La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados volverá a aprobar, el jueves, el dictamen para que el manejo de los puertos pase a control de la Secretaría de Marina, que no se aprobó en la sesión del miércoles pasado por inconsistencias en el proceso parlamentario.
Luego de que en la sesión de ese día el pleno de la cámara le devolvió el dictamen, la presidenta de la comisión, Rocío Barrera (Morena), renvió el proyecto a los integrantes de la comisión, al que sólo se le cambió la fecha.
Aunque la mesa directiva pidió a la comisión que el dictamen se aborde sólo con la iniciativa de la presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, Juanita Guerra Mena (Morena), también se incluye la de otros diputados del mismo grupo sobre la materia e incluso la opinión negativa de la Comisión de Marina. (Enrique Méndez, La Jornada, Política, p. 3)
Víctor Manuel Colmenares Campos, ex elemento de la Policía Federal (PF), recibió auto de formal prisión por su posible responsabilidad en los delitos de desaparición forzada y delincuencia organizada, esto dentro del caso Ayotzinapa.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que lo detuvo en Texcoco, estado de México, en cumplimiento de una orden de aprehensión dictada por un juez federal.
El uniformado estuvo presente, junto con otros de sus ex compañeros, en Iguala, Guerrero, la noche del 26 de septiembre de 2014, y participó, a bordo de la patrulla 11744, en la persecución de los autobuses donde viajaban los normalistas de Ayotzinapa, presenciando el momento en el que fueron detenidos por policías municipales, y permitió que éstos se los llevaran, sin reportar los hechos a sus superiores.
La FGR señaló que en “el momento de los hechos (Colmenares Campos) era policía federal, y cuando los agentes municipales se llevaban a los normalistas este sujeto les pregunta ‘a dónde los van a presentar’, a lo que los elementos locales le responden: “los vamos a llevar con el jefe’”. (Eduardo Murillo, La Jornada, Política, p. 5)
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidirá el miércoles si continúa con el trámite de la controversia constitucional presentada por la ex presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados Laura Rojas Hernández, del PAN, en contra del acuerdo que regula la actuación de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública, o si desecha la demanda, como lo pidió el Poder Ejecutivo Federal vía un recurso de reclamación.
El Ejecutivo argumenta que Rojas no tenía facultades para promover la controversia, pues se escudó en el artículo 233 del reglamento de la Cámara, en el que se establece que la presidenta de la mesa directiva puede presentar demanda de controversia constitucional si lo estima necesario para defender los intereses de ésta, aun en los periodos de receso, lo cual, afirma la parte quejosa, no era el caso.
La presentación de la controversia fue apoyada a posteriori por el PRI, PAN y PRD, aunque el asunto nunca fue sometido a ningún tipo de votación. (Eduardo Murillo, La Jornada, Política, p. 6)
La bancada de Morena en la Cámara de Diputados ha dividido su respaldo a los candidatos a la presidencia de ese partido: un grupo apoya a su coordinador Mario Delgado; incluye al denominado sector duro, donde se encuentran, entre otros, Ángeles Huerta y Dolores Padierna.
Otra parte, en la cual la cabeza visible es Aleida Alavez, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, respalda a Porfirio Muñoz Ledo, a quien, revelaron diputados, ofrecieron la candidatura Bertha Luján y Alfonso Ramírez Cuéllar en una reunión con más de mil personas convocada por la plataforma Zoom.
Legisladores dijeron que un estudio interno refleja que Muñoz Ledo es el más conocido, pero que Delgado tiene más fuerza y ganaría la encuesta por su lealtad al presidente Andrés Manuel López Obrador. (Enrique Méndez, La Jornada, Política, p. 8)
Fue vinculado a proceso otro de los presuntos participantes en el asesinato del juez federal Ulises Villegas Ortiz y su esposa Mónica Barajas. Se trata de David Ulises Lara Ramírez, quien fue detenido en posesión del vehículo utilizado para cometer el crimen. La pareja fue ultimada a balazos el 16 de junio pasado, cuando salían de su casa, ubicada en la capital de Colima.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el ahora imputado fue detenido en un taller mecánico de la colonia Viveros, en la ciudad de Colima, cuando intentaba alterar el vehículo que se utilizó para el crimen, pintándolo y cambiándole las placas.
Además, Lara Ramírez estaba en posesión de cartuchos para armas de fuego de diversos calibres, clorhidrato de metanfetamina y dinero en efectivo, por lo cual fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada en la hipótesis contra la salud, sin funciones de dirección, administración o supervisión; contra la salud, en la modalidad de posesión de metanfetamina con fines de comercio y posesión de cartuchos. (Eduardo Murillo, La Jornada, Política, p. 9)
Hasta julio pasado, las principales aerolíneas mexicanas del país, entre ellas Aeroméxico, Interjet, Volaris y Viva Aerobús, adeudan al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), 3 mil 592 millones 891 mil 121 pesos, por servicios aeroportuarios, de los cuales 90 por ciento corresponde a la tarifa de uso del aeropuerto (TUA), que cobraron las empresas y cuyos recursos no fueron entregados a la terminal aérea.
La cartera vencida incluye rentas de espacios, servicios de luz, agua, revisión de equipajes, estacionamiento en plataforma de embarques, aterrizajes, pernoctas y otros rubros. La TUA es el impuesto que el AICM cobra a los usuarios de vuelos domésticos o al extranjero por el uso de instalaciones. Cada mes se ajusta al tipo de cambio del dólar, pero se determina en pesos.
En abril de este año, en plena crisis sanitaria mundial por el Covid-19, que afectó a la industria aérea, la TUA aumentó, ya que los pasajeros nacionales tuvieron que desembolsar 537 pesos por el gravamen. La TUA internacional pasó a mil 20 pesos.
De acuerdo con la subdirección de recursos financieros y la gerencia de lo contencioso del AICM, al 31 de julio de 2020, Interjet tenía una cartera vencida de 981 millones 930 mil 298 pesos que le debe al aeropuerto más importante del país.
En respuesta a solicitudes ciudadanas de información pública, el AICM señaló que de esa cifra, 622 millones 667 mil 304 corresponden a la TUA nacional y 354 millones 944 mil 493 a la internacional. (César Arellano García, La Jornada, Política, p. 12)
Las modificaciones para el sector energético que propone el gobierno pueden iniciar con adecuaciones a las leyes secundarias para no contravenir preceptos constitucionales, pero el propósito de fortalecer a Petróleos Mexicanos(Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) requerirá modificaciones constitucionales, de acuerdo con los objetivos de la actual política energética y el marco jurídico vigente, consideraron especialistas.
El 22 de julio, en una reunión con los principales funcionarios del sector energético, el Presidente hizo explícitos 17 objetivos de política pública, que fueron refrendados en el encuentro del martes pasado con los reguladores del sector y se preguntó si estos eran realizables sin modificar el marco jurídico vigente.
Fluvio Ruiz, ex consejero independiente de Pemex, consideró que el objetivo general y las directrices concretas planteadas en el memorándum de los 17 puntos –que busca devolver al Estado su papel central en la gestión energética del país a través de sus empresas productivas– hacen necesario modificar el marco constitucional vigente. (Israel Rodríguez., La Jornada, Economía, p. 19)