una prueba más de cómo Irma Eréndira Sandoval usa su cargo y la ley con fines de golpeteo político.
COSA DE VER que la inhabilitación por dos años y la multa por un millón de pesos en contra del grupo que encabeza Héctor Aguilar Camín es por un contrato para una, sí, una página, de apenas 74 mil pesos, con todo e IVA. Es decir, la multa que impuso la SFP es ¡13.5 veces el monto original! Nomás para darse una idea de la desproporción, la empresa del hijo de Manuel Bartlett recibió una sanción de sólo 2 millones de pesos por un contrato de 31 millones, es decir, apenas el 6.4 por ciento.
A ESO hay que sumar que Sandoval no se limita a informar de un acto jurídico, que es su chamba, sino que convierte el comunicado oficial en una especie de arenga partidista, como es su costumbre.
Y EL QUE de plano ya perdió el piso es el subsecretario Jesús Robles Maloof, que se olvidó de la investidura del cargo con expresiones como “Aguilar Camín y sus secuaces”. Pero en este gobierno no hay censura. (Fray Bartolomé, Reforma, Opinión, p.10)
La Fiscalía General de la República se deslindó de inmediato de la filtración de la denuncia de Emilio Lozoya. “La copia… que está circulando en los medios de comunicación -dijo- no fue proporcionada a ninguno de ellos por esta institución”.
El deslinde es necesario, ya que difundir una denuncia en proceso es un delito. De por sí la FGR estaba en un brete ante la filtración primero, y difusión abierta por el Presidente después, de un video que presuntamente sería una prueba en la denuncia de Lozoya. Por eso la Fiscalía añadió a su deslinde una petición muy controvertida: “Invitamos también a quienes la recibieron para que proporcionen el origen de dicho envío”. Quizá tendrían que preguntarle a López Obrador.
Filtrar pruebas y denuncias es la forma más fácil de asegurar la impunidad de criminales o corruptos puesto que constituye una violación de la presunción de inocencia y del debido proceso. Si el Presidente quisiera realmente combatir la corrupción, sería el principal interesado en impulsar procesos jurídicamente impecables. Pero no. Él mismo, molesto porque a su parecer los medios no le dieron suficiente difusión al video, lo exhibió en su mañanera y convirtió la filtración en un acto de gobierno. También dijo que todo el mundo debería leer la denuncia filtrada. La indignación de la FGR palidece ante esta invitación del Presidente. (Sergio Sarmiento, Reforma, Opinión, p.10)
AMLO y 50 millones, cómplices de Lozoya
Tremendo trabajo y seguimiento de pistas tendrán que realizar los agentes y ministerios públicos de la Fiscalía General de la República para dar con el o los responsables de la filtración de la denuncia de hechos del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. Y como las escaleras se barren de arriba hacia abajo, nos hacen ver, tendrán que husmear en principio por Palacio Nacional, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador confesó en la mañanera del jueves que él estuvo leyendo el documento la noche del miércoles pero no lo terminó, pues no podía desvelarse. Después, los agentes deberán recorrer las redacciones de los medios de comunicación y el grupo de Whats de los reporteros que cubren la Fiscalía, porque ahí se compartió el archivo en PDF de 60 páginas. Por si fuera poco, deberán comenzar a indagar entre los grupos de amigos de Whats, porque después de las 19:00 horas ya compartían el chisme, perdón el texto. Así que la tarea no será fácil: 50 millones de mexicanos están bajo sospecha, que de momento nadie ha sido citado a declarar ante el fiscal…
Mandato legal para los morenosMuchísimas cejas se levantaron dentro y fuera del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con la resolución de la sala superior para la renovación de la dirigencia de Morena, el partido en el gobierno. Nos comentan que grupos de morenistas se encargaron de sembrar que el tribunal estaba totalmente hecho bolas y dividido para la resolución: enviar al Instituto Nacional Electoral la conducción del proceso de renovación, con la definición del método para aplicar la encuesta abierta. El único que votó en contra, nos comentan, fue el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, muy cercano al grupo político de expanistas de Felipe Calderón. Con ello, el TEPJF cierra de forma adecuada esta tarea para entrar de lleno a septiembre y al arranque del proceso electoral federal, nos dicen. (El Universal, Opinión, p.2)
La denuncia se viralizó rápidamente. Primero llegó a algunos reporteros, muy pocos, en la mañana del miércoles 19 de agosto. Trabajaron discretamente en varios textos, con la idea de publicarlo en sus medios esa misma noche. Después de las cuatro de la tarde, otros periodistas recibieron copia de algunos abogados, cercanos al gobierno obradorista. Foro TV decidió publicar la historia tal cual estaba. La subieron a su portal a las 5:51 de la tarde.
Al final de la pequeña nota con los detalles más relevantes del documento añadieron un link para que pudiera descargarse como pdf. Una fuente, quien pidió no ser identificada por su nombre, me aseguró que la inclusión del documento completo en la nota se debió a un error del community manager. Después de eso, el adjunto llegó a cientos de reporteros, activistas, abogados, jefes de medios y usuarios de redes sociales en cuestión de dos horas. (Peniley Ramírez, El Universal, Opinión, p.2)
¿Alcanza usted a imaginar sobornos por 516 millones de pesos? Ese es, más o menos, el monto del cohecho que denunció Emilio Lozoya Austin ante la FGR, parte del cual —acepta— fue para su beneficio. Agregue a eso una multimillonaria suma, hasta ahora no cuantificada, de pérdidas para el erario, por contratos leoninos, compras fraudulentas de plantas chatarra y transacciones ilegales para el beneficio personal, el de amigos contratistas y el de grandes intereses políticos y económicos. Una operación criminal de escándalo, pues involucra a tres expresidentes, dos excandidatos presidenciales, dos gobernadores y al menos cinco exlegisladores del PAN y del PRI.
Es claro que el que acusa tiene que probar, como claro es que el acusado debe demostrar su inocencia. Es incontestable, además, que el acusador Lozoya Austin es un infractor confeso (así haya actuado por órdenes superiores y se haya acogido a criterios de oportunidad para atenuar su castigo); como incontestable es que ya denunció formalmente a Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Luis Videgaray, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Francisco Domínguez Servién, Salvador Vega Casillas, Jorge Luis Lavalle, David Penchyna, Ricardo Anaya, Osiris Hernández, Ernesto Cordero, José Antonio Meade, José Antonio González Anaya, Carlos Treviño Medina, Rafael Caraveo Opengo y Carlos Salinas de Gortari. (Raúl Rodríguez Cortés, El Universal, Opinión, p.9)
En la denuncia que Emilio Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) se menciona como presuntos responsables de incurrir en actos de corrupción y en operaciones fraudulentas contra la empresa productiva del Estado a los ex presidentes Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto (además de Carlos Salinas de Gortari, al parecer en grado de tentativa), así como a los ex candidatos presidenciales Ricardo Anaya y José Antonio Meade, entre muchos otros personajes de la clase política de los dos sexenios más recientes. La mayor parte de los señalamientos se relaciona con los sobornos que la firma brasileña Odebrecht habría repartido entre legisladores, por conducto del propio Lozoya, para hacer aprobar la reforma energética.
Las declaraciones de Lozoya, más que revelar, confirman la podredumbre generalizada entre quienes detentaron el poder en décadas recientes. Las máximas pruebas de la corrupción descrita en la denuncia filtrada son del dominio público desde hace años: el desmantelamiento de la industria energética, el debilitamiento del sector público de la economía, la crónica falta de recursos para atender necesidades básicas de la población, el crecimiento lacerante de la desigualdad, y el surgimiento de fortunas tan fabulosas como inexplicables entre altos funcionarios y sus allegados. (La Jornada, Editorial, p.2)
Prepara INE atraco de más de 20 mil millones de pesos // La autodestrucción del prianismo // Calderón también está embarrado
Aunque hay cuatro nuevos consejeros en el Instituto Nacional Electoral (INE), el poder lo mantienen Lorenzo Córdova, Ciro Murayama y el secretario ejecutivo Edmundo Jacobo Molina. La Comisión Temporal de Presupuesto, que preside Ciro, se dispone a aprobar el lunes próximo el presupuesto para 2021.
Literalmente es un atraco contra el pueblo mexicano, que vive hoy uno de los momentos más penosos de su historia, víctima de una doble crisis: la sanitaria y la económica.
El gasto que se propone ejercer es de 20 mil 465 millones de pesos. A modo de comparación, el gobierno federal piensa gastar menos de 25 mil millones de pesos para vacunar a toda la población, mediante el acuerdo con Argentina y la asociación de la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca, en la que participa la Fundación Carlos Slim.
El argumento que sirve de base al presupuesto del INE es que el próximo año se renovarán la Cámara de Diputados, 30 congresos locales, los ayuntamientos de 30 entidades federativas y 15 gubernaturas.
En total, 21 mil 368 cargos de elección popular. Hubo propuestas en el sentido de hacer economías, presentadas por los consejeros Norma de la Cruz y José Roberto Ruiz, que no fueron atendidas. Córdova, Ciro, Jacobo y sus secuaces no quieren entrar a los grandes temas, como desaparecer el seguro de separación individualizada del cual disfruta la burocracia dorada del instituto, y que cuesta 270 millones de pesos al año, ni tampoco a los gastos que podrían calcularse como egresos plurianuales.
Quieren que todo entre el año próximo para facilitar el manoteo. Dejé para el último renglón lo peor: los 20 mil millones del presupuesto no son todo. Agreguen los subsidios a los partidos políticos por 7 mil 226 millones de pesos. En total, las elecciones del próximo año costarán 27 mil 691 millones de pesos. Más de mil millones de dólares. ¿Hasta cuándo?
Tú también, Calderón
La denuncia de Emilio Lozoya ante la Fiscalía General de la República revela beneficios que supuestamente fueron dados a Odebrecht en el sexenio de Felipe Calderón. En su denuncia señala: Quiero dejar muy en claro que Odebrecht sí tuvo una participación relevante en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Pero también tuvo una gran participación en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.
Lozoya menciona que durante el gobierno de Calderón se celebró un contrato multimillonario con la empresa Braskem, a la cual se refiere como accionista de Odebrecht. El punto de la relación es la planta Etileno XXI. Lozoya agregó: Muchos panistas dentro del sexenio de Calderón recibieron fuertes sumas de dinero y con ello Braskem se posicionó tanto, que incluso recuerdo que hicieron una parte de una sesión de su consejo de administración en Los Pinos, con la presencia de Felipe Calderón Hinojosa. (Enrique Galván Ochoa, La Jornadsa, Opinión, p.6)
La política, a los juzgados // Reacciones por Lozoya // Amparo a Alonso Ancira // Morena y tribunal electoral
Una porción definitoria de la pelea política (y electoral) relacionada con las denuncias de Emilio Lozoya Austin se traslada a la arena netamente judicial. Más allá del dicho de un ex funcionario altamente corrupto, que ahora delata a sus presuntos cómplices en espera de un enorme aligeramiento de castigos contra él y su familia, de la credibilidad o no que merezcan sus supuestas delaciones y del alto impacto me-diático y político que éstas tengan en lo inmediato, el conjunto narrativo del ex director de Pemex queda a disposición de un Poder Judicial federal que ha tenido malas calificaciones históricas, sujeto siempre a presiones de diversa índole, no sólo las provenientes del ámbito político o presidencial.
La aparatosa relatoría hecha por el ex director de Pemex contra 17 políticos, ex legisladores o funcionarios públicos y una periodista, varios de aquellos de primer nivel en el tinglado institucional tradicional, ha llevado a deslindes retóricos que suelen ser casi obligados en estos casos, pero también y, sobre todo, a su disposición a recurrir ante los jueces.
El manejo político y mediático del caso Lozoya ha instalado, desde ahora, firmes indicios de violación al debido proceso judicial, parecería con una intención clara de privilegiar la difusión de las redes de criminalidad política, aunque el juglar colaborativo quede exento de castigo verdadero alguno. Ha sido abierta la intrusión del Presidente de la República, en sus conferencias matutinas de prensa, en terrenos que la Fiscalía General de la República debería mantener bajo celosa reserva. A fin de cuentas, en Palacio Nacional se prefiere la exhibición de una parte muy demostrativa de la corrupción nacional por sobre los detalles de una legalidad que, por otra parte, ha sido usada con frecuencia en administraciones anteriores para proteger a esos mismos corruptos. (Julio Hernández López, La Jornada, Opinión, p.8)
Que cronistas de la época describen que la afición del presidente Adolfo López Mateos por los automóviles, heredada de su familia, lo llevo a impulsar la construcción del Autódromo Hermanos Rodríguez y era Pedro Rodríguez padre quien cada año le regalaba un Ferrari, como ese que Emilio Lozoya afirma obsequió el ex gobernador Javier Duarte a Enrique Peña Nieto.
Entre los vehículos célebres del ex mandatario aquel figura un Ferrari 250 GT Pininfarina coupé serie II modelo 1960 que promovía el distribuidor texano Driver Source con la leyenda “Is was delivered new to president of Mexico Adolfo López Mateos in 1960”, cuyo valor rebasaba hace unos años los 25 millones de pesos.
Que el manoseo del caso Emilio Lozoya está a tal grado que quien filtró la denuncia censuró algunas partes y los sospechosistas señalan que, por lo pronto, desapareció la página 49 del documento, que alude a la zona petrolera sur de Veracruz, de donde es oriunda una colaboradora de la 4T. La pregunta es si así estará redactado el documento, si es un error de origen de la Fiscalía General de la República que encabeza Alejandro Gertz, o si trataron de encubrir o medir con dos varas el caso. (Milenio, Opinión, p.2)
La filtración de la denuncia de Emilio Lozoya ante la FGR, el miércoles, ha desatado una serie de reacciones que van desde el presidente López Obrador, que ayer le dedicó 52 minutos en la mañanera, hasta la última mesa del país.
Y es que nunca habían acusado de corrupción a tres ex presidentes de la República: Carlos Salinas de Gortari, al que reduce a comisionista y cabildero del PAN, Felipe Calderón Hinojosa y a Enrique Peña Nieto, a quien coloca como el centro de la operación de sobornos operados todos, dice, por Luis Videgaray, enemigo de Lozoya, lo que era mutuo.
Además, incluye a los dos contendientes, hoy de oposición, a la Presidencia de la República en 2018, José Antonio Meade y Ricardo Anaya, que se han desmarcado frontalmente de las acusaciones.
Esta filtración de la denuncia, que ayer el Presidente dio como auténtica, sigue a la del video, demoledor, donde aparece un enviado de Lozoya entregando 3 millones de pesos a operadores de los entonces senadores panistas Francisco Domínguez y Jorge Luis Lavalle
Las dos filtraciones se dieron luego de que el presidente López Obrador dijera, primero, que tenía mucho interés en conocer el video aportado por Lozoya, y apareció el video, y luego su deseo de que se hiciera pública la denuncia de Lozoya, y la denuncia apareció.
Pero independientemente de las coincidencias, en las que no creo, está el contenido, dice el Presidente, representativo de aquella podredumbre.
El riesgo es que podría haberse afectado el respeto al debido proceso, no lo sé, lo que afectaría la vertiente procesal, dejando viva la mediática-electoral que parece primar. (Joaquín López-Dóriga, Milenio, Opinión, p.3)