A seis años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, las recientes indagatorias de la Fiscalía General de la República (FGR) han establecido que en la administración pasada el gobierno de la República se convirtió en el operador de un encubrimiento generalizado, que todas sus instancias desde la cúspide del poder hasta los operadores más elementales encubrieron, mintieron, torturaron, realizaron falsas diligencias y trataron de ocultar con impunidad y con escándalos mediáticos lo sucedido con los estudiantes, señaló el fiscal general Alejandro Gertz Manero, al dar a conocer el informe institucional de este asunto.
En ese contexto, el Ministerio Público Federal ha centrado las investigaciones de la participación del Ejército en tres integrantes de la Defensa Nacional, por actos de omisión y presuntamente en algunos de estos casos porque habrían recibido sobornos de Guerreros Unidos para no afectar sus operaciones, revelaron funcionarios federales.
Ante padres de las víctimas, integrantes de organizaciones sociales y autoridades del gobierno federal, en un acto encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, Gertz Manero expresó en una transmisión por videoconferencia que también se ha determinado que el ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) Tomás Zerón de Lucio se convirtió en el operador de un encubrimiento generalizado y que éste recibió como pago mil millones de pesos que se robó de la extinta Procuraduría General de la República. (Gustavo Castillo, Alma Muñoz y Fabiola Martínez, La Jornada, P.p.)
Nosotros queríamos llegar al 26 con algo más. Entiéndanos, ya seis años y, pues, no tenemos nada, expresó María, madre de Miguel Ángel, uno de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, al Presidente Andrés Manuel López Obrador.
A nombre de los padres solicitó al mandatario que apriete en las investigaciones, en especial en torno a los policías que se llevaron a los muchachos, así como a los militares involucrados, aun cuando aleguen que los entregaron al crimen organizado.
Hubo videos, fotografías, operaron el C4, ¿dónde están todas esas pruebas? ¿dónde quedaron? Y ¿cuándo le van a llegar a los militares, señor?, preguntó.
Solicitó al jefe del Ejecutivo federal que no los defraude y que los acompañe en este largo camino, tal como lo hizo usted para llegar a ser Presidente, manifestó, pero, sobre todo, porque los papás sufren, están locos de dolor al ver las camas de sus hijos, el lugar vacío en la mesa y salir a la calle a buscarlos y volver a casa con las manos vacías. (Fabiola Martínez, Fernando Camacho, Alma Muñoz y Gustavo Castillo, La Jornada, P.p.)
La comisión presidencial del caso Ayotzinapa destacó la colaboración de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) al poner a disposición de esta instancia y del Ministerio Público a todos los elementos del 27 Batallón de Infantería de Iguala para contribuir a la investigación iniciando, en su caso, los procesos penales correspondientes.
Precisó que la Sedena ha entregado toda la información solicitada de los batallones 27 y 35 respecto al personal castrense, antecedentes militares, bitácoras, informes, comunicaciones, radiogramas, estructura del batallón y bases de operación, fotografías y videos y órdenes de operación, según las solicitudes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.
Es la primera vez que la Sedena se abre a una investigación de este tipo y los documentos recabados serán remitidos a la Fiscalía General de la República. La comisión subrayó que el 24 de julio pasado, padres de los estudiantes desaparecidos, integrantes de esta instancia creada por decreto presidencial en diciembre de 2018, inspeccionaron las instalaciones del 27 batallón. (Fabiola Martínez, Alma E. Muñoz y Gustavo Castillo, La Jornada, P.p. Jorge Martínez, Reforma, P.p.)
Elementos castrenses serán detenidos por su presunta participación en los hechos que derivaron en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Se han otorgado órdenes de aprehensión contra militares, que se van a ejecutar, cero impunidad, el que haya participado y se le demuestre va a ser juzgado”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador al encabezar un informe a los padres de los estudiantes desaparecidos hace seis años en Iguala.
Calificó el caso como una “gran injusticia cometida por el Estado mexicano” y garantizó que se conocerá la verdad, por difícil que sea.
Sobre esto, en su Recomendación 15VG/2018, la CNDH identifica a 24 efectivos del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, que conocieron los hechos a partir de los cuales desaparecieron los 43 jóvenes.
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Los militares, 12 de ellos identificados con nombre y apellido, estuvieron presentes en 11 escenarios de las 17:59 del 26 de septiembre de 2014 a las 9:00 horas de la mañana siguiente. (Arturo Páramo y Andrés Becerril, Excélsior, P.p. Alexis Ortiz y Manuel Espino, El Universal, P.p. Adriana Rodríguez y Alberto García, La Crónica de Hoy, P.p.)
Carlos Romero Deschamps recurrió a un amparo para impedir que Petróleos Mexicanos (Pemex) informe cuánto dinero ha pagado al ex dirigente petrolero entre 2019 y lo que va de 2020.
Aunque ya no tiene relación laboral con la empresa petrolera y renunció a la dirigencia sindical, el priista tramitó y obtuvo el pasado 7 de septiembre una suspensión judicial para bloquear la entrega de la información.
La Nómina Transparente de la Secretaría de la Función Pública (SFP) establece que el ex dirigente percibe 39 mil pesos brutos y que tiene un puesto de “clasificación pendiente”, pero -debido al amparo- se desconoce si tiene otros ingresos.
Oficialmente, el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) reportó que Romero Deschamps tramitó su jubilación después de dejar el gremio en octubre de 2019. (Benito Jiménez, Reforma, P.p.)
A seis años de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, padres y madres de las víctimas, acompañados por miles de personas, marcharon este sábado para exigir de nueva cuenta la presentación con vida de sus hijos, y aunque saludaron algunos de los avances hechos en la actual administración, llamaron a las autoridades a apretar el paso para encontrar verdad y justicia.
Después de escuchar el informe que les presentó ayer en la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, los familiares de los estudiantes se trasladaron al Ángel de la Independencia, donde a las tres de la tarde participaron en una ceremonia religiosa dedicada a sus hijos, oficiada por el obispo de Chilpancingo, Salvador Rangel Mendoza.
Casi a las cuatro en punto, los contingentes iniciaron la caminata, en medio de consignas como Ayotzi vive, la lucha sigue y Ahora, ahora, se hace indispensable: presentación con vida y castigo a los culpables. (Fernando Camacho Servín, La Jornada, P.p.)
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) consideró que a seis años de la desaparición de 43 normalistas deAyotzinapa el desafío “sigue siendo romper los pactos de silencio y encontrar el paradero de los estudiantes.
En esta línea ha habido avances, pero entendemos el dolor y la frustración de los padres que esperan esa información desde hace tanto tiempo, aseguró vía remota Francisco Cox Vial, integrante del GIEI, durante el informe del caso Ayotzinapa en Palacio Nacional.
Señaló que los pasos dados hasta ahora por el gobierno son muy importantes, pero no tenemos aún una respuesta a la pregunta central de dónde están los muchachos, y no se pueden forzar narrativa o versiones de los hechos hasta que estén corroboradas por evidencia, como tampoco la verdad se puede forzar ni se pueden cometer los errores del pasado. (Alma E. Muñoz, Fabiola Martínez y Gustavo Castillo, La Jornada, P.p.)
Homicidios, tortura, desaparición forzada, feminicidios y lesiones dolosas son delitos por los que las fiscalías y las procuradurías de justicia de los estados abrieron averiguaciones previas y carpetas de investigación contra policías estatales, municipales, federales y ministeriales. En 25 estados del país hubo 8 mil 302 expedientes de 2012 al primer semestre de 2020, pero de éstas sólo hay registro de 529 consignaciones y vinculaciones a proceso, es decir, únicamente 6.3%, según datos obtenidos por EL UNIVERSAL a través de solicitudes de transparencia.
El delito de homicidio doloso apareció en indagatorias de los estados analizados 328 veces; lesiones dolosas, 2 mil 841; desaparición forzada, 109; tortura, 4 mil 991, y feminicidio, 33.
Chihuahua, Jalisco, Puebla, Quintana Roo y Veracruz acapararon 72.6% de las investigaciones por los cinco delitos estudiados para este reportaje. En total, tres de cada 10 indagatorias totales se abrieron en las fiscalías y procuradurías estatales durante el gobierno actual, es decir, entre 2019 y durante los meses del primer semestre de 2020. (Montserrat Peralta, El Universal, P.p.)
Una planta para transformar los residuos orgánicos de la CDMX en hidrocarbón en forma de pellets será construida en el Bordo Poniente, que hasta 2011 fue el relleno sanitario de la Capital.
“El hidrocarbón resultante tendrá las características necesarias para ser utilizado como combustible en la Central Termoeléctrica de Petacalco, en Guerrero, sustituyendo al carbón mineral de origen fósil, con más poder calorífico y menores emisiones”, indica el proyecto “Valorización de residuos urbanos orgánicos mediante carbonización hidrotermal”.
Los pellets destinados a carboeléctricas son cuestionados por desplazar otras fuentes limpias de generación eléctrica, como el uso de agua o las energías solar, eólica, geotérmica o nuclear. (Iván Sosa, Reforma, P.p.)
Londres. Manifestantes que protestaban ayer en la londinense Plaza de Trafalgar contra las restricciones impuestas por el gobierno británico para frenar los repuntes de Covid-19 se enfrentaron a la policía cuando intentó dispersarlos por no respetar las normas de distanciamiento social.
Miles de personas llenaron la icónica plaza con letreros en que se leían mensajes contra las vacunas obligatorias, los requerimientos de uso de cubrebocas y los límites sobre las libertades civiles. Muchos de los asistentes dijeron a la televisión que creen que la pandemia es un engaño creado por los gobiernos para controlar a la gente.
Durante la concentración, de unas tres horas, varios de los oradores negaron ser conspiradores y argumentaron que defienden la libertad de expresión y los derechos humanos. (Reuters, Ap, Afp, Xinhua y Europa Press, La Jornada, Contraportada)
Mediante volantes entregados en domicilios y firmados por el Cártel Jalisco se pide el pago de extorsión o de lo contrario quemarán negocios o secuestrarán familiares.
“No tiene ningún caso que intentes irte o esconderte; te tenemos completamente ubicado a ti y a toda tu familia”, dice un volante dirigido a un comerciante y al que tuvo acceso REFORMA, que viene acompañado de fotografías de las fachadas y domicilios de los negocios y terrenos del amenazado, así como fotos de su esposa y sus hijos.
“Y ni siquiera intentes jugarle al vivo y acudir a quejarte con las autoridades porque ahí nos van a avisar en cuanto haya algún movimiento tuyo o de tu familia”, advierte el volante.
El comunicado personalizado da un plazo de 24 horas al comerciante para llamar a un número telefónico, en caso contrario, interpretarán que no quiere “negociar” ni llegar a un arreglo. (Reforma Staff, Reforma, P.p.)
Ante las alarmantes cifras de abuso sexual y físico contra niñas y niños, la comunidad Alumbra lanzó una plataforma para dar recomendaciones a padres y educadores a fin de identificar la violencia contra los menores, ofrecer asesoría telefónica psicológica (en el 55 8854 6653) y canalizar denuncias hacia las autoridades.
Alumbra es una iniciativa de Early Institute, que conforma una red de más de 40 organizaciones de la sociedad civil y dependencias gubernamentales con el objetivo de prevenir la violencia sexual infantil.
Cándido Pérez, coordinador de Investigación de Early Institute, explicó en entrevista que en alumbramx.org ofrecen herramientas de prevención, como guías para identificar los abusos, reconocer los factores de riesgos y tips para el uso inteligente de dispositivos electrónicos. (Eugenio Torres, Reforma, P.p.)
