POR LO VISTO en el gobierno de Donald Trump también se cuecen habas y son de mucha complicidad con la administración de Andrés Manuel López Obrador.
COSA DE VER que la liberación del general Salvador Cienfuegos fue producto de un acuerdo meramente político entre ambos, en el que se hizo a un lado el sistema de justicia. De hecho, por la mañana la Fiscalía había pedido a la juez que llevaba el caso que mantuviera en secreto algunas partes del juicio, a lo que la juzgadora se negó y pidió que se lo sustentaran.
POR LA TARDE, en lugar de explicar la necesidad de la secrecía, el Departamento de Justicia simplemente se desentendió del asunto y decidió devolver a México a Cienfuegos. Es curioso que, así de pronto, los norteamericanos recuperaron la confianza que n-u-n-c-a les tuvieron a los funcionarios mexicanos durante las investigaciones.
VAYA regalo de despedida le envió Mr. Trun a su amigou Andy Many. (F. Bartolomé, Reforma, Opinión, p. 10)
¿Y Bartlett ya no ríe? Esta vez no hubo ni “Chuchuchú, chuchu”, ni “risas” burlonas, ni calificativos como “torpes”, sino un completo y total silencio de “momia” por parte del director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, al término de la segunda reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, integrantes del gabinete y los gobernadores de Chiapas y Tabasco. Nos dicen que quizá don Manuel ya aprendió que el choque como el que tuvo con el gobernador morenista de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, no dejó nada bueno, y que se ve muy mal en medio de una emergencia como la que se vive en el estado natal del Presidente. O que posiblemente el director de la CFE recibió un jalón de orejas. (El Universal, Nación, p. 2)
Enroque histórico. Cual jugada de ajedrez, la Fiscalía General de la República informó que, gracias a la estrecha relación con su homóloga de Estados Unidos, se tomó la decisión de solicitar a la jueza que llevaba el caso que se desestimen los cargos penales contra el general Salvador Cienfuegos, para que sea investigado y, en su caso, procesado acorde con las leyes mexicanas. Esta decisión no se ve como “el camino a la impunidad, sino como un acto de respeto a México y a las Fuerzas Armadas de México”, indicó el canciller.”, señaló el canciller Marcelo Ebrard. Mediante acuerdo binacional, el Departamento de Justicia retiró los cargos por narcotráfico y lavado de dinero al general Cienfuegos. Que esta sea una jugada ganadora y no una ventana de impunidad. Estaremos al acecho. (Excélsior, Nacional, p. 19)
Que Pío López Obrador se reunió con el magistrado presidente del Tribunal Electoral, José Luis Vargas, en audiencia de alegatos para argumentar que solicita que el INE frene la investigación en su contra porque los delitos ya prescribieron. (Milenio Diario, Al frente, p. 2)
Caso Cienfuegos: la mano de Ebrard.- El que ayer se anotó un punto de ésos que valen por dos o hasta por tres —porque queda bien con el Presidente, con el Ejército y hasta con el PRI— fue el canciller Marcelo Ebrard. Nos dicen que a él se debe el tejido fino en el acuerdo al que llegaron las Fiscalías de Estados Unidos y la General de la República de nuestro país para que se le retiraran los cargos al exsecretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos y se determinara su retorno a México. Ciertamente habrá que revisar los formalismos legales pero, por lo pronto, ayer la corte del Distrito Este de Nueva York recibió tres documentos clasificados mediante los cuales se retiraron los cargos. La audiencia, programada para este miércoles, deberá clarificar todo sobre este proceso. El caso es que hay palabras que, aunque suenan enigmáticas, también son relevantes: la decisión se tomó por “sensibles e importantes consideraciones de política exterior”. (La Razón, La Dos, p. 2)
A lo largo de los últimos años, DonaldTrump desplegó desde la Presidencia el mismo combativo y aparatoso estilo que lo hizo famoso como empresario de bienes raíces en Nueva York. Y a nadie que lo conozca le extraña que esté determinado a usar todos los recursos a su disposición para preservar su imagen de “ganador”, a costa de lo que sea y de quien sea.
Según sus biógrafos, Trump tuvo un padre que no aceptaba el fracaso y cuando llegó a Manhattan, el corazón de Nueva York, lo hizo al amparo de Roy Cohn, un abogado que tenía tres reglas simples: ganar a como dé lugar, atacar y nunca dejar de contraatacar, y siempre proclamar victoria, sin importar que tan abajo se estuviera.
Si esas fórmulas recuerdan lo que hoy ocurre no debe extrañar. Han sido un “mantra” en la vida de Trump, que las ha usado hasta la exageración. Durante esos años, y probablemente aún lo hagan sus empresas, Trump estuvo involucrado en más de cuatromil demandas ante los tribunales de Nueva York. En algunas de ellas, sus abogados simplemente trataban de prolongar los procedimientos lo suficiente como para hacerlos demasiado costosos para demandantes con menos recursos. (José Carreño Figueras, El Heraldo de México, Orbe, p. 27)
La reacción del Presidente. Cuando se supo de la detención, la primera reacción del presidente Andrés Manuel López Obrador fue montarse electoralmente en el asunto y colocar al general Cienfuegos en el basurero de los corruptos del pasado que alimentan diariamente su narrativa electoral de las conferencias mañaneras. Duró poco. Las presiones del Ejército mexicano en favor de uno de los suyos surtieron efecto: a las pocas horas, el presidente cambió radicalmente el discurso y de la condena al pasado pasó a la queja del presente: se mostró indignado porque Estados Unidos no le dijo nada a México del expediente Cienfuegos y amagó con revisar la cooperación con las agencias estadounidenses.
México va a investigar a Cienfuegos. El comunicado en español resalta que ahora el general Cienfuegos será “investigado y, en su caso, procesado acorde con las leyes mexicanas”. Eso no va a suceder, lo sabemos todos. Regresará a México y quedará libre, porque esa es la garantía que ha dado el presidente López Obrador al Ejército.
El documento oficial que el Departamento de Justicia pone a consideración de la juez dice con todas sus letras: “Estados Unidos ha determinado que consideraciones importantes y sensibles de política exterior pesan más que el interés del gobierno en continuar el juicio del defendido”. Con ese párrafo, el gobierno americano se sacude la responsabilidad de demostrar que su caso estaba bien armado y si en México queda libre el general, no serán ellos los culpables de inventar un caso, sino los corruptos mexicanos que no tienen remedio. Queda para el futuro saber a detalle qué hay de esas “consideraciones importantes y sensibles de política exterior” que pesan tanto. (Carlos Loret de Mola, El Universal, Nación, p. 2)
Lo que se esperaba de la segunda audiencia del general Salvador Cienfuegos Zepeda que tendrá lugar hoy en la Corte Federal de Nueva York, dio un vuelco inesperado ayer en la tarde, tras conocerse que la fiscalía estadounidense solicitó a la jueza Carol Bagley Amon aceptar el retiro de los cargos por narcotráfico y lavado de dinero fincados al exsecretario de la Defensa Nacional, para que sea investigado y en su caso imputado, conforme a la ley mexicana.
Una declaración conjunta firmada por los fiscales generales de Estados Unidos y México, William P. Barr y Alejandro Gertz Manero, respectivamente, dio cuenta de la decisión. Explicó que la fiscalía mexicana abrió su propia investigación al enterarse de los cargos y la detención en Los Ángeles del extitular de la Sedena, ocurrida el 15 de octubre pasado y que, a petición de ella, le fueron entregadas todas las pruebas del caso en un expediente de más de 700 hojas.
Si nos atenemos al contenido de un documento oficial del Departamento de Justicia de Estados Unidos (una copia del cual tiene esta columna), la solicitud a la jueza Bagley Amon de que desestime los cargos, fue hecha desde el lunes 16 de noviembre, acompañada de una petición de secrecía, ya que un acuerdo inicial de las fiscalías planteaba que se diera a conocer en la audiencia de hoy. La jueza no lo concedió por lo que el asunto se hizo público ayer. (Raúl Rodríguez Cortés, El Universal, Nación, p. 12)
La detención del general Salvador Cienfuegos en Los Ángeles, el jueves 15 de octubre, fue una ofensa al Ejército mexicano. Así lo leyeron mandos militares altos y medios. La orden de aprehensión estaba lista desde agosto de 2019 y el Departamento de Justicia la guardó hasta que se encontrara en su territorio para capturarlo, en lugar de pedir al gobierno de México su detención con fines de extradición.
Y anoche se conoció que, por gestión del fiscal Alejandro Gertz Manero, el departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó a la jueza que lleva el caso en una corte federal de Brooklyn que desestime los cargos contra Cienfuegos para ser juzgado en México, bajo las leyes mexicanas, con base en una carpeta de investigación que abrió la FGR reforzada por la evidencia que le mandó William Barr.
El por qué de toda esta operación lo encuadró anoche Marcelo Ebrard cuando habló del respeto a las fuerzas armadas y el futuro de la cooperación en asuntos de seguridad. (Joaquín López Dóriga, Milenio Diario, Al frente, p. 3)
Una rápida y eficiente operación de la cancillería frente al gobierno estadunidense ha dado como resultado que el gobierno de Estados Unidos descarte sus acusaciones en contra del general Salvador Cienfuegos.
Hay una lógica diplomática y de relación bilateral que se ha impuesto: no puedes, ni aunque seas EU, investigar, indiciar y arrestar a un ex secretario de la Defensa de otro país, en este caso tu mayor socio comercial, con el que compartes tu mayor frontera, de donde viene la mayor parte de las drogas que consume tu población, etcétera, etcétera, etcétera, sin avisarle, haciendo todo por sorpresa, sin dar oportunidad para que sea investigado en México.
En el gobierno de EU no todos estaban contentos con lo que la DEA y la fiscalía neoyorquina habían hecho. No es, por supuesto, la primera vez que hacen algo sí… recordemos el caso Camarena; pero este es un ex secretario de la Defensa, secretaría con la que, además, las agencias estadunidenses trabajan todos los días y más ahora que el Ejército crece y crece y lo controla todo. (Carlos Puig, Milenio Diario, Al frente, p. 2)
Ayer por la tarde el Departamento de Justicia de Estados Unidos emitió un comunicado conjunto con la Fiscalía General de la República para anunciar que, “en reconocimiento de la fuerte sociedad en la aplicación de la ley entre México y Estados Unidos, y en el interés de demostrar nuestro frente unido contra todas las formas de criminalidad, el Departamento de Justicia… ha decidido buscar el retiro de las acusaciones penales contra el exsecretario [Salvador] Cienfuegos para que pueda ser investigado y, en caso de ser procedente, consignado bajo las leyes mexicanas”.
Esta decisión es inusitada. Las autoridades estadounidenses no han demostrado confianza en sus colegas mexicanos cuando menos desde la tortura y muerte en México, en 1985, de Enrique Camarena, un agente de la Drug Enforcement Agency. (Sergio Sarmiento, Reforma, Opinión, p. 10)
¿Cuáles serán las “importantes y sensibles consideraciones de política exterior” que argumentó el Departamento de Justicia estadunidense al solicitar que la juez Carol Bagley Amon aceptara el levantamiento de los cargos contra el general Salvador Cienfuegos Zepeda?
A decir de fuentes diplomáticas enteradas del caso, el gobierno mexicano decidió jugarse el resto luego de la sorpresiva detención del exsecretario de la Defensa ‒en el aeropuerto de Los Ángeles, el mes pasado‒ y plantear a Washington que cualquier futura colaboración en materia de procuración de justicia pasaría por la devolución de Cienfuegos.
Es incuestionable el triunfo diplomático para México que representa el sorpresivo anuncio de ayer. Una tarea bien realizada por el canciller Marcelo Ebrard y el fiscal general Alejandro Gertz Manero.
Nunca en la historia se había detenido en el extranjero a un militar mexicano de tan alto rango y jamás, en los anales de la relación bilateral, se había dado la decisión de devolver a alguien a quien ya se habían fincado cargos en Estados Unidos. (Pascal Beltrán del Río, Excélsior, Nacional, p. 2)
Hay temas que se imponen, que se tiene que hablar de ellos inevitablemente, aunque contemos con poca información. Uno piensa que va a escribir sobre el decreto presidencial en el que se prohíben las inundaciones o sobre el nuevo disparate de la secretaria Irma Eréndira Sandoval, que dijo que la pandemia de Covid le cayó “como anillo al dedo” al gobierno de López Obrador, y resulta que no se puede hablar de eso porque surgió en la tarde un tema que sí es de interés público y no es una más de las babosadas de algún colaborador presidencial. El tema, por supuesto, es el regreso a México del general Cienfuegos, apresado y acusado en Estados Unidos de colaboración con grupos de narcotraficantes.
Me parece que el anuncio de ayer tiene un logro para el gobierno, concretamente para la Cancillería mexicana y particularmente para Marcelo Ebrard. Seguramente se trató de una negociación compleja, difícil. La decisión del gobierno estadounidense, de la DEA, una de sus agencias, de acusar a quien fuera jefe del Ejército Mexicano, rebasó límites en muchos sentidos. Las pruebas conocidas parecían demasiado fantasiosas, no sonaba nada concreto o preciso. Sueños guajiros de algunos agentes norteamericanos con ganas de poner en jaque todo y culpar, como siempre, a este país de los males que padecen sus millones de drogadictos
El arresto de Cienfuegos ha dañado sin duda la relación bilateral. Sobre todo, en términos de combate al crimen y la disposición del Ejército para colaborar con las agencias estadounidenses. Además, se trató de un acto de desprecio del gobierno norteamericano a sus pares mexicanos, del presidente para abajo. Una vez llevado a cabo el arresto, el clown que mandaron como embajador se solazaba diciendo que lo supo desde un inicio, pero que no le dijo nada a nadie. El presidente López Obrador, acostumbrado a la reacción inmediata sin pensar, dijo que iban a investigar a los que habían estado bajo el mando del detenido –lo que significaba todos y cada uno de los miembros del Ejército–, dicho que tuvo que corregir al día siguiente por el enfurecimiento que causó en las filas castrenses. (Juan Ignacio Zavala, El Financiero, Nacional Política y Sociedad, p.39)
Estados Unidos y el mundo nos salvamos del mayor de los males: cuatro años más de Donald Trump en la Casa Blanca. Sin embargo, el enorme respaldo popular que obtuvo Trump al conseguir el mayor número de votos que jamás hubiera obtenido un candidato republicano o un candidato perdedor de cualquiera de los dos partidos, está dando el combustible para que Trump genere problemas que pueden repercutir en el mediano plazo en Estados Unidos y en nuestro país.
Ayer el propio candidato ganador, Joe Biden, señaló que más personas pueden morir en los Estados Unidos por el retraso en el proceso de transición.
La pandemia está en su peor momento. El número de contagios está en sus máximos históricos y el número de fallecidos va para arriba.
Los datos del 16 de noviembre indican 166 mil nuevos contagios y 796 fallecidos. Pero, lo más impresionante es que en los últimos 15 días, el número de contagios diarios creció 82 por ciento y de muertos en 40 por ciento.
El señalamiento de Biden tiene que ver con lo que usualmente se hace en un periodo de transición entre dos gobierno en el cual se vive una crisis. No hay margen para esperar al cambio de gobierno que aún tardará dos meses, por lo que la administración saliente tiene que coordinarse con la administración entrante para tomar decisiones que permitan mitigar la crisis.
El problema puede ser aún mayor. El 5 de enero habrán de realizarse las elecciones extraordinarias para senadores en el estado de Georgia. Con que uno de los dos asientos sea ganado por los republicanos, estos mantendrán el control del Senado y el gobierno de Biden tendrá fuertes restricciones para aplicar algunos de sus proyectos.
Aunque algunos apuestan a la habilidad negociadora de quien fue senador por muchos años, la realidad es que un Senado republicano junto con un Trump empoderado por los votos harán que la gestión de Biden se vuelva muy complicada. (Enrique Quintana, El Financiero, Opinión, p.2)
Luego de dos años de gobierno se aprecia que el cambio iniciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador empieza a formar la base de lo que será una nueva era de pensamiento y, sobre todo, de quehacer político, social y económico. Por tres décadas, la mayoría de las áreas del pensamiento y acción estuvieron dominadas por una visión casi única encabezada por un grupo muy compacto que lo mismo dominaba la academia que los negocios, la política que el análisis. Una de las cosas que se puede esperar es que el legado del primer gobierno de izquierda nos permita tener nuevos actores y un nuevo pensamiento para los nuevos retos que enfrentaremos en el futuro. En efecto, el reto de la pobreza, marginación e inmigración, la incorporación de los estados del sur al avance que presentan los del centro y norte, así como la reconstrucción de la economía global, el mundo después del Covid, y la nueva relación México–EU, requieren de la pluralidad que este gobierno está impulsando.
Cuando se habla de políticos, básicamente siempre son los mismos los que están en las cámaras, gobiernos de los estados y partidos. Lo mismo los vemos en los negocios ligados a intereses específicos que han provocado la justa observación del presidente de separar el poder político del económico. Cuando hablamos de empresarios siempre es el mismo grupo el que está en el debate público y en las representaciones. Lo anterior ha provocado que los intereses reales de la mayoría de la clase empresarial no siempre sean debidamente representados en los llamados organismos cúpula que representan los grandes intereses en detrimento de un diálogo gobierno–empresa más constructivo con relación a los retos de los que hablamos. Si vemos a los intelectuales, pasa algo similar. Los espacios de análisis y debate han sido ocupados por los mismos académicos de hace años, quienes igual opinan de macroeconomía y política fiscal que de elecciones y hasta cine, pasando por Alemania, China, Venezuela, EU o Rusia. Todos los temas sin distingo son tratados por las mismas personas que, por más preparadas que sean, han impedido que nuevas voces enriquezcan el debate público. (Carlos Alberto Martínez, El Economista, Política y Sociedad, p.47)
El doctor Jesús Seade fue el encargado de cerrar las negociacions del T-MEC y, desde su punto de vista, explica la visión de la 4T en el sector energético tras las negociaciones.
Hoy responde, por ejemplo, ¿Cómo reconciliar los cambios del capítulo 8, con las protecciones explícitas del capítulo 6 al sector energético? Es un tema que deben conciliar los abogados, la decisión dentro del acuerdo comercial fue que México mantiene su soberanía en energía, los pasos a dar serán dentro de este límite.
¿Hay violaciones al T-MEC? ¿No se contradice el que se debe garantizar mercado abierto y lo establecido en el TPP al respecto de que las empresas del Estado no pueden gozar de regulación de aplicación sesgada? Seade lo rechaza, en todo caso, dice que, si hay dudas, en este acuerdo comercial hay herramientas como los mecanismos de resolución de controversias, que sirven ¡en energía y en otros sectores; son de Estado a Estado, nosotros escogemos los panelistas de ellos y ellos los mexicanos.
Antes eran de privados contra ¡Estado, hoy no, el panel es entre iguales.
¿No considera Jesús Seade haber dejado “espacios en blanco” dentro del T-MEC que ponen en riesgo al país y sus compromisos internacionales en materia energética? Él rechaza eso, Dice que en el documento hay un capítulo completo sobre soberanía, una página, y con base en eso se diseña una política energética donde van Pemex y CFE; esto se ajusta con el tiempo, se acomodará en forma y fondo.
Hay resolución de controversias, mecanismos de protección y el compromiso de respetar inversiones y contratos, al final del día, habrá coinversiones con Pemex, por ejemplo, y se avanzará en electricidad, sin descuidar la CFE. (Luis Carriles, El Sol de México, Finanzas, p.20)
Estamos a nada de llegar a los 100 mil muertos por covid. Hasta anoche ya iban 99 mil 26. Puede ser mañana, pasado, en 72 horas. La Universidad Johns Hopkins nos mantiene en un sólido cuarto lugar mundial en muertes totales, muy lejos del quinto, que es Gran Bretaña: 52,839.
Tenemos 52 veces más defunciones que Japón, un país que tiene la misma población; 13 veces más muertes que Pakistán, país pobre y muy poblado y 20 veces más que China, donde apareció la pandemia.
Algo no se está haciendo bien, pero el presidente López Obrador repite que el éxito de la estrategia es que el virus no haya rebasado la capacidad de los hospitales. (Francisco Garfias, Excélsior, Nacional, p. 4)
Cienfuegos, la manzana envenenada // Tufo a impunidad // Consideraciones de política exterior // Ebrard: SC, libre de cargos
ES INSÓLITO, Y aporta un tufo a impunidad y a persistencia de un fuero militar de facto, el trato especial gestionado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y taimadamente concedido por Donald Trump, en el caso del general en retiro Salvador Cienfuegos, acusado de delitos y encarcelado en Estados Unidos, a quien ayer se le obsequió el desistimiento por parte de las autoridades del vecino país para que en el nuestro lo investiguen y, en su caso, lo procesen judicialmente.
LA CLAVE DEL caso está en el primer párrafo del escrito del Departamento de Justicia, dado a conocer ayer y enviado a la juez Carol B. Amon: “Los Estados Unidos han determinado que consideraciones de política exterior, sensibles e importantes, tienen mayor peso que el interés del gobierno en mantener la persecución penal del acusado, bajo la totalidad de las circunstancias, y, por tanto, requiere desestimar el caso” (https://bit.ly/38TWSRA). Es decir, de ninguna manera se exonera al general Cienfuegos, sino que el gobierno de Trump considera que sus buenas relaciones con México son más importantes que el continuar con el proceso al ex secretario de la Defensa Nacional y lograr su eventual sentencia condenatoria. (Julio Hernández López, La Jornada, Política, p. 14)
En lugar de girar la llave para abrir la posibilidad histórica de empezar a hacer justicia a los trabajadores mexicanos, el gobierno tumbó la puerta a patadas y pondrá a millones de desempleados en la calle.
La iniciativa de ley para criminalizar la subcontratación laboral conocida como outsourcing al grado de equipararla con crimen organizado, huele más a populismo y venganza política que a decisión razonada y consensuada en tiempos que nos exigen eso: razón y consenso.
En la presentación de la iniciativa, el gobierno federal reconoce que hay 4 millones 600 mil trabajadores en el esquema de outsourcing, sin aclarar cuántos están o no debidamente amparados por la ley. En lo personal, no me cabe la menor duda de que muchos de ellos padecen bajos salarios, cero prestaciones y abusos sistemáticos de las empresas que los contratan.
Aunque la preocupación fundamental es qué va a pasar con los casi cinco millones de trabajadores en caso de que las empresas de subcontratación se vean obligadas a cerrar o consideren inviable su operación por una sobrerregulación asfixiante donde solo la Secretaría del Trabajo esté facultada a autorizarles ciertos contratos. Porque, para empezar, en áreas críticas como la Salud, el propio gobierno vía IMSS e ISSSTE emplea a miles de trabajadores por el esquema de outsourcing con un presupuesto anual de 30 mil millones de pesos. ¿Los pondrán en la calle de un día a otro? ¿Ejercerá la 4T su divino don de la inoportunidad, acrecentando el monstruoso problema del desempleo en estos tiempos de la triple pandemia: sanitaria, económica y social? ¿Nadie en el gobierno federal se ha dado cuenta que es el peor momento para radicalismos?
Y uno se pregunta, si de verdad nunca habrá oportunidad de diálogo con este gobierno, antes de que acabe de tirar al país al bote de la basura. (Ricardo Rocha, El Universal, Opinión, p. 17)
El secretario interino de Defensa de Estados Unidos, Christopher Miller, anunció ayer que esa nación acelerará la retirada de sus tropas de Irak y Afganistán, con lo que a partir del 15 de enero los contingentes en dichos países pasarán de 4 mil 500 a 2 mil 500 y de 3 mil a 2 mil 500 efectivos, respectivamente.
La reducción de la presencia militar estadunidense en esas naciones va en línea con las promesas de campaña del presidente Donald Trump, pero contraría las advertencias del anterior titular del Pentágono, Mark Esper, –remplazado por Miller la semana pasada–; del líder republicano en el Senado, Mitch McConnell, y del secretario general de la Organización para el Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Jens Stoltenberg, quienes han señalado las consecuencias a corto y largo plazos de sacar a los soldados antes de generar las condiciones necesarias en la región.
La salida anticipada de las tropas estadunidenses de las naciones que invadió en 2001 y 2003, puede leerse, en primer lugar, como la expresión de un nivel de aislacionismo que Washington no había experimentado desde la época previa a la Segunda Guerra Mundial. (La Jornada, Editorial, p.8)