Por quejas, mala atención, actos indebidos y contrarios a la ley, el Instituto Nacional de Migración (INM) ha dado de baja a 1,048 servidores públicos, incluido personal a cargo de direcciones generales y agentes federales.
El Instituto indicó que se supervisa permanentemente el desempeño del personal, ello como parte del programa de modernización administrativa al interior del INM y el combate a la corrupción, al implementar un nuevo sistema de trámites migratorios.
Registro en video
En la víspera, el comisionado de Migración, Francisco Garduño, dio a conocer que entre las irregularidades detectadas entre los funcionarios se encontraban extorsiones a los migrantes que ingresan a México.
El comisionado aclaró entonces que no todos los funcionarios fueron despedidos, ya que algunos renunciaron al ser notificados de que sus actos estaban registrados en video.
El INM, adscrito a la Secretaría de Gobernación, expuso que el área donde ha habido más bajas es el de agentes federales, con 640 personas despedidas; en tanto, 201 adscritos a las jefaturas de departamento también fueron dados de baja.
Además de ocho cargos de direcciones generales, 24 más de direcciones generales adjuntas, 48 direcciones de área y 127 subdirecciones.
Asimismo, se reportó que el comisionado Garduño Yáñez ha realizado visitas de supervisión y evaluación en 16 estados de la República. (Maritza Pérez, El Economista, Política y Sociedad, p. 39)
1,048 funcionarios del Instituto Nacional de Migración han sido dados de baja en esta administración

(Staff, Reforma, Nacional, p. 2)
El encargo de la seguridad pública a militares y marinos en la por parte del Gobierno federal y administraciones anteriores sigue generando violaciones a los derechos humanos.
Cifras del Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos muestran que durante el primer semestre de 2020 la CNDH recibió 484 denuncias sobre la actuación de las autoridades federales en materia de seguridad pública
A principios de año, la Clínica Jurídica del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM junto con el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) y demás organizaciones defensoras de los derechos humanos de migrantes, le recordaron al Gobierno de México que la Guardia Nacional se creó para la seguridad pública y la persecución de delitos, no para realizar acciones que solo competen al Instituto Nacional de Migración (INM).
La exigencia de dichos organismos se dio luego de un operativo instrumentado por la Guardia para desarticular la caravana migrante en donde hubo “actos de intimidación, hostigamiento y persuasión”, así como “abuso de la fuerza” y “uso indiscriminado y dirigido de gas pimienta, sin considerar la presencia de niñas, niños y bebés”. (Montserrat Sánchez, Reporte Índigo, P.p.)
Migrantes centroamericanos varados en Matamoros, Tamaulipas, dejaron un campamento con apenas servicios básicos y se alojan ahora en viviendas alquiladas con apoyo de una ONG de Brownsville, Texas, mientras esperan respuesta de las autoridades de EU a sus solicitudes de asilo.

(Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP) de EU, Reforma, Nacional, p. 2)
México inició investigaciones sobre un caso de mujeres en Estados Unidos (señalamientos de grupos civiles en ese país acerca de la realización de histerectomías –extracción de útero– a migrantes sin su consentimiento, la cual no mencionó expresamente), pero hasta ahora no se han encontrado elementos que pudieran llevar a promover una denuncia en contra del gobierno de ese país, aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Por otro lado, en un mensaje que difundió en redes sociales en ocasión del 75 aniversario de la fundación de la Organización de Naciones Unidas (ONU), sostuvo que en tiempos en que todos los pueblos enfrentan la pandemia de Covid-19, necesitamos ser fraternos, ayudarnos mutuamente, ser solidarios.
Reivindicó la importancia de la ONU en la instauración de libertades en el mundo: de palabra, de creencia, de vivir libres de miedos y temores, así como libres de miseria.
Durante su conferencia, el Presidente abordó el tema de la relación bilateral a propósito de una pregunta sobre la presunta inequidad en el cruce fronterizo, que permite a los mexicanos el paso a Estados Unidos sólo por razones esenciales, cuestión que no sucede al ingresar a México.
El fin de semana tanto el presidente (Donald) Trump como el secretario de Estado, (Mike) Pompeo, mencionaron que es muy buena la relación con México, hablaron de que es inmejorable.
Sin embargo, acotó: “hay un asunto que estamos atendiendo sobre un caso de mujeres, que todavía tenemos abierta la investigación, es el único tema que podría –todavía no está suficientemente indagado– llevar a una denuncia de parte de México hacia el gobierno de Estados Unidos, pero aún no hay elementos”.
Sobre los cruces fronterizos ofreció que en la conferencia de hoy el canciller Marcelo Ebrard ofrecería información detallada. (Alonso Urrutia y Angélica Enciso, La Jornada, Política, p. 3)
(Redacción, La Crónica de Hoy, Nacional, p. 3)
Como parte de las acciones para proteger los derechos humanos de los connacionales en Estados Unidos, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que ha sostenido reuniones con Grupos Asesores de Derechos Civiles de los Mexicanos en Estados Unidos (MCRAG, por sus siglas en inglés), con el propósito de crear estrategias legales en materia de garantías para la infancia, condiciones laborales durante la pandemia y para la población en prisión, entre otros temas.
En las reuniones participaron la Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior y los consulados de México y miembros del MCRAG, en las que compartieron experiencias y conocimientos entre las representaciones consulares de México y organizaciones dedicadas a la defensa de derechos civiles, a fin de establecer estrategias legales y mecanismos que fortalezcan los derechos de las comunidades mexicanas.
Entre los temas que abordaron los diplomáticos de la Cancillería destacan la situación del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia —mejor conocidos como dreamers— (DACA, por sus siglas en inglés) y las medidas para apoyar a sus posibles beneficiarios, las repercusiones de la emergencia sanitaria en los centros de trabajo, la situación de las personas detenidas, así como las condiciones en prisiones y centros de procesamiento migratorio, además de incidentes y crímenes de odio, entre otros.
Hasta el momento, destacó la secretaría federal, se han realizado siete reuniones por región con la finalidad de abarcar todo el territorio estadounidense, desde la Costa Oeste, Noroeste, Noreste, Medio Oeste, Sureste, pasando por Texas y Arizona. (Susana Zavala, El Universal, Nación, p. A9)
Amnistía Internacional (AI) denunció este lunes en un informe la violación de los derechos humanos de miles de personas encerradas en centros de cuarentena obligatoria por la pandemia de COVID-19 en Venezuela, El Salvador y Paraguay.
Según el documento, titulado “Cuando la protección se vuelve represión: Cuarentenas obligatorias durante COVID-19 en las Américas”, el organismo documentó al menos 90.000 arrestos en Venezuela, 16.000 en El Salvador y 8.000 en Paraguay.
La organización identificó la mayoría de los arrestados como migrantes, refugiados o personas de ingresos bajos que han sido internados en centros estatales para obligarlos a cumplir con la cuarentena “en condiciones insalubres y a veces inhumanas”.
“Esta investigación se basa en el número de denuncias que recibimos de estos países por la implementación de políticas de confinamiento forzado que se convirtieron en medidas punitivas”, dijo a Efe la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Érika Guevara.
Según la organización, muchos de los enviados a centros de confinamiento en Venezuela son ciudadanos deportados desde Colombia y Perú, mientras que en Paraguay son personas que volvieron a su país tras perder el trabajo en Brasil por la pandemia.
Si bien, a día de hoy El Salvador y Paraguay ya cerraron estos centros al disminuir los contagios, Guevara advirtió que siguen funcionando en Venezuela y que existe el riesgo de que otros países “se sientan tentados” a usar estas medidas frente a los rebrotes de COVID-19.
SIN HIGIENE Y CON RIESGO DE CONTAGIOS
Según Amnistía Internacional, que ha tenido acceso a varios vídeos, los centros de cuarentena son “instalaciones improvisadas” en almacenes o estadios deportivos que no cuentan con condiciones de salubridad y donde los detenidos no reciben atención médica.
“Hay gente que ha pasado más de 30 días encerrada cuando la propia regulación de la OMS (Organización Mundial de la Salud) dice que el confinamiento no tendría que pasar los 15 días”, señaló la directora de la organización en las Américas.
Asimismo, Guevara advirtió que en estos centros se ha mezclado a sospechosos de COVID-19 con personas que no lo eran, por lo que los detenidos “corren el riesgo de contagiarse”.
El propio ministro salvadoreño de Justicia y Seguridad, Rogelio Rivas, amenazó en abril que los ciudadanos que no cumplieran el encierro en sus casas serían “llevados a un centro de cuarentena, lejos de sus familias y corriendo el riesgo en estos centros de cuarentena de contraer inclusive el virus”.
“Me gustaría olvidar todo esto, pero no puedo”, dijo Ana Cristina, un testimonio recogido por Amnistía Internacional que pasó 40 días en un colchón sucio en el suelo de un centro de cuarentena tras ser arrestada en abril mientras compraba alimentos y medicinas.
Además de las condiciones inhumanas, Guevara señaló la “estigmatización” de las personas que pasaron por estos centros, que en Venezuela fueron tachadas por el Gobierno de “armas biológicas” enviadas desde Colombia.
CRÍTICAS A LAS CUARENTENAS OBLIGATORIAS
Guevara explicó que los Gobiernos tienen derecho a limitar la circulación de los ciudadanos para afrontar la crisis del coronavirus, pero subrayó que “en estos tres países podríamos hablar de detenciones arbitrarias porque en muchos casos la gente no fue informada ni de por qué estaba siendo detenida”.
Especialmente polémico es el papel de las fuerzas de seguridad, puesto que se han documentado “abusos” y “malos tratos” de policías durante los arrestos. (EFE, Ovaciones, Seguridad, p. 10)
Falfurrias, Texas.- Falfurrias es el infierno para los migrantes, es la segunda frontera y es el cementerio de cientos o miles de mexicanos y centroamericanos que creían haber llegado al “sueño americano”.
Falfurrias es una ciudad fronteriza ubicada 70 millas al norte del río Grande, en Texas, y a la misma distancia de la frontera con México. Aquí también hay un punto de inspección de la Patrulla Fronteriza.
Llamada por los locales y migrantes como la “segunda frontera”, dicho título encuentra sentido por hacer referencia al punto estratégico de unión entre McAllen con el resto del país, razón que la vuelve indispensable para los inmigrantes que buscan acercarse a las ciudades donde los esperan sus familiares.
Para describir Falfurrias desde el punto de vista de quienes se atreven pasar por los puntos ciegos, basta imaginarse un desierto rodeado de arena, matorrales y el sol sofocante que acaba con los sueños y esperanzas de los caminantes.
Esta zona particular se ha convertido en los últimos años en un olvidado corredor de la muerte que atrapa a migrantes que ya pasaron por toda clase de obstáculos en México y posiblemente terminar víctimas de los traficantes de drogas, los coyotes o de las trampas del desierto falleciendo a causa de la insolación, la deshidratación y la hipotermia.
Cálculos aproximados ilustran que la Patrulla Fronteriza ha encontrado los restos de 7 mil 805 migrantes desde finales de los 90, la mayoría de ellos muertos por exposición, deshidratación o ahogamiento.
Estimaciones sobre las muertes en el sur de Texas aseguran que la cantidad real es mucho mayor en esa región debido a que las cifras oficiales tienden a no tomar en cuenta las denuncias de las familias de los desaparecidos.
Alrededor de mil 750 personas fallecieron en la región fronteriza, de estos 550 cuerpos de inmigrantes desconocidos fueron encontrados en el lapso de 2013 a 2020 intentando evitar a las autoridades migratorias; de esta cifra, la mitad han sido documentadas en Texas, superando a Arizona, cuyo terreno abrasador alguna vez fue la principal trampa mortal.
Sólo en el año 2019, la Organización Internacional de las Migraciones reportó el dato de 405 migrantes encontrados en zonas fronterizas del lado estadounidense y otras 91 muertes adicionales en territorio mexicano cercano al Río Grande.
Es precisamente en esta zona donde el Centro de Derechos Humanos del Sur de Texas (South Texas Human Rights Center) se dedica a promover la defensa de los derechos humanos básicos de los migrantes que cruzan periódicamente la frontera.
Parte de su ayuda humanitaria se basa en la construcción de estaciones de agua en la zona desértica del condado de Brooks y los condados circundantes para evitar la muerte de quienes caminan por esa área, además de organizar campañas de búsqueda de información, denuncias de familiares que buscan a sus seres queridos desaparecidos en tránsito y la identificación de los restos encontrados a lo largo del desierto.
Una de sus iniciativas ha sido difundir la campaña Yo Tengo Nombre, un enlace online el cual busca dar con el paradero de los familiares de cuerpos o restos encontrados en el desierto.
Es a través de la publicación de los objetos encontrados con los cuerpos, como ropa, zapatos, cinturones, entre otros que se logrado la identificación del 50 por ciento de los cuerpos o los restos de los inmigrantes que fueron enterrados o depositados en fosas comunes a lo largo de la frontera con México.
Eddie Canales, fundador del Centro de Derechos Humanos en al año 2013, comenzó organizando iniciativas comunitarias para prevenir la muerte de migrantes en el país y los ranchos de Texas.
Entró a la lucha social en Corpus Christi donde empezó a promover la defensa de los derechos humanos cuando escuchó las constantes historias de cuerpos abandonados en tumbas en el Condado de Brooks. Desde entonces se han recuperado 802 restos y cuerpos de migrantes.
En los dos últimos años encontraron 62 cuerpos en lugares simbólicos como el cementerio de la Grulla, sitio representativo donde muchos inmigrantes terminaron su viaje, en las mencionadas tumbas clandestinas, las cuales son poco profundas y sin marcas que den pistas para lograr identificarles.
Es en este contexto que la preocupación se cierne como una sombra amenazadora, debido a que la presente pandemia del Covid-19 ha causado estragos en las economías de México y América Central, al tiempo que las remesas enviadas desde Estados Unidos han decaído por la falta de trabajo.
La crisis económica apunta a crecer en los países más vulnerables de Centroamérica, volviéndose en un fuerte incentivo en un futuro cercano para un nuevo aumento en la cantidad de migrantes que viajaran por rutas más peligrosas como en este caso es Falfurrias.
El desconocimiento de las rutas y, sobre todo, la esperanza en el llamado “sueño americano”, hace que se repita el constante circulo de nuevas víctimas que terminaran atrapadas en un aparato de seguridad que canaliza a los inmigrantes indocumentados hacia las zonas más traicioneras de la frontera.
En los últimos tres años los métodos de represión de los Estados han aumentado con intensidad, construyendo más barreras y cerrando puertas a los solicitantes de asilo. (Rubén Figueroa, Contraréplica, Nación, Online)
En cuatro años, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha incumplido la mitad de las promesas que hizo en 2016, reveló la asociación de verificación de datos PolitiFact.
Entre las promesas incumplidas destaca la construcción del muro fronterizo con México. “Voy a construir un gran muro y nadie hace mejores muros que yo, créanme, lo voy a construir de una forma económica. En la frontera sur y México va a pagar por él”, prometió el mandatario republicano cuando buscaba su primer mandato.
También destaca la renegociación del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá así como limitar la migración legal. (Verónica Mondragón, Excélsior, Global, p. 24)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, alista sus piezas para dejar ocupada antes de la elección del 3 de noviembre la vacante que dejó en la Corte Suprema de Estados Unidos la muerte de Ruth Bader Ginsburg, por lo que perfila definir a su nominada, con perfil conservador, entre el viernes y el sábado.
Aunque será hasta el fin de semana cuando se haga el nombramiento, las principales apuestas de Trump comparten un perfil conservador.
El nombre que más fuerte suena es el de Amy Coney Barrett, una jueza de la Corte de Apelaciones del Séptimo Circuito, católica y antiaborto, de quien Trump dijo que es “sin duda una de las candidatas”.
En junio votó a favor la regla de la “carga pública”, una política de denegar la residencia legal permanente a inmigrantes que probablemente necesitarán asistencia del gobierno en el futuro. También ha defendido el derecho a tener armas de personas condenadas por delitos graves.
Otro perfil con posibilidades es el de Barbara Lagoa, abogada nacida en Florida e hija de inmigrantes cubanos, quien apenas este mes coincidió con un fallo de la corte federal de apelaciones que podrá impedir a exdelincuentes votar. (Redacción, La Razón, P.p.)
La pequeña isla italiana de Lampedusa está de nuevo saturada, con unos 1,200 inmigrantes en su centro de acogida, muy por encima de su capacidad, tras la llegada este fin de semana de decenas de botes y barcazas procedentes del norte de África. Ayer llegaron a Lampedusa de manera autónoma unas 12 embarcaciones con 263 inmigrantes, la mayoría tunecinos y libios, y algunas con ayuda de patrulleras de la Guardia de Finanzas italianas. Se sumaron a otras 11 embarcaciones pequeñas, con unos 300 inmigrantes a bordo, que fueron socorridos a última hora del domingo en esta isla que es la puerta de Europa por su cercanía a la costa africana.
Y antes de ellos habían llegado otros botes, más de uno a la hora a lo largo de todo el día. En el centro de acogida del distrito de Imbriacola, en Lampedusa, ya hay más de 1.200 inmigrantes, mientras que su capacidad es para 192 plazas. Hace unas semanas la situación en Lampedusa alcanzó cotas similares, y el Gobierno italiano fletó varios barcos para desalojar a los inmigrantes y trasladarlos a pasar la cuarentena por el Covid-19, después de las protestas de las autoridades locales y la petición al Gobierno central de actuar. (EFE, Milenio, El Mundo, p. 23)
Ginebra.- Un 77 por ciento de los refugiados y desplazados por conflictos en el mundo ha perdido su trabajo o modo de vida por la pandemia del nuevo coronavirus, de acuerdo con un sondeo del Consejo Noruego para los Refugiados (NRC) publicado ayer.
La encuesta, realizada en países como Venezuela, Colombia, Libia, Afganistán o Irak, revela que 70 por ciento se vio obligado a reducir las comidas diarias, y que 73 por ciento tiene dificultades para escolarizar a sus hijos.
Un 62 por ciento de los que recibían dinero por parte de familiares en el extranjero vieron estas partidas reducirse, y 68 por ciento evaluó la posibilidad de migrar nuevamente por falta de trabajo o ingresos.
“El estudio muestra los devastadores impactos económicos del Covid-19 en los desplazados”, subrayó NRC, que alerta sobre una posible crisis alimentaria, de vivienda y educación entre un colectivo que suma más de 80 millones de personas según la Agencia de la ONU para los Refugiados.
“Forzados a dejar sus hogares debido a la violencia, y a menudo con dificultades para acceder a empleos o servicios estatales, ahora muchos se ven abocados a la catástrofe debido al impacto económico de la pandemia”, destacó el secretario general de NRC, Jan Egeland.
El Consejo recuerda que sólo un 25 por ciento del dinero solicitado por la ONU para respuesta humanitaria ha sido recaudado, por lo que se requiere urgentemente un aumento de esta ayuda. Egeland acotó, no obstante, que aun así no sería suficiente para atender los problemas de los más vulnerables.
“Los países del G20 y las instituciones financieras internacionales deben colocar a los desplazados y a las comunidades afectadas por conflictos en el centro de las respuestas económicas nacionales e internacionales ante la Covid-19”, advirtió. (EFE, Reforma, Internacional, p. 15)
Integrantes de la Guardia Nacional detuvieron, en dos acciones distintas, a un ciudadano estadounidense con alrededor de 700 mil pesos mexicanos y a un connacional con aproximadamente 313 mil 700 dólares americanos, ambos sin la documentación que amparara la legal posesión y traslado del dinero, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
La primera acción ocurrió en la terminal 1, cuando autoridades federales mediante un equipo de rayos X detectaron irregularidades en el equipaje de un pasajero que pretendía volar a Dallas, Estados Unidos. El propietario de nacionalidad estadounidense accedió que efectuaran una inspección de seguridad y fue así que hallaron una bolsa con fajos de billetes de 500 pesos, que sumaron alrededor de 700 mil pesos.
En una segunda acción en el terminal 2, a través del equipo de rayos X se detectaron imágenes densas en el equipaje de mano de un pasajero mexicano que pretendía viajar a Cancún, Quintana Roo. Al efectuar una inspección de seguridad a la maleta fueron hallados 313 mil 700 dólares americanos y cinco mil 820 pesos mexicanos. (Noel F. Alvarado, La Prensa, Policía, p. 16)
A las 19 horas, en Palacio Nacional, la Secretaría de Salud dirige el informe diario sobre COVID-19 en México.