POR MÁS que el discurso oficial reitere que la cooperación de México y Estados Unidos en materia de seguridad atraviesa por uno de sus mejores momentos, la manera en la que fue detenido Salvador Cienfuegos deja ver un panorama bien distinto.
COSA de ver que la orden de captura en contra del ex titular de la Sedena fue emitida por un Gran Jurado en agosto de 2019 y las autoridades estadounidenses prefirieron esperar un año y dos meses hasta que el general cruzó la frontera para aprehenderlo en vez de pedirle al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que hiciera la detención en territorio mexicano.
QUIENES saben de esos asuntos consideran que ese hecho demuestra el alto nivel de desconfianza que tienen de aquel lado de la frontera en las autoridades mexicanas, a quienes no les pidieron apoyo y ni siquiera les comunican sus planes.
DICEN que la mula no era arisca, pero vaya que la hicieron justo hace un año, cuando en octubre del mismo 2019, las Fuerzas Armadas de México atraparon y luego dejaron libre por orden del mismísimo Presidente a Ovidio Guzmán, quien es requerido por la justicia estadounidense y, hasta hoy, sigue suelto.
NO LO COMENTEN en Palacio Nacional porque luego hay quienes comienzan a hacer corajes desde muy temprano, pero pasado mañana se presentará oficialmente el movimiento “Sí por México” que, sin haber visto la luz, ya mereció ser descalificado a priori por Andrés Manuel López Obrador.
HABRÁ que estar atentos a la conferencia que darán a las 11:00 horas para saber a detalle quiénes son y qué objetivos persiguen los convocantes de esta nueva iniciativa.
MIENTRAS la estatua de Cristóbal Colón desapareció del Paseo de la Reforma y el gobierno de la CDMX analiza si algún día regresará a su pedestal, las que ya volvieron fueron las efigies de Fidel Castro y Ernesto “Che” Guevara sentados en una banca en el Jardín Tabacalera.
ORIGINALMENTE inauguradas en 2017 por el entonces jefe delegacional en la Cuauhtémoc y hoy senador, Ricardo Monreal, esas piezas fueron retiradas y embodegadas el año pasado pues habían sido colocadas sin que existiera un dictamen del Comité de Monumentos del gobierno capitalino.
¿SERÁ que el alcalde morenista Néstor Núñez ya obtuvo ese visto bueno o que en tiempos de la 4T más vale ser guerrillero comunista y revolucionario que navegante genovés al servicio del Reino de España? Es pregunta monumental. (F. Bartolomé, Templo Mayor, Reforma, Opinión, p.8)
Al comentar sobre la detención en Estados Unidos del exsecretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos, el presidente Andrés Manuel López Obrador pone un buen punto sobre la mesa al cuestionar la puerta abierta que se dio a las agencias de investigación de nuestro vecino del norte durante la administración de Felipe Calderón, misma que se restringió algo durante el posterior sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando todo el intercambio se canalizó exclusivamente hacia la Secretaría de Gobernación encabezada por Miguel Ángel Osorio Chong.
Antes de eso, cada institución de seguridad (PGR, Sedena, Marina, etc.) establecía contactos directos e independientes con las correspondientes dependencias y agencias norteamericanas del ramo, lo cual en sí no es criticable pues se trata de convenios necesarios e ineludibles, especialmente cuando naciones que son vecinas comparten los mismos problemas de seguridad, por lo que cualquier colaboración e intercambio de información es no solo comprensible sino hasta deseable.
Pero el señalamiento de López Obrador tiene mucho sentido cuando ahora se sabe que la DEA hace vigilancia sobre ciudadanos mexicanos, haciendo que de la cooperaciónse pase a la intromisión.
En esta relación, es de suponer que tanto la DEA como otras entidades similares de Estados Unidos como la CIA o el Departamento de Estado, ven con preocupación cómo la violencia y la inseguridad están prendiendo múltiples focos rojos al sur de su frontera, y por tanto es grande la tentación de intervenir, incluso pasando por encima de acuerdos internacionales y del respeto a la soberanía del vecino.
Se ha hablado por mucho tiempo de incursiones y violaciones al espacio aéreo mexicano por parte de aeronaves militares estadounidenses en misiones de observación que bien podría rayar en el espionaje, bajo el supuesto de que se trata de detectar posibles riesgos que pudieran eventualmente atravesar la frontera y afectar tanto a sus ciudadanos y sus intereses materiales y estratégicos.
Ahora hay que preguntar, aprovechando esta coyuntura de la relación bilateral en la víspera de la jornada electoral presidencial norteamericana, cuál es el papel actual de las agencias de Estados Unidos —incluida la DEA— en el territorio y la administración federal de México. ¿Hay algún análisis? ¿Se cuenta con un diagnóstico fidedigno del estado que hoy hay de esa relación?
Si lo que se quiere es explorar el pasado de las agencias norteamericanas en México, hay que empezar haciendo un corte de caja con el presente. (Redacción, El Universal, Opinión, p. A10)
Orietta Hernández Bermúdez, en extenso y documentado artículo, expresa en Cubadebate su preocupación por el peligro de un fraude electoral en las elecciones de hoy en Bolivia, o de un golpe de Estado que impida la victoria del Movimiento al Socialismo (MAS), con todas las encuestas a su favor. Argumenta que los movimientos sociales han renovado su capacidad de movilización con acciones como la instalación en agosto de 150 bloqueos para exigir la celebración de elecciones, y anuncian que defenderán hoy el voto resueltamente.
A diferencia de 2019, numerosas organizaciones internacionales han manifestado su preocupación ante la posibilidad de un desenlace violento.
Pregunta: ¿Estarán dispuestas las fuerzas armadas y la policía a masacrar al pueblo? ¿Se arriesgaría la derecha boliviana, asesorada por Estados Unidos, a instaurar abiertamente una dictadura militar? Añade que son elevadas las probabilidades de un fraude o un golpe de estado para arrebatar la victoria al MAS. Enumera indicios, coincidentes algunos con los observados en la elección de 2019:
Se hizo pública una lista de acciones coordinadas para sumir al país en una situación de caos y violencia y forzar la postergación de los comicios. Todo indica que puede repetirse el accionar de los grupos paramilitares que quemaron instituciones, agredieron a las mujeres de pollera y desconocieron los resultados de las elecciones.
El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, ha dicho públicamente que no le entregará el país al MAS. Los medios y redes sociales mantienen su alineación con la derecha y alimentan la narrativa de la segunda vuelta, mostrando resultados que minimizan la intención de voto a favor del MAS. Existen oscuros vínculos de Salvador Romero, presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) con la estadunidense USAID. (Ángel Guerra Cabrera, La Jornada, Opinión)
Sobre las denuncias del general Lara Villa
Con la detención del general Salvador Cienfuegos resultan ciertas las palabras del general Samuel Lara Villa, ya fallecido, cuando denunció públicamente por graves violaciones a la Constitución al entonces jefe supremo de las fuerzas armadas, Enrique Peña Nieto, y al general Salvador Cienfuegos.
Lástima que el general Lara Villa ya no pueda ver cómo cae en desgracia quien fue el mando principal de las fuerzas armadas en uno de los sexenios más corruptos. El general Lara Villa calificó de traidores a la patria a Cienfuegos y a su jefe supremo.
El general Lara Villa siempre reivindicó el origen y el carácter popular del Ejército mexicano, al cual se sentía orgulloso de pertenecer, pero con esa misma energía y entusiasmo con los que sirvió a las fuerzas armadas, acusó con valentía a aquellos mandos, como el general Salvador Cienfuegos, que traicionaron su compromiso de servir con lealtad a la nación.
El general Lara Villa estaba convencido de la responsabilidad del Ejército y del mando superior, en la múltiple ejecución extrajudicial en Tlatlaya y en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Ambos crímenes de lesa humanidad. El general, militar leal, honesto y patriota comprometido con su país, fue la antítesis de aquellos militares, como Salvador Cienfuegos, que deshonran y traicionan a la patria. (El Correo Ilustrado, La Jornada, Opinión, p2)
El golpe al prestigio del Ejército con la detención del exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, es el más duro de su historia moderna y compromete su protagonismo con el actual gobierno. Las acusaciones de una fiscalía de Nueva York en su contra enseñan que ninguna institución es incorruptible ni está blindada contra el poder corruptor del narcotráfico. Esta constatación cobra especial relevancia ante la concentración de recursos e influencia en la seguridad y obras públicas de los militares, sin ninguna política de transparencia y rendición de cuentas para prevenir riesgos de desviaciones en una de las autoridades más valoradas del país. Y por ello, no basta con ordenar depuraciones cuando estallan escándalos sin corregir su situación de excepción porque, como dice el refrán, en un arca abierta hasta el santo peca.
El general del gobierno de Peña Nieto hacía tiempo que no era visto como figura de especial virtud y menos libre de culpa, por ejemplo, en la crisis de derechos humanos del sexenio anterior por casos como las ejecuciones extrajudiciales militares en Tlatlaya o en el crimen de Ayotzinapa. El rechazo de la terna que ofreció al presidente López Obrador para su sucesión da cuenta de la desconfianza hacia el militar de mayor rango ahora aprehendido en Estados Unidos como parte de una investigación de la DEA. La acusación fue presentada en una Corte de NY desde 2019, al parecer sin informar al gobierno mexicano de una operación, lo que también refleja falta de confianza en la cooperación bilateral contra el narcotráfico.
La Operación Padrino —como la bautizó la DEA— es una sacudida para el Estado mexicano porque, como calificó López Obrador, demuestra la descomposición de los gobiernos del pasado del PRI y del PAN. Así como para el papel de las Fuerzas Armadas en seguridad pública desde hace una década como último reducto ante la penetración del crimen en los gobiernos.
Pero el problema de la falta de transparencia en la actuación del Ejército no es un asunto de personas aisladas o “manzanas podridas”, sino de controles de las instituciones civiles para evitar corromperse. En la mayoría de las democracias la cabeza de la defensa la ocupa un civil para mantener la supervisión a su interior. Aquí el escrutinio público sobre los militares es inexistente, ellos mismos se observan y juzgan aparte del resto de la sociedad.
La consecuencia es que la transparencia se mueve sin agenda para combatir la corrupción en el estamento militar, a pesar de sus mayores atribuciones en actividades neurálgicas de la seguridad y desarrollo de obras públicas con el actual gobierno. Las denuncias de abusos en derechos humanos o complicidades con el crimen no son nuevas, pero el resultado es que se quedan sin atender. Desde 2009, EU se ha quejado de que el Ejército no actuaba contra el Cártel del Golfo pese a proveerlo de información en uno de varios desencuentros en la cooperación antinarcóticos. En la impunidad está la clave de la descomposición. Y, sin embargo, ahora su influencia ha crecido en 13 posiciones claves de la administración federal, el control de puertos y aduanas, así como las mayores obras públicas del sexenio como el aeropuerto de Santa Lucía o el Tren Maya, como actores centrales de la estrategia anticorrupción. (José Buendía Hegewisch, Excélsior, Opinión)
Desde luego, que no es la primera vez, que en la opinión pública y en la academia, se discute y polemiza respecto de las actividades del estamento armado en lo que se supone “no son áreas de su competencia”. Sea en asuntos de Seguridad Pública, campañas de salud, programas de apoyo social, construcción de infraestructura, son actividades, que si se estudia con atención el marco jurídico que va de la Constitución hasta reglamentos específicos, la participación militar en labores de apoyo al desarrollo del país, es parte inherente de su naturaleza y misiones.
Por ejemplo, la actividad en los astilleros que administra la Armada de México y cualquier estudio lo evidencia, el positivo impacto a la economía local, genera una serie de beneficios que no sólo se limita a ese ámbito. Se construyen escuelas, hospitales, vías de comunicación terrestres y de telecomunicación entre otros muchos beneficios. Incluso el beneficio de la Seguridad Pública. Lo mismo puede señalarse, cuando las instalaciones de Batallones, Comandancias de Zona y de Región Militares, generan una intensa dinámica local, en la que la sociedad y autoridades civiles en su conjunto salen beneficiadas.
En 2007, el entonces Presidente Nicolás Sarkozy, decidió de forma unilateral, realizar una importante redistribución de las instalaciones militares y de la administración geográfica militar de Francia. Las poblaciones afectadas por el retiro de dicha infraestructura manifestaron de inmediato su inconformidad; fue de tal magnitud la movilización, que la decisión tuvo que suspenderse. Los argumentos eran en efecto, las consecuencias que implicaría para las comunidades el retiro de dichas instalaciones castrenses.
Ahora, con la inminente aprobación de la ley que transfiere la administración y vigilancia de las aduanas marítimas a la Armada de México, proceso que inició en 2017 y que regresa a la situación original de 1976, cuando el entonces Presidente, Luis Echeverría Álvarez, decidió pasar de la Secretaría de Marina a la hoy Secretaría de Comunicaciones y Transportes la mismas aduanas, se revive el debate de las atribuciones de las Fuerzas Armadas en general. Así ha sucedido con la Secretaría de la Defensa Nacional que durante sexenios, la inexistencia de un marco jurídico adecuado para apoyar las labores de Seguridad Pública, se cubrió hasta la actual administración.
Es entendible las diversas reacciones de organizaciones sociales y analistas, a propósito de lo que consideran “excesos en las atribuciones”, sin embargo, me parece que hace falta más información y análisis para llegar a dicha conclusión. Basta con observar la fundamental participación de las Fuerzas Armadas en meses y años recientes en lo que concierne a labores de apoyo a la sociedad y a los Estados democráticos. En España, Francia, Italia, Alemania, el Reino Unido, Colombia, Brasil, Canadá o los Estados Unidos, se observa una indispensable participación de las Fuerzas Armadas en el desarrollo del país. (Javier Oliva, El Sol de México, Análisis, p13)
Prueba electoral
El INE, presidido por Lorenzo Córdova, tiene hoy una prueba en las elecciones de Coahuila (que renueva el Congreso) e Hidalgo (Ayuntamientos). Los que dicen saber perfilan que el triunfador será el abstencionismo, sobre todo porque la jornada se da en medio de la emergencia sanitaria por COVID-19. Pero los consejeros electorales están muy optimistas.
Buena mancuerna
Gran trabajo realizaron la Fiscalía de la CDMX, a cargo de Ernestina Godoy, y la Secretaría de Seguridad, de Omar García Harfuch, en el caso del robo de medicamentos contra el cáncer. En pocos días se logró recuperar parte de los fármacos hurtados y se detuvo a dos sospechosos del atraco. Nos explican que es gracias a la labor de inteligencia y a la colaboración. (Sacapuntas, Heraldo de México, Opinión, p2)