En momentos de dificultad es cuando se ponen a prueba los lazos de amistad y, con orgullo, podemos manifestar que logramos colaborar para apoyarnos mutuamente. Cerca de 60 por ciento de los varados mexicanos se encontraban en América Latina, lo que indica el creciente nivel de intercambios con la región. Asimismo, vimos grandes operativos subregionales, como el que hicimos con Argentina, Chile y Uruguay, o el que se realizó con Chile, Ecuador y Perú, que se suman a muchos otros operativos coordinados con la Fuerza Aérea Mexicana, el Instituto Nacional de Migración, asociaciones civiles y religiosas y empresas privadas que lograron que repatriáramos a más de 16 mil connacionales desde todos los rincones de América Latina y el Caribe. (Maximiliano Reyes Zúñiga, La Jornada, Política, p. 15)
Diez años se cumplen de la masacre que, aun en un escenario de desaforada violencia cotidiana, se significó por el brutal saldo de víctimas que dejó en el municipio de San Fernando, Tamaulipas: 72 migrantes (58 hombres y 14 mujeres) asesinados a balazos, cuando se dirigían a la frontera con Estados Unidos, a unos 150 kilómetros de distancia, con el propósito de cumplir el quimérico sueño americano. Posteriormente se comprobaría que el número de personas ejecutadas en el lugar y sus inmediaciones era mucho mayor, pero la atrocidad y magnitud del homicidio colectivo llevado a cabo entre el 22 y el 23 de agosto de 2010 por el grupo delictivo de Los Zetas convirtió la matanza en un trágico símbolo de injusticia e impunidad.
En efecto, en el acto que ayer realizaron frente a la embajada de Estados Unidos en la capital mexicana –donde se levantó un antimonumento para rendir homenaje a los victimados en San Fernando y a migrantes muertos en otros episodios violentos–, familiares de migrantes e integrantes de organizaciones civiles defensoras de los derechos de los mismos señalaron que en definitiva a la fecha no hay constancia de que haya detenidos y muchos menos sentenciados por el múlti-ple crimen. (Editorial, La Jornada)
Un estudio que dirigió Madariaga en 2018, estableció que en Buenos Aires 80 por ciento de los repartidores con aplicaciones eran venezolanos recién llegados. Ahora se estima que la mitad son migrantes y la otra argentinos, en esta actividad que los considera emprendedores independientes sin seguridad social.
Para los migrantes es la primera opción, para los argentinos es la última, pero la toman ante la pérdida del trabajo asalariado, concluye el economista. (Redacción, La Jornada, Capital, p. 29)