Los fideicomisos de los Centros Públicos de Investigación son importantes como fuente de financiamiento para algunos proyectos, mas no son críticos para el cumplimiento de las labores sustantivas de estas entidades académicas. Y es que con la desaparición de los fideicomisos aprobada por el Congreso de la Unión no se tocan los presupuestos operativos de dichos organismos, han explicado los directivos a las comunidades académicas.
En recientes reuniones con personal académico y estudiantes, directivos de los centros han explicado las implicaciones de la extinción de los fideicomisos para la vida de sus instituciones. En esos acercamientos, de acuerdo con estudiantes, se ha planteado que la principal fuente de financiamiento son los recursos públicos que les destina el gobierno federal y que la desaparición de los fideicomisos no implicará el cierre de estas instituciones. (Arturo Sánchez Jiménez y José Antonio Román, La Jornada, Política, p.4)
Con el voto en favor de Morena y aliados, la Cámara de Diputados aprobó y turnó al Senado la Ley de Ingresos de la Federación 2021, en una sesión en la cual la bancada mayoritaria defendió que la política económica para el próximo año contribuirá a superar la crisis, mientras la oposición consideró que será insuficiente para afrontar la presión del gasto.
Como lo había anunciado, Morena presentó una iniciativa de reforma a la Ley General de Salud con el fin de poner un tope al Fondo de Salud para el Bienestar, con objeto de que los remanentes se utilicen en 2021 para el pago de una vacuna contra el Covid.
La propuesta, que se turnó a la Comisión de Presupuesto, con opinión de la de Salud, plantea que “cuando el fondo acumule recursos en un monto superior a dos veces la suma aprobada en el Presupuesto 2020, como aportaciones al fideicomiso del Fondo de Salud para el Bienestar, el remanente podrá destinarse a fortalecer acciones en materia de salud a través del reintegro de recursos a la Tesorería… Los recursos acumulados que se mantengan en el fondo seguirán garantizando la atención de enfermedades que provocan gastos catastróficos, la atención de necesidades de infraestructura, el abasto y distribución de medicamentos y otros insumos, y el acceso a exámenes clínicos”. (Roberto Garduño y Enrique Méndez, La Jornada, Política, p.5)
La alianza entre Morena y PT en el Senado se rompió en definitiva durante la discusión de la minuta para eliminar los 109 fideicomisos. Hubo acusaciones mutuas de traición entre legisladores de ambas bancadas, luego de que los seis legisladores petistas votaron con la oposición y advirtieron en el pleno que son aliados del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero no empleados de nadie.
El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, expuso en tribuna que con sus aliados de PES y PVEM sacarían la reforma, en referencia a que los seis petistas expresaron públicamente que no avalarían la propuesta del Ejecutivo federal. (Andrea Becerril y Víctor Ballinas, La Jornada, Política, p.5)
En medio de la discusión en el Congreso de la Unión del paquete fiscal para el próximo año, la dirigencia nacional del PRI señaló que con la desaparición de los fideicomisos, Morena no escuchó a la población y se da un duro golpe al desarrollo del país. También criticó que el partido mayoritario se haya retractado de eliminar el IVA a los productos de higiene femenina.
Por su parte, el PAN y el PRD calificaron de intimidación a los contribuyentes, que cae en terrorismo fiscal, la decisión de permitir al Servicio de Administración Tributaria (SAT) la captura de imágenes y video al interior de los domicilios fiscales de las personas.
Con la extinción de los fideicomisos –agregó la dirigencia priísta– también lo hacen con los recursos para la investigación científica, la cultura, la defensa de los derechos humanos, el deporte y el campo. (Fabiola Martínez y Georgina Saldierna, La Jornada, Política, p.6)
Antes de que concluya la encuesta abierta para definir la dirigencia nacional de Morena –termina hoy–, la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de realizar la tercera encuesta con este objetivo, y avaló los resultados de la segunda, en la que los aspirantes, Mario Delgado y Porfirio Muñoz Ledo, quedaron empatados.
Aunque el acuerdo emitido por el INE sobre el proceso interno del partido establece que los resultados de la encuesta se darán a conocer a más tardar este sábado, en el órgano electoral prevén que será el viernes cuando se haga público al ganador. La convocatoria no establece alguna opción en caso de repetirse un empate, por lo que de darse este resultado se deberá buscar una vía de resolución fuera de los lineamientos del proceso.
Por la noche, en un foro virtual con militantes, Muñoz Ledo sostuvo que en el partido hay un desorden financiero, es la verdad. En los estados tienen prerrogativas, pero nadie sabe quién las maneja.
Además, propuso que la ciudadanía se alcance desde los 16 años, por lo que planteó que en Morena también se puede integrar a los jóvenes a partir de esa edad, y otorgar un trato preferente a quienes egresen de la escuela de cuadros del partido.
Por su parte, Mario Delgado busca sumar a la actual secretaria general del partido, Yeidckol Polevnsky, para caminar juntos en un mismo proyecto. Por medio de una carta enviada a la morenista, la invitó a unir su experiencia luego de los resultados electorales en los comicios del fin de semana, que no fueron alentadores. (Néstor Jiménez y Georgina Saldierna, La Jornada, Política, p.7)
Los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) podrán seguir ganando un sueldo mensual de 143 mil pesos, por lo menos hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva la controversia constitucional que promovió la Cámara de Diputados.
La segunda sala del máximo tribunal declaró infundado un recurso de reclamación en contra de la negativa para suspender la aplicación del Manual de Remuneraciones del INE, el cual permite que los consejeros y altos funcionarios de esa institución obtengan salarios superiores a los del presidente de la República, violando lo estipulado en la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.
Fue esta situación la que llevó a los legisladores a promover una controversia constitucional, la cual fue admitida a trámite a principios del año; sin embargo, no se otorgó la suspensión, por lo que la Cámara de Diputados promovió el recurso de reclamación, que fue desechado en la sesión de este miércoles.
La determinación fue aprobada por mayoría de cuatro ministros, contra el único voto en contra que presentó Yasmín Esquivel Mossa. (Eduardo Murillo, La Jornada, Política)
En México se estima que alrededor de 347 mil personas han sido desplazadas de manera forzada entre 2006 y 2019, casi la mitad de ellas pertenecientes a comunidades indígenas, aunque la cifra sería mayor debido al subregistro que da en este fenómeno, se dijo en la mesa Desplazamiento forzado en México, organizada por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
En la sesión, que forma parte de los Conversatorios virtuales: la universidad ante las violencias, Margarita Zárate Vidal, investigadora del Departamento de Antropología de la unidad Iztapalapa, recordó que apenas en abril de 2019 el Estado mexicano reconoció la existencia de este fenómeno que llevaba tiempo presentándose de manera importante en el país.
Sin embargo, fue en septiembre de este año que se aprobó el proyecto de ley para prevenir, atender y reparar integralmente esta problemática, anunciándose la creación del registro de personas en esa situación en México, donde hay al menos 347 mil. (De la Redacción, La Jornada, Política, p.8)
Chilpancingo, Gro., Melitón Ortega, vocero de los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala en 2014, demandó al gobierno federal que se abra una carpeta de investigación al ex presidente Enrique Peña Nieto, porque él y el general Salvador Cienfuegos saben el paradero de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa.
En su intervención durante el mitin realizado en Chilpancingo por el 60 aniversario de la huelga estudiantil cuyo principal logro fue el surgimiento de la Universidad Autónoma de Guerrero, recordó que Peña Nieto, como jefe de Estado en ese entonces, tiene responsabilidad en la desaparición de los jóvenes.
A la fecha, señaló, no sabemos en dónde están los responsables, se oculta la participación del 27 Batallón de Infantería de Iguala, ellos son los responsables de la desaparición de los 43 jóvenes.
Denunció que la Fiscalía General de la República se está tardando para ejecutar las órdenes de aprehensión. Le decimos (al fiscal Gertz Manero) que estamos esperando que se detenga a todos los funcionarios que participaron.
Melitón Ortega lamentó que no se hayan resuelto ni tomado en cuenta las cuatro líneas de investigación propuestas por los padres de familia, prueba de ello es que no hay personajes clave detenidos por su participación en los hechos.
Recalcó que el general Salvador Cienfuegos sabe del paradero de los 43 estudiantes desaparecidos, y otros altos mandos del Ejército Mexicano, entre ellos los del 27 Batallón de Infantería. (Sergio Ocampo Arista, LA Jornada, Política, p.9)
Uno de cada cuatro trabajadores que perdió o suspendió su ocupación con el inicio de la contingencia sanitaria por el Covid-19 no ha vuelto a laborar cinco meses después. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que de los más de 12 millones de personas que dejaron sus trabajos en abril, han vuelto al mercado laboral 8.4 millones.
Los datos de septiembre confirman la lenta recuperación de la ocupación y el empleo observada en agosto, debido principalmente al mantenimiento de las medidas de reactivación gradual de los negocios y empresas en actividades económicas no esenciales, señaló el organismo.
Con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo en su nueva edición (ENOEN), el Inegi mostró que las necesidades de plazas de trabajo entre desempleados abiertos y quienes no han buscado un empleo, pero lo necesitan, se incrementa a 13 millones 200 mil. (Dora Villanueva, La Jornada, Economía, p.16)
Saltillo, Coah., Con un abstencionismo de casi 60 por ciento, las elecciones del domingo 18 de octubre costaron 389 millones de pesos, de los cuales más de 164 millones se destinaron a los partidos políticos y a aspirantes independientes, según datos del Instituto Estatal Electoral de Coahuila.
El costo promedio de cada voto fue de 195 pesos en los comicios para la renovación del Congreso estatal. En 2017, en el proceso para elegir 38 ayuntamientos, la Legislatura local y gobernador se gastaron 374 millones de pesos. (Leopoldo Ramos, La Jornada, Estados, p.25)
Claudia Sheinbaum Pardo, jefa del gobierno de la capital del país, afirmó que en estos momentos su administración no está en condiciones de apoyar económicamente a quienes, debido a la pandemia de Covid-19, enfrentan problemas para pagar la renta, como tampoco cuenta con recursos legales para emitir un decreto que evite su expulsión.
Señaló que se estuvo analizando este tema para ver si era muy grave la situación, sobre todo en términos de vivienda particular, y por lo menos no ha habido una situación extrema en este caso.
Indicó que se decidió apoyar a las familias con hijos en escuelas públicas con recursos del orden de mil 800 millones de pesos, más 500 millones de pesos otorgados en microcréditos adicionales a los apoyos del gobierno federal.
Explicó que en algún momento se analizó la posibilidad de emitir un decreto, como se hizo en otras ciudades del mundo, para evitar la expulsión de una persona por no pagar la renta en determinados meses.
Sin embargo, vimos las consideraciones de la propia normatividad de la Ciudad de México y no nos alcanzan, digamos, los recursos legales que tenemos para poderlo hacer, refirió. (Rocío González Alvarado, La Jornada, Capital, p.26)