El Instituto Nacional de Migración (INM), informó que el australiano Bradley Tavis Fiddler mejor conocido como Brad Hunter, acusado de presuntos actos de violencia de género, no se encuentra en territorio nacional.
Lo anterior en respuesta al exhorto emitido por el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, para conocer el estatus migratorio de este extranjero que a decir de la diputada local Alessandra Rojo de la Vega “es un hombre que viaja por todo el mundo violentando a las mujeres, acosándolas, difundiendo imágenes y videos sin su consentimiento en redes sociales, en donde cobra por cursos supuestamente de seducción y de estilo de vida”.
En un comunicado de prensa, el INM destacó que como parte de los protocolos de ley, se estableció comunicación con las autoridades correspondientes y colaborará con las investigaciones a las que haya lugar.
“El INM refrenda su compromiso por el respeto irrestricto de los derechos humanos y la colaboración entre instituciones del Estado mexicano para salvaguardar la integridad de nacionales y extranjeros en el país”, agregó.
A través de sus redes sociales, la diputada local Rojo de la Vega, alertó sobre el acosador australiano de nombre Bradley Fiddler y sus amigos, que se dedican a salir con mujeres y a tomar fotos íntimas para después publicarlas sin su consentimiento. (Ernesto Méndez, Excélsior, Comunidad, p. 22)
El Instituto Nacional de Migración confirmó que el australiano Bradley Tavis Fiddler, denunciado y señalado de acosar a mujeres mexicanas, ya no está en el País. (Óscar Adrián Galindo, Reforma, Ciudad, p. 20)
De enero a junio, México ha entregado 9 mil 978 tarjetas de visitante por razones humanitarias, siendo los ciudadanos haitianos los más beneficiados con un total de 2 mil 375 documentos, informó el Instituto Nacional de Migración (INM).
El Instituto, dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob), detalló que se tiene una reducción del 63 por ciento con respeto a las tarjetas de visitante por razones humanitarias que las emitidas en el mismo periodo de 2019.
De acuerdo con datos obtenidos por El Sol de México, los ciudadanos venezolanos son los que más solicitan este beneficio con un registro de mil 906 peticiones, seguidos por los hondureños con mil 902.
La tarjeta de visitante es un documento que le permite a las personas extranjeras permanecer en el territorio nacional de manera temporal siempre y cuando subsistan las causas por las que se emitió dicha condición.
Entre los supuestos o condiciones más importantes para obtener dicha tarjeta se encuentran ser niña, niño o adolescente no acompañado, solicitante de asilo político o de reconocimiento de la condición de refugiado, haber sido ofrendado, víctima o testigo de un delito cometido en el territorio nacional.
El INM expuso que las cifras de 2020 reflejan el impacto de las medidas tomadas por los países para atender la emergencia sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus que se presenta a nivel mundial. (Carlos Lara, El Sol de México, p. 6)
Al menos cinco por ciento de quienes nacieron en la capital vive en el extranjero –500 mil de una población total de 8 millones 800 mil habitantes-, sin embargo hasta ahora no tenían un diputado que los representara, toda vez que el Congreso de la Ciudad de México eliminó en noviembre del 2019 del Código Electoral local la figura de diputado migrante, sin embargo, el 14 de agosto pasado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación restituyó la figura y para 2021, tras las elecciones, será parte del Poder Legislativo.
De acuerdo al consejero electoral del Instituto Electoral de la CDMX (IECM), Yuri Beltrán, la capital será la primera que realmente tenga un diputado migrante, ya que el próximo año los capitalinos que vivan en otro país van a poder elegir a un compatriota que, como ellos, resida en el extranjero para convertirse en diputado migrante.
Beltrán explicó que la capital del país será pionera en el tema ya que, aunque las Constituciones de algunos estados tienen una figura de representación para ellos no fue establecido que se eligiera por sus habitantes en el extranjero o el elegido no es migrante.
Aunque Zacatecas eligió a su diputada migrante, la eligieron los zacatecanos que viven en esa entidad, no los zacatecanos que viven en el extranjero y en Jalisco, los jalicienses que viven en otro país, votaron por un diputado que vive en territorio jaliciense, explicó el consejero electoral.
En las próximas dos semanas el IECM, deberá establecer los criterios de elegibilidad para ser candidato a diputado migrante, en las que se tendrá que definir cuántos años de residir en el extranjero debe tener una persona para ser candidata, definir si la residencia en el extranjero tiene que ser continua o no, con qué documento se acredita la residencia en el extranjero de la persona, y decidir si habrá candidatos independientes o sólo los que propongan los partidos.
Este enorme trabajo tiene que ver con que la definición de diputado migrante en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México es muy escueto, sólo dice habrá diputado migrante y tendrá características similares a las de un diputado por mayoría relativa, sin embargo no detalla las especificaciones para el puesto, tarea que fue confiada a los consejeros electorales.
La restauración de esta figura en el Código Electoral local es un logró en pos de los derechos de los capitalinos. Así lo considera el doctor en Ciencia Política, Daniel Tacher Contreras, quien lideró la estrategia legal para la restitución.
Es un hecho fundamental que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación haya restablecido un derecho que el congreso de la Ciudad de México había eliminado, observó.
Tacher consideró que es importante que los migrantes capitalinos en el extranjero tengan una representación, pues tienen a su familia aquí, pueden regresar en cualquier etapa de su vida y el año pasado aportaron un total de mil 100 millones de pesos en remesas a la CDMX. La nuestra está entre las 10 entidades del país que recibe más remesas, detalló.
Además, el politólogo recordó que las aportaciones de los capitalinos en otros países van más alla de dinero. El mundo sabe que existe la colonia Roma, en la Ciudad de México, gracias a un chilango Alfonso Cuarón que dirigió la película Roma y se ganó un Óscar.
Por su parte, María García, de la Organización Binacional Migrantes Aztlán, quien desde 1998 ha sido activista para que los mexicanos en el extranjero tuvieran derecho a votar y para que haya diputados migrantes expresó que tenemos derecho a tener nuestro representante como cualquier otro chilango. Los migrantes tienen a su familia en la ciudad, no podemos desentendernos de nuestra comunidad y nos importa la protección de las familias que dejamos cuando nos vamos.
Ella consideró que una característica que deben tener los candidatos a diputado migrante es que sea alguien que haya trabajado por la comunidad chilanga en el exterior, que tenga claro qué leyes se necesitan para beneficiar a los migrantes de la Ciudad de México y que conozca las leyes de México y Estados Unidos.
Tacher expresó que una de las tareas centrales del diputado migrante será proponer legislación que permita hacer válidas en la CDMX certificaciones otorgadas en Estados Unidos a diferentes oficios.
Si los certificados que obtienen allá son válidos acá, les daría mejor acceso a mercados laborales y eso permitiría a los chilangos que regresan del exterior se incorporen de manera plena a la vida laboral, dijo el politólogo.
Rumbo a la elección
El consejero Beltrán expresó que en el proceso electoral 2020-2021 cada partido deberá tener un candidato a diputado migrante. Aún se debate el formato de los debates pues las leyes federales impiden que se haga campaña en otros países; por lo que se analiza que sean a través de plataformas en línea.
Tacher consideró que en éstas campañas el IECM podría ser una especie de intermediario entre los candidatos y la comunidad migrante y organizar los debates o, incluso, apoyarse en instituciones neutrales: por ejemplo, la UNAM tiene sedes en varias ciudades, como San Antonio, Los Ángeles, las sedes son espacios absolutamente neutrales y si la UNAM colabora transmitiendo el debate desde su sede, eso contribuiría a que la gente vaya a verlo.
Por su parte, el consejero Beltrán destacó que no se puede alterar la composición del Congreso local y establecer un escaño más para el diputado migrante, por lo que en 2021, uno de los 66 escaños será para el diputado migrante y pertenecerá al candidato que obtenga mayor número de votos de chilangos que vivan en otros países.
Tacher explicó que quien resulte electo deberá venir a vivir a la Ciudad de México y cumplir con todas las obligaciones de un legislador, mantener comunicación constante con su comunidad y presentar iniciativas de ley relacionadas con las necesidades de su comunidad como reinserción laboral, programas para proteger a sus familias y otros temas claves para los migrantes de la CDMX.
El politólogo destacó que ya hay casos de éxito de esta figura en otras partes del mundo: dos países pioneros fueron Italia y Francia, así como República Dominicana, país en el que los diputados migrantes juegan un rol central ya que, después de Santo Domingo, Nueva York es la segunda ciudad donde habitan más dominicanos en el mundo y ellos tienen a su representante. (Georgina Olson, Excélsior,Comunidad, p. 24)
Organismos nacionales e internacionales apelaron a la coordinación entre las naciones, al advertir una reactivación del flujo migratorio y de solicitantes de refugio, conforme siga la pandemia.
En un diálogo organizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe(Cepal) sobre los efectos del Covid, se pidió privilegiar los derechos humanos de las personas migrantes, en el contexto de los compromisos firmados por las naciones de la región.
México informó que ha atendido a 525 migrantes menores de edad por posible contagio de coronavirus, así como la perspectiva de un mayor tránsito en la segunda mitad del año.
La titular del Consejo Nacional de Población (Conapo), Gabriela Rodríguez, mencionó el contexto económico vinculado a los paisanos, al señalar que México es el tercer país en el mundo con mayores ingresos por remesas, las cuales en el primer semestre del año en curso ascendieron a 19.1 mil millones de dólares, lo que significa un aumento de 10.5 por ciento respecto a 2019.
El presidente López Obrador dijo el jueves pasado que se prevé un cierre anual de 40 mil millones de dólares de los envíos del exterior y mencionó que esto nos está salvando de esta crisis.
Rodríguez añadió que 2020 reporta también para el país una disminución de las y los mexicanos expulsados y aprehendidos en Estados Unidos ya que en el periodo de octubre de 2018 a junio de 2019 se registraron 101 mil 49; mientras, en el lapso de 2019 a 2020 se tiene un registro de 51 mil 279 personas.
En lo que respecta a los mexicanos fallecidos en Estados Unidos a causa del Covid-19 hay un registro de mil 123 personas, señaló.
En cuanto a los solicitantes de refugio, indicó que de enero a julio de este año se han recibido 22 mil 192 peticiones (81 por ciento menos que 2019, pero 83 por ciento más que en 2018).
Sin embargo, existe un repunte en julio, con mil 834 solicitantes (43.39 por ciento más que en junio de 2020) y se espera que estas cifras sigan aumentando conforme avance la pandemia.
Mencionó que la contingencia sanitaria inhibe mayormente el número de mujeres solicitantes de refugio y disminuye el número de niñas, niños y adolescentes.
En el caso del desplazamiento interno forzado, indicó que para las personas desplazadas el confinamiento y la sana distancia son casi imposibles por condiciones de hacinamiento, en particular de la población indígena en los estados de Chiapas, Chihuahua y Guerrero.
Por su parte, la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena Ibarra, advirtió la necesidad de abordar los derechos humanos de los migrantes ante la emergencia sanitaria por Covid-19, pues merecen ser visibilizados y pensados desde las políticas públicas, la inclusión, la protección social y la igualdad.
Dijo que la pandemia que enfrenta el mundo es la peor crisis de un siglo. La pobreza alcanzará a 231 millones de personas, de las cuales 118 millones son mujeres, y 98 millones estarán en riesgo de padecer hambre; además, la desocupación llegará a 13.5 por ciento (44 millones) aunado a la alta informalidad de la región de 54 por ciento. (Fabiola Martínez, La Jornada, Política, p. 13)
La capacidad de alojamiento en la Casa del Migrante San Juan Diego, en el municipio de Huehuetoca, en el estado de México, se redujo a partir de la emergencia sanitaria por Covid-19 , al momento se permite la estancia de entre 20 y 21 hombres y al menos seis mujeres por día; además fue suspendido el ingreso de grupos de ayuda humanitaria.
Si bien es cierto que a principios de abril hubo una disminución considerable del flujo migratorio, también lo es que frente a la pandemia tuvimos que tomar varias medidas, expuso Eloy Vargas, director de la casa del migrane, en un mensaje emitido por medio de la cuenta de Facebook del refugio.
El sacerdote aseguró que el albergue sigue abierto para migrantes extranjeros con las recomendaciones de salud emitidas por las autoridades de salud. (Silvia Chávez G., La Jornada, Política, p. 13)
Lo que en casi cuatro años del gobierno estadounidense de Donald Trump no se logró, para contener el éxodo de migrantes centroamericanos que se aventuran al cruzar por México para alcanzar la frontera y cruzar a Estados Unidos, la pandemia del COVID-19 lo frenó de tajo, al grado que un 60 por ciento de quienes intentan alcanzar el sueño americano, decidieron posponer o cancelar sus travesías por temor al contagio del coronavirus o a morir por esta enfermedad, destaca un reporte presentado este sábado por Organización Internacional para las Migraciones (OIM), derivado de una encuesta efectuada a migrantes.
La encuesta efectuada en junio pasado compiló 1.660 respuestas por medio de un cuestionario en línea. Entre quienes participaron 45 por ciento eran varones, 54 por ciento mujeres y el resto se auto identificó como perteneciente al género “no binario”. La mayor parte de los participantes tenía entre 26 y 45 años de edad.
Esta actividad fue desarrollada en el marco del Programa Regional sobre Migración para Mesoamérica y el Caribe, con fondos de la Oficina de Población, Refugiados y Migración (PRM) del Departamento de Estado de los Estados Unidos.
De acuerdo con el estudio realizado por la OIM, más del 20 por ciento de quienes ya estaban viviendo en calidad de migrantes están considerando regresar a su país de origen tan pronto como disminuya la contingencia sanitaria por el SARS-CoV-2 y mejoren las condiciones económicas y se les permita regresar a sus países.
Algunas conclusiones del reporte que busca medir y comprender el impacto que la pandemia sobre los planes de migrar, apunta que cerca de la mitad de los migrantes han perdido sus puestos de trabajo debido a la pandemia, lo que les ha obligado a meditar sobre el regreso a sus lugares de origen.
El estudio también detalla que la situación socioeconómica, la salud física y mental y los factores de riesgo que los migrantes de la región deben enfrentar es una de las causas que ha frenado las intenciones de migrantes, la mayoría centroamericanos (El Salvador, Honduras y Guatemala) en cambiar su intención de tratar de llegar a Estados Unidos.
El reporte de la OIM refiere que si bien más de la mitad (51 por ciento) de todos los migrantes que participaron en la encuesta perdieron realmente sus empleos debido a la crisis sanitaria por el COVID-19, solamente un 20 por ciento de las personas se encuentran trabajando actualmente –lo cual sugiere que aproximadamente un tercio de todos los migrantes de la región no logran conseguir empleo en absoluto durante sus estadías temporales.
En el mismo tenor, el reporte señala que cuatro de cada diez migrantes con trabajos fueron testigos de la reducción de sus horarios laborales o de sus salarios. Casi la mitad (48 por ciento) de los participantes indicaron que sus salarios y sus ingresos se redujeron debido al coronavirus.
En lo que respecta al acceso a la salud, virtualmente todos los migrantes declararon haber cumplido con las medidas sanitarias de prevención contra el COVID-19. Menos del 10 por ciento sospechaban que podrían, en algún momento, haber contraído la enfermedad, pero aun así tan solo un tercio de estos últimos había recurrido a los servicios sanitarios. Esta conclusión refuerza la importancia de garantizar el acceso de los migrantes a los servicios de salud.
MIEDO.
La Organización Internacional para las Migraciones también destaca que la salud mental de los migrantes se ha visto afectada, puesto que más de la mitad de los encuestados dijeron haber tenido que enfrentar situaciones tales como un temor generalizado de contagiarse, al aislamiento, a la incertidumbre, a las consecuencias socioeconómicas y las preocupaciones derivadas de la pandemia.
El sondeo revela que los migrantes temen ser engañados o explotados al momento de procurar oportunidades económicas. Aun así, la mayor parte de los participantes señalaron que tal vez correrían el riesgo de aceptar un empleo en el exterior incluso sin contar con la información adecuada sobre el puesto ofrecido, aun a costa de enfrentarse a ser víctimas de trata. (Mario D. Camarillo, La Crónica de Hoy, 8 Columnas)
Chihuahua.- El confinamiento por la pandemia de Covid-19 pegó a las estructuras criminales, quienes pelean con más ferocidad.
El Fiscal General de Chihuahua, César Peniche, indicó que ante el cierre de la frontera entre México y Estados Unidos, la hipótesis es que la droga que no cruza se queda en territorio nacional.
“Y al aumentar la oferta, los criminales se disputan con mayor ferocidad a los consumidores”, explicó Peniche, quien precisó que el trasiego de sustancias en grandes cantidades tiene rutas informales, por ejemplo el Valle de Juárez.
“Por la frontera formal, cruces fronterizos, transitan cantidades menores y seguramente esa es la que deja de cruzar o habrán variado en estrategia”, agregó.
El 21 de marzo, Estados Unidos restringió los viajes no esenciales terrestres por los puentes internacionales.
La medida se extendió hasta el 21 de agosto, por lo que sólo se permiten cruces esenciales que tengan que ver con comercio, emergencias o asuntos legales.
Por su parte, Jorge Contreras Fornelli, coordinador del Consejo del Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (FICOSEC) zona norte, señaló que la droga se está distribuyendo en Ciudad Juárez.
Por ejemplo, dijo, se han observado decomisos de fentanilo, pero no en vendedores de droga al narcomenudeo.
“Eso puede ser indicativo de que el fentanilo es droga que cruza a los Estados Unidos o bien que se está mezclando con otras drogas como el cristal o la cocaína”, indicó Peniche. (Pedro Sánchez Briones, Reforma, Nacional, p. 5)
Matamoros.- Diez años después de la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, que fue el inicio de meses de desapariciones y muertes por parte del crimen organizado, la región aún espanta a extranjeros indocumentados y paisanos.
El municipio, cruce obligado de sur a norte en Tamaulipas, era punto central de un camino que concluía en Matamoros, pero es considerada una “ruta de terror” y ahora se prefiere cruzar por Reynosa y Nuevo Laredo.
En Matamoros hay un campamento de migrantes, en su mayoría centroamericanos, pero se trata de personas devueltas por la Administración de Donald Trump para esperar su audiencia de asilo y rara vez dejan los límites del sitio.
El director de la casa del migrante San Juan Diego de Matamoros, Francisco Gallardo López, dijo que en una década el flujo migratorio por San Fernando hacia Matamoros bajó en un 90 por ciento.
“A raíz de estos hechos la migración cayó estrepitosamente, los migrantes se llenaron de miedo y buscaron otras rutas.
“Ahora el mayor flujo se da por Ciudad Juárez, Tijuana y Nuevo Laredo”, señaló.
Respecto a los paisanos, en el 2009 se estimaba que unos 20 mil connacionales regresaban a México por Matamoros y actualmente apenas pasan unos 3 mil, de acuerdo con cifras oficiales.
Cristian Pérez Cosío, vicepresidente de la Federación Estatal de Cámaras de Comercio (Fecanaco) en Tamaulipas, señaló que el retorno de mexicanos de Estados Unidos por esta frontera cayó en más de un 80 por ciento.
“El daño que dejó esta masacre fue terrible. La noticia recorrió el mundo y prácticamente todas las actividades económicas se detuvieron, incluyendo la llegada de paisanos por Matamoros y Reynosa, que ahora están buscando otras rutas que consideran más seguras”, dijo.
Entre el 22 y el 23 de agosto del 2010, autobuses que transportaban migrantes fueron secuestrados por miembros de Los Zetas.
En total, 72 extranjeros, de Centro y Sudamérica, entre ellos 58 hombres y 14 mujeres, fueron “fusilados” en una ranchería a las afueras de la cabecera municipal de San Fernando.
Según versiones oficiales, un sobreviviente de origen ecuatoriano, que libró la masacre y pidió ayuda a la Marina, narró que fueron secuestrados para exigir rescates y, al no haber respuesta, intentaron reclutarlos, pero al negarse los asesinaron.
Desde entonces, las autoridades federales y estatales han detenido o abatido a líderes regionales y nacionales de Los Zetas, calificándolos de responsables de la matanza, pero defensores de migrantes y especialistas señalan que la justicia aún no llega.
Tanto Gallardo como Pérez señalaron que las condiciones de seguridad en San Fernando han mejorado, pero el temor persiste.
“Sigue el temor por San Fernando”, indicó un empleado de una línea de camiones en Matamoros.
“Sólo quienes viven en esa ciudad y vienen a Matamoros, usan las corridas a San Fernando, el resto buscan camiones que no pasen por ahí”. (Mauro de la Fuente, Reforma, Nacional, p. 12)
San Fernando, Tamps.- A10 años de la matanza de los 72 migrantes en San Fernando, en la bodega donde fueron sacrificados y en las calles del poblado, aún se respira el miedo y la angustia de ser víctima del crimen organizado, el cual sigue operando en esa zona.
Es secreto a voces la presencia de grupos criminales como Los Zetas, su aliado el Cártel Del Golfo, y la escisión de los primeros, conocidos como el Cártel del Noreste.
Al fondo, a 22 kilómetros de la carretera a Matamoros, se encuentra la bodega que fue testigo del crimen.
En el sitio solamente hay una cruz que hace años fueron a colocar los diversos grupos en pro de los migrantes, pero que decidieron suspender sus caravanas luego de la segunda guerra entre estos grupos criminales.
Después de la matanza, la bodega, al parecer, siguió siendo usada por el crimen organizado.
“Antes, nadie quería pasar por estas veredas y poco a poco se van viendo algunas gentes”, dijo un vecino del lugar de la masacre.
Para el sacerdote de la parroquia del pueblo, Hilario del Pozo Noyola, las anécdotas de la lucha frontal entre el cártel de Los Zetas y El Golfo fueron realmente difíciles.
Originario de San Luis Potosí, pero adoptado por este municipio, el presbítero logró recientemente que familias de cuatro personas que desaparecieron hace 10 años, dieran con sus restos para darles sepultura.
“No hay una familia que no haya sida tocada o lastimada por esa situación” señaló el sacerdote, quien, poco a poco, se ha dado a la tarea de congregar a la gente.
“Es necesario y hay que ir transformando los corazones de los ciudadanos. Buscar restablecer el tejido social”, expresó.
Recuerdo
Diversos colectivos en pro de los derechos de los migrantes instalaron un nuevo antimonumento en la Ciudad de México para recordar a los 72 migrantes asesinados en San Fernando.
En la banqueta del lado sur del Paseo de la Reforma, frente a la embajada de Estados Unidos, fue colocado el antimonumento, el cual en la parte superior tiene el número 72, que está acompañado del signo de más y la leyenda “migrar es un derecho humano”. (Alfredo Peña, Excélsior, Nacional, p. 18)
A diez años del secuestro y asesinato de 72 migrantes, 58 hombres y 14 mujeres, de Guatemala, Ecuador y Brasil en San Fernando, Tamaulipas, los migrantes aún enfrentan a violencia e impunidad en México, destaca un informe de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).
“La tragedia es emblemática no solo por la violencia y los peligros que enfrentan los migrantes cuando viajan por México, sino también por la incapacidad del gobierno mexicano para abordar y prevenir esos abusos. El caso también es simbólico por la falta de justicia para los delitos contra los migrantes, pues una década después, nadie ha sido condenado”, destaca WOLA.
Asimismo, reprochó que a diez años de la tragedia, el secuestro sigue siendo uno de los delitos más comunes que los migrantes reportan haber vivido. “Un estudio de 2019 encontró que aproximadamente uno de cada tres migrantes sufre algún tipo de violencia cuando transita por México. Las autoridades mexicanas han identificado cientos de restos de migrantes extraídos de fosas comunes; porejemplo, en el 2011 en San Fernando se descubrieron 48 fosas con 196 personas, y en el 2012 en Cadereyta, Nuevo León, se descubrió 49 torsos al lado de la carretera.”, subraya la organización promotora de derechos humanos en el Continente.
Consideró que lo que creó las condiciones para que una tragedia como la masacre de San Fernando sucediera fue la complicidad entre las fuerzas de seguridad y los grupos armados violentos, la corrupción desenfrenada en sectores de la justicia y otros organismos gubernamentales, así como la falta de investigación y enjuiciamiento por delitos contra los migrantes, y la aparente indiferencia de las autoridades ante los abusos a los que son sometidos los indocumentados. “Mientras no se priorice la justicia y la protección de los migrantes, México no habrá aprendido las lecciones de la masacre de San Fernando”, advierte el informe.
Por último, recomienda que la Fiscalía General de la República de México debe profundizar su investigación y crear una comisión multidisciplinaria especial encargada del caso. (Roxana González, El Sol de México, Nacional, p. 6)
(Roxana González, La Prensa, Nacional, p. 23)
Diversas organizaciones civiles y familiares de migrantes colocaron este sábado un antimonumento en Paseo de la Reforma para recordar a las 72 víctimas de la masacre de San Fernando, ocurrida hace 10 años, y a todas las demás personas que han sido desaparecidas o asesinadas en territorio mexicano al tratar de llegar a Estados Unidos.
Poco antes de las 11 de la mañana, un grupo de personas comenzó a cavar en una de las jardineras que se encuentran sobre Paseo de la Reforma –a la altura de la embajada de Estados Unidos, pero del otro lado de la avenida– para retirar un pequeño árbol y colocar en su lugar una escultura de metal con el número 72 y un signo de más, en referencia a todos los migrantes que han sido agredidos en México.
El monumento, de más de dos metros de altura, tiene escrita de un lado la frase Migrar es un derecho humano, mientras del otro se puede leer Nadie es ilegal en el mundo.
Luego de realizar una ceremonia religiosa, en la que los asistentes le pidieron perdón a los migrantes agredidos por no estar a la altura de la necesidad y no poderlos ayudar, los organizadores de la manifestación subrayaron que a 10 años de ocurrida la masacre no hay una sola persona detenida ni sentenciada por estos hechos violentos.
Ana Lorena Delgadillo, directora ejecutiva de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, enfatizó que el antimonumento colocado ayer honra la memoria de los migrantes asesinados en agosto de 2010 en San Fernando, Tamaulipas, pero también la de las víctimas de otros episodios de violaciones graves de derechos humanos en todo el país, las cuales permanecen en la impunidad.
La especialista recordó que muchas familias de las víctimas de la masacre de San Fernando siguen esperando el apoyo del gobierno de México para que los restos de sus familiares puedan ser debidamente exhumados, identificados y devueltos a sus lugares de origen.
Por su parte, Ana Enamorado, madre de Óscar Antonio López Enamorado, migrante salvadoreño desaparecido en México en 2010, lamentó que las autoridades del país no hayan hecho su trabajo de búsqueda de este joven y de miles de desplazados más que han sido atacados en su camino a Estados Unidos.
La mujer señaló que los familiares de las víctimas de San Fernando confiaron en las promesas del presidente Andrés Manuel López Obrador de que no les iba a dar la espalda, pero denunció que la ayuda del mandatario no ha llegado y las agresiones contra los migrantes no se han detenido.
Por separado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) rememoró a las víctimas de la matanza de San Fernando y afirmó que le da seguimiento al caso, al verificar el cumplimiento de la recomendación 80/2013, que en aquel año le envió a la extinta Procuraduría General de la República y el gobierno de Tamaulipas por aquel episodio. (Fernando Camacho Servín, La Jornada, Política, p. 13)
(EFE, Ovaciones, Seguridad, p. 10)
Un antimonumento en forma de +72 fue instalado ayer frente a la embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México, para reclamar justicia por los 10 años de la masacre de migrantes en San Fernando, Tamaulipas.
Durante el acto, activistas vestidos de blanco y autodenominados “+72”, explicaron que la efigie se instaló frente a la sede diplomática, situada en la avenida Paseo de la Reforma, para que la vean gobernantes, políticos, turistas y ciudadanos durante su andar por esta avenida, considerada una de las más transitadas de la capital mexicana.
“El antimonumento ha sido el acto central de la conmemoración de la masacre del 22 de agosto de 2010 en la que 72 migrantes, 58 hombres y 14 mujeres, fueron asesinados y sus restos abandonados a la intemperie en una bodega abandonada del municipio de San Fernando, Tamaulipas”, explicaron los organizadores en un comunicado difundido después de la colocación.
La organización Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho señaló que a este número que simboliza a las víctimas de esa terrible masacre le han añadido el “+” para que se tomen en cuenta los miles de migrantes que han sido desaparecidos y asesinados durante su paso por el país con dirección a Estados Unidos.
“Atravesar el territorio mexicano se ha convertido en un viaje peligroso. Pasar por nuestros estados, sea en autobús, tren o caminando, resulta una empresa tan arriesgada que puede costar la salud, la integridad, la vida”, indicaron los organizadores en un comunicado.
Da CNDH seguimiento
Por otra parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recordó a las víctimas de la masacre de San Fernando al asegurar que sigue atenta al caso y que la ha dado seguimiento a la recomendación de la Fiscalía General de la República (FGR) en la que pidió tomar las medidas necesarias para reparar los daños a los familiares.
El organismo indicó que la FGR les informó en febrero pasado que opera un equipo de investigación compuesto por la autoridad ministerial adscrita a la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes, la Policía Federal Ministerial, analistas del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi) y consultores privados internacionales nombrados por las víctimas.
“Se han identificado y repatriado 63 cuerpos, efectuando reuniones con cónsules de diferentes países para la identificación de los restantes; se ha proporcionado copia de la indagatoria relacionada con la investigación del caso a los representantes legales de las víctimas y mantenido constante comunicación con los mismos”, de acuerdo con el comunicado de la CNDH. (Redacción, El Universal, Estados, p.13)
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que hasta la fecha se han logrado identificar y repatriar 63 de los 72 cuerpos encontrados el 22 de agosto de 2010 en San Fernando, Tamaulipas, y aseguró que se dará seguimiento al caso.
La CNDH lanzó la campaña de portar un moño banco para recordar a las 72 personas que fueron asesinadas por un grupo de la delincuencia organizada y garantizó que asumirán los compromisos institucionales, en seguimiento a la reunión llevada a cabo el 26 de agosto de 2019, con diversas autoridades, instancias internacionales, de la Sociedad Civil y víctimas indirectas de este caso.
Agregó que ya se solició información a la Fiscalía General de la República (FGR) quien indicó que desde febrero de 2020 opera un equipo de investigación compuesto por la autoridad ministerial adscrita a la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes, Policía Federal Ministerial, analistas del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia y consultores privados internacionales nombrados por las víctimas. (Carlos Lara, El Sol de México, Nacional, p. 6)
(Carlos Lara, La Prensa, Nacional, p. 23)
Activistas colocaron ayer un antimonumento en memoria de los 72 migrantes asesinados hace 10 años en San Fernando, Tamaulipas.
La estructura, de un “+72” gigante sobre una base en la que se lee: “migrar es un derecho humano”, fue instalada sobre Paseo de la Reforma, frente a la Embajada de Estados Unidos.
Durante su colocación se ofreció una misa en memoria de las víctimas, y se leyeron los nombres de los migrantes que fueron hallados sin vida el 22 de agosto de 2010.
“Lo cierto es que atravesar el territorio mexicano se ha convertido en un viaje peligroso”, comentó Ana Enamorado, integrante del Movimiento Migrante Mesoamericano.
“Pasar por nuestros estados, sea en autobús, tren o caminando resulta una apuesta tan arriesgada, que puede costar la salud, la integridad, la vida, robos, extorsión, secuestros, violaciones, ejecuciones, desaparición”. (Óscar Luna, Reforma, Nacional, p. 2)
A diez años de la masacre de 72 migrantes en el municipio de San Fernando, Tarnau lipas -en agosto de 2010 activistas colo carón el antimonumento J’+72 migrantes” frente a la embajada de Estados Unidos, en Paseo de la Reforma.
“Un +72 frente a la embajada de Estados Unidos, porque ese país tiene respon sabilidad en esta historia”, proclamó una dirigente de los colectivos, mientras diez personas excavaban un hoyo de dos metros en la banqueta para colocar la estructura de metal.
“La estructura lleva un signo + porque son miles, tal vez cientos de miles, las y los desaparecidos y asesinados a su paso por México O aunque la migración es un derecho humano, atravesar el territorio mexicano se ha convertido en un viaje peligroso”, comentó frente a sudamericanos que se encuentran en camino a territorio norteamericano.
La mañana de este sábado, decenas de personas se reunieron frente a la embajada, retiraron cuadros de piso y retiraron decenas de kilos de tierra; después, con ayuda de cuerdas y cinturones, acercaron la estructura metálica de dos metros de alto.
“El gobierno estadounidense les ha puesto un muro, una pared infame que no sólo se levantó en la gestión de Do nald Frump (…) en México hay otros muros; son autoridades indolentes que niegan visas humanitarias, policías, burócratas que les permiten y violan sus de rechos”,agregaron.
Los activistas reflexionaron sobre la situación en territorio nacional y afirma ron que la indiferencia de los mexicanos constituye un muro más para los cientos de miles de personas que intentar “buscar una vida mejor”. (Alberto Jiménez, La Prensa, Policía, p. 13)
A las 19 horas, en Palacio Nacional, la Secretaría de Salud dirige el informe diario sobre COVID-19 en México.