La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) consideró que el planteamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador para llevar a consulta popular el juicio a ex mandatarios es antijurídico si no se presentan pruebas.
En conferencia virtual, Gustavo de Hoyos Walther, presidente del organismo del sector privado, quien comentó que la comunicación con el gobierno federal es fluida a pesar de los desencuentros que mantienen, precisó que es posible que se declare improcedente la petición enviada por el representante del Ejecutivo federal al Senado y turnada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. (Alejandro Alegría, La Jornada, Política, p.3)
Chihuahua, Chih., El juez federal Néstor Pedroza dictó auto de vinculación a proceso jurídico por el delito de posesión de armas de uso exclusivo del Ejército a los tres agricultores detenidos por la Guardia Nacional (GN) en el contexto de la toma de la presa La Boquilla. Asimismo, fijó un plazo de tres meses (de prisión preventiva) para el cierre de la carpeta de investigación.
Los detenidos son Rosendo Lerma Lechuga, Juan Lechuga Montes y Juan Rivera Márquez, los tres originarios del municipio de La Cruz. Fueron arrestados el 8 de septiembre en una manifestación realizada en Las Pilas, derivadora de agua perteneciente al sistema de presas del distrito 5, ubicada a un costado de la presa La Boquilla. (Jesús Estrada y Rubén Villalpando, La Jornada, Política, p.4)
El juzgado décimo sexto de distrito en materia administrativa, con sede en la Ciudad de México, le negó una suspensión al dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira Elizondo, quien promovió un juicio de amparo contra las manifestaciones que el presidente Andrés Manuel López Obrador hace en su contra en las mañaneras.
En su demanda, el empresario acusó al Ejecutivo de encabezar una persecución política que viola su presunción de inocencia en torno a la causa penal que enfrenta por el caso Agronitrogenados.
El juez Gabriel Regis López argumentó que conceder la suspensión en los términos que se solicitan, con la finalidad de prohibir que emita cualquier pronunciamiento, manifestación o declaración pública como titular del Ejecutivo federal, que sea contrario al derecho de presunción de inocencia del quejoso Alonso Ancira Elizondo, restringe la posibilidad de la sociedad de obtener información, expresar y publicar libremente ideas y hechos sobre temas de relevancia pública, como el que se relaciona con la parte quejosa, por lo que se restringe injustificadamente el derecho a la información, así como la posibilidad de la participación activa de la sociedad comprometida e interesada con los asuntos públicos, con la finalidad de observar el comportamiento y a las decisiones de los gobernantes. (César Arellano García, La Jornada, Política, p.5)
El sorteo por el monto equivalente del avión presidencial fue calificado por el jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador como un éxito por lo que expresó que ya estamos pensando que para el año próximo vamos a hacer uno también así, muy grande, con los propósitos por los que se creó la Lotería Nacional: beneficencia pública.
Una vez que pasó el sorteo, dijo que podía anunciar que ya hay un comprador del avión presidencial, los que se podría concretar previo avalúo de la nave.
Al darse el reporte final del sorteo, el director de la Lotería Nacional, Ernesto Prieto, informó que se vendieron 4 millones 685 mil 800 cachitos, que representan 78.09 por ciento. La venta fue de 2 mil 342 millones 900 mil pesos. De los billetes premiados, 42 los adquirieron empresarios; 16, la Lotería Nacional; 13 fueron de los boletos asignados al Instituto de Salud para el Bienestar; cinco, de sindicatos, y 24 no fueron vendidos, que se asignaron también al Insabi, sumando 37. (Alonso Urrutia y Alma E. Muñoz, La Jornada, Política, p.6)
Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en el Senado, aseveró que la solicitud de consulta popular que promovieron 43 legisladores de PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y algunos de Morena, para que se otorgue el ingreso básico universal, no tiene mi venia, y recalcó su desacuerdo en la forma en que se presentó el pasado martes por la noche.
Monreal manifestó que esa propuesta tiene su respeto, que no la descalifica, pero que le hubiera gustado que ese tema se dialogara más en el Senado.
Explicó que a diferencia de la solicitud del Ejecutivo federal para la consulta sobre el juicio a ex presidentes, que se remitió directamente a la Suprema Corte de Justicia, en la propuesta que formularon los 43 legisladores se dará cuenta al pleno de esa petición y se turnará a la comisión de Gobernación y, en su caso, a las que correspondan, según la materia de la petición, para su análisis y dictaminación. (Víctor Ballinas, La Jornada, Política, p.6)
El Instituto Nacional Electoral (INE) recibió ayer de manera formal el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en el que le ordena modificar la convocatoria de la encuesta de Morena para definir su dirigencia nacional.
El instituto tiene hasta el próximo domingo para hacer el ajuste. Se prevé que la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos debata el tema entre mañana y el sábado, para que el domingo a más tardar sea ratificado con los cambios que consideren los consejeros electorales, para incluir en el proceso el principio de paridad de género, el cual no estaba definido en la convocatoria. (Néstor Jiménez, La Jornada, Política, p.6)
En lo que va de esta administración federal, el trabajo que de manera conjunta realizan el Centro Nacional de Inteligencia (CNI, antes Centro de Investigación y Seguridad Nacional), las secretarías de Marina (Semar), Defensa Nacional (Sedena) y Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha dado como resultado el bloqueo de cuentas bancarias con depósitos por mil 885 millones 278 mil 670 pesos, que eran utilizadas por integrantes de grupos delictivos dedicados al narcotráfico, huachicoleo, secuestro y extorsión.
Informes a los que La Jornada tuvo acceso refieren que los cárteles que mayor afectación financiera han tenido son el Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el de Sinaloa (Pacífico). (Gustavo Castillo García, La Jornada, Política, p.7)
La mayoría de las unidades de protección civil en el país tienen una gran fortaleza y se han ido consolidando de manera extraordinaria, particularmente desde la tragedia de 1985, afirmó el titular de la Secretaría de Seguridad y protección Ciudadana (SSPC) Alfonso Durazo Montaño.
Al participar en el Encuentro con Titulares Estatales para el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Protección Civil, Durazo sostuvo que entre los retos en este ámbito se encuentra la conclusión de los atlas de riesgo a nivel estatal y municipal, y que es imprescindible avanzar en los mecanismos que permitan contar con mejores pronósticos meteorológicos. (Gustavo Castillo García, La Jornada, Política, p.8)
La mejor lección que nos han dejado los sismos es la necesidad de adquirir una cultura de prevención, pues los fenómenos naturales son impredecibles, así lo señalaron integrantes del equipo de Búsqueda y Rescate Urbano de la Secretaría de Marina (Semar), quienes efectuaron una demostración de sus habilidades en conmemoración del terremoto registrado el 19 de septiembre de 2017.
En la Semar, el equipo referido está integrado por siete mujeres y 21 hombres que han recibido capacitación y certificaciones por parte del Comando Norte y la Agencia Federal del Manejo de Emergencias estadunidense. (Eduardo Murillo, La Jornada, Política, p.8)
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 37/2020 al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval González, y a Irving Barrios Mojica, fiscal general de Justicia de Tamaulipas, por el uso excesivo de la fuerza que derivó en la violación al derecho a la vida, cometido por elementos militares, y por la indebida procuración de justicia, atribuible a peritos de esa fiscalía, en agravio de nueve víctimas mortales.
El organismo público señaló que familiares de ocho de esas personas presentaron quejas sobre los hechos ocurridos en septiembre de 2016, en los que elementos de la Sedena viajaban en convoy y realizaban operativos contra la delincuencia organizada y en el kilómetro 13 de la carretera Nuevo Laredo-Monterrey sostuvieron un enfrentamiento con las víctimas. (De La Redacción, La Jornada, Política, p.9)
Las integrantes del Frente Nacional ni una Menos que participan en la toma de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exigieron de nueva cuenta la renuncia de la titular de ese organismo, Rosario Piedra Ibarra, y anunciaron que si no hay respuesta a sus demandas de atención a diversos casos de violaciones a las garantías básicas, van a ocupar más edificios de dependencias gubernamentales.
Tras la reunión que sostuvieron ayer en el Palacio de Covián con la ombudsperson y con la secretaria de Gobernación (SG), Olga Sánchez Cordero, Yesenia Zamudio, representante del frente, insistió en que una de las peticiones del movimiento del cual forma parte es la renuncia de Piedra Ibarra, por criminalizar su lucha y no dar respuesta adecuada a sus exigencias. (Fernando Camacho y Fabiola Martínez, La Jornada, Política, p.9)
En un foro internacional convocado por la Organización de Naciones Unidas (ONU), la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se pronunció en favor de la justicia igualitaria y, al destacar parte de su experiencia profesional, se refirió a los avances para sancionar la violación entre cónyuges y la despenalización del aborto dentro de las primeras 12 semanas de embarazo.
También subrayó la importancia de tener una actitud empática frente a los movimientos feministas, como lo ha hecho, desde el movimiento estudiantil de 1968 y luego como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. (Fabiola Martínez, La Jornada, Política, p.10)
El juzgado quinto de distrito en materia de amparo y juicios federales, con residencia en Toluca, estado de México, admitió a trámite la demanda de amparo que promovió Frida Martínez Zamora, ex secretaria general de la extinta Policía Federal (PF), contra la orden de aprehensión por el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita. Sin embargo, el juzgador no le otorgó la suspensión, ya que la ex funcionaria no lo pidió.
El juez federal dio de plazo 15 días para que la Fiscalía General de la República (FGR) entregue un informe justificado sobre la orden de captura que solicitó en su contra, pero no sólo eso, sino que pidió al juez de control con residencia en el penal del Altiplano, quien libró el mandamiento judicial, para que notifique su fallo. (César Arellano García, La Jornada, Política, p.10)