Ciudad de México. El Instituto Nacional de Migración dio a conocer que impuso una alerta migratoria a Diego Urik M. A, a solicitud de la fiscalía de Michoacán, para la identificación de su posible salida del territorio nacional, toda vez que se presume que podría abandonar México con la finalidad de sustraerse de la acción de la justicia.
Diego Urik M. A —que supuestamente es parte de una familia de políticos del municipio de Lázaro Cárdenas— es el principal sospechoso del asesinato de Jessica González Villaseñor, perpetrado el 21 de septiembre.
La última vez que fue vista con vida, la joven salió de su casa, ubicada en la colonia Mártires de la Plaza, en Morelia. Dijo que se reuniría con un amigo, pero no se supo más de ella, por lo cual la Fiscalía estatal activó la Alerta Alba.
El domingo, decenas de mujeres se manifestaron en las ciudades de Uruapan, Huetamo y Apatzingán para exigir el esclarecimiento del crimen. (La Jornada/Excélsior/La Razón)
El Instituto Nacional de Migración (INM) informó que las personas extranjeras que ingresen al país como Visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas, podrán cubrir el pago mediante tarjeta de crédito o débito.
Con esta nueva modalidad, que ya opera en 29 puntos de internación de 12 entidades del país, dijo que avanza en la modernización de trámites más eficientes que a la vez evitan el manejo de efectivo en este tipo de operaciones migratorias.
En febrero de este año inició la implementación del programa piloto de los dispositivos electrónicos pin pad para el cobro de derechos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), en las terminales 1 y 2, así como en la oficina de representación local del INM en Tecate, Baja California.
La llegada de la pandemia por el Covid-19 retrasó su implementación hasta agosto cuando se instrumentó en el Aeropuerto Internacional de Toluca, Estado de México.
Como parte de las acciones encaminadas a brindar una mejor atención y servicio a las personas migrantes que ingresan, transitan y salen del país, se prevé la implementación de este sistema en 116 puntos de internación de 27 entidades. (El Economista/López Dóriga)
Un grupo de 133 mexicanos que fueron deportados por EU llegó vía aérea a Villahermosa, Tabasco, procedentes de Brownsville, Texas, informó el Instituto Nacional de Migración (INM). (Staff, Reforma, Nacional, p. 11)
Una extensa red de al menos 45 empresas fantasma es investigada por defraudación fiscal y lavado de dinero en México y Estados Unidos.
Las empresas fueron utilizadas por los líderes de Los Zetas en Nuevo León, el PRI, PVEM, gobiernos estatales, en el sexenio de Peña y por la Alcaldía del PAN en Benito Juárez.
Para la creación de las empresas que operaban en cinco países, fueron robados los datos personales e identidades de un grupo de adultos mayores de una colonia popular de Monterrey, según una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Tan sólo a seis empresas de esta red, el SAT determinó entre 2019 y 2020 adeudos fiscales superiores a los 107 millones de pesos.
Una de las empresas fue aparentemente fundada por la señora Irene, que estaba por cumplir 70 años de edad cuando se convirtió en “accionista” de la empresa Consultoría SOW, la cual es señalada en Estados Unidos por operaciones sospechosas de posible lavado de 5 millones de dólares en cinco países.
En un solo día, el 1 de julio de 2013, supuestamente creó cuatro compañías ante el mismo notario público 28 en Monterrey, José Alfonso Gómez Tamez.
“Desarrollo Comercial Lexir”, otra empresa en la que la señora Irene fue puesta como dueña, fue utilizada para comprar tres residencias en San Pedro y Monterrey, para el líder del Cártel de Los Zetas, Omar Treviño Morales, el Z-42, detenido en el 2015.
Otros vecinos de Irene, en la Colonia Valle Verde, -todos adultos mayores- también fueron convertidos en “empresarios” sin que ellos tuvieran conocimiento.
Cuauhtémoc, de 84 años, aparece como accionista o comisario en nueve empresas; Martha, de 74, participa en siete compañías y Ubaldo, de 71 años, en otras tres.
Todos residen en viviendas de la calle Espátula de la Colonia Valle Verde en Monterrey, una colonia popular de esa ciudad. Ninguno sabía que era empresario hasta que el SAT empezó a enviarles requerimientos por supuestos incumplimientos en el pago de impuestos.
La mayoría de las empresas de esta red fantasma tuvo una vida efímera. Más de 25 fueron creadas entre febrero y agosto de 2013 y dos años después ya habían sido liquidadas.
Pero eso les bastó para hacerse de contratos por más de 70 millones de pesos en el Gobierno federal y con autoridades de Nuevo León, Zacatecas, Coahuila, San Luis Potosí, el Estado de México y la CDMX.
Al PRI y al Partido Verde, les facturaron supuestos servicios de publicidad, transporte y equipos de oficina.
También facturaron a dependencias gubernamentales del Gobierno de Enrique Peña como Comunicaciones y Transportes, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y el Instituto Nacional de Migración.
La Alcaldía Benito Juárez habría permitido la simulación de competencia al invitar empresas de la misma red en cotizaciones de obra y asignó al menos un contrato por 1.2 millones de pesos a una de ellas para abastecer equipos de seguridad en el 2014, cuando el delegado era Jorge Romero Herrera, del PAN, actual vicecoordinador de la bancada en San Lázaro. (Raúl Olmos Especial/MCCI, Reforma, 8 Columnas)
Autoridades migratorias de Estados Unidos realizaron una intervención quirúrgica de carácter ginecológico a una mexicana, sin contar con su consentimiento, aunque no se trató de una histerectomía, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Lo anterior sucedió en el centro de detención migratoria de Irwin, Georgia, que está bajo la responsabilidad de la oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés)
Desde que organizaciones civiles denunciaron de que varias hispanoparlantes detenidas en ese centro migratorio, entre ellas varias mexicanas, se les habría practicado malos procedimientos médicos, incluidas esterilizaciones forzadas, el gobierno de México ha dado puntual seguimiento al caso, dijo la cancillería.
En un comunicado detalló que a partir del 14 de septiembre, fecha en la que hicieron las denuncias, 21 ciudadanas mexicanas han pasado por ese sitio de retención, y hasta ahora, personal diplomático ha podido hablar, de manera presencial o remota, con 18 de ellas.
El titular del consulado general de México en Atlanta, Javier Díaz de León, junto con personal de esa legación diplomática, visitó el centro de detención el 23 de septiembre para entrevistarse con 18 connacionales.
Ninguna manifestó haber sido sometida a una esterilización forzada, pero no negaron la posibilidad de haber sido víctimas de malas prácticas por motivos distintos, indicó la SRE. Cinco de ellas, y dos más que están en México y estuvieron en ese centro migratorio en días previos a la denuncia, señalaron haber tenido interacción con el médico vinculado a las histerectomías.
La cancillería constató que a una de las mexicanas entrevistadas, que permanece internada en el centro migratorio de Irwin, se le practicó una intervención quirúrgica de carácter ginecológico sin su autorización, por lo que en colaboración con la Escuela de Medicina de la Universidad de Emory, personal consular estudió el expediente médico proporcionado por el ICE donde se encontró que si bien no se le realizó una histerectomía, no hay documentación que sustente su consentimiento para la intervención ginecológica.
Además, una connacional que ya se encuentra en México, también fue intervenida quirúrgicamente por personal del centro migratorio, aunque no se tiene mayor detalle de qué tipo de cirugía se le practicó.
Se indagan todas las quejas
Todos los casos de intervención quirúrgica y las quejas recibidas de las ciudadanas mexicanas se encuentran bajo minucioso estudio a fin de determinar si dichos procedimientos médicos fueron realizados de manera adecuada y con su pleno consentimiento, enfatizó la SRE.
Agregó que también se envió una nota diplomática al gobierno de Estados Unidos con el fin de esclarecer la situación, en la que se solicitó información sobre las medidas de atención médica que reciben las y los ciudadanos mexicanos en dicho centro de detención. (De La Redacción, La Jornada, Cp)
(Enrique Sánchez, Excélsior, Global, p. 29)
(Redacción y Agencias, 24 Horas, p.2)
(EFE, Ovaciones, Nacional, p. 9)
El Gobierno de México envió una nota diplomática a Estados Unidos en la que le solicita esclarecer las denuncias de presuntas prácticas de histerectomía o retiro de útero a mujeres migrantes sin su consentimiento en un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) en Irwin, Georgia.
Adicionalmente, la Cancillería informó de dos casos de ciudadanas mexicanas que fueron intervenidas quirúrgicamente en dicho centro del ICE, aunque se comprobó que no se les practicó la histerectomía.
“La Secretaría de Relaciones Exteriores ha enviado una nota diplomática al Gobierno de Estados Unidos a fin de esclarecer la situación, solicitando información sobre las medidas de atención médica que reciben las y los ciudadanos mexicanos en dicho centro de detención”, expuso la dependencia.
Una de las mexicanas que fue sometida a un procedimiento quirúrgico -sin especificar el tipo- fue localizada a su regreso al país.
“Ya en nuestro país, su médico confirmó que no se le practicó una histerectomía”, indicó la Cancillería.
En tanto, durante una visita consular el pasado 23 de septiembre al centro de detención, una segunda mexicana reveló una intervención ginecológica.
“En colaboración con la Escuela de Medicina de la Universidad de Emory se estudió su expediente médico y se determinó que no se realizó una histerectomía. No obstante, el expediente médico proporcionado por ICE no incluye documentación que sustente el consentimiento de la connacional para dicha intervención quirúrgica”, añadió.
La Cancillería informó que todavía permanecen 15 mujeres mexicanas en el centro de detención migratoria.
La SRE afirmó que los casos de intervención quirúrgica, así como las quejas recibidas de las connacionales se encuentran bajo estudio a fin de determinar si dichos procedimientos fueron realizados de manera adecuada y con pleno consentimiento.
A mediados de septiembre, organizaciones defensoras de los derechos civiles presentaron una queja ante la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) basada en el testimonio de Dawn Wooten, una enfermera que trabajó en el centro de detención para indocumentados en Georgia.
Wooten denunció una serie de “prácticas peligrosas”, entre ellas la extirpación del útero de varias mujeres. (Isabella González, Reforma, Nacional, p. 11)
Organizaciones sociales a favor de los derechos de los migrantes pidieron al Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador que envíe una nota diplomática al Gobierno de Donald Trump en donde rechacen los procedimientos médicos innecesarios contra migrantes.
“Es un evento mayor que debería de estar retomado por todos los países. Es una falla mayor a la Carta de las Naciones Unidas, a las convenciones que regulan la migración, y no se puede permitir que se vaya sin el castigo mayor. Los gobiernos deben de hacer un llamado para que no dejen pasar esto”, aseveró en entrevista telefónica Carlos Rojas, director de la organización internacional Conseil Migrant.
Ana Saiz, directora de Sin Fronteras, aseguró que la postura de México tendría que ser muy firme y llevarla a instancias internacionales. (Isabella González, Reforma, Nacional, p. 11)
Las condiciones en las que operan estas cárceles migratorias han permitido abusos sistemáticos contra personas extranjeras, de México, países centroamericanos, caribeños y otras partes del mundo, aseguró Óscar A. Chacón, director ejecutivo de la organización de apoyo a los migrantes Alianza América.
“Es simplemente la evolución perversa en el trato de una población que ha sido deshumanizada al grado de ser objeto de abusos inimaginables en otros contextos. Se les ha deshumanizado y demonizado de manera sistemática”, afirmó en entrevista con Excélsior el experto en relaciones entre Estados Unidos y América Latina y migración global.
Sobre las denuncias de mujeres que fueron víctimas de histerectomías forzadas, Chacón lamentó que las esterilizaciones forzadas no son un tema nuevo en ese país.
La semana pasada, medios estadunidenses reportaron prácticas de histerectomías en centros de detención custodiados por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés).
El centro Irwin, en Georgia, está señalado de haber practicado cirugías sin consentimiento a mujeres migrantes o sometidas a un proceso de deportación. “La denuncia hecha por Dawn Wooten sobre esterilizaciones no autorizadas de mujeres detenidas en el centro de detención migratoria del Condado de Irwin en el estado de Georgia, que si bien está en vías de investigación todavía, no señala un patrón de conducta aislado”. aseguró Chacón, cuya organización está enfocada en mejorar la calidad de vida de las personas en el corredor migratorio de Estados Unidos, México y Centroamérica.
UN PEOR PANORAMA
Para Chacón, las violaciones a los derechos humanos de extranjeros han empeorado durante la administración del presidente Donald Trump.
“Desdichadamente, si Donald Trump asegura su reelección en las elecciones presidenciales, es previsible que estas prácticas se agudicen, como parte de la agresiva campaña del actual gobierno para detener la migración, tanto la autorizada como la irregular; combinada con la detención y expulsión del mayor número de extranjeros posibles”, lamentó el experto.
La detención de decenas de extranjeros por supuestas violaciones a la ley de migración, agregó, es un mal con 25 años de trayectoria. A eso se suma el enriquecimiento de empresas dedicadas a la construcción y la operación de centros de detención, lo que fue una realidad en los dos gobiernos del expresidente Barack Obama.
Para Chacón, por más de cuatro décadas ha habido una intensa campaña impulsada por fuerzas políticas motivadas por la ideología supremacista blanca.
“La opinión pública ha sido persuadida para que vean a los extranjeros de hoy como una amenaza”, concluyó. (Verónica Mondragón, Excélsior, Global, p. 29)
San José. — Una imagen que es recurrente en los radares de Guatemala y de Honduras muestra a aeronaves que, sin cumplir las reglas aeronáuticas internacionales, penetran al espacio regional en vuelos misteriosos a baja altura procedentes de América del Sur y cerca del litoral de Centroamérica sobre el mar Caribe.
El rastro es de las avionetas que son cargadas en Venezuela con cocaína producida en Colombia y que emprenden vuelo rumbo al noroccidente para aterrizar en campos clandestinos de Guatemala y de Honduras, a fin de descargar la mercancía y reexportarla por tierra a México y Estados Unidos.
Una aeronave con matrícula de México, robada por dos mexicanos el 22 de septiembre durante la mañana del aeropuerto Mariano Matamoros, en Cuernavaca, Morelos, se dirigió a Venezuela a cargar cocaína y se estrelló en la noche en el norte de Guatemala al intentar aterrizar en un sitio clandestino. El percance dejó cuatro muertos, entre ellos un fugitivo narcotraficante guatemalteco.
“En Guatemala hay gran cantidad de pistas clandestinas”, admitió el coronel Juan Carlos de Paz, vocero del ejército de esa nación clave para el narcotráfico, ya que es frontera con México y base de cárteles mexicanos, recalcó, para llevar estupefacientes al mercado estadounidense.
De Paz informó a EL UNIVERSAL que en 2020 Guatemala localizó 26 aparatos del narcotráfico e inhabilitó 16 pistas, y que en 2019 halló 54 y dejó fuera de servicio a 26 puntos de aterrizaje y despegue. Los datos oficiales mostraron un progresivo incremento en la detección de aeronaves, ya que de dos en 2016 y cuatro en 2017 se pasó a 12 en 2018.
El flujo aéreo de drogas de Colombia a Centroamérica se consolidó a partir de la década de 1980. El uso de Venezuela como plataforma del narcotráfico, con destino en Centroamérica, surgió al menos desde 2008.
La “recurrencia” de la llegada de vuelos desde Venezuela se registró en los departamentos (estados) del Petén, en la zona norte y fronteriza con México, e Izabal, en el nororiente, limítrofe con Honduras y frente al Caribe, indicó el vocero.
Los que arriban a “áreas muy planas” de los departamentos del litoral de Guatemala en el océano Pacífico —Escuintla y Suchitepéquez en el sur-centro, y Retalhuleu en el centro-occidente— proceden de Ecuador y de Colombia, aclaró.
“Los humedales de esas regiones facilitan a [los narcotraficantes] tener mayor cantidad de vías de escape. Tenemos capacidad de detectarlos con radares, pero no de interceptarlos [en el aire] con aviones de reacción que no tenemos”, afirmó.
Otro foco
La Fuerza de Seguridad Institucional Nacional (Fusina), unidad estatal multidisciplinaria de Honduras, informó que el jueves pasado halló una avioneta de supuesta matrícula brasileña con droga procedente de América del Sur en una base camuflada para aviación en el nororiental departamento hondureño de Gracias a Dios, en el litoral caribeño.
Soldados que llegaron en helicóptero en apoyo a un avión de reconocimiento fueron recibidos a balazos, en un hecho sin heridos ni detenidos, precisó Fusina, al subrayar que parte del cargamento de cocaína fue sustraído “por personas que esperaban la avioneta en el lugar de aterrizaje” y huyeron con algunos paquetes.
“Las aeronaves ingresan al espacio aéreo hondureño en la madrugada”, narró el teniente José Coello, portavoz de Fusina a EL UNIVERSAL.
“Buscan zonas desoladas del nororiente de Honduras con selvas tropicales, extensas planicies, rutas fluviales y colindantes con el Caribe y que [los narcotraficantes] consideran predilectas”, describió.
“Honduras es un lugar estratégico para el narcotráfico”, confirmó por su parte el comisionado Jaír Martínez, vocero de la Policía Nacional de ese país, al recordar que las fuerzas hondureñas de seguridad ejecutan escudos aéreos, marítimos y terrestres para combatir el tránsito de sustancias ilícitas.
Fusina informó que de 2014 a septiembre de 2020 inhabilitó 303 áreas clandestinas de aviación para recibir y movilizar droga. Honduras se ratificó en el siglo XXI como pieza clave de los cárteles mexicanos. (José Meléndez, El Universal, Mundo, p. A15)
A pesar de ser golpeados por la crisis económica causada por el coronavirus los inmigrantes en Estados Unidos no han dejado de enviar dinero a sus países de origen, incluso superando las cifras del año anterior porque, en algunos casos, representa un seguro para los extranjeros ante la posibilidad de que el presidente Donald Trump sea reelegido.
“El futuro no pinta muy bien, no sabemos qué va a pasar en este país, y si nos echan pues hay que tener algo con qué vivir en México”, dijo a Efe Luis Rojas, quien vive en Los Ángeles desde hace 18 años.
El inmigrante mexicano envió este lunes a sus padres en Colima, México, 500 dólares, 200 más de lo que está acostumbrado a mandar. “Hay que aprovechar que el cambio está bueno”, explicó. Por cada dólar que el trabajador de la construcción envió le entregarán a sus padres 22,10 pesos mexicanos.
El inmigrante se animó a mandar la remesa este lunes tras leer que el dólar amaneció con un repunte en la cotización por primera vez en casi un mes.
“Hay que aprovechar cuando lo están pagando bien”, señaló en una muestra de la experiencia que le dejan las casi dos décadas de realizar envíos.
EL EFECTO TRUMP EN LAS REMESAS
Rojas indicó que sus padres utilizan unos 250 dólares para sus gastos y le guardan el resto.
“Quiero tener ahorros en México porque no se sabe, mucha de la gente que yo conozco está haciendo los mismo”, insistió el mexicano, de 38 años, que no quiso revelar su estatus migratorio.
Diana Bustamante, de 25 años, y oriunda de Chiapas, México, aseguró que el “racismo” que se vive en Estados Unidos impulsa a que los inmigrantes envíen más dinero.
México experimentó un aumento del 10,1 % del envío de remesas entre enero y julio de 2020 con respecto a 2019.
En los primero seis meses de este año los inmigrantes enviaron más de 22.821 millones de dólares, un monto superior a los 20.744,68 millones de dólares de un año atrás, según datos del Banco de México.
La remesa promedio en el lapso de enero a julio fue de 337 dólares, 4,33 % mayor que en el mismo lapso de 2019 -cuando fue de 323 dólares-, y el número de operaciones pasó de 64,14 a 67,64 millones.
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, pronosticó que la cifra ingresada en remesas este año supondrá un nuevo récord y alcanzará los 40.000 millones de dólares.
EL VIRUS QUE NO PUDO CON LAS REMESAS
Bustamante contó a Efe que aunque tuvo que parar de trabajar en un restaurante de Los Ángeles por la pandemia no ha dejado de enviarle dinero a su abuela, Carmen Herrera.
“Por unos meses no pude mandar lo de siempre pero mandé para comprar despensa y pagar la luz y el gas”, aclaró la joven, que fue criada por su abuela después de que su mamá emigró cuando ella tenía apenas 3 años.
La joven indicó que se está preparando para enviar más dinero para el mes de diciembre. “Para Navidad siempre envío más, y yo espero que la situación económica se recupere, ya me están dando más horas (de trabajo)”, agregó.
Al ser una inmigrante legal, Bustamante logró recibir los estímulos económicos del Gobierno federal para contrarrestar el golpe al bolsillo de trabajadores afectados por la pandemia.
Precisamente el Banco de México advirtió que las ayudas y la reactivación del trabajo en estados como California y Texas, donde se encuentran el mayor número de inmigrantes mexicanos, hacen parte de los factores en el aumento de remesas que recibe el país. (Redacción, Ovavciones, Finanzas, p. 8)
A las 19 horas, en Palacio Nacional, la Secretaría de Salud dirige el informe diario sobre COVID-19 en México.