Termina la era Trump y quedó en vilo la situación legal de millones de migrantes, además de endurecerse e incrementar las detenciones en la frontera. De octubre a noviembre 140 mil migrantes fueron detenidos, según el reporte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. La cifra representa 2 mil 343 migrantes arrestados diariamente por la patrulla fronteriza y el 60% de detenidos el mismo periodo del 2019.
Con Joe Biden, próximo presidente de la Unión Americana, existe cierto escepticismo y claroscuros hacía la comunidad hispana. Tan solo con Barack Obama hubo cifras récord de deportaciones y recordemos que Biden fue su vicepresidente, por lo que la primera minoría en ese país debe estar atenta sobre el cumplimiento de sus promesas.
A lo largo de su campaña y en su plataforma electoral, se comprometió en apoyar a este sector en temas relacionados a la salud como el Obamacare; la educación, con un proyecto donde propone bajar la deserción escolar en la comunidad latina; y la generación de más empleos. Además, reconoció la contribución de los trabajadores nacidos en el extranjero que anualmente aportan más de 2 billones de dólares.
Si bien es cierto que el demócrata criticó las políticas de Donald Trump en particular la construcción del muro fronterizo y también prometió “modernizar el sistema de inmigración” como poner fin a las redadas, no existe un planteamiento claro sobre la regularización de indocumentados que no tienen residencia legal, entre estos, los llamados ‘dreamers’, jóvenes de hijos migrantes nacidos en este país.
La carta de felicitación que le envía el presidente Andrés Manuel López Obrador al presidente electo de Estados Unidos, es clara al proponer un futuro diálogo sobre migración y otros temas.
Efectivamente, México tiene que velar por el bienestar de sus habitantes sin importar el lugar donde se encuentren y parte de este trabajo va recaer en Esteban Moctezuma futuro embajador en el país del Norte.
Nuestros migrantes representan la fuerza moral de este país al ser ejemplo de tenacidad, lucha y dedicación por buscar trabajo lejos de sus lugares de origen para darles una vida digna a sus hijos, además, son ejemplo por mantener un vínculo estrecho con sus comunidades de origen y aportar para el desarrollo y la economía de nuestro país.
La migración siempre ha sido uno de los impulsores más importantes en el progreso, desarrollo y dinamismo de la humanidad. En el mundo interconectado de hoy, la migración es inevitable, pero también, necesaria.
Es momento de que Biden entienda el legado de nuestros connacionales y les brinde estatus legal. Ellos son mexicanos de primera categoría. (Geovanna Bañuelos, El Sol De México, Análisis, P. 9)
Desde el ayuntamiento de Valladolid, el pasado sábado 19 de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló por teléfono con el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden. La llamada complementó su felicitación epistolar, enviada el martes 14 de diciembre, una vez que el Colegio Electoral de EU emitió su voto sobre el ganador de las elecciones en ese país. De este modo, el presidente López Obrador mostró prudencia y respeto frente al desarrollo de las elecciones en Estados Unidos, al tiempo que alista ya la futura agenda bilateral con Washington.
Como el Presidente expresó, se trató de una conversación fraterna y respetuosa en la que se comenzaron a acercar las distintas propuestas, particularmente en materia migratoria. Estar a favor, tanto de la cooperación para el desarrollo en el sureste de México y norte de Centroamérica, así como en el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes son, claramente, visiones de fondo que comparten ambos jefes de Estado. Los proyectos de cooperación para el desarrollo que el entonces vicepresidente Biden encabezó en la región, así como los anunciados durante su campaña presidencial están en sintonía con el Plan de Desarrollo Integral, ya en marcha, esbozado por el presidente López Obrador.
La promoción del desarrollo irá acompañada por la protección de nuestra diáspora en Estados Unidos. En la materia, destaca particularmente el futuro del programa DACA, que da certeza jurídica a más de medio millón de jóvenes mexicanos. El ejemplar trabajo de nuestra red consular, vital para la protección de nuestros paisanos, se profundizará en sus labores en favor de los cientos de miles de dreamers que realizan aportaciones esenciales al sur y al norte del río Bravo. (Roberto Velasco Álvarez, Excélsior, Nacional, p. 15)
Con toda naturalidad, que cae en el desparpajo, el presidente López Obrador anunció ayer que encomendará a las Fuerzas Armadas la operación del “Tren Maya” y de cuatro aeropuertos. A estas nuevas tareas hay que sumarle otras que, en tan solo dos años, el actual gobierno le ha cedido al Ejército Mexicano y a la Marina, Armada de México. En efecto, hay que recordar que, descaradamente, se le entregó la Guardia Nacional para hacerse cargo de buena parte de la seguridad pública (que no es lo mismo que la seguridad nacional). Y no solo eso. Se le entregó el control de las aduanas; de la marina mercante; la construcción del aeropuerto “Felipe Ángeles” en Santa Lucía; la edificación de las sucursales del “Banco del Bienestar”, así como el traslado de sus valores; el fallido combate al robo de combustibles (“huachicoleo); la limpieza del sargazo en costas y mar abierto; el resguardo de la frontera sur para evitar el paso de migrantes y así congraciarse con el presidente estadounidense; el control de hospitales Covid así como la distribución y aplicación de las vacunas. Estas decisiones unilaterales y arbitrarias, por parte del Ejecutivo Federal, no solo van en contra de su propio discurso y oferta de campaña, cuando prometía regresar el Ejército a sus cuarteles, sino que estamos frente a medidas abiertamente inconstitucionales. En efecto, el artículo 129 de nuestra ley fundamental dispone, textualmente: “En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”. Recuerdo bien cómo se nos vino el mundo encima cuando aprobamos, en la legislatura pasada, la Ley de Seguridad Interior (que a la postre echó abajo la Corte). Y que conste que dicha ley era para acotar las labores de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior, no de la fuerza pública. Legisladores, actores, colectivos, intelectuales, actores de la oposición, se rasgaban las vestiduras y nos acusaban de militarizar al país. Vamos, la encomienda de las capitanías de puerto a la Secretaría de Marina fue objeto de una irracional protesta. Hoy que somos testigos de esta burda cesión de facultades civiles a las fuerzas militares, toda esa punta de hipócritas, en palabras del propio presidente, “callan como momias, pero gritaban como pregoneros”. La pregunta que naturalmente surge es: ¿qué quiere o a qué le teme López Obrador al fortalecer así a las Fuerzas Armadas, desplazar autoridades civiles, y hacer a un lado a la iniciativa privada en obras y servicios que bien podrían ofrecer, en plena crisis económica? Esto huele a dictadura. (Javier Lozano, El Universal, Opinión, p.A10)
Estamos a unos días de que termine el año y será el momento de hacer la suma del dinero que nuestros paisanos enviaron a sus familias en México, pero ya puede anticiparse que serán alrededor de 40 mil millones de dólares (800 mil millones de pesos). Es una excelente, agradecida noticia. Sin embargo, no puede soslayarse que una suma cercana se tomará del presupuesto federal para el pago de los intereses de la deuda heredada por el prianismo, la cual se contrajo para financiar corrupción y despilfarro, y los responsables siguen libres. La mayor parte del año, el dólar se mantuvo muy por encima de 20 pesos, rindió más el dinero al convertirlo a nuestra moneda. Además, en los primeros meses de 2021 continuará la tendencia. Les diré por qué: los líderes de los partidos Republicano y Demócrata en el Congreso estadunidense acordaron activar un nuevo paquete, ahora por 900 mil millones de dólares, para estimular la economía, que se ha visto afectada por el Covid-19. Se trata del segundo mayor esquema de estímulos económicos en la historia de Estados Unidos, después de otro por 2.3 billones de dólares aprobado de urgencia en marzo, a inicios de la pandemia. El dinero permeará en la economía de nuestros paisanos y contarán con recursos para seguir financiando a sus familias en México. (Enrique Galván Ochoa, La Jornada, Economía, p. 6)