En México, los migrantes viven el acoso del crimen organizado y de las políticas implacables de Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador.
La 4T llegó con muy buenas intenciones. Todo empezó a torcerse cuando el gobierno de Donald Trump puso en práctica (enero de 2019) los “Protocolos de Protección Migratoria” (Migration Protection Protocols, MPP). Según esta política, las personas que solicitan asilo en Estados Unidos son regresadas a México, donde deben esperar respuesta. López Obrador aceptó y así nació el programa “Quédate en México”. En mayo de ese mismo año, Trump apretó las tuercas. O México endurecía los controles, o Estados Unidos impondría tarifas a los bienes enviados por México. La 4T cedió y desplegó a la Guardia Nacional. El espectáculo ha sido lamentable.
En el tiempo que lleva esa política han aparecido diversos estudios documentando la difícil situación de todos los migrantes y, en particular, de los solicitantes de asilo varados en la frontera norte. Hace unos días apareció En la boca del lobo, un informe impulsado por la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho y otros tres organismos de la sociedad civil.
En ese texto documentan las condiciones precarias en que se encuentran. Citan a Human Rights First, según el cual hasta el 13 de mayo de este año: 1,114 personas han sido víctimas de secuestros, violación sexual, extorsión, tortura o asesinato. Cifras preliminares de un estudio en curso de la Universidad de California sobre migrantes varados en Tijuana, muestran una prevalencia de exposición al coronavirus superior al promedio nacional.
El jueves de la semana pasada, el Presidente trasladó la mañanera a Bavispe, Sonora; fue a inaugurar un memorial en honor de los integrantes de la familia LeBarón, asesinados por cárteles. La periodista independiente Reyna Haydeé Ramírez aprovechó el momento para cuestionarlo con firmeza y buena información. Le hizo 20 preguntas y observaciones sobre corrupción, seguridad y migrantes. De ellas, siete se centraron en los dos puntos centrales del informe En la boca del lobo.
Apalancándose en el informe, la periodista le preguntó si “fue un acuerdo con Trump” y si “el Gobierno de México tiene abandonados” a los 68 mil migrantes. El Presidente se defendió con adjetivos y generalidades: “a nosotros no nos imponen los gobiernos extranjeros nada, no somos títeres, no somos colonia”, para luego añadir que “nosotros hemos protegido a los migrantes” y “no ha habido violación a sus derechos humanos”.
La evidencia lo desmiente. En párrafos anteriores recordé el chantaje con el que Trump doblegó a México. El pasado fin de semana, José Miguel Vivanco de Human Rights Watch le asestó un tapabocas: “es completamente falso” que México está “siempre protegiendo y apoyando a migrantes” como asegura López Obrador.
Un ángulo digno de mención es el mutismo e irrelevancia de los organismos públicos de derechos humanos. Ejemplo: desde el viernes 18, solicité una opinión sobre el informe En la boca del lobo a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y al Instituto Nacional de Migración. Ni respondieron, ni incluyeron alguna referencia al documento en sus redes sociales. Al silencio oficial se sumó el padre Alejandro Solalinde, quien hace años tenía una pastoral a favor de migrantes y refugiados; ahora, es un defensor acrítico del Presidente y de la 4T.
Termino este repaso reconociendo el trabajo humanitario realizado por organismos civiles mexicanos y estadounidenses. Ahí está el extraordinario trabajo del sacerdote Pedro Pantoja, fundador en 2002 de la Casa del Migrante en Saltillo, Coahuila. Murió de Covid hace unos días.
Es posible que la dureza de la política actual se modifique con el cambio de Presidente en Estados Unidos. En el diálogo telefónico entre Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador, hablaron de una política migratoria regional que abordará los problemas de fondo.
Sería deseable que así fuera -porque es triste, pero necesario- dejar constancia de que la 4T cedió al chantaje de Trump y adoptó una política migratoria inhumana. La historia y los hechos contradicen el verbo de López Obrador: México es un calvario para los migrantes. (Sergio Aguayo, Reforma, Opinión, p. 9)
MÁS DE UNO se pregunta si Marcelo Ebrard realmente le tradujo a Andrés Manuel López Obrador todo lo que dijo Joe Biden en la llamada telefónica del fin de semana. Y es que mientras el presidente mexicano se quedó en que todo está muy bien y la relación será entre iguales, el mandatario electo de Estados Unidos emitió una nota un poco más puntual.
ENTRE otras cosas la oficina de Biden señaló que la próxima administración tiene como prioridad el tema migratorio, peeero advirtió que las cosas no cambiarán de la noche a la mañana y que la situación no está como para echar campanas al vuelo desde ahora. Y hubo un detalle extra, pues Biden también le dijo a López Obrador que cualquier decisión debía incluir también a las organizaciones de la sociedad civil y a la iniciativa privada.
ES DECIR, los dos sectores que a diario desprecia y menosprecia López Obrador, para Biden son tan necesarios e importantes como el propio gobierno mexicano. Oh, my God! (F. Bartolomé, Reforma, Opinión, p.8)
El 18 de los corrientes se promulgaron las reformas a la Ley de Seguridad Nacional. Se modificaron los artículos 6, 68, 71 y 76, para incorporar límites a las agencias policiales y de inteligencia acreditadas en nuestro país bajo distintos acuerdos y tratados.
La permanencia de estos agentes extranjeros se basa en la necesidad de la cooperación bilateral para controlar y reducir la acción delictiva hemisférica e internacional de la delincuencia organizada, del narcotráfico, robo de combustible, trata de personas, lavado de dinero y terrorismo.
Los acuerdos suscritos por México, han permitido la asistencia y la colaboración de varios países en materia de seguridad pública, nacional y en la investigación y persecución de delitos. Así Francia, especialmente en la década de los 80 apoyó la modernización, la profesionalización y los controles de confianza con las corporaciones de seguridad. Con los EU, la relación ha sido compleja y difícil.
Las reformas pretenden controlar y limitar en forma unilateral el desempeño de agentes extranjeros en territorio nacional, y darle sentido al intercambio de información y cooperación. Hasta ahora la DEA, agencia encargada de drogas que depende del Departamento de Justicia americano ha ganado terreno sobre las autoridades nacionales hasta el punto de suplantar y actuar por encima de la Constitución y de las Leyes nacionales, en un supuesto afán de “apoyar” a México. Sin embargo, está claro que no confían en las policías ni en el Ejército y la ausencia de reglas, provoca que los agentes de la DEA, manipulen y trabajen a su conveniencia.
México, desde hace más de 20 años, ha optado por entregar delincuentes aprehendidos en México, pero buscados en EU, no importa que aquí hayan asesinado a cientos de mexicanos, que hayan secuestrado personas o traficado con drogas, nuestras autoridades han doblado las manos y los entregan sin juicio alguno. La razón radica en la corrupción y fragilidad de nuestro sistema de seguridad y justicia.
La reforma legal no resolverá el problema de fondo, pues crea un nuevo muro burocrático y agrega nuevos problemas y vulnerabilidades al flujo eficaz de información táctica operativa en asuntos de seguridad nacional, ya que la Cancillería se convertirá en un embudo.
Es un intento para lograr ese respeto a nuestro orden jurídico. Bien por ello, pero ¿debe ser la SRE la autoridad operativa, en algo que no conoce ni puede actuar con garantía de oportunidad y celeridad en las acciones que comprende?
El gobierno requiere sentarse con la nueva administración americana y revisar los instrumentos bilaterales, obsoletos a partir del Tratado de Extradición, Asistencia jurídica mutua y Cooperación. El esfuerzo de ambos países debe enfocarse contra la violencia, la droga y la impunidad. Por lo pronto Biden ya envío un mensaje en defensa del Estado de Derecho, la libertad, la democracia y las empresas.
Se debe humanizar la acción de los dos países, de manera especial con relación a los migrantes, víctimas de múltiples violaciones, asaltos y homicidios y de optimizar con eficacia la persecución de la criminalidad organizada trasnacional.
La población está cansada de las clásicas proclamas y conflictos del presidente con la oposición y con los organismos internacionales. Biden parece estar predestinado a unir y reconciliar a la población estadounidense. Su ejemplo debiera propagarse a México. Urge un ambiente de paz social que propicie crecimiento y desarrollo. La oportunidad esta al alcance del Gobierno. (Ignacio Morales Lechuga, El Universal, Opinión, p. A12)