En el primer año de la actual administración, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) fue escenario de anomalías que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) documentó ante la Cámara de Diputados: incumplió con 30 por ciento en sus 21 programas, incrementó 77 por ciento su Programa Presupuestario (Pp) respecto de lo autorizado por el Congreso federal y fue sujeto de ampliaciones y reducciones de recursos que no consiguió acreditar a la hora de la auditoría.
El informe del resultado de la Cuenta Pública 2019 –elaborado por el ente fiscalizador–, describe el manejo irregular de los indicadores de gasto en la comisión, pues, reportó el cumplimiento de 70.8 por ciento; sin embargo, en sus registros internos, reportó que, de 179 indicadores correspondientes a sus 21 programas presupuestarios, 33.5 por ciento (60) cumplieron con la meta, 36.3 (65) no la cumplieron y 30.2 por ciento (54) la rebasaron, valores que no se correspondieron con lo reportado.
La Conagua acercó a la auditoría, información del Pp en 2019. Un gasto por 98 millones 610 mil pesos, monto superior en 77.2 por ciento (42 millones 977 mil pesos) respecto del presupuesto original de 55 millones 633 mil pesos, debido a que se realizaron ampliaciones por 349 millones 426 mil pesos y reducciones al presupuesto, que ascendieron a 306 millones 448 mil pesos, sin que el órgano desconcentrado acreditara con evidencia los conceptos de las modificaciones presupuestarias. (Roberto Garduño, La Jornada, Política, p.5)
Los grupos de Morena, PES, PT y PVEM en el Senado enviaron un escrito al presidente Andrés Manuel López Obrador en el que se solidarizan con su defensa de la soberanía energética. Sostienen que las decisiones del gobierno federal en relación con Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no contravienen ni el espíritu ni la letra del Acuerdo Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Ello en respuesta a declaraciones de congresistas de Estados Unidos, que –en carta a Donald Trump– sostuvieron que se da preferencia a las empresas productivas mexicanas y hay incertidumbre por iniciativas de ley que van contra la reforma energética de 2014 y ponen en riesgo la inversión estadunidense.
Morena y sus aliados advierten que ambas aseveraciones son falsas, ya que en el capítulo 22 del T-MEC, artículo 2.5 se establece que los gobiernos firmantes podrán mantener empresas propiedad del Estado. No se transgrede el acuerdo, ya que México no está prohibiendo permisos ni concesiones en generación eléctrica, como sostienen los parlamentarios de Estados Unidos.
El Estado mexicano se encuentra ordenando esta participación privada, para que no exista sobreoferta de energía que afecte la eficiencia y la seguridad del servicio.
En la misiva destacan que un objetivo común para los tres países en el T-MEC es igualdad de condiciones de competencia y no el detrimiento de unas empresas para favorecer a otras, como ocurrió entre 2014 y 2018 a raíz de la aprobación de las llamadas reformas estructurales. (Andrea Becerril, La Jornada, Política, p.5)
El pasado 18 de octubre, el gobierno de Ensenada, Baja California, llevó a cabo una consulta entre los habitantes del municipio para preguntarles si aceptaban o no la ampliación de operaciones de la gasera estadunidense Sempra Energy, y aunque hubo una amplia votación por el no, finalmente se anunció que el resultado era por el sí.
Así lo denunció la organización civil Ensenada Resiste, la cual señaló que el presidente municipal, Armando Ayala, llevó a cabo un operativo de inducción del voto a favor de la empresa y no permitió que la ciudadanía atestiguara el proceso de conteo de votos.
En entrevista con La Jornada, Roberto Romero, integrante del mencionado colectivo, explicó que el pasado 12 de octubre las autoridades locales dieron inicio a una “campaña muy agresiva de consulta vecinal que desde el principio fue muy extraña, porque más allá de promover la participación ciudadana, se promovía el ‘sí’ por la empresa, porque supuestamente iba a darle a la ciudad varios proyectos de infraestructura”. (Fernando Camacho Servín, La Jornada, Política, p.6)
El PRD calificó ayer como un acto de intimidación el llamado de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, para que no se inmiscuya en asuntos que sólo competen a Estados Unidos.
Consideró que dicho exhorto es una clara muestra del pacto electoral que sostiene la administración federal con Donald Trump y del entreguismo de la política exterior mexicana a la Casa Blanca.
Luego de dar su respaldo al gobernador emanado de sus filas, estimó sorprendente y cuestionable la pronta actuación de la funcionaria en este tema, sobre todo ante la omisión que ha tenido frente a reclamos directos por parte de distintos sectores políticos y sociales. Entre ellos se encuentran decenas de cuestionamientos realizados en días pasados ante sus declaraciones en torno a que el 2020 no ha sido el año más mortífero para las mujeres en México. (De la Redacción, La Jornada, Política, p.6)
Las indagatorias relacionadas con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014 han abierto nuevas líneas de investigación con respecto a las operaciones de los integrantes del cártel Guerreros Unidos, detectando que miembros de la familia Casarrubias Salgado, realizan actividades con fachada de legales por medio de las que realizan operaciones con recursos de procedencia ilícita, y con las cuales presionan a empresarios y hasta operadores de transporte público para obtener contratos y concesiones.
Las indagatorias están divididas, por un lado lo que tiene ver exclusivamente con el paradero de los estudiantes que fueron atacados y privados de su libertad por policías municipales de Iguala, Cocula, Huitzuco, y posteriormente entregados por los agentes a integrantes de Guerreros Unidos, está en manos de la Fiscalía Especial para el caso Iguala. (Gustavo Castillo García, La Jornada, Política, p.10)
Dada su condición de ente autónomo, la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene vigente el fideicomiso para el pago de recompensas a cambio de información que lleve a la captura de integrantes del crimen organizado, entre ellos Ismael El Mayo Zambada, y en este instrumento financiero cuenta con 299 millones 778 mil 872 pesos.
La autonomía que tiene la FGR frente al Poder Ejecutivo no la obliga a concluir o extinguir los fideicomisos, como sí ocurre con otras instituciones.
Aunque este mecanismo se creó en 2006, desde 2012 no existe registro de que se haya realizado el pago de alguna de las recompensas ofrecidas por el Ministerio Público Federal, de acuerdo con información dada a conocer por la FGR. (Gustavo Castillo García, La Jornada, Política, p.10)
En el contexto del confinamiento por la pandemia de Covid-19, en lo que va del presente año se han registrado más de 10 mil ingresos hospitalarios de niñas, niños y adolescentes que han sido víctimas de lesiones en su propio entorno familiar, advirtió la organización civil Save The Children (STC).
El colectivo señaló que los maltratos a menores de edad se han intensificado no sólo por el encierro que forzó la emergencia sanitaria, sino también por la idea arraigada de que los menores pueden ser educados con golpes y humillaciones, por lo que es necesario impulsar, a través de las leyes, un proceso de cambio de mentalidad.
En entrevista, Nancy Ramírez, directora de incidencia política y temas globales de STC, advirtió que desde hace varios años ha habido un aumento de la violencia en contra de los infantes hasta llegar en la actualidad a cifras sorprendentes e inadmisibles, entre ellas que en 2020 ocurren en promedio seis asesinatos diarios de niños y niñas.
Con base en estadísticas oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y del Instituto Nacional de Salud Pública, la organización resaltó también que seis de cada 10 menores de edad están siendo criados con formas violentas de disciplina, como golpes, humillaciones y amenazas. (Fernando Camacho Servín, La Jornada, Política, p.13)
El registro de personas desaparecidas en el país tiene actualmente 77 mil 603 casos no esclarecidos, 4 mil 385 más que hace tres meses y medio, cuando se presentó la versión pública del recuento estadístico. Por edad, el grupo más numeroso de víctimas sigue siendo el de las jóvenes de entre 15 a 19 años.
De un compendio histórico de 30 mil expedientes en este rango de edad, 9 mil 227 muchachas siguen sin ser localizadas; aunque la problemática es en todo el país, los primeros sitios en cuanto a adolescentes desaparecidas los tienen Tamaulipas, Jalisco, el estado de México y, en general, todo el norte de México.
A ese contexto de agresiones hacia las mujeres se suman, tan sólo este año, 724 víctimas de feminicidio y miles de homicidio doloso, pero hay otras tantas cuyo paradero se desconoce, aun cuando las familias y grupos civiles presumen la comisión de delitos, cometidos por particulares en complicidad o con omisión de autoridades.
Grace Fernández, coordinadora del Consejo Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda, lamentó que todavía no se tenga un Plan Nacional de Búsqueda, y que las autoridades federales y estatales sigan reaccionando a bomberazos.
Dijo que las fiscalías no pueden o no quieren operar a partir de investigaciones contra personajes específicos y tampoco indagan las redes de macrocriminalidad, como Jalisco o Guanajuato, donde apenas esta semana fueron halladas fosas en las que había al menos 61 cuerpos. (Fabiola Martínez, La Jornada, Política, p,15)
Cuernavaca, Mor., Jorge Zapata González, nieto del general Emiliano Zapata, aseguró que nunca han estado de acuerdo con el Proyecto Integral Morelos (PIM), que plantea la construcción de dos termoeléctricas, un acueducto y un gasoducto, y que ahora menos permitirán que se lleven su agua para que funcione la termoeléctrica en diciembre próximo, como lo anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador en septiembre pasado.
El líder campesino, entrevistado en el plantón de San Pedro Apa-tlaco, Ayala, aclaró que la negativa de los campesinos, ejidatarios, y productores de la zona oriente del estado de Morelos contra el megaproyecto data desde 2011 y 2012, cuando todavía era un proyecto (el PIM) a finales de la administración del ex gobernador el panista Marco Antonio Adame Castillo y del ex presidente Felipe Calderón, y que continuaron oponiéndose a la obra durante el sexenio del ex mandatario Graco Ramírez y del ex presidente Enrique Peña Nieto. Pero Ramírez y Peña, con la fuerza pública, impusieron y comenzaron con obras del PIM y de la Comisión Federal de Electricidad.
Zapata González expresó que la mayoría de los campesinos de esa parte de la entidad confiaron y votaron por López Obrador, pero ahora se sienten traicionados, porque les ofreció un cambio en beneficio del pueblo, porque en una de sus visitas de campaña, les dijo que apoyaba su lucha, ya que esa obra (el PIM) en tierra de Emiliano Zapara era como poner un basurero en Jerusalén.
Sin embargo, lamentó que ahora que ya es el Presidente, el pasado 10 de septiembre anunció que la termoeléctrica de Morelos iniciará operaciones a finales de año, y argumentó que ya se habían resuelto todos los amparos promovidos en contra de la obra (misma que representa una inversión de 20 mil millones de pesos). No obstante, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala, sostienen que hay cuando menos 20 amparos vigentes en contra de este megaproyecto. (Rubicela Morelos Cruz, La Jornada, Estados, p.26)