En junio de 2009, un año antes de la tragedia de San Fernando, me correspondió alertar, desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sobre la creciente práctica del secuestro masivo de migrantes, mediante un Informe Especial que el gobierno de entonces rechazó y minimizó.
Infortunadamente, la alerta fue superada por una acción cruel, deplorable e irreversible, que acabó con la vida de 72 migrantes durante la noche del 22 al 23 de agosto de 2010 en un rancho de Tamaulipas.
La masacre se constituyó tristemente en la tragedia emblemática del drama migrante en nuestro país.
Esta herida, enorme y profunda, no ha podido cicatrizar por dos razones: porque ha acumulado 10 años sin justicia y porque ni siquiera su magnitud e impacto se tradujeron en un alto o punto final al sufrimiento de las personas migrantes en territorio nacional.
Por aquellos días se expresaron discursos, lamentos y algunas buenas intenciones, pero nada cambió para los indocumentados. (Mauricio Farah, El Universal, Opinión, p.11)