Información Migratoria
El Instituto Nacional de Migración (INM), dependiente de la Secretaría de Gobernación, garantiza la transparencia y rendición de cuentas de todas sus acciones, incluida -de manera especial- la atención que se brinda a la población migrante albergada en sus estaciones migratorias.
El instituto está comprometido con la colaboración con diversas instancias defensoras y protectoras de los derechos humanos, como factor elemental en la tarea migratoria, sobre todo ante quienes representan y procuran la promoción de los derechos de las personas migrantes, ya que sus observaciones enriquecen la labor de esta autoridad.
Es por ello que, del 1 de enero al 15 de octubre pasado se registraron accesos autorizados a diferentes estaciones migratorias y estancias provisionales a favor de 4 mil 901 representantes de asociaciones civiles, organismos nacionales e
internacionales de derechos humanos, tales como el Instituto Federal de la Defensoría Pública y del Comité Internacional de la Cruz Roja; así como de personas académicas.
De las 4 mil 901 visitas, 3 mil 24 corresponden a integrantes de organismos internacionales; mil 87 a representantes de autoridades competentes de los derechos humanos; 568 a autoridades consulares y de distintas comisiones de atención a víctimas, de la Fiscalía General de la República y fiscalías estatales, así como de servicios de salud y de comisarías locales de seguridad pública.
Además, se contabilizan 217 visitas de asociaciones civiles, y cinco a personas de instituciones académicas. El procedimiento de ingreso cumple con los lineamientos establecidos para el acceso a las estaciones migratorias y estancias provisionales, donde se requiere el registro de asistentes y entidades, quienes deben solicitar de manera previa la entrada a dichas instalaciones.
Es así como el INM coincide con el exhorto emitido por el pleno de la Cámara de Senadores el 28 de octubre pasado, a fin de que, en el marco de la ley y reglamento en la materia, se mantenga el acceso a representantes de asociaciones religiosas y de organizaciones civiles a estaciones migratorias y estancias provisionales de la dependencia en el país.
De igual forma, el INM refrenda una política migratoria, sustentada en la salvaguarda y el respeto irrestricto de los derechos humanos de las personas nacionales y extranjeras que ingresan, transitan y salen del país, así como de un trabajo coordinado con todas las instituciones defensoras de los derechos humanos, sean civiles, religiosas o gubernamentales. (Boletín INM)
Rosa Icela Rodríguez no es ninguna novata en la seguridad, en la gestión de Marcelo Ebrard, al frente del Gobierno de Ciudad de México, coordinó el gabinete de seguridad y también es una vieja conocida del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien hoy la nómina a una de las misiones más urgentes para el país.
Rosa, como le gusta que le llamen, se adentró en el círculo familiar de López Obrador luego de haber sido electa por unanimidad como coordinadora de Comunicación Social de la entonces Asamblea de Representantes del DF, de 1997 a 2000.
En 2000, el entonces Distrito Federal enfrentaba una dura crisis de seguridad a la que tuvo que hacer frente López Obrador, logrando reducir 30 por ciento la incidencia delictiva.
Esa intervención silenciosa estuvo en manos de Rodríguez, a quien López Obrador llamó directamente para ser la coordinadora general del Gabinete de Gobierno y Seguridad Pública en la Jefatura de Gobierno de 2006 a 2009, enseguida se desempeñó como directora general de Concertación Política y Atención Social y Ciudadana en la Secretaría de Gobierno de 2000 a 2006, donde su primer contacto fue con Francisco Garduño, entonces segundo abordo del Gobierno del DF y ahora director del Instituto Nacional de Migración.
El trabajo fino para reducir la incidencia delictiva siguió en el sexenio de Marcelo Ebrard, quien convirtió a la ahora Ciudad de México en un oasis de seguridad, cuando en el país se enfrentaba una guerra contra los cárteles. (Luis Eduardo Velázquez, Milenio Diario, Política, p. 10)
(Mario D. Camarillo, La Crónica de Hoy, Nacional, p. 2)
El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso a Rosa Icela Rodríguez como nueva secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.
De aceptar, se convertiría en la primera mujer en responsabilizarse de la seguridad pública a nivel nacional y de combatir a la delincuencia en toda la República.
‘Rosa Icela nos ayudó durante un tiempo a levantar un diagnóstico de cómo se encontraba la situación (en los puertos). Ese diagnóstico me sirvió para tomar decisiones para mandar la iniciativa de reforma y entregar el manejo de los puertos a la Secretaría de Marina, porque es un asunto grave, como el de las aduanas, como el de migración y como otros”, explicó López Obrador. (Juan Pablo Reyes, El Sol de México, Pp. 6)
Especial COVID-19
Las detenciones en la frontera entre México y Estados ya se encuentran en niveles de antes de la pandemia, e incluso desde que terminó la jornada nacional de sana distancia crecieron 148.19 por ciento.
De acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus siglas en inglés) los arrestos pasaron de 23 mil 237 en mayo a 57 mil 674 en septiembre.
El padre y activista Alejandro Solalinde considera que una de las razones es que los migrantes siguen pasando a territorio nacional y los “polleros o coyotes” reactivaron su negocio; además, agregó que en su albergue de Oaxaca están llegando personas que fueron regresadas de Estados Unidos.
“No importa si son demócratas o republicanos, el sistema es el mismo, ya que, aunque Biden diga que van a rescatar a las personas, seguirá siendo lo mismo. Hay colapso en la migración desde Estados Unidos y México es el que lo resiente siempre”, dijo a La Razón.
Haciendo una comparación entre los detenidos de septiembre y mayo, los datos de la CBP arrojan que en Río Grande, por donde cruzan a través de Matamoros y Reynosa, es donde hubo la mayor cifra de detenidos con más de 13 mil personas, a diferencia de los tres mil 698 de hace cinco meses.
El sacerdote Alejandro Solalinde señaló que los menores son los que más comienzan a migrar, lo que significa la reactivación de “los polleros”, que están haciendo su negocio, “pues en estados como Chiapas o Oaxaca pasan sin problema, pero al llegar a Puebla o Tlaxcala los detienen”.
“Hay una interrupción de la corrupción en algunos estados y es muy visible, ya que en algunas entidades pasan sin ser vistos o sin ser molestados, pero al entrar a otros estados, los detienen y hasta deportan. Es muy grave lo que está pasando ya que aún hay redes de corrupción en el Instituto Nacional de Migración que se niegan a desaparecer”. (Jorge Butrón, La Razón, Informativa, Pp. 22)
Autoridades migratorias en Estados Unidos deportaron a 200 menores centroamericanos a México para evitar propagación de contagios, de acuerdo a informes de la Patrulla Fronteriza de ese país.
Los niños y adolescentes, provenientes principalmente de Honduras, El Salvador y Guatemala, fueron enviados a México sin asistencia o acompañamiento.
Las acciones violan un acuerdo que Estados Unidos negoció con México, el cual establece que la administración Trump devolverá a los menores detenidos por las autoridades de inmigración a sus países de origen.
Ana Sainz, directora de la organización Sin Fronteras, dijo a La Razón que es “preocupante” que las autoridades manden a los menores sin ningún tipo de protección, pues violan tratados entre ambos países; además de que ponen en un grave riesgo a niños y niñas.
De acuerdo al informe de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, en los últimos ocho meses se han deportado al menos a 200 menores, lo que se suma a la política del Presidente Donald Trump de separación de familias que desde el inicio de su gestión se ha llevado a cabo.
En México, datos del Instituto Nacional de Migración (INM), aseguran que de enero a septiembre se han deportado a cinco mil 319 menores, además, de que se han presentado ante la autoridad a ocho mil 543 niños y niños procedentes de Centroamérica.
Datos de la organización de Agenda Migrante detallan que desde abril comenzaron las deportaciones de menores con al menos mil niños regresados a territorio nacional, bajo el programa “Quédate en México”. (Redacción, La Razón, Informativa, p. 22)
Tras la difusión, ayer, en Estados Unidos de evidencias de deportación a México de menores de edad sin acompañante y originarios sobre todo de Centroamérica, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que dará seguimiento a los casos específicos que se identifiquen.
Información divulgada por el periódico New York Times señala que más de 200 niños centroamericanos han sido echados de Estados Unidos y enviados a México en los pasados ocho meses, lo cual no sólo contradice un acuerdo diplomático entre los dos países respecto a que solamente infantes mexicanos y con supervisión de un adulto podrían ser devueltos a suelo nacional, sino que ha dejado en total indefensión, vulnerabilidad y riesgo a los menores sujetos de esta medida, porque no tienen aquí ningún tipo de conexión familiar.
Consultada sobre este nuevo caso de maltrato a migrantes por autoridades estadunidenses, la SRE respondió: El gobierno de México dará seguimiento a los casos específicos en los que menores de edad no acompañados de nacionalidad extranjera hayan ingresado a México de manera irregular desde Estados Unidos. (Rosa Elvira Vargas, La Jornada, Sociedad, p. 30)
El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lleva meses expulsando a niños migrantes no acompañados y no mexicanos a México a través de la frontera sur, pese a que el acuerdo migratorio alcanzado con nuestro país solo permite esta práctica con ciudadanos mexicanos o con menores acompañados de familiares adultos.
La revelación la hizo este viernes el diario The New York Times, que cita correos electrónicos obtenidos por parte de un alto cargo de la Patrulla Fronteriza (CBP), en que el oficial denuncia esta práctica y advierte que, efectivamente, viola los términos del acuerdo migratorio con México.
Según el diario, desde mediados de febrero a más de 200 menores, procedentes de países como Guatemala, Honduras y El Salvador, han llegado a México expulsados a través de la frontera y tras haber pasado apenas unos días retenidos en instalaciones migratorias de EU.
El autor del correo sería Eduardo Sánchez, jefe auxiliar de la CBP, quien habría señalado, según el diario, que la práctica viola, específicamente, el artículo 42 del acuerdo migratorio con México.
El diario apunta a que algunos de estos menores podrían tener algún familiar en México, puesto que el acuerdo migratorio obliga a los adultos a esperar en nuestro país mientras se desarrolla su caso de petición de asilo en EU. Sin embargo, no hay ninguna comprobación de lo mismo, y la mayoría de ellos, señala el NYT, se encuentra bajo custodia de organizaciones sociales y religiosas mexicanas. (Redacción, La Crónica de Hoy, Mundo, p. 20)
(Agencias, Reforma, Internacional, p. 12)
(Redacción, Ovaciones, Nación, p. 9)
Información Nacional Migratoria
La Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez aprobó reformar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con la finalidad de atender y sancionar los casos en que éstos vean afectados sus derechos a la salud y educación, o se impida su desarrollo físico o mental, derivado de la explotación laboral, el trabajo infantil o forzoso.
Además, se fortalecerá la facultad de las autoridades locales de abrir albergues para la protección de menores de edad migrantes.
En la sesión de trabajo, las diputadas y los diputados también aprobaron el dictamen para enviar al Congreso de la Unión una iniciativa para reformar la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de adopción.
Por unanimidad, las y los integrantes de la Comisión aprobaron el primer dictamen para reformar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México. (Patricia Ramírez, Ovaciones, Nacional, p. 15)
Luego de la revelación de que al menos 57 mujeres habrían sido sometidas a abusos quirúrgicos en el centro de detención migratoria en el condado de Irwin, en Estados Unidos, la cancillería informó que se ha identificado a nueve mexicanas que recibieron ahí atención ginecológica y de las cuales tres fueron intervenidas quirúrgicamente pero a las que no se les practicó la histerectomía y anunció la presentación de demandas formales por esos hechos.
Así, y tras las averiguaciones realizadas, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dice haber trazado una ruta entre los abogados que apoyan y dan seguimiento al caso y su consulado en Atlanta para presentar denuncias por dos principales actos de abusos y malas prácticas: procedimientos quirúrgicos sin pleno consentimiento informado y realización de procedimientos quirúrgicos innecesarios.
Indicó también que su representación consular está en estrecha y permanente comunicación con las connacionales afectadas, lo mismo que con las organizaciones sociales y abogados vinculados al caso.
Si bien algunas organizaciones aseguran que son 10 las afectadas, la SRE precisa que aquellas incluyen a una persona que no aparece en las listas de detenidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y a la que no se ha podido localizar hasta el momento. (Rosa Elvira Vargas, La Jornada, Sociedad, p. 30)
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó ayer su condena ante la denuncia de que una prisión para migrantes en Estados Unidos registró un elevado número de esterilizaciones sin el consentimiento de las mujeres afectadas. Estos procedimientos no consensuados constituyen una violación al derecho a la seguridad de la persona, a la protección contra ataques abusivos a la vida privada y familiar, y a la salud de las mujeres migrantes, dijo la CIDH, ente autónomo de la OEA con sede en Washington. (AFP, La Jornada, Sociedad, p. 30)
Elecciones EUA
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, exhortó al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, a conducirse con base en los preceptos constitucionales y con respeto a la soberanía y autodeterminación de otras naciones.
Lo anterior porque el mandatario publicó un video en sus redes sociales con motivo de las próximas elecciones en Estados Unidos en la que de manera implícita los llama a no votar por Trump.
Les dice que hace cuatro años llegó a la Casa Blanca alguien que llamó a los migrantes mexicanos delincuentes y narcotraficantes, y a muchos los encerró en jaulas.
En un oficio emitido este viernes, la secretaria Sánchez Cordero le recordó que la política exterior corresponde, en exclusiva, al Ejecutivo federal.
Subraya que el hecho extraña y confunde, y por lo demás trasgrede la Doctrina Estrada que fuera formulada por otro michoacano, por lo que su violación constituye un lamentable y anecdotario precedente en la historia nacional. (Fabiola Martínez, La Jornada, Política, p. 11)
(Rolando Herrera, Reforma, Nacional, p. 2)
El gobierno federal y el mandatario de Michoacán, Silvano Aureoles, chocaron tras la decisión del Ejecutivo estatal de pedir mediante un video a los michoacanos con residencia en Estados Unidos no votar el próximo 3 de noviembre por el actual presidente Donald Trump.
En un video que el gobernador publicó en sus redes sociales, Aureoles persuade a los migrantes mexicanos de optar por Joe Biden, por lo cual Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), expresó su molestia y aseguró que con ese hecho México ha quedado en una posición muy delicada en materia de política exterior.
“Queridas paisanas y paisanos, tienen en sus manos la enorme posibilidad de ser determinantes, de ser factor determinante en este suceso de la democracia del país vecino y de elegir a un gobierno humano, con una visión distinta del desarrollo y de la convivencia social que conoce y comprende las necesidades de los migrantes”, dijo Aureoles en el video que difundió en internet hace dos días.
Sánchez Cordero le pidió limitarse a ejercer las facultades que la Carta Magna le otorga, ya que, dijo, la política exterior es competencia del gobierno federal.
En respuesta, el gobernador Silvano Aureoles aseguró que de manera reiterada los paisanos han sido maltratados, ofendidos y agredidos en sus derechos por el presidente Donald Trump. (Alexis Ortiz, El Universal, Nación)
(Redacción, Excélsior, Nacional, p. 17)
Si es reelegido para un segundo mandato, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aplicará una política migratoria aún más dura que la de sus primeros cuatro años en la Casa Blanca, con límites al asilo y castigo para las ciudades “santuarios”, según Stephen Miller, su principal consejero en inmigración.
En una entrevista con la cadena de televisión NBC, Miller señaló cuatro prioridades en la futura política migratoria de Trump: límites al asilo, penalizar a las ciudades que amparen a los inmigrantes indocumentados, seguir recortando las visas para ciertos viajeros, y nuevas restricciones a las visas de trabajo.
“En muchos casos, la solución a los problemas del sistema de inmigración y el restablecimiento de algún grado de sensatez en los programas de inmigración requieren reformar las reglas”, aseguró Miller, e indicó que esos cambios no requieren la aprobación del Congreso.
En materia de inmigración, “el Congreso ha delegado muchas atribuciones” al Poder Ejecutivo, agregó.
Miller dijo que a Trump le gustaría ampliar a todo el mundo el tipo de acuerdos para “compartir las cargas” firmados con Honduras, Guatemala y El Salvador, por los cuales las personas que procuren obtener asilo en EE.UU. han de aguardar en otros países el curso de sus trámites. (Agencias, La Crónica de Hoy, Mundo, p. 20)
(Agencias, El Universal, Mundo)
(Agencias, El Heraldo de México, Orbe, p. 10)
La frontera: 3 mil 145 kilómetros de línea imaginaria divisoria, separación geopolítica que deja de un lado a México y del otro a Estados Unidos. La frontera, algo tan inherentemente divisivo es a la vez un símbolo de identidad: ser parte de la frontera es un distintivo único, de una forma de vida binacional y bilingüe, de un cruce constante entre ciudades partidas en dos pero que, en realidad, son un único ente.
La frontera, del bando estadounidense, está repartida entre cuatro estados: California, Arizona, Nuevo México y Texas.
“Tener una voz unida es algo muy importante”, comenta a EL UNIVERSAL el congresista demócrata Raúl Grijalva (distrito tercero de Arizona), en entrevista telefónica. “Cuando ganemos los nueve distritos este noviembre, estaremos mandando un mensaje a Washington, diciendo que el Partido Demócrata lucha por la comunidad hispana trabajando en el fortalecimiento de la clase media y expandiendo el sistema de salud asequible en Estados Unidos”, añade en un correo electrónico el también congresista demócrata Henry Cuellar (distrito 28 de Texas).
El dominio demócrata, partido mayoritario desde hace años, en parte es, según la republicana Irene Armendariz-Jackson, candidata por el distrito 16 de Texas, porque los conservadores “nunca han tenido un candidato fuerte”. “No hemos tenido candidatos nativos, hispanos, que tengan todas las cualidades de un demócrata”, confiesa a EL UNIVERSAL en entrevista por teléfono.
Según la demócrata Veronica Escobar, una de las líderes del grupo de congresistas hispanos en Washington y rival de Armendariz por el asiento de Texas, “una característica compartida [por los habitantes de la frontera], es el deseo de progreso”.
En comunicación con EL UNIVERSAL, coincide con sus colegas en los temas comunes con el resto del país, pero apunta que, además, “también se preocupan profundamente del trato humano hacia los inmigrantes”.
Es ese punto, lo que como votantes los hace diferentes es que tienen muy presentes los temas que les tocan más de cerca y que, a su vez, siempre han sido objetivo de la retórica y los ataques del presidente Trump: el muro, la migración y el comercio. (Víctor Sancho, El Universal, Mundo)
Seguridad
La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) ha operado por años sin restricciones en México, encabezando operativos incluso armados, pese a que en el papel se mencione que las acciones derivaron de autoridades mexicanas tras el intercambio de información.
Algunos policías federales que participaron en esas acciones de alto impacto en sexenios anteriores revelaron que muchas veces se les concentraba y después eran trasladados a alguna zona del país, aislados y sin decirles nada.
Una vez que se daba luz verde, llegaban a un punto. Ahí ya había estadunidenses, quienes les indicaban dónde debían actuar, porque habían localizado a un operador o líder criminal, tras un trabajo de inteligencia, seguimiento e intervención de comunicaciones.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) publicó el decreto en mayo del mismo año y señaló que los permisos extraordinarios eran únicamente para servidores públicos extranjeros de migración o aduanas, además de personal de seguridad que protege a jefes de Estado en visitas oficiales.
Pero no menciona a los agentes de la DEA ni de otras agencias estadunidenses o de otras naciones. (Rubén Mosso, Milenio Diario, Política, p. 8)
Acciones del día
A las 19 horas, en Palacio Nacional, la Secretaría de Salud dirige el informe diario sobre COVID-19 en México.