Rumbo a la elección presidencial y legislativa de Estados Unidos en noviembre próximo, ya con dos candidatos al Poder Ejecutivo definidos, lo verdaderamente relevante es el peso determinante que tendrán esta vez las minorías raciales, sobre todo la de origen hispano. La migración ya transitó de un fenómeno social, vilipendiado por la derecha neofascista en todas partes, a un factor político decisivo a la hora de determinar la renovación de poderes en países ya nada monolíticos.
En efecto, la tercera parte del padrón electoral está integrado por descendientes en primera, segunda y demás generaciones, de quienes alguna vez emigraron a Estados Unidos en búsqueda legítima de mejores condiciones de vida; hombres y mujeres provenientes, sobre todo en el siglo pasado y éste, de América Latina, Asia y África. (José Murat, La Jornada, Política, p. 14)
En medio del griterío del manoseado caso Lozoya suceden cosas relevantes en nuestro país, sobre todo en materia jurídica en la víspera de la elección de 2021.
El pasado 14 de agosto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dictó una sentencia que dejó sin efectos una reciente reforma al Código Electoral de la Ciudad de México, la cual posponía la entrada en vigor de la figura de la diputación migrante, es decir, la representación de las personas originarias o que residieron en la ciudad como parte de la pluralidad política de la capital del país.
Los migrantes fueron reconocidos en la Constitución de la Ciudad de México como grupo minoritario y subrepresentado que requería de una medida de acción afirmativa para corregir una discriminación de trato históricamente acumulada en cuanto al ejercicio de sus derechos de ciudadanía. En ese sentido, el Constituyente local previó la posibilidad de que los migrantes no sólo tuvieran garantizado el derecho a votar (derecho al sufragio en su modalidad activa), sino también el derecho a ser votado (derecho al sufragio pasivo), a través de un espacio mínimo garantizado de participación y de acceso a la legislatura local (diputación migrante). (Roberto Gil Zuarth, El Financiero, Nacional, Política y Sociedad, p. 37)
Una década ha transcurrido desde la masacre de los 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, y aún no aparecen la verdad ni la justicia.
Desde las primeras semanas, una fuerza difícil de explicar condujo estos lamentables hechos hacia la oscura boca de la negación.
Por eso, en el presente, los esfuerzos para que esta tragedia no se olvide son extraordinarios. La autoridad responsable de investigar, desde el primer momento, se invirtió con todas sus fuerzas para que no se investigara nada.
Metió los cuerpos desnudos dentro de cajas metálicas que selló y luego envió a las familias de las víctimas con la instrucción explícita de no abrirlas.
Diez años han pasado y no hay quien pueda explicar lo que sucedió aquel domingo 22 y el lunes 23 de agosto de 2010 en San Fernando, Tamaulipas. (Ricardo Raphael, El Universal, Nación, p. A2)
Progresistas y moderados entendieron la necesidad ingente de actuar como uno solo para evitar que Donald Trump permanezca en la Casa Blanca. En sus discursos quedó implícita la preocupación de dar un rumbo al partido en el que sea prioritario atender las necesidades de las mayorías. Bernie Sanders y Elizabeth Warren insistieron en la idea de avanzar en la concreción de la salud universal como medio para proteger a todos los estadunidenses, no sólo a los que pueden pagarla, así como en una reforma electoral que suprima la compra de las elecciones por un puñado de multimillonarios y en proporcionar estatus legal a millones de migrantes. (Arturo Balderas Rodríguez, La Jornada, Política, p. 17)
Y las cosas están espantosas. La república está sobre el precipicio del autoritarismo, dixit los demócratas y hasta la izquierda no alineada. Estados Unidos sigue como el país avanzado con más contagios y muertes por Covid-19 y una crisis económica aproximando las dimensiones de la Gran Depresión, un asalto oficial constante contra los derechos civiles y laborales y la promoción del odio racial, la persecución brutal de migrantes y un presidente que está abiertamente amenazando con un golpe de Estado si no gana la reelección. (David Brooks, La Jornada, Mundo, p. 25)