Morelia.— El Instituto Nacional de Migración (INM) emitió una alerta para impedir que Diego “N”, presunto asesino de la joven Jessica González, salga del país.
Fue a través de un comunicado que el INM informó que colabora con la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán y con la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) para evitar la posible salida de México de Diego “N”.
El instituto colabora en este caso a petición de la Unidad de Asistencia Jurídica Internacional y Extradiciones de la fiscalía estatal, así como de la oficina de enlace de la Interpol México.
El pasado viernes, la fiscalía de Michoacán informó que encontró el cuerpo de Jessica González. La joven de 21 años era profesora y hasta ahora se sospecha que Diego “N” es el posible responsable del feminicidio.
El pasado lunes, la fiscalía de Michoacán dio a conocer que ofrece un millón de pesos a quien proporcione información fidedigna que lleve a la captura del joven implicado.
La FGE informó sobre los datos de identificación del investigado: sexo masculino, 18 años de edad, 1.80 metros de estatura, complexión delgada, atlética y cara ovalada.
Como señas particulares, Diego “N” tiene cuatro tatuajes, de los cuales, uno se encuentra en su espalda y tiene forma de una mano con un ojo en el centro.
La dependencia señaló que la información que aporten los particulares será recibida en la Agencia de Inteligencia Criminal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán. (Carlos Arrieta y Alexis Ortiz, El Universal, Estados, p.14)
(Ernesto Martínez y Fabiola Martínez, La Jornada, Estados, p. 25)
(Rolando Herrera y Óscar Luna, Reforma, Nacional, p. 13)
(Daniela Wachauf y Redacción, 24 Horas, Estados, p. 13)
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una reforma a las leyes de Migración y Sobre Refugiados, para que el Estado mexicano se obligue a otorgar estancia por razones humanitarias a menores migrantes no acompañados en centros de asistencia social, aunque legisladores advirtieron que para ello sólo hay 200 mil pesos disponibles, como señaló en tribuna Martha Tagle, de Movimiento Ciudadano.
También con el voto de todas las bancadas aprobó una ley general para prevenir, atender y reparar integralmente el desplazamiento forzado interno, la cual prevé constituir un fondo que permita a personas recuperar sus pertenencias o bienes; no obstante, la Secretaría de Hacienda ha advertido que no hay recursos para cumplir con ese objetivo.
En el caso de las leyes de migración y sobre refugiados, la Cámara Baja avaló una minuta que el Senado aprobó desde abril de 2018, y prevé que en ningún momento las niñas, niños o adolescentes, independientemente de que viajen o no en compañía de un adulto, serán privados de la libertad en estaciones migratorias o lugares habilitados.
Otro de los ejes de la reforma es adoptar el principio de no devolución de menores y garantizar el derecho a la unidad familiar, así como su cuidado y que éste quede a cargo del Sistema Nacional DIF.
También, que el Instituto Nacional de Migración de manera cautelar les reconozca la condición de visitante por razones humanitarias y que en ningún caso podrá devolver, expulsar, deportar, retornar, rechazar en frontera o no admitir a menores migrantes, sin que antes sean beneficiarios de un plan de restitución de derechos.
Asimismo, y aunque todas la bancadas celebraron la aprobación de la ley en materia de desplazamiento forzado, Hacienda les envió la semana pasada una tarjeta en la cual advierte que el fondo implicaría modificar las prioridades de gasto social, así como los subsidios o recursos complementarios asignados por el gobierno federal.
No obstante, la presidenta de la Comisión de Gobernación, Rocío Barrera Badillo, de Morena, dijo que se busca generar soluciones duraderas y manifestó que el desplazamiento interno forzado ha dejado en la indefensión a un número alarmante de personas.
Estamos ante un momento de definiciones que bien podría ser reconocido como el punto paradigmático en la solución del problema, declaró.
En contraste, el panista Fernando Torres Graciano planteó que la cámara debe considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación los recursos para atender este problema. La aplicación de la ley debe ir acompañada de los recursos suficientes, subrayó. (Roberto Garduño y Enrique Méndez, La Jornada, Política, p. 10)
(Aurora Zepeda y Ximena Mejía, Excélsior, Nacional, p. 5)
(Victor Chávez, El Financiero, Nacional, Política y Sociedad, p. 27)
(Alexis Ortiz y Ariadna García, El Universal, Nación, p. 4)
(Marisol Velázquez y Redacción, El Economista, Política y Sociedad, p. 38)
(Patricia Martínez, Ovaciones, Política, p. 4)
La Cámara de Diputados aprobó reformas a las leyes de Migración y de Refugiados que garantizan a niños, niñas y adolescentes el derecho a la no privación de la libertad por motivos migratorios. Prevé además regular los centro de asistencia social para atender a los menores migrantes. (Staff, Reforma, Nacional, p. 2)
Rebasada el año pasado por la oleada de migrantes extranjeros que solicitaron asiló en el país, con insuficiencia de personal y de recursos, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) verá ampliadas sus atribuciones y atenderá a los desplazados internos por la violencia y otros factores.
La Cámara de Diputados aprobó ayer por unanimidad la nueva Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, la cual se turnó al Senado.
La ley busca proteger a las personas que se ven obligadas a abandonar su lugar habitual de residencia por un conflicto armado, violencia en general, violencia de género, violaciones a los derechos humanos, castigo por incumplimiento de reglas que se desprenden de usos y costumbre, conflictos agrarios, proyectos de desarrollo a gran escala y catástrofes naturales o provocadas por el ser humano.
“La Federación, las entidades federativas y los municipios, en sus ámbitos de competencia, tienen la obligación de atender y proteger a las personas en situación de desplazamiento forzado”, indica en su artículo 7.
Establece que se creará un Mecanismo Nacional para la atención de las personas desplazadas, que operará como órgano colegiado con la participación de los titulares de 9 secretarías de Estado, la Fiscalía General y otras 18 dependencias y organismos, además de representantes de los poderes Legislativo y Judicial.
Prevé, además, la creación de un Registro Nacional de Personas Desplazadas y un Fondo Nacional de Atención al Desplazamiento Forzado Interno, al que se deberán destinar recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación y que será administrado por la Secretaría de Gobernación.
La actual Comar, que se transformará en Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y Desplazamiento Interno, será el brazo operativo del Mecanismo Nacional y asumirá sus nuevas funciones dentro de los 30 días siguientes a la entrada en vigor de la nueva ley. (Claudia Salazar, Reforma, Nacional, p. 2)
A Yuridia, una mexicana de 26 años de edad, no le dieron opción para operarla en el centro de detención de Irwin, Georgia, donde se han denunciado otras intervenciones quirúrgicas sin consentimiento de los migrantes en Estados Unidos, particularmente mujeres.
Su abogada, Kathleen Hoyos, relató a Grupo REFORMA que, aunque sólo le removieron un quiste de los ovarios, Yuridia no entendía qué estaba pasando cuando la llevaron a cirugía.
“Fue sin consentimiento en cuanto a que, si tú estás esposada y estás en un centro de detención y te dicen que te tienen que operar, no tienes opción”, expresó la abogada defensora.
“Fue presionada en el sentido de que no tuvo opción. En estos centros de detención no se les da previo aviso de para qué van o a dónde van. Ella no tuvo oportunidad de rechazar el procedimiento”.
La integrante del colectivo que está atendiendo casos de mujeres operadas en contra de su voluntad en ese centro de detención, que está bajo responsabilidad del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), detalló que la mexicana todavía está adolorida por la cirugía y la recuperación; y afirmó que está en chequeo y con medicamentos.
La cirugía de Yuridia, realizada por el doctor Mahendra Amin, acusado de llevar a cabo las operaciones sin consentimiento a al menos 16 mujeres, fue a finales de agosto.
La mexicana fue detenida en Georgia, donde residía, de acuerdo con su abogada, y su estatus migratorio está en proceso debido a lo sucedido con la intervención quirúrgica.
La defensora indicó que se está guardando la identidad de la joven lo más posible para no afectar el proceso legal en Estados Unidos y para no abrumarla pues lo sucedido, dice, fue traumático.
“El propósito de Yuridia, de dar a conocer su historia es que no sólo se corrija lo que está sucediendo, sino darle coraje a otras mujeres para que también hablen. Mujeres que están en México y fueron deportadas”, afirmó.
SOLA Y CON DOLOR
En entrevista con The New York Times, Yuridia relató que buscó a una enfermera en el centro poco después de su llegada porque tenía dolor en una costilla tras una pelea con su ex pareja abusiva justo antes de que ICE la capturara.
La enviaron para un examen médico en la oficina de Amin, donde dijo que él comenzó a preparar una máquina de ultrasonido.
“Asumí que iban a revisar mi costilla. Lo siguiente que sé es que está haciendo un examen vaginal”, explicó.
Amin registró en sus notas que Yuridia tenía quistes en los ovarios y programó una intervención quirúrgica para extirparlos.
También escribió que ella se había quejado de menstruación abundante y dolor pélvico. Dijo que nunca experimentó ni informó esas condiciones y que no había pedido ver a un ginecólogo.
Semanas después, la mexicana fue operada.
Los informes de patología muestran que no tenía quistes peligrosos, sino pequeños, del tipo que ocurren naturalmente en la mayoría de las mujeres y no requieren intervención quirúrgica.
Yuridia dijo que esperaba sólo un procedimiento menor, que se realizaría por vía vaginal, pero se sorprendió cuando se despertó de la anestesia al encontrar tres incisiones en su abdomen y un trozo de piel que faltaba en su área genital.
“Me desperté y estaba sola, tenía dolor y todos hablaban inglés, así que no pude hacer preguntas”, dijo Yuridia.
Los abogados de las víctimas reportan que hasta ahora sólo se han identificado dos mujeres mexicanas que han sufrido este tipo de intervenciones quirúrgicas, pero afirman que podría haber muchas más que no han sido identificadas todavía.
Pocos días después de que una enfermera denunciara los procedimientos médicos innecesarios en el centro de detención, dos mexicanas fueron deportadas.
Una de ellas acusó que Amin intentó retirarle su útero, después de que se le suministrara un medicamento llamado Depo-Provera para que sangrara y con eso se justificara en su expediente médico la intervención quirúrgica. (Isabella González, Reforma, Nacional, p. 13)
Entre mayo y agosto, el nivel de empleo de los trabajadores mexicanos migrantes en Estados Unidos aumentó en 643 mil 881 plazas, con lo que se atenúa un poco la caída que tuvo por la pandemia, reveló un análisis de Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA).
El organismo informó que en relación a abril pasado, el empleo creció 11.5 por ciento.
El avance de los meses de mayo hasta agosto favoreció a los hombres, con 368 mil 873 ocupados, mientras que en el caso de las mujeres fue de 275 mil 8.
“El avance en los meses de mayo, junio, julio y agosto del empleo en Estados Unidos de los trabajadores mexicanos inmigrantes atenuó la severa contracción que había registrado en su comparación anual, pero esta siguió siendo elevada. Así, en agosto el descenso anual del empleo de los trabajadores mexicanos inmigrantes resultó de 772 mil 89 ocupaciones”, advirtió el estudio.
En los cuatro meses de análisis, la tasa de desempleo de los mexicanos migrantes resultó menor que la tasa correspondiente a la población hispana o latina.
Los sectores donde se mostró una evolución más positiva fue: alimentos, recreación y hospedaje (133 mil 621 empleos adicionales); servicios de salud, asistencia social y educativos (114 mil 360 ocupaciones); servicios de administración, técnicos y gerenciales (212 mil 739 empleos); comercio al menudeo y mayoreo (102 mil 599 ocupaciones) y construcción (92 mil 423 empleos).
En contraste, hubo una caída acumulada en el empleo de los sectores agropecuario, finanzas, inmuebles e informática, así como en administración pública. (Verónica Gascón, Reforma, Negocios, p. 3)
Desaparecer el fideicomiso de apoyo social a los ex braceros, como propuso Morena, será una traición del presidente Andrés Manuel López Obrador a la lucha de los trabajadores y a sus propios principios, consideró Efraín Arteaga, del Movimiento Unido de Ex Braceros. En entrevista con MILENIO, el dirigente afirmó que de consumar el hecho contravendrá una resolución de la Suprema Corte. Arteaga pidió al mandatario que cumpla su compromiso de campaña con los ex braceros, y rechazó que el gobierno ya esté cerca de liquidar los adeudos con quienes fueron a trabajar a EU entre los años 40 y 60. “Incluso sería una traición a la palabra del Presidente o a los principios que dice abanderar”, dijo. (Alma Paola Wong y Fernando Damián, Milenio, Política, p. 8)
Las restricciones que existen para que los ciudadanos estadunidenses viajen hacia Canadá, Europa y Asia darán ventaja a México y al Caribe, aseguró Darío Flota, director del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ). “México es una opción natural, cercana y donde es fácil de llegar y por eso vamos a ver una recuperación”.
Durante su participación en el Panel Impactos 2020 – Perspectivas 2021 organizado por la Asociación Femenil de Ejecutivas de Empresas Turísticas de la República Mexicana (AFEET), reveló que para septiembre, octubre y noviembre se tienen 13% más asientos de avión programados desde Estados Unidos hacia el aeropuerto de Cancún, de los que se tenían en el mismo periodo del año pasado.
Según el funcionario, actualmente, el aeropuerto de Cancún reporta sólo 45% de los vuelos que tenían en el mismo mes de 2019, cifra que se espera se modifique a partir del próximo mes cuando se reactiven los vuelos desde Europa. (Miriam Paredes, Excélsior, Dinero, p. 3)
Timothy J. Shea, administrador de la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) arribó al país para buscar mayor cooperación de las autoridades mexicanas y del presidente Andrés Manuel López Obrador para frenar el trasiego de narcóticos que ingresan a su país.
De acuerdo con autoridades estadounidenses, la llegada de Shea, se debe a la gran demanda y consumo de drogas en su país y por el empoderamiento de los cárteles locales que colaboran con los mexicanos.
“El titular interino de la Drug Enforcement Administration (DEA), se reunirá en México con mandos de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPPC) y la de Relaciones Exteriores (SRE), entre otros funcionarios”, informaron las autoridades norteamericanas.
Entre los temas que abordará Shea con el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, y el titular de la SSPPC, Alfonso Durazo, se encuentra la petición de captura con fines de extradición de Cárdenas Palomino y Pequeño García, condecorados por el expresidente Felipe Calderón por su trabajo en la lucha contra el narcotráfico.
Por su parte, el gobierno mexicano aprovechará la visita de Shea para obtener mayor información sobre los “cárteles internos” de Estados Unidos, sobre su operación, liderazgos y su relación con las organizaciones criminales mexicanas.
Además, el presidente López Obrador estaría interesado en conocer las operaciones que ha realizado la DEA junto con el FBI en contra del narcotráfico mexicano y estadounidense en las que han confiscado cientos de kilos de drogas sintéticas, como la “Operación Leyenda” que se llevó a cabo hace unas semanas en Arizona. (Índigo Staff, Reporte Índigo, Reporte, p. 6)
Nueva York.- Wendy Dowe se despertó sobresaltada una mañana de enero de 2019, cuando los guardias la sacaron de su bloque de celdas en el Centro de Detención del Condado de Irwin, en una zona rural de Georgia, donde había estado retenida durante cuatro meses. Ese día la operarían, le dijeron.
Aún aturdida, la jamaicana de 48 años, que había estado viviendo como indocumentada en Estados Unidos durante dos décadas antes de que las autoridades de migración la detuvieran, sintió que una oleada de terror se apoderaba de ella.
Un ginecólogo externo que atendió a pacientes bajo custodia federal le dijo que los cólicos menstruales que tenía eran causados por grandes quistes y masas que debían extirparse, pero ella se mostró escéptica. El médico insistió, sostuvo, y como detenida, llevada al hospital esposada y con grilletes, se sintió presionada para dar su consentimiento.
Fue solo después de que fue deportada a Jamaica y de que varios otros médicos revisaran sus expedientes médicos que supo que había tenido razón al plantear cuestionamientos.
El informe de un radiólogo, basado en imágenes de sus órganos internos de su tiempo en Irwin, describió su útero como de un tamaño saludable, no hinchado con masas y quistes agrandados, como el médico había escrito en sus notas. Los quistes que tenía eran pequeños y del tipo que se producen de forma natural y no suelen requerir intervención quirúrgica.
“No tenía que hacer nada de eso”, manifestó Dowe.
La cárcel de migrantes de Irwin, ubicada en la localidad de Ocilla, atrajo la atención nacional este mes después de que una enfermera, Dawn Wooten, presentara una denuncia de irregularidades, alegando que las detenidas le habían dicho que les habían extirpado el útero sin su total comprensión o consentimiento.
Desde entonces, tanto el Servicio de Inmigracíon y Control de Aduanas (ICE, en inglés) como el hospital del Condado de Irwin han publicado datos que muestran que solo se han realizado dos histerectomías completas a mujeres detenidas en ese Centro en los últimos tres años.
QUEJAS DE LARGA DATA
Las preocupaciones de las mujeres detenidas en Irwin surgieron mucho antes de que Wooten las denunciara.
Después de que Amin le dijera que tenía una masa del tamaño de un “melón” en el útero, a principios de 2019, Dowe se acercó a Donald Anthonyson, un defensor de los migrantes que conoció a través de un compañero detenido. Ella estaba pidiendo ayuda, indicó Anthonyson.
“Expresó preocupaciones reales sobre ir con ese médico”, dijo. “Estaba preocupada por lo que le estaba pasando y lo que escuchaba de otras mujeres”.
A diferencia de algunas de las reclusas que no tenían quejas ginecológicas, Dowe estaba experimentando calambres menstruales intensos, que los médicos que revisaron su caso dijeron que tal vez podían justificar el procedimiento al que se sometió, pero solo si la paciente comprende las opciones y elige seguir adelante.
Después de una primera operación, Amin escribió en sus notas que Dowe solicitó una segunda cirugía: una histerectomía abdominal completa y la extirpación de los ovarios. (Caitlin Dickerson, Seth Freed Wessler y Miriam Jordan, Reforma, Internacional, p. 15)
Mujeres migrantes bajo custodia de autoridades de Estados Unidos afirmaron que habían sido sometidas a procedimientos ginecológicos invasivos que, después se enteraron, no eran indispensables.
Destaca el caso de Yuridia, una inmigrante mexicana de 36 años, quien pidió una revisión porque su expareja le golpeó una costilla.
Pensé que me iban a revisar la costilla. Ya cuando me di cuenta me estaban haciendo un examen vaginal”, relató la mujer, de acuerdo con el periódico The New York Times, que habló con 16 mujeres víctimas de presión.
En enero de 2019, Wendy Dowe fue sometida a un proceso quirúrgico. “No tenía que hacer nada de eso”, dijo Dowe.
Después del proceso, al visitar a otro doctor se enteró de que los quistes que tenía eran pequeños y no requerían intervención médica.
Ayer, además, el periódico The Washington Post reportó que habrá nuevas redadas durante octubre.
Los operativos estarán enfocados en arrestos que serán ejecutados en jurisdicciones que han adoptado políticas santuario.
La semana pasada, una enfermera divulgó la realización de histerectomías forzadas en un centro de detención de migrantes en Georgia.
En ese sitio, se realizaron al menos dos intervenciones quirúrgicas sin consentimiento de las mujeres afectadas. (Redación, Excélsior, Global, p. 25)
Ashland, Oregon.- Francisco Javier Torres fue al valle de Oregon para plantar árboles y combatir incendios forestales. Cuando sus hijos eran pequeños, comenzó a restaurar viejas casas móviles para rentarlas a jornaleros que recogían peras, uvas y cáñamo.
En la comunidad de Coleman Creek Estates, al norte de Ashland en la ciudad de Phoenix, había 14 tráileres que Torres había rescatado del montón de chatarra y transformado en un tipo de vivienda asequible para migrantes.
El incendio “Almeda” arrasó con varias de sus casas móviles cuando golpeó el valle este mes. También acabó con el hogar de Torres, su camioneta nueva, fotos de sus hijos y recuerdos que había traído hace 30 años desde la frontera con México.
“El trabajo de toda mi vida se ha ido”, dijo Torres, de 54 años.
“Mi negocio iba bien. Siempre tengo más personas llamándome que quieren alquilar un lugar de los que tengo para ofrecer. Ahora solo me preocupa lo que sucederá con los 14 residentes que se quedaron en Coleman Creek. No tengo nada que ofrecerles en este momento”.
El fuego a principios de septiembre fue parte de una serie de incendios que han devastado California y el noroeste del Pacífico desde mediados de agosto.
Las llamas al sur de Oregon destruyeron más de 2 mil hogares, incluidas grandes extensiones de casas móviles y edificios que albergaban a trabajadores agrícolas migrantes, limpiadores de casas, carpinteros y cocineros.
Cuando se produjeron los incendios, algunas familias no sólo perdieron sus hogares, sino que también vieron desaparecer los ahorros de toda su vida, a menudo guardados en efectivo en casa, ya que muchos no confían en los bancos.
Sin embargo, la comunidad se ha ayudado entre sí. Tanto los migrantes como los residentes nativos cuyas casas se salvaron de las llamas han abierto sus puertas a las familias afectadas.
Las donaciones de ropa, alimentos y otros elementos esenciales se han vertido en los centros de ayuda y un grupo ha comenzado un esfuerzo para alimentar a las víctimas de los incendios durante los próximos meses. (The Nyt News Service, Reforma, Internacional, p. 15)
Washington.- La Administración del Presidente estadounidense, Donald Trump, alista una serie de arrestos de personas indocumentadas en ciudad santuario, urbes que limitan su cooperación con las leyes federales de migración, según tres funcionarios citados por The Washington Post.
La medida fue descrita más como una parte de la campaña de reelección del Mandatario republicano, bajo su política de ley y orden, que como una operación importante del Servicio de Migración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
De acuerdo con los servidores públicos, que hablaron bajo condición de anonimato, la acción, conocida informalmente como “la operación santuario”, podría comenzar en California esta semana, para luego extenderse a Denver y Filadelfia.
Se espera que el Secretario interino de Seguridad Nacional, Chad Wolf, visite al menos una de las jurisdicciones donde se llevará a cabo la operación, a fin de impulsar las afirmaciones de Trump de que los líderes demócratas de esas ciudades no han protegido a los residentes de criminales peligrosos, dijeron dos de los funcionarios. (Staff, Reforma, Internacional, p. 14)
“El acto de dedicar su vida, de exponerse para atender a un desconocido. Esa capacidad que tienen los seres humanos en México para responder al Covid-19 es lo que hace Médicos Sin Fronteras (MSF) todos los días, en todo el mundo, desde hace 50 años”, cuenta Loïc Jarger, director ejecutivo de MSF en México y Centroamérica.
En entrevista con REFORMA, Jarger habla sobre “Salvar vidas es nuestra vida”, una campaña que busca generar mayor conocimiento y conciencia sobre el trabajo que realiza esta organización médico-humanitaria internacional en nuestro País, particularmente durante esta pandemia, y en el resto del mundo.
“Nosotros empezamos a responder al Covid-19 en China y cuando llegó el virus a México ya teníamos la experiencia de tratamientos en Europa y Asia. Creo que en México tuvimos un fuerte impacto en las poblaciones más marginadas”, afirma el activista.
Desde el primer caso en México, más de 400 trabajadores humanitarios, entre médicos, enfermeros, higienistas, legistas, promotores de salud, psicólogos, epidemiólogas y trabajadores sociales de MSF, ayudan a migrantes, mexicanos deportados, personas en situación de calle y de la tercera edad sin recursos en Tijuana, Matamoros, Reynosa y Ciudad de México, así como en zonas marginadas de Oaxaca, Guerrero y Yucatán, entre otras entidades.
“Salvar vidas es nuestra vida” es una continuidad de las iniciativas #FuerzaEquipoMédico y #DosisDeHumanidad, impulsadas por la organización desde el inicio de la pandemia para alentar el reconocimiento al valor del equipo médico mexicano que trabaja para combatir el virus, a raíz de las agresiones y amenazas que recibieron en distintas ciudades del País.
“Para MSF, cualquier agresión al personal médico es siempre inaceptable (…) cuando sacamos las campañas fueron un éxito, mucha gente en las redes sociales expresó su apoyó al personal de salud, eso queríamos lograr”, destaca Jarger.
Desde su mirada, los médicos mexicanos que trabajaron y trabajan para contener y tratar los casos de Covid-19 “lo han hecho muy bien, con mucho compromiso y abnegación en esos lugares donde hemos colaborado con ellos, además -enfatiza-, la mayoría de nuestros médicos que respondieron con MSF son mexicanos, todos lo hicieron con una ética muy fuerte”.
A partir del 24 de septiembre, en canales digitales, televisión y espacios públicos en CDMX, Guadalajara y Monterrey, cinco rostros icónicos representarán a los 60 mil trabajadores humanitarios de MSF que asisten a poblaciones en situación precaria, a víctimas de catástrofes de origen natural o humano y de conflictos armados, en todo el mundo.
“Ese acto de enfocarse en los demás es el fundamento de la humanidad”, concluye Jarger. (María Elena Cantú, Reforma, Ciudad, p. 3)
A las 19 horas, en Palacio Nacional, la Secretaría de Salud dirige el informe diario sobre COVID-19 en México.