El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que no se dejen intimidar, que actúen con criterio y tomen en cuenta el sentimiento del pueblo al resolver conforme a la ley la solicitud de la consulta para enjuiciar a ex mandatarios, después de que el ministro Luis María Aguilar propuso declarar anticonstitucional el ejercicio ciudadano.
A una semana de que someta a votación la propuesta de Aguilar, el mandatario manifestó que los argumentos del ministro, de que se afectan los derechos humanos y las garantías para la protección de las personas, son parecidos a lo que “manejó desde el principio Felipe Calderón. (Alma E. Muñoz y Fabiola Martínez, La Jornada, Política, p.3)
Ante los cuestionamientos de Jaime Cárdenas, quien renunció al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que sí pide a los funcionarios lealtad a ciegas, pero con el pueblo, no con mi persona. Advirtió que la lealtad a las personas se convierte en abyección y servilismo. Cárdenas denunció probables irregularidades administrativas en el Indep, y luego señaló a la prensa que su lealtad no era ciega. Ayer, López Obrador precisó que las denuncias se van a investigar, pero es más que nada un asunto politiquero, no hay nada de qué preocuparnos. (Fabiola Martínez y Alma E. Muñoz, La Jornada, Política, p.3)
Tanto el presidente nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, como los líderes de este partido en el Congreso, lamentaron el proyecto del ministro Luis María Aguilar Morales que rechaza la consulta popular para enjuiciar a ex presidentes, pero confiaron en que el resto de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechacen la propuesta.
Por su parte, legisladores del PAN, PRI y PRD respaldaron el proyecto y señalaron que es muestra de que el proceso es sólo político y no de justicia. También pidieron al Ejecutivo federal no presionar al máximo tribunal. (Néstor Jiménez, Enrique Méndez, Andrea Becerril, Víctor Ballinas y Georgina Saldierna, La Jornada, Política, p.4)
El dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira, impugnó el fallo del juzgado decimosexto de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, quien le negó la suspensión definitiva, luego de promover un juicio de amparo contra las manifestaciones que el presidente Andrés Manuel López Obrador hace en las conferencias matutinas.
El impartidor de justicia negó prohibir al presidente Andrés Manuel López Obrador emitir declaraciones contra el empresario, acusado de lavado de dinero por la compraventa de Agronitrogenados. (César Arellano García, La Jornada, Política, p.6)
La senadora de Morena Cecilia Sánchez García solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) que se vinculen denuncias existentes contra el ex dirigente del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), Carlos Romero Deschamps, con la investigación que se sigue a quien fue director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, ya que los delitos imputados a ambos son coincidentes en tipo y tiempo .
Romero Deschamps no puede seguir en la impunidad, debe estar en la cárcel, resaltó la legisladora quien un día antes presentó ante el pleno del Senado una propuesta para que se investigue el contubernio entre ambos personajes, toda vez que el ex dirigente petrolero participó en los hechos de corrupción que afectaron el patrimonio de Pemex. (Andrea Becerril y Víctor Ballinas, La Jornada, Política, p.6)
Los integrantes del Consejo Honorario de la Memoria Histórica y Cultural de México de la Presidencia de la República expresaron su apoyo al Archivo General de la Nación, así como al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), luego de las denuncias que realizaron ambas instituciones por la sustracción de documentos de archivos nacionales, eclesiásticos y bibliotecas, mismos que exhortaron a que sean devueltos.
En un documento firmado por Arturo Beristáin Bravo, Beatriz Gutiérrez Müller, Carlos Pellicer López, Cristina Barros Valero y Elena Poniatowska, entre otros, manifiestaron su preocupación e indignación por los robos que fueron detectados tras ofertarse los documentos en subastas. (De La Redacción, La Jornada, Política, p.7)
El juez décimo segundo de distrito de procesos penales federales en Ciudad de México libró una orden de aprehensión en contra de Luis Cárdenas Palomino, ex director de Seguridad Regional de la Policía Federal (PF), uno de los hombres más cercanos a Genaro García Luna, titular de la SSP federal en el sexenio de Felipe Calderón.
Se le acusa de responsabilidad en el delito de tortura en agravio de cuatro personas, entre ellas Mario Vallarta Cisneros, hermano de Israel Vallarta, ex pareja de la francesa Florence Cassez, presuntos integrantes de la banda de Los Zodiacos, detenidos en 2012. (César Arellano García, La Jornada, Política, p.8)
La Fiscalía General de la República (FGR) decretó el no ejercicio de la acción penal en contra de la ex procuradora de la República Marisela Morales Ibáñez y del ex subprocurador y ahora fiscal de justicia en Tamaulipas, Irving Barrios Mojica, por su presunta responsabilidad en delitos como simulación de pruebas y contra la administración de la justicia, al dar cumplimiento a una resolución judicial para definir la situación de la denuncia del ex comandante de la Policía Federal Javier Herrera Valles, encarcelado bajo los cargos de vinculación a grupos delictivos, pero al término del proceso fue absuelto.
El pasado 23 de septiembre, mediante el oficio FGR/FEAI/DGDCSPI/A/402/2020, el Ministerio Público notificó el no ejercicio de la acción penal en contra de Morales Ibáñez y otros ex funcionarios, como lo solicitaba Herrera Valles, quien se desempeñó en Seguridad Regional de la Policía Federal, durante la gestión de Genaro García Luna como titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, quien fue detenido y llevado a juicio por presuntos nexos con grupos delictivos utilizando testigos protegidos, cuyos testimonios se consideraron falsos. (Gustavo Castillo García, La Jornada, Política, p.8)
En América Latina, por lo menos 11 países han reportado una baja en el número de feminicidios, es el caso de Uruguay, Argentina, Paraguay y Costa Rica; pero en naciones como México, Brasil, Chile y Ecuador los asesinatos de mujeres aumentaron, indicó Alejandra Valdés, investigadora de la División de Asuntos de Género, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
En la tercera sesión del XXI Encuentro de Estadísticas de Género señaló que de acuerdo con datos recabados en 15 naciones, los casos de feminicidio en la región son poco más de 4 mil. (Jessica Xantomila, La Jornada, Política, p.9)