La Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) encontró una serie grave de irregularidades en el financiamiento de las agrupaciones políticas que buscan obtener registro como partidos. Entre las anomalías detectadas se encuentran haber recibido aportaciones de personas no identificadas y de entes prohibidos, el uso de una aplicación que no permite identificar al aportante, donaciones de personas sin capacidad económica para hacerlas, así como aportaciones en especie en las que no se acreditó la relación entre el aportante y el proveedor de los bienes y servicios.
De las siete organizaciones sancionadas, la que acumuló el mayor número de irregularidades fue Libertad y Responsabilidad Democrática, del ex presidente Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala: el proyecto de los Calderón-Zavala para volver al primer plano de la política tras sus renuncias al Partido Acción Nacional, se hizo acreedor de casi la mitad de los 6.1 millones de pesos en multas tras la fiscalización que aprobaron los consejeros electorales en sesión virtual. En el otro extremo se encuentra Fundación Alternativa, del ex priísta César Augusto Santiago, que únicamente sería sancionado con 63 mil pesos. (La Jornada, Editorial, p.2)
¿Por qué Lozoya lanza acusaciones contra tres ex presidentes y una parte estratégica de la clase política mexicana?
El monopolio indolente. A partir del modelo de Albert Hirschman podríamos caracterizar a la élite gobernante, hasta antes de 1997, como una en la cual la voz estaba administrada por diversos escalones jerárquicos, la salida tenía un precio muy alto y la lealtad se constituía en el engranaje que posponía la voz y bloqueaba la salida. La élite gobernante funcionó, dada la ausencia de competencia electoral, como un monopolio indolente. La lealtad tenía elementos ideológicos ligados con la matriz fundadora de la Revolución Mexicana. Pero sobre todo, gracias a cierto grado de estabilidad, se había podido construir una lealtad por contubernio reforzada por la impunidad que disuadía comportamientos cívicos, alentaba el oportunismo y proporcionaba garantías a los aliados para que siguieran siendo aliados. El precio de entrada era sumamente alto, es decir, requería carrera política, en donde el elemento disciplina era vital, junto con el adiestramiento, en una determinada parafernalia para gobernar. Por otro lado, la salida contenía penas muy severas, dado que se trataba de un ejercicio monopólico de poder y, en consecuencia, con una presencia débil de élites alternativas. Aun así, para los miembros más exigentes, la alternativa era salirse hacia alguno de los partidos satélites –lo cual les permitía un limitado pero cierto acceso al poder– o bien hacia un servicio de mejor calidad, por ejemplo, el servicio exterior, pero de alto precio: no participar por cierto tiempo en política doméstica.
La escisión de las élites políticas. Con la salida de la Corriente Democrática del Partido Revolucionario Institucional se generó un espacio de competencia electoral que redujo los costos de la salida. Además, los procesos de desagregación y descomposición de la coalición gobernante generaron un espacio político-corporativo, es decir, en el ámbito de las reivindicaciones sociales, proclive a la deslealtad, porque el precio que se pagaba era sumamente bajo en el ámbito electoral cuando aumentó la competencia. Así, algunos actores corporativos se comportaron como un gorrón, aprovechando la incipiente competencia electoral para amenazar con la salida para obtener ventajas corporativas. En el límite, como en el caso del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, se salió del arreglo priísta tradicional, sin perder ni influencia en las políticas públicas ni cierto espacio electoral. (Gustavo Gordillo, La Jornada, Opinión, p.21)
Quien a video mata, a video muere…
La mañanera del viernes no fue la misma, terminó y el presidente Andrés Manuel López Obrador no mostró en pantalla el video de su hermano Pío, quien hace cinco años recibió dinero en efectivo de David León, quien estaba por asumir la responsabilidad de la distribución de medicinas a nivel nacional, para el “movimiento”. El martes pasado, ordenó a Jesús Ramírez, su vocero, que proyectara el video de los asistentes de senadores del PAN para demostrar la corrupción del caso Emilio Lozoya. “Vamos a pasarlo aquí, ayúdenos a que se difunda, para que se vea cuánto dinero recibían. Estos no son portafolios, son maletas, maletas”, dijo el Presidente. La mañanera de este viernes fue diferente. AMLO argumentó ayer que el dinero entregado a su hermano se trataba de contribuciones a su movimiento, para gasolina, para pagar a voluntarios. “No somos iguales”, secundó Ramírez. En una semana dos videos, en esta guerra política que muestra una cosa: quien a video mata, a video muere…
La hora de los deslindes del caso León
Desde el equipo del hoy senador del Verde, Manuel Velasco, nos aseguran que no hay registro en la administración del gobierno de Chiapas que vincule a David León como funcionario de aquel estado. Son versiones falsas, nos comentan, porque don David aclaró en sus mensajes de redes sociales que de 2013 a 2018 se dedicó a la consultoría externa y no ocupó cargos de servidor público. Tal postura, nos dicen en el equipo del exgobernador chiapaneco, desinfla narrativas que buscan generar golpeteos políticos. Como dicen por ahí: más vale un deslinde a tiempo, en tiempos de videoescándalos. (El Universal, Opinión, p.2)
Los videoescándalos y la guerra política desatada en el país desnudan y exhiben el mecanismo real que ha financiado a la política mexicana en las últimas décadas: el lavado de dinero de dudosa procedencia, ya sea de origen público o de procedencia criminal. El beneficio de esos recursos, según lo que se juzga en videos, ha servido lo mismo para apuntalar a la podrida alianza del PRI-AN que asentó en México a la constructora brasileña Odebrecht, con su red latinoamericana de corrupción, que a la continuidad del sexenio de Peña Nieto y sus llamadas “reformas estructurales” a base de sobornos y de una maquiavélica estrategia que favoreció al capital privado por sobre el interés público, mientras se saqueaba el dinero de las arcas públicas; pero al mismo tiempo ese mismo “lavado” aparece detrás del financiamiento ilegal de un “movimiento por la esperanza” que, de la mano de Andrés Manuel López Obrador, pagó las campañas que lo llevaron a ganar la presidencia en el 2018.
Las imágenes y las acusaciones que hoy están a la vista de los mexicanos, unos a través de filtraciones judiciales y otros a través de videos facilitados a la prensa, no permiten distinguir cuál de los dos tipos de corrupción es distinto: si el que financió con bolsas de plástico rellenas de fajos de billetes la aprobación de una reforma constitucional que abrió el petróleo a la explotación privada y extranjera, o el que, en sobres de papel amarillo recibió en manos de Pío López Obrador, hermano del actual presidente de la República, un financiamiento ilícito e ilegal por al menos 1 millón de pesos (más “varias entregas pendientes” referidas en el video de marras) para sostener un movimiento político que, por legítimo y bienintencionado que fuera, aceptó recursos económicos de una procedencia que no está del todo clara, pero que eran entregados de la mano de un “consultor externo” que trabajaba directamente con el gobernador de un estado del sureste mexicano.
El discurso político podrá decir que “no somos lo mismo” y que aún en la corrupción “hay niveles”, pero al final, a los ojos del mexicano común, de que sobrevive al día con uno o dos o seis salarios mínimos y que difícilmente logrará ver en su vida reunidos un millón de pesos y menos adentro de una bolsa de plástico o un sobre de papel amarillo, hablar de 1 o 1.5 millones de pesos que son entregados en un video a una sola persona, llámese Rafael Caraveo, Gonzalo Gutiérrez Badillo o Pío López Obrador, significa exactamente lo mismo: corrupción y transa. Porque nadie en este país, que viva y gane su dinero de un modo honesto, podrá nunca recibir esa cantidad de dinero sin que signifique que se está prestando a un manejo sucio y turbio de financiamiento, a eso que el vox populi identifica como “malos pasos” o que la ley clasifica puntualmente como el delito de “operaciones con recursos de procedencia ilícita” mejor conocida como “lavado de dinero”. (Salvador García Soto, El Universal, Opinión, p.5)
Salvo que el gobierno añada menos de 390 muertes a su contabilidad de este sábado, México llega, exactamente hoy (a más tardar mañana), a 60 mil muertes confirmadas a causa del virus SARS-COV-2, de acuerdo a los datos oficiales de la pandemia.
¿Cuál es la relevancia del dato, dirá usted, como para no escribir del tema del momento, de los videoescándalos, si cada día aumentan los fallecimientos y probablemente el 3 de septiembre habrá 70 mil muertos, de acuerdo a las proyecciones del IHME (https://covid19.healthdata.org/mexico)? Lo primero radica en no normalizar el sufrimiento, no ver como algo natural la mutilación de 60 mil familias. No insensibilizarnos al dolor, como nos ha sucedido con la violencia.
Y dos, lo trascendental de ese dato, de las 60 mil muertes, es que se trata justamente de la cifra que, el 4 de junio pasado, el doctor Hugo López-Gatell Ramírez presentó como lo que sería un escenario muy catastrófico para México. Aquel día, cuando habló de las proyecciones de la Secretaría de Salud, dijo esto: (Juan Pablo Becerra-Acosta M, El Universal, Opinión, p.7)
La conciencia pública del país despertó hace unas semanas con la sorpresa de que los gobernantes pueden ir a la cárcel durante o después de su mandato, mediante la aplicación estricta de la ley y la supresión del fuero. La Revolución Mexicana probó que todos podían ser asesinados. La costumbre se rompió cuando el General Calles fue cortésmente desterrado. El sistema político se institucionalizó mediante una red de complicidades heredadas: la tapadera sexenal. Fue así que ascendimos al primer premio como el país más corrupto de la OCDE y al pódium de los ganadores en América Latina.
Un nuevo régimen significa la separación entre lo público y lo privado, el fin del conflicto de intereses y la cancelación del soborno o “mordida” que nos hizo mundialmente célebres. El mayor acierto del discurso de AMLO fue colocar a la corrupción como el eje de los Grandes Problemas Nacionales. Su compromiso irrevocable es combatirla hacia dentro y hacia fuera “caiga quien caiga”. La voracidad y el prematuro futurismo destapados en las elecciones del 2021 por quienes pretenden llevarse la piñata completa. Los “ambiciosos vulgares” como él les llama. (Porfirio Muñoz Ledo, El Universal, Opinión, p.10)
Que ese apoyo femenino sí se ve y al previsible cierre de filas de algunos liderazgos de Morena, como Claudia Sheinbaum y Yeidckol Polevnsky, después de la difusión de los videos de David León y Pío López Obrador, se sumó un “oportuno” tuit del gobierno federal desde su cuenta @GobiernoMX en el que expone que Leona Vicario “utilizó su fortuna para apoyar la causa independentista”, claro, a propósito de su 178 aniversario luctuoso, dato que también subrayó Beatriz Gutiérrez Müller después de participar en la inauguración del Paseo de las Heroínas.
Que desde su oficina en Insurgentes Norte 59, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, giró la instrucción a su coordinador en la Cámara de Diputados, René Juárez, para que Dulce María Sauri sea la nueva presidenta de la Mesa Directiva de San Lázaro y conduzca, por tanto, los trabajos legislativos del segundo Informe del presidente Andrés Manuel López Obrador y reciba el Paquete Económico 2021. En el Senado el bueno será el monrealista Eduardo Ramírez. (Milenio, Opinión, p.2)
El combate a la corrupción es mandato democrático y exigencia tan ineludible como impostergable. Resulta ejemplar que el presidente López Obrador haya encarado públicamente el tema y defina posición por la legalidad en ocasión de la divulgación de un video en el que hay una supuesta entrega de dinero entre un funcionario de gobierno y un hermano del mandatario.
La igualdad ante la ley es principio fundamental. Abatir la corrupción es esencialmente una acción de legalidad, no es suficiente la denuncia pública, se requiere que las instancias de autoridad y jurisdiccionales intervengan con apego a la ley y garantizando el debido proceso, para que las sentencias tengan sustento estricto y exclusivo en la ley.
El país vive momentos cruciales. La crisis sanitaria, su severo efecto en la economía y la persistencia de la inseguridad plantean un escenario más que complicado. Dar curso a la lucha contra la corrupción se enmarca en este contexto, especialmente por la denuncia del ex director de Pemex. El curso adelante es el de la legalidad a través de la actuación de la Fiscalía General de la República, dirigida por un funcionario acreditado por su talento, honestidad y profesionalismo. (Liébano Sáenz, Milenio, Opinión, p.2)
Vaya semana. Casi no hubo día sin acusados, señalados o involucrados en la trama del caso Lozoya, Odebrecht y sus “confesiones”. La casta política a escena. A primer cuadro: sus gesticulaciones, sus mensajes cifrados, sus enredos, las sobreactuaciones. El teatro de país. Ha de tratarse del segundo acto de la nueva obra política llamada La Cuarta Transformación pues va muy en el tono dramático con el que suele desenvolverse: inconexa, confusa, caricaturesca, fársica.
La función está echada. Miremos lo hermoso que se va proyectando cada movimiento actoral. Entendamos las instrucciones del director de escena: cualquier cosa mala que se logre sembrar y escenificar en los espacios públicos (que no en los juzgados) hará que crezca la expectación y se aplauda con histeria. Sí. Va en el tono fársico de la 4T. Veamos lo magnífico del populismo justiciero de nuestro Presidente, obsérvese cómo florece el mensaje polarizador, no se pierdan la actuación de sus fiscales, la excelsa desenvoltura de su caricatura, las bufonadas de las filtraciones de expedientes, lo burlesco del debido proceso, el sarcasmo impulsivo de los títeres, la miseria de sus actores principales.
Como en la farsa, quizá el show no pretenda mover a la risa, pero bien que busca la vergüenza del espectador que observa, embelesado, la realidad de un país cada vez más desdibujado e irreal.
En el primer acto, Emilio “L” en el papel de bufón principal, señala a diestra y siniestra a los participantes de una gran trama de corrupción no exenta de sobornos, extorsiones y tráfico de influencias. Salen a escena 17 actores, tres ex presidentes, dos candidatos, dos gobernadores y otros 10 ex funcionarios. El teatro nacional en la carpa. Más dramáticos unos que otros, pero todos —o casi todos— se llaman engañados y aprovechan los reflectores para revirar incluso con más gracia histriónica que el truhan principal. La tensión dramática lleva a los más conspicuos a sobreactuar: por aquí uno filma un video, se proclama víctima, llama al honor propio y hasta presenta denuncia por daño moral. Por allá otro levanta la voz para anunciar que se ha mancillado su honorabilidad y acusa de traición por vendetta política. Solo otro botón de muestra más. El de un actor discreto en las formas que escribe un hilo en Twitter para recordarnos su desinteresada contribución al bien del país, que estará localizable y advierte que no contribuirá a los escándalos mediáticos. (Fernando del Collado, Milenio, Opinión, p.3)
Hace algunas semanas varias imágenes que mostraban descargas de aguas residuales a la bahía de Acapulco ocasionaron indignación en diferentes ámbitos y movilizaron a las autoridades federales a realizar una investigación sobre esos hechos.
Un poco antes y por efecto de cierre de las playas por la epidemia por covid, las aguas de la bahía de Santa Lucía mostraba en todo su esplendor un cristalino color verde turquesa que también ocupó las páginas de la prensa nacional.
Es cierto que la temporada de lluvias ocasiona la bajada de corrientes a la bahía, lo cual explicaría el intempestivo arribo de las aguas contaminantes, pero también lo es, que desde hace algunos años, las plantas de tratamiento de aguas residuales han visto comprometida su operación, vital para la sustentabilidad de un destino turístico como Acapulco.
Por eso, la reciente visita del presidente Andrés Manuel López Obrador al puerto abrió nuevas esperanzas para los guerrerenses, especialmente por tres anuncios que me parecen de la mayor trascendencia: el primero y más importante es el saneamiento de nuestra bahía. (Ángel Aguirre Rivero, Milenio, Opinión, p.11)
¿Dónde está Morena?
Nos hacen ver que justo ahora cuando al Presidente se le ha abierto un frente importante por el videoescándalo revelado por el periodista Carlos Loret en el que figura involucrado su hermano Pío —tema que por el momento ha tendido a desplazar al caso Lozoya en los espacios de debate público—, pudiera haber quien eche de menos una estructura partidista capaz de reaccionar y mostrar arropo a la 4T. Sin embargo, nos dicen, Morena, partido al que por cierto el debate abierto la noche del jueves pasado también alcanza y que tendría que jugar ese rol, se encuentra paralizado, con sus divisiones renovadas y entre autodestapes, tras la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de pedirle al INE que realice una encuesta para elegir dirigente. ¿Alguna duda de por qué el propio López Obrador avaló esa decisión?
El que planteó ayer un reclamo formal a la red social Twitter fue el senador Ricardo Monreal, quien, nos comentan, ayer se convirtió en el objetivo de montones de cuentas que a partir de una fotografía sacada de contexto, pretendieron hacer creer que recibió dinero de manera irregular. Se trata de una imagen que data de 2015, cuando siendo jefe delegacional en Cuauhtémoc denunció que alguien intentó darle un soborno. En aquel entonces el zacatecano denunció los hechos en una conferencia en la que se mostró el recurso. Pero de pronto ayer esas imágenes empezaron a ser profusamente compartidas en la red social, con el dato falso de que había recibido el monto de dinero. De ahí la airada denuncia que ayer hizo el legislador a Twitter, en espera de ser escuchado, aunque también anticipó que acudirá a las autoridades competentes a que deslinden responsabilidades.
Nos comentan que el posicionamiento casi inmediato del exgobernador Manuel Velasco respecto al caso de los presuntos donativos a Morena desestima el señalamiento de que los fondos que se ve que Pío López Obrador recibe en el más reciente videoescándalo pudieran provenir del gobierno que encabezó en Chiapas. “Estoy a favor de que se hagan las investigaciones necesarias por parte de las instancias correspondientes y quede esclarecido que mi gobierno nunca entregó apoyos a ningún movimiento político”, declaró ayer el senador. La apertura a que se lleve a cabo una indagatoria, en el mismo sentido que lo planteó el propio Presidente en su mañanera de ayer, previo a rechazar que los dineros entregados a Pío pudieran provenir del chiapaneco. (La Razón, Opinión, p.2)
Tan fifí y tan sumiso, tan brillante y tan tarugo; el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, sentará precedente en la justicia a la 4T si, con su denuncia de hechos contra los villanos favoritos del Presidente López Obrador, se beneficia con el criterio de oportunidad. Moraleja: “robemos, embarremos y disfrutemos”.
La anarquía justiciera hizo realidad los deseos de AMLO. Máxima publicidad a la inmundicia (de todos) ¡fuera máscaras! Balconeadas las presuntas pillerías de Peña, Videgaray, Salinas, Calderón, Anaya, Cordero, Meade, Penchyna, Domínguez, García Cabeza de Vaca, Vega Casillas, los muertos, los vivos y también los buenos.
A la FGR toca recoger varas en esta orgía pirotécnica. La difusión de la denuncia de hechos corrompe el debido proceso y viola el principio de presunción de inocencia de los imputados.
En 60 cuartillas (algunas repetidas otras sin firma) Lozoya, sibarita peñista, hila recuerdos y describe su calvario a manos de Peña y Videgaray quienes saqueaban como respiraban, del cabildero panista Carlos Salinas, de los rapaces legisladores que lo ordeñaban cual ducto de Pemex en Hidalgo o Puebla. (Carlos Urdiales, La Razón, Opinión, p.2)
Dice AMLO que los sobres con dinero que en 2015 recibió su hermano Pío, de manos de David León Romero, extitular de Protección Civil, son “aportaciones voluntarias” de ciudadanos a su movimiento. “A nosotros nos financiaba el pueblo”, justificó en la mañanera. Sería interesante que el Presidente nos dijera si esos recursos se registraron como gastos de campaña. De lo contrario, como bien los señalan la diputada del MC, Martha Tagle, y el perredista Fernando Belaunzarán, es delito electoral.
El consultor Luis Carlos Ugalde, exconsejero presidente del INE, precisó en Twitter: “Las aportaciones por montos superiores a 90 días de salario mínimo invariablemente deberán realizarse mediante transferencia o cheque nominativo” (Reglamento de Fiscalización del INE). Eso equivalía, en 2015, aproximadamente a 6 mil 300 pesos.
El Presidente le puso cifras al “maíz” recibido por su hermano. Calculó en dos millones de pesos la cantidad “donada” por David León Romero a su hermano Pío.
Quiso minimizar el contenido del video haciendo comparaciones con el caso Lozoya. Se valió de la transa en Agronitrogenados “donde se cobraron 200 millones de dólares más” para ese propósito. (Francisco Garfias, Excélsior, Opinión, p.4)
Limpia judicial. El Consejo de la Judicatura Federal inhabilitó por 20 años e impuso una sanción económica de 3.49 millones de pesos al exdirector general de Inmuebles y Mantenimiento, Francisco Javier Pérez, por haber recibido dinero que no correspondía a sus prestaciones y haber aceptado, inclusive, regalos de lujo. En febrero de 2017, a Pérez Maqueda se le encontró en la cajuela de un auto oficial 3 millones 491 mil pesos. “Nuestra postura continúa siendo firme: cero tolerancia a la corrupción. La política del CJF y su presidente, Arturo Zaldívar, se define a través de acciones, no discursos”, afirmó el Consejo mediante un comunicado. “Trabajamos por un Poder Judicial de la Federación confiable, sensible y cercano a la gente”. ¿Y el dinero mal habido, adiós, para siempre adiós?
Las benditas redes. En días recientes Ricardo Monreal ha sido atacado mediante cuentas de Twitter de dudosa procedencia. El coordinador de Morena en el Senado denunció que ha sido víctima de ataques sistematizados y coordinados con el objeto de desprestigiarlo. Informó que la campaña de desacreditación, basada en la descontextualización de hechos, ha puesto indebidamente su nombre como tendencia entre los usuarios de la red social. Monreal señaló que, siendo jefe delegacional en Cuauhtémoc, en 2015, realizó una denuncia por intentos de soborno y que hoy se utilizan estas imágenes para acusarlo de hechos ilícitos. El senador de Morena dijo que “debido a esta distorsión de los hechos” presentó una denuncia ante Twitter México. Dos rayas menos a los rencores en redes sociales, por favor. (Excélsior, Opinión, p.11)
CONSTE que no es queja, pero ¡qué corta estuvo la mañanera de ayer! Fue muy evidente que el Presidente no quería decir ni pío de los videos en que su hermano Pío López Obrador aparece recibiendo dinero ilegal para el movimiento lopezobradorista.
POR MÁS que Andrés Manuel López Obrador insista en que no es lo mismo un soborno en maleta Louis Vuitton que un soborno en bolsa de papel, la realidad es que el propio mandatario terminó admitiendo la comisión de un delito electoral, pues se trata de financiamiento ilegal para Morena.
ANTE ESTO hay dos preguntas obvias: ¿este golpazo contra la imagen presidencial fue un revire por el uso mediático del caso Lozoya y el salpicadero que anda haciendo? ¿Cuántos videos más hay para evidenciar la corrupción de los morenistas? Las respuestas se conocerán de aquí a las elecciones que, por lo visto, traerán más estrenos de escándalo que Netflix. (Fray Bartolomé, Reforma, Opinión, p.8)
Por un momento dejemos en paz a los muertos por la pandemia y la violencia en México. Ya habrá tiempo de hablar de ellos. Concentrémonos, como desea el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en la corrupción y los fraudes que han plagado los últimos sexenios. Su diagnóstico es correcto: la corrupción corroe la democracia. Así que hablemos de todos los videos (y al final me referiré al del hermano del Presidente).
Un video subido clandestinamente a YouTube -y presentado por AMLO en una de sus mañaneras- muestra a dos exempleados del Senado, que trabajaban para representantes del Partido Acción Nacional, recibiendo millones de pesos en fajos de billetes. El dinero era, supuestamente, para que los entonces senadores votaran por una polémica reforma energética aprobada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. “Es bastante fuerte”, dijo el Presidente al presentar el video, “muestra la inmundicia del régimen de corrupción”.
No hay manera de saber si el video es parte del material que el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, le entregó a la Fiscalía General de la República. Lozoya fue recientemente extraditado a México. En su denuncia penal, filtrada a la prensa, Lozoya acusa de corrupción y tráfico de influencias a 16 políticos (incluyendo tres expresidentes) que antes eran intocables. (Jorge Ramos Ávalos, Reforma, Opinión, p.8)