Información Migratoria Nacional
Un hombre estadounidense fue deportado por haber transgredido la Ley de Migración y emprender acciones en las que se vio afectada una periodista, informó este jueves el Instituto Nacional de Migración (INM).
En un comunicado, este organismo perteneciente a la Secretaría de Gobernación relató que el extranjero ingresó, vía aérea, a territorio mexicano el pasado 13 de noviembre.
“Se detectó que permaneció durante seis días en las instalaciones del Aeropuerto Internacional General Mariano Escobedo”, ubicado en el municipio de Apodaca, en el estado de Nuevo León, “para después retirarse”.
Posteriormente, el 22 de noviembre, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de la ciudad de Monterrey, capital del estado de Nuevo León, informaron a la autoridad migratoria ” sobre las faltas administrativas cometidas por la persona extranjera”.
Migración señaló que las faltas están previstas en el Reglamento de Policía y Buen Gobierno de este municipio, “consistentes en causar o provocar escándalos en lugares públicos”.
Ese día, mediante oficio, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, informó al INM “que se habían decretado medidas de protección a favor” de una comunicadora, que habría sido acusada por el estadounidense.
Esto al considerar “que representaba un riesgo inminente a la integridad y seguridad de la víctima, quien previamente lo había denunciado por presunto acoso sexual y difamación”.
Con base en esa información, el INM de México comenzó el procedimiento para los trámites de deportación, la cual se llevó a cabo el 24 de noviembre, con fundamento en la Ley de Migración.
En la nota, el organismo señaló que seguirá colaborando con las diferentes instancias de seguridad y justicia y vigilará la salvaguarda de los derechos humanos. (Redacción, Ovaciones, Seguridad, p. 10)
La Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados aprobó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para que dé seguimiento a los casos de mexicanas migrantes presuntamente víctimas de histerectomías y procedimientos médicos sin consentimiento en el Centro de Detención Migratoria de Irwin, en Ocilla, Georgia, Estados Unidos.
El documento, analizado en su reunión virtual, también exige sancionar a quienes resulten responsables, de conformidad con el marco jurídico aplicable, y solicita a los consulados de Atlanta, Georgia, y El Paso, Texas, Estados Unidos, investigar estas presuntas violaciones de derechos humanos en los centros de detención migratoria bajo la supervisión de la Oficina de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE).
También, se pedirá a la Cancillería y al Instituto Nacional de Migración brindar apoyo médico, jurídico y sicológico a las mujeres migrantes que fueron víctimas de histerectomías o procedimientos médicos sin consentimiento.
Otro resolutivo del punto de acuerdo demanda que la Cancillería, a través del consulado de México en Atlanta, mantenga comunicación con la organización que denunció los hechos para proporcionar apoyo a las mexicanas, además de respaldar a la abogada que representa a la presunta víctima de abuso sexual por parte de agentes de ICE en dicha ciudad.
Al expresar su intención de voto, la diputada María Eugenia Hernández Pérez (Morena) manifestó: “Es urgente que el gobierno mexicano, a través de la Cancillería, despliegue todas las acciones diplomáticas para proteger a las mujeres que fueron víctimas de reprobables actos de violencia en Georgia y Texas, Estados Unidos”. (Redacción, El Universal, Nación, p. 8)
Con la finalidad de garantizar la presunción de inocencia a migrantes, la Cámara de Diputados ratificó por unanimidad cambios a la Ley de Migración, para que sólo se pueda negar la internación regular o su permanencia en el país a extranjeros sujetos a proceso penal.
Con la reforma, enviada al Ejecutivo para su publicación y entrada en vigor, sólo se les podrá cancelar o negar la condición de residencia temporal o permanente y ser deportados si hay sentencia firme que encuentre culpable al migrante de la comisión de algún delito.
También por unanimidad de votos, el pleno aprobó una reforma a la Ley de Nacionalidad, para que en matrimonios o parejas entre personas del mismo sexo no se discrimine ni condicione dicho estatus.
La presidenta de la Comisión de Gobernación, Rocío Barrera Badillo (Morena), señaló que se da seguimiento a jurisprudencias dictadas por el Poder Judicial de la Federación, para que no se haga distinción discriminatoria y condicionante a las preferencias en materia de sexualidad y desarrollo de las personas y los concubinos, o de quienes hayan celebrado unión legal en materia de derecho familiar, para que cumplidos los requisitos de ley puedan acceder, si es su deseo, a la naturalización. (Roberto Garduño y Enrique Méndez, La Jornada, Política, p. 9)
(Horacio Jiménez, El Universal, Nación, p. 8)
Seis de cada 10 centroamericanos migraron hacia México y Estados Unidos por razones económicas y apenas 4 por ciento lo hizo por violencia en sus lugares de origen, señaló la Unidad de Política Migratoria (UPM) de la Secretaría de Gobernación.
En su más reciente estudio acerca de esta fenómeno, precisó que pese a la carencia de empleo y dinero en su lugar de origen, la migración de centroamericanos significa también millonarias ganancias para los traficantes de personas o polleros, si se considera que por cada cruce indocumentado cobran casi 5 mil dólares, monto que regularmente es pagado por los familiares en Estados Unidos.
En una investigación de los flujos financieros asociados al tráfico ilícito de personas provenientes del triángulo norte de Centroamérica, los especialistas de la UPM muestran con base en encuestas fronterizas que siete de cada 10 centroamericanos deportados y que estuvieron al menos un año en Estados Unidos utilizaron el coyotaje.
Así, 42 mil 910 centroamericanas indicaron haber contratado a uno o más coyotes, con un promedio de 4 mil 559 dólares de pago por cruce, por lo que este flujo representó en total casi 4 mil 343 millones de pesos tan solo en 2019.
El tráfico de personas continúa como la vía de escape ante el endurecimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos, así como de las mexicanas, particularmente en la frontera sur.
Esta actividad sigue conducida por organizaciones criminales transnacionales que pueden abandonar a su suerte a las personas, les llegan a robar su dinero, las secuestran, las conducen de modo inseguro, utilizan estrategias que pueden poner en peligro sus vidas o las obligan a transportar drogas.
Sin embargo, estas redes de coyotaje siguen siendo utilizadas como una de las pocas opciones para transitar por México o para mejorar sus posibilidades de cruzar exitosamente hacia Estados Unidos. (Fabiola Martínez, La Jornada, Política, p. 13)
A pesar de las reformas legales realizadas en años recientes en materia de migración, las autoridades mexicanas siguen actuando como si el tránsito indocumentado por el país fuera un delito, además de que mantienen detenidos ilegalmente a menores de edad y obstaculizan la regularización de las personas que quieren quedarse.
Denunció lo anterior Manuel Ángel Castillo García, profesor-investigador de El Colegio de México, quien lamentó que la infancia migrante, en particular, sigue expuesta a múltiples abusos durante su estancia en nuestro territorio, debido a la falta de políticas públicas en la materia.
En el contexto de la Cátedra Jan de Vos: diálogos fronterizos y transfronterizos, organizada por El Colegio de la Frontera Sur y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el experto lamentó que en México sigue existiendo una brecha muy grande entre las normas y su aplicación.
Recordó que en los primeros meses del actual gobierno hubo un cambio en el discurso hacia la migración indocumentada, en el contexto del cual las autoridades se dijeron conscientes de que se trataba de una población que requería ayuda y, por tanto, ya no sería criminalizada, pero eso se modificó muy rápido con las presiones económicas de Estados Unidos. (Fernando Camacho Servín, La Jornada, p. 9)
En el Senado avanza una nueva ley de extradición que incorpora los compromisos internacionales asumidos por México en materia de derechos humanos, que la norma actual no considera, y modifica el procedimiento a fin de que la resolución para enviar a un ciudadano a juicio en otro país no quede supeditada exclusivamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, sino también a la autoridad judicial.
El dictamen, aprobado ayer por las comisiones unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda, precisa que es necesario revisar las normas de extradición a la luz de los compromisos de México en el ámbito internacional y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
La reforma plantea que sea la SRE quien califique la petición de extradición para valorar si la persona requerida se encuentra en algún peligro en caso de ser juzgado en el Estado que pide su traslado. Asimismo, la autoridad judicial hará una revisión adicional con los estándares de protección a los derechos humanos.
Se destaca que el procedimiento judicial propuesto empieza con las medidas precautorias que deberá solicitar el Estado requiriente. Un un juez de distrito, a petición de la Fiscalía General de la República, habrá de resolver sobre la procedencia de tales medidas, siendo esta la primera intervención judicial en el proceso de extradición. (Víctor Ballinas y Andrea Becerril, La Jornada, Política, p. 16)
Información Migratoria Internacional
El Gobierno de EU presentará una apelación contra la decisión de un juez federal de impedir la expulsión de niños inmigrantes no acompañados detenidos en la frontera sin permitirles hacer peticiones de refugio o asilo, anunció esta madrugada el Departamento de Justicia.
La apelación será presentada ante un tribunal del Distrito de Columbia, donde se encuentra Washington.
La Administración del presidente estadounidense saliente, Donald Trump, busca revertir el fallo del magistrado Emmet Sullivan a favor de los menores no acompañados que eran sujetos a expulsión después que el Gobierno impusiera una normativa que le permite a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por su sigla en inglés) expulsar a extranjeros arrestados en la frontera argumentando una emergencia sanitaria por la covid-19.
En la orden, el juez advertía que los niños migrantes no acompañados que son detenidos por agentes fronterizos deben recibir las salvaguardias que el Congreso estableció para ellos y ser llevados a refugios supervisados por el Gobierno durante sus procedimientos de inmigración.
El fallo del juez Sullivan solo afecta a niños no acompañados, no a los migrantes adultos. (EFE, La Crónica de Hoy, Mundo, p. 20)
(Staff, Reforma, Internacional, p. 16)
(AP, Excélsior, Global, p. 24)
(Redacción, El Financiero, Mundo, p. 34)
(Redacción, El Sol de México, p. 30)
(Redacción, La Razón, Mundo, p. 25)
Noviembre era el mes preferido de Israel López. Cada año esperaba ansioso la última semana de este mes para sentarse a la mesa con la familia y celebrar su festividad favorita: el Día de Acción de Gracias.
Durante tres décadas vivió en Estados Unidos, hasta que hace ocho años la migra lo deportó. Llegó a México, un país que no conocía (sus padres se lo llevaron al otro lado cuando era un pequeño de apenas tres años de edad) y la adaptación fue compleja.
La noche del miércoles, tras ocho años de no hacerlo, pudo celebrar el Día de Acción de Gracias junto a otros mexicanos deportados o repatriados convocados por la organización New Comienzos.
Es duro, hoy vivo este festejo con mucha nostalgia, allá dejé a mis hijas, padres, hermanos, tías, tíos, primos. Todos me pasan por la mente al festejar, por primera vez en ocho años, esta fecha. Lo más duro es no estar con ellos, sobre todo con mis hijas, que hoy tienen 19 y 18 años, aseveró este hombre de 41 años y que actualmente trabaja en un call center.
Desde hace varios años, New Comienzos trabaja en el apoyo a decenas de connacionales que han sido deportados y que han encontrado severas dificultades para adaptarse a la vida, economía, cultura y sociedad mexicanas. (Redacción, La Jornada, Política, p. 12)
Acciones del día
A las 19 horas, en Palacio Nacional, la Secretaría de Salud dirige el informe diario sobre COVID-19 en México.